El Partido Popular ganó anoche las elecciones de Castilla y León, aunque el resultado no es suficiente para que Alfonso Fernández Mañueco gobierne en solitario, y tendrá que negociar con Vox para formar gobierno. El PSOE, por otro lado, resiste. Los populares han conseguido 33 escaños, los socialistas 30 —ambas formaciones consiguen dos escaños más que en los comicios de 2022— y la ultraderecha 14 —uno más—. El partido de Abascal, sin embargo, no ha conseguido cumplir las expectativas de las encuestas, y parece que toca techo. La izquierda naufraga y, exceptuando a UPL, las formaciones confederales se han pegado un batacazo.

Aquí te dejamos:

Nueva cita electoral en Castilla y León. Esta vez sí tras haber agotado hasta el final los cuatro años de legislatura, que comenzaron en 2022 cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), adelantó las elecciones para romper con Ciudadanos y tuvo que aupar a la extrema derecha de Vox por vez primera a un gobierno autonómico para repetir en el cargo.

Tras la ruptura del controvertido gobierno de PP y Vox en el verano del 2024 y el posterior en solitario de los populares, llega la hora de que los castellanos y leoneses, 2.097.768 ciudadanos con derecho a voto, decidan que gobierno quieren en las elecciones en Castilla y León de este domingo. Todas las encuestas apuntan a que solo la suma de PP y Vox, ya se verá en qué proporción, será la única viable para conformar un nuevo ejecutivo al frente de la Junta de Castilla y León.

El Partido Popular de Mañueco pone a prueba su fortaleza tras gobernar ininterrumpidamente en la comunidad desde 1987, cuando un joven José María Aznar logró empatar en escaños con el PSOE y hacerse con el gobierno gracias un pacto con el CDS. Aznar estuvo apenas dos años en el cargo ya que lo dejó para ser el candidato del recién refundado PP a La Moncloa, a la que finalmente accedería en 1996. Casi 40 años después el PP sigue en el poder autonómico, por el que han pasado como presidentes Jesús Posada, Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco.

El político salmantino perdió sus primeras elecciones en 2019, tras unas polémicas primarias contra el hoy senador Antonio Silván, frente al socialista Luis Tudanca, pero la actitud de Albert Rivera y Ciudadanos de solo pactar con el PP le aupó al poder. Tudanca logró entonces el hito histórico de ganar las elecciones para el PSOE en Castilla y León, las primeras desde aquellas de 1983 que ganó Demetrio Madrid, pero los socialistas siguieron en la oposición.

Pasada la pandemia, Mañueco activó el botón del adelanto electoral en diciembre de 2021 y logró a la segunda ganar al PSOE por la mínima, aunque con un PP en su segundo resultado más bajo que nunca y solo mejorando el de 2019. Las expectativas de los populares para esta nueva convocatoria son mantenerse como están o ganar algún escaño. En entrevista con elDiario.es Mañueco se conformaba solamente con un voto más y un escaño más que las últimas elecciones.

En el PP creen que estas elecciones al menos no han ido pidiendo la hora como les ocurrió en el 2022 y, aunque desconfían de la existencia de un posible voto oculto que favorezca a Vox, se mantienen optimistas con el resultado final. La campaña ha acabado con Mañueco y el PP llamando al partido a la “movilización total” porque no tienen que confiarse ya que “Cada voto en estas elecciones y en estos últimos días es vital”.

El PSOE se crece

Los socialistas han estrenado candidato con el alcalde de Soria Carlos Martínez, tras haber defenestrado a Luis Tudanca en el casi típico acto de cambio de liderazgo con polémica en el PSOE. Martínez ha seguido siendo alcalde aunque anunció que lo dejará cuando coja el acta de procurador. El PSOE ha ido de menos a más en la campaña electoral, hasta finalizar convencidos de que hay un empate electoral con el PP y que un gran crecimiento de Vox les puede permitir imponerse en votos o procuradores en las elecciones.

La campaña del PSOE ha consistido en vender las bondades como gestor de Carlos Martínez, revalidadas con cuatro mayorías absolutas en la ciudad soriana, y acentuar el desgaste del PP y Vox con su gestión, en particular los casi 40 años de gobierno de los populares. Batallas internas aparte, como que el alcalde socialista de León José Antonio Diez no haya participado en ningún acto de esta campaña, el PSOE autonómico ha acelerado su mensaje con la actualidad sacando el 'No a la guerra' y con un gran acto final de campaña con Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero juntos. La geopolítica internacional y el posicionamiento del gobierno progresista de España creen que puede ser catalizadores para mantener o incluso mejorar el resultado del 2022 y que no haya dramas como en Aragón o Extremadura.

Conscientes de que la conformación de un gobierno se antoja tarea casi imposible, los socialistas aspiran a que la cita de este domingo suponga al menos un freno a la racha negativa para el partido y que a nivel autonómico permita consolidar el nuevo liderazgo y poder volver en algún momento a gobernar Castilla y León.

Vox, a por el voto cabreado

La campaña electoral de Vox ha estado protagonizada por dos cuestiones: la omnipresencia de Santiago Abascal, el 'candidato' del partido en todas las citas autonómicas y una estrategia de llegada a poblaciones medianas donde el voto rural esté más en disputa con un formato de 'canutazo' con la prensa y encuentro con militantes enfocado en la difusión de redes sociales. La fórmula de la extrema derecha se acompañaba de mensajes al estilo 'Make Castilla y León Great Again', sin detallar cómo, y ataques a sus rivales, más duros contra el PP y Mañueco según avanzaba la campaña.

El partido se ha sentido atacado en la cita electoral, con algunas publicaciones con alusiones personales al candidato autonómico Carlos Pollán, y su pugna con el PP se ha endurecido según avanzaban los días. Las palabras de Mañueco a Pollán en el primer debate sobre que le gustaría “tirar personas al mar” indignaron al partido hasta el punto que Abascal pidió una rectificación para sentarse a pactar. En el segundo debate Pollán insistió en que debería pedir disculpas, pero no llegaron más allá de que Mañueco le quitó hierro a sus palabras hablando de lances en los debates.

Vox logró en el 2022 ya un gran resultado en Castilla y León, con el 17,6% de los votos y 13 procuradores, que hicieron vicepresidente del gobierno autonómico al polémico Juan García-Gallardo, que acabó abandonando la política muy enfrentado a su partido. El PP cree que la extrema derecha no tiene mucho más crecimiento, ni en votos ni en diputados autonómicos, aunque hay un temor a un voto oculto y/o cabreado que se les pueda trasvasar y provoque bailes de escaños en varias provincias por unos pocos cientos de votos. Nadie se confía y en Vox la movilización es total para lograr condicionar un gobierno autonómico más del PP, como ya hicieron por primera vez en 2022.

Muros frente a la extrema derecha

Las formaciones Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya coinciden en señalarse como muros frente al crecimiento de la extrema derecha de Vox con sus planteamientos regionalista de los primeros, a favor de una escisión de la Región Leonesa en otra autonomía, y de reequilibrio territorial para los segundos. En 2022 es cierto que tanto en León como en Soria Vox obtuvo sus peores resultados, cosa que ahora está por ver.

Los leonesistas aspiran a ganar por vez primera las elecciones en la provincia de León con su candidata Alicia Gallego, o al menos ganar un cuarto procurador en las Cortes autonómicas, lo que ya sería su récord histórico. La formación aspira a seguir sumando en las provincias de Zamora y Salamanca para obtener el 5% del voto autonómico y así poder conformar un grupo parlamentario propio, con todas las ventajas que ello conlleva. Además, buscan ganar en las principales poblaciones de la provincia leones, como ya hicieron en León ciudad en 2022, de forma que puedan consolidarse para futuros lances electorales locales. Una consulta sobre una salida de León de la comunidad autónoma vuelve a estar en el horizonte de pactos, defendiendo que así se cumpliría lo aprobado por más de 70 ayuntamientos de la provincia de emprender un camino de autogobierno en solitario.

Soria Ya fue la gran sorpresa de las elecciones del 2022. De ser un movimiento ciudadano saltaron a la política rompiendo el tablero hasta hacerse con 3 de los 5 escaños de la provincia soriana, y superando el 50% de voto en la capital, el feudo del hoy candidato socialista Carlos Martínez. Confiados en volver a ganar, conscientes de que la competencia ha aumentado, el partido de la España vaciada quiere rentabilizar el discurso sorianista en las Cortes autonómicas. Su gran resultado hace cuatro años dejó a Vox sin representación por esta provincia, la única en la que no tiene, y esperan que esto se vuelva a producir.

En la provincia que más vota a la derecha de España, Ávila, con casi el 70% de los votos en 2022 a formaciones de ese espectro ideológico, Por Ávila, una escisión el PP, confía en mantener un asiento en el hemiciclo de Valladolid. El partido, que gobierna la capital con dificultades, también se reivindica como la única fórmula para que la provincia abulense salga del “olvido” al que acusan a los grandes partidos de haberla sometido.

En el lado izquierdo del PSOE las cosas han vuelto a ser como antes, cada uno por su lado. IU-Movimiento Sumar-Verdes/Equo y Podemos-Alianza Verde son las dos coaliciones que representan a la izquierda, donde solo las encuestas contemplan una posibilidad, mínima, de que haya representación de la izquierda en el hemiciclo de las Cortes, por la provincia de Valladolid. En este caso, si se produce, dan opciones a la de IU frente a una de Podemos que las encuestas predicen por debajo. En el año 2011 la izquierda, con IU, volvió a tener escaño en las Cortes que aumentó hasta los 11 en 2015 con la irrupción del partido fundado por Pablo Iglesias, pero siempre por separado. La urgencia electoral del 2022 les hizo ir juntos en coalición y obtener representación por Valladolid en el número dos de Podemos Pablo Fernández, aunque nunca ha sido una relación que funcionase.

Además de los principales partidos con aspiraciones a obtener hueco en las Cortes de Castilla y León la jornada traerá otros análisis: si Silvia Clemente se convierte en una 'Macarena Olona' autonómica, si los municipalismos consolidan voto y espacios en lugares como Palencia o Burgos o cuánto se estrella el populismo radical de Alvise, según indican las encuests. Pero la principal cuestión es si el Partido Popular puede seguir confiando en Castilla y León como su 'granero de votos' o la extrema derecha les roba poco a poco el voto, especialmente en el entorno rural. Porque de aquellas lluvias, estos lodos.

Esta vez sí, Castilla y León ha aguantado cuatro años de legislatura. En este nuevo ciclo electoral, y ante los constantes rumores de un adelanto electoral, Alfonso Fernández Mañueco prometió apurar la legislatura y lo ha hecho.

Ni siquiera ha habido un adelanto técnico: el 15 de marzo era el último día para que Castilla y León celebrase sus comicios y este día se votará. 2.097.768 personas están llamadas a votar este domingo para decidir qué asuntos priorizará la comunidad durante los próximos cuatro años.

¿Cuántos escaños hay en juego?

En las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebran este domingo, 15 de marzo. Están llamados a elegir a los 82 procuradores y procuradoras que conforman las Cortes de Castilla y León. Para lograr una mayoría absoluta en la Cámara se necesitan 42 escaños, una suma que no parece que vaya a alcanzar un solo partido. Estos se distribuyen según la población: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Zamora y Segovia (7 escaños cada una) y Soria (5). Este año, Segovia tiene un escaño más que en 2022 gracias al empuje de los madrileños y los inmigrantes.

Durante esta legislatura el Gobierno de Castilla y León ha estado en manos del PP, durante los dos primeros años con apoyo de Vox—hasta la ruptura de la formación de extrema derecha en los gobiernos autonómicos por la gestión de los menores migrantes que vivían en Canarias—. Los populares sacaron 31 escaños; el PSOE, 28; Vox obtuvo 13 —aunque luego perdió dos escaños por la expulsión de dos de sus procuradores—; Unión del Pueblo Leonés, tres; Soria ¡Ya!, tres; Unidas-Podemos, un escaño; otro escaño Por Ávila y un último por Ciudadanos, que luego perdió por la expulsión del exvicepresidente autonómico Francisco Igea. Con esa composición, el PP necesitó a Vox para gobernar.

¿Qué dicen las encuestas? 

El escenario parece claro: parece que el partido que podría gobernar sería el PP, si consigue el apoyo de Vox, aunque aún hay muchas incógnitas. Las encuestas prevén que Vox esté por encima del 20% de los votos. Por bloques ideológicos, la derecha sumaría entre 48 y 51 escaños, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 42 procuradores en las Cortes de Castilla y León. El PP volvería a necesitar de un pacto de gobierno para firmar una coalición y parece estar condenado a entenderse con Vox como en 2022.

El PSOE de Carlos Martínez aparecería en segunda posición con cerca del 29-30% de los votos, resistiendo mejor en Extremadura o Aragón. El efecto 'no a la guerra' que han enarbolado Pedro Sánchez y Carlos Martínez también podrían jugar a su favor y el candidato socialista y alcalde de Soria aguantaría el envite. Unión del Pueblo Leonés se movería en torno al 4-5% de los apoyos, cifra suficiente para lograr entre tres y cuatro representantes —todos en León—, lo que supondría un crecimiento respecto a 2022.

Las plataformas provinciales como Soria ¡Ya! podrían alcanzar alrededor de un 1% del voto (1-2 escaños, un representante menos que hace cuatro años) y Por Ávila, con Pedro Pascual repitiendo como procurador. Las candidaturas vinculadas a la coalición de Izquierda Unida-Sumar se situarían alrededor del 3-4%, con opciones de lograr un escaño por Valladolid o quedarse fuera de la Cámara dependiendo del reparto provincial. Podemos no entraría en el hemiciclo, según prácticamente todas las encuestas. También se quedarían fuera propuestas como la de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y otros ex del PP y Ciudadanos (Nueve CyL), Alvise (Se Acabó La Fiesta, que olvidó adaptar a Castilla y León su programa electoral de Aragón) o el propio Ciudadanos, que está teniendo espacio en la televisión pública porque consiguió un escaño en 2022.

¿Históricamente, quién ha gobernado en Castilla y León?

Castilla y León es el mayor granero de votos del PP desde hace 39 años. El Partido Popular lleva en el gobierno desde 1987, aunque en las dos últimas legislaturas ha necesitado coaliciones —salvo los dos últimos años de minoría— con Ciudadanos (2019-2021) y Vox (2022-2024). Esto implica que hay muchos municipios en los que 'siempre' ganan los mismos. Ejemplo de ello es que en Salamanca capital, la última vez que ganó la izquierda unos comicios autonómicos fue en 1983. De hecho, en seis de cada diez municipios de Castilla y León han votado al mismo partido en las últimas seis elecciones autonómicas. El Partido Popular tiene 1.189 feudos, frente a solo 72 municipios socialistas. El PP ha ganado en los últimos veinte años en Salamanca capital, Medina del Campo, Santa Marta de Tormes, Ciudad Rodrigo y Astorga.

¿Cuáles son las particularidades del sistema electoral?

Castilla y León ocupa el 20% del territorio español —es más grande que Portugal—, pero solo vive el 5% de su población. Esto significa que hay poca población y, además, está muy dispersa, en 2.248 municipios, muchos de los cuales ni siquiera superan los 100 habitantes. A esta dispersión, se añade otro factor: el envejecimiento de la población. La edad media en Castilla y León es de 48,6 años, solo por debajo de Asturias. Zamora es la provincia con mayor edad media del país: 51,91 años, según los datos del INE. Por eso no es de extrañar que la despoblación sea el principal problema que ven los castellanos y leoneses, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En estas elecciones habrá 102.033 nuevos votantes, 81.890 que se corresponden con el censo de residentes y 20.143, con el de españoles residentes en el extranjero. El número total de personas con derecho a voto supone 2.097.768 personas en la Comunidad.

En Castilla y León, cada provincia tiene asignado un número inicial de tres procuradores autonómicos, que van aumentando en base a la población: un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Como Castilla y León tiene tantas circunscripciones, la clave de la gobernabilidad está en 'los restos': a efectos prácticos, las formaciones necesitarán el 6% del voto para conseguir representación, basándonos en los resultados de otras citas electorales.

¿A qué hora se conocen los datos de participación?

La jornada electoral del 15 de marzo de 2026 en Castilla y León arranca con la apertura de los colegios electorales a las 09:00 y su cierre a las 20 horas, momento a partir del cual comienza el escrutinio de votos. Los datos de participación suelen ofrecerse en varios cortes oficiales: a las 11:30 horas de la mañana -el dato se ofrece a las 12:00 - se publican las cifras parciales sobre cuánta gente ha votado, que se actualiza a las 14 horas —los datos se ofrecen a las 14.30— y las 18:00 —los datos se ofrecen a las 18:30—. La cifra final de participación se conocerá al cierre de las urnas.

En 2022, cuando Castilla y León se 'descolgó' de la convocatoria ordinaria —Mañueco decidió romper con Ciudadanos y retirarse de unas negociaciones presupuestarias con Por Ávila de manera sorpresiva—, la participación fue del 58,75%, un 7% menos que en 2019, cuando entró por primera vez Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Ejecutivo.

Puedes seguir toda la información en elDiario.es durante la jornada y consultar todos los datos en el especial electoral.

¿Cuándo se sabrán los resultados? 

A pesar de que en Castilla y León habrá 2.910 locales electorales y 4.470 mesas electorales, se espera que el recuento sea rápido, especialmente en el medio rural, teniendo en cuenta que hay muchos núcleos de población que son pequeños. Solo la incógnita sobre el reparto de los últimos escaños, que se espera que sea muy ajustado en varias provincias, hace aconsejable esperar hasta el final para ver quiénes son los ganadores y perdedores de esta cita con las urnas.

Un total de 2.097.768 electores están llamados a las urnas el 15 de marzo para elegir a los 82 procuradores —uno más que hace cuatro años gracias a Segovia— que compondrán las próximas Cortes autonómicas en la XII Legislatura. Teniendo en cuenta su población, Valladolid reparte 15 escaños; León, 13; Burgos, 11; Salamanca, 10; Palencia, Ávila, Zamora y Segovia, 7 procuradores cada una; y Soria tendrá solo 5 representantes autonómicos. El 15 de marzo se abrirán los colegios electorales, pero llevamos ya una semana con actos públicos de los partidos políticos, preparados para la campaña que empieza este viernes a las 00 horas.

Estas elecciones estarán caracterizadas por la participación de líderes nacionales, que esta semana ya han estado presentes en el territorio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá la campaña electoral del PSOE en Burgos este jueves a las 18 horas para respaldar la candidatura socialista que lidera Carlos Martínez. Después, Martínez realizará la pegada de carteles en Soria.

El candidato del Partido Popular la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto en Valladolid esta tarde y acudirá a Salamanca a las 20.30 horas, acompañado del alcalde charro, Carlos García Carbayo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El candidato de VOX, Carlos Pollán, también tendrá un acto a última hora de la tarde en León. En León, la candidata de UPL, Alicia Gallego, participará en la pegada de carteles en la plaza de San Isidoro. En Soria, la formación Soria Ya realizará una pegada de carteles simultánea en varios puntos de la provincia, como Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Covaleda, El Burgo de Osma, Golmayo y San Leonardo. El candidato, Ángel Ceña, acudirá a Soria para la pegada de carteles.

El candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, y el secretario de Organización y exprocurador Pablo Fernández, participarán en la tradicional pegada de carteles en Valladolid a las 21.30 horas. El candidato de En Común, Juan Gascón, también hará pegada de cartel en Valladolid.

Los candidatos recorrerán la comunidad hasta el 13 de marzo, con actos repartidos por todo el territorio. El viernes de cierre la campaña será clausurada en Valladolid por Feijóo y Sánchez en diferentes actos.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ratificado la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León de excluir a los partidos Unión del Puebl Leonés (UPL) y Soria Ya de los dos debates electorales obligatorios que se tienen que celebrar entre los grupos parlamentarios. El máximo órgano electoral ratifica la decisión pese a que ambas formaciones conformaron un grupo parlamentario la pasada legislatura con seis procuradores.

En una resolución conocida este lunes la Junta Electoral Central señala que “la Junta Electoral de Castilla y León entiende que lo que pretendió el legislador autonómico al establecer el requisito de tener un grupo parlamentario propio, fue establecer un criterio que marcara un determinado nivel de representatividad electoral para cada una de las organizaciones políticas que permitiera establecer para ella para ellas el peculiar ”deber“ de participar en los debates específicamente programados en la ley”.

Según la JEC “comparte la opinión de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de que una interpretación como la sostenida por los recurrentes, según la cual, el constituir un grupo parlamentario común con sus respectivos procuradores, tres de UPL y tres de Soria ¡Ya!, respectivamente, les permitiría designar dos candidatos a efectos del debate, y convertiría el criterio de representatividad en arbitrario, contrario al principio de igualdad electoral”. Esto es que cada uno debería participar con un representante, más que los demás grupos parlamentarios que tendrán solo uno.

La resolución entiende que los partidos no reunían los requisitos de grupo parlamentario de forma separada, “pues tenían cada una de ellas tres procuradores y no alcanzaron el porcentaje de votos exigido por la norma, por lo que debieron unirse para constituir lo que puede considerarse como un ”grupo parlamentario compartido“, pero no como un grupo parlamentario propio de cada una de las formaciones políticas, como se deduce de su pretensión de presentar a dos personas distintas como candidatos”.

Por ello, “esta Junta Electoral Central entiende ajustado a derecho el acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León y que los recursos deben ser desestimados”.

Partido Popular y Vox presentaron alegaciones a los recursos presentados por UPL y Soria Ya, apoyando su exclusión. El PP señaló que se trata de dos formaciones políticas diferentes que no concurrieron a las elecciones en coalición y no presentan un único candidato a la Presidencia de la Junta, sino que cada uno de ellos tiene el suyo propio. Para Vox no puede considerarse que estas formaciones obtuvieran grupo propio la pasada legislatura, ya que debieron unir sus escaños para alcanzar los mínimos establecidos y nunca han formalizado una coalición electoral.

UPL y Soria Ya considerado su exclusión como “caciquil

Las dos formaciones políticas excluídas de los debates, UPL y Soria Ya, coincidieron en señalar la primera decisión como “caciquil” y “poco democrática”. Las dos formaciones creen que su eliminación del debate “atenta contra la pluralidad democrática e igualdad de oportunidades”, por excluir de los debates todo un grupo parlamentario y sus respectivos candidatos, la leonesista Alicia Gallego y el sorianista Ángel Ceña.

Para la Junta Electoral de Castilla y León los dos partidos no cumplían con el requisito de grupo parlamentario propio porque entiende que, en solitario, no cumplían los puntos necesarios para tener un grupo propio como son 5 procuradores o menos pero el 5% del voto autonómico, aunque en realidad lo tuvieron de forma conjunta. La resolución les equiparaba con las coaliciones de Podemos o Izquierda Unida que solo mantuvieron un representante en el grupo mixto la pasada legislatura.

Contra el acuerdo dela Junta Electoral Central cabe interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

Los debates electorales obligatorios de los grupos parlamentarios tendrán lugar el jueves 5 de marzo en RTVE y el martes 10 en RTVCYL y solo participarán los candidatos del PP, PSOE y Vox: Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! han recurrido ante la Junta Electoral Central su exclusión de los debates electorales previstos para el 5 y el 10 de marzo por “caciquil” y “poco democrática”, puesto que ambos partidos políticos han integrado un único grupo parlamentario durante toda la legislatura. La Junta Electoral autonómica considera que, por separado, ninguno de los partidos cumple los requisitos para participar en los debates. En 2022 UPL (con 47.952 votos) fue el tercer partido más respaldado en León y Soria ¡Ya! (18.390 votos) fue la fuerza más apoyada en su provincia.

“No entendemos por qué se nos ha negado la posibilidad de participar (en los debates)”, ha señalado en rueda de prensa la candidata y secretaria general de UPL, Alicia Gallego, que ha lamentado que se haya realizado “una interpretación restrictiva atenta contra la legalidad y el juego democratico”. Según los leonesistas, “se vulnera derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española”. En su opinión, esa decisión “atenta contra la pluralidad democrática e igualdad de oportunidades” y es una “decisión caciquil, arcaica y retrógrada”.

Gallego ha señalado al bipartidismo como responsables de esta decisión, porque “siempre buscan resquicio legal para impedir el debate”. Además considera que su exclusión tiene un “tufillo machista”, al excluir a la única mujer candidata de los partidos con representación en las Cortes autonómicas. “Parece que molesta que en ese debate esté una mujer”, ha incidido. La vicesecretaria general socialista autonómica, Nuria Rubio, consideró hace unos días que la exclusión de UPL y Soria ¡Ya! era una “mala noticia” porque suponía “una buena oportunidad para confrontar ideas y proyectos”. “Qué largos los tentáculos del cobarde que quiere permanecer oculto para que no se vean sus limitaciones. Ni debate completo, ni cara a cara...”, posteó en X el viernes pasado.

Esta mañana, el candidato a la Presidencia de la Junta por Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha considerado que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León es “poco democrática, limita la pluralidad y supone un nuevo maltrato a Soria”. El procurador ha recordado que el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece como requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

En una rueda de prensa, la formación ha recordado además que, junto a UPL, ha interpuesto recurso ante la Junta Electoral Central contra esta resolución, ya que ambas formaciones rechazan la interpretación que hace de la norma para excluirlas de los debates electorales. El cabeza de lista de Soria ¡Ya! ha denunciado lo que él considera “un intento por silenciar la voz de los sorianos” ya que, a su juicio, excluir del principal espacio de confrontación política a la fuerza mayoritaria en la provincia reduce la pluralidad y deja fuera a una realidad territorial concreta.

Ceña ha lamentado que “solo hablarán de sus batallas nacionales y de sus líderes, pero no de los problemas reales de Soria, que no son los mismos que los del resto de la comunidad”. Por eso, desde la formación han insistido en que la provincia tiene una realidad demográfica, económica y territorial específica que necesita voz propia por lo que “si Soria no está en el debate, su realidad no estará en el debate”, ha lamentado en declaraciones recogidas por EFE.

La Junta Electoral de Castilla y León ha acordado la exclusión del grupo parlamentario conformado por los partidos UPL y Soria Ya de los debates electorales obligatorios por ley en la comunidad autónoma, que de cara a las elecciones del 15 de marzo se habían fijado en los días 3 y 10 de marzo, aunque el primero se ha movido al jueves 5.

El órgano electoral ha excluído tanto a Unión del Pueblo Leonés como a Soria Ya de los debates electorales, que la normativa autonómica fija que tienen que realizar los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en, al menos, dos ocasiones. La Comisión de Debates de Castilla y León, que organiza los debates, deberá convocar solamente a Alfonso Fernando Fernández Mañueco del Partido Popular, a Carlos Pollán por Vox y a Carlos Martínez Mínguez por el PSOE.

La decisión deja fuera a los partidos regionalistas que en la pasada legislatura unieron sus procuradores en un único grupo parlamentario, con seis representantes, tres de la provincia de León y tres de la de Soria. Para la Junta Electoral no cumplen el requisito porque entiende que, en solitario, no cumplían los requisitos para tener un grupo parlamentario propio como son 5 procuradores o menos pero el 5% del voto autonómico, aunque en realidad lo tuvieron de forma conjunta. La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, les equipara con las coaliciones de Podemos o Izquierda Unida que solo mantuvieron un representante en el grupo mixto la pasada legislatura.

UPL había comunicado que su candidata a la presidencia autonómica sería Alicia Gallego, la única mujer de un grupo parlamentario, y por parte de Soria Ya el candidato volvía a ser el procurador Ángel Ceña.

Soria Ya ha anunciado la presentación de un recurso ante la Junta Electoral Central, con un exiguo plazo de 24 horas, que también hará UPL, una decisión que ha provocado estupor en ambas formaciones. “Durante cuatro años hemos sido grupo parlamentario cumpliendo todos los requisitos, y ahora, de repente, deciden que ya no”, ha lamentado el procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos. Ceña ha calificado esta decisión de “maniobra torticera” para no poder participar en unos debates que consideran “muy importantes para la decisión del voto de la ciudadanía”, en declaraciones a EFE.

Los debates electorales de Castilla y León se propusieron para su celebración los martes 3 y 10 de marzo, organizados el primero por RTVE y el segundo por RTVCyL en horario nocturno de máxima audiencia. Según informa EFE el primero ha sido trasladado al jueves 5 a petición de RTVE argumentando sus obligaciones de servicio público ante un evento deportivo considerado de interés general como es la semifinal de la Copa del Rey. La Junta Electoral lo ha considerado “justificado” y, por lo tanto, ha modificado a esa fecha el primero de los debates.

Toda la oposición de Castilla y León (Vox, PSOE, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto) está manteniendo reuniones “informales” previas a las negociaciones oficiales que arrancarán este jueves sobre la Ley de Publicidad Institucional, una norma que pretende regular cómo la Junta de Castilla y León consigna partidas económicas a los medios para insertar publicidad y financiarlos, especialmente también la subvención de 21 millones de euros que da a Televisión Castilla y León. Es una Ley que el PP no quiere y que, de aprobarse, demostraría la debilidad del gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco.

El texto tiene un solo artículo y el resto de la oposición ha planteado 38 enmiendas, incluidas varias para modificar la exposición de motivos. Los procuradores consultados por este medio aseguran su voluntad de que esta Ley se pueda debatir en una sola sesión de la Comisión y en que se pueda aprobar antes de que termine este periodo de sesiones, en el último pleno de junio.

Para ello, es necesario que PSOE y Vox alcancen un consenso, algo que ambas formaciones ven factible porque esta norma no tiene tanta carga ideológica como otras que se debaten en el parlamento. “Tampoco hay nada extraordinario, todas las enmiendas plantean más o menos cosas parecidas”, aseguran fuentes parlamentarias, que ven difícil una ruptura de estas negociaciones.

La Proposición de Ley fue promovida por Unidas Podemos y buscaba limitar la contratación de publicidad institucional en los medios que hubieran sido condenados en sentencia firme dos veces en los tres últimos años —o tres o más veces en los últimos cinco años— y se hubieran tenido que rectificar sus informaciones por ser inexactas, vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas o por delitos de odio. Y con esta premisa, la oposición se está organizando para sacar adelante por primera vez una norma en la que al menos Vox y PSOE se pongan de acuerdo sobre la regulación y control de los contratos de publicidad institucional que firma la Junta de Castilla y León con los medios.

Televisión Castilla y León y los 21 millones

Aunque en un principio no estaba sobre la mesa, parece que la oposición podría llegar a algún tipo de acuerdo sobre el futuro de la subvención anual de 21 millones de euros de Televisión Castilla y León propiedad de dos de los grandes magnates empresariales (Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado en los años 90, y los hijos de José Luis Ulibarri, condenado en Gürtel) y mediáticos de la comunidad. El procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, propone suprimir este sistema y convocar un concurso abierto para la televisión.

Vox, por su parte, quiere crear un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT integrado por cinco miembros del parlamento elegidos por mayoría de dos tercios (o de tres quintos, si no hay un primer acuerdo) para establecer las necesidades de interés público, velar por la independencia de la información emitida en Televisión Castilla y León y fijar las compensaciones económicas de la concesionaria. Estos movimientos se producen, además, meses después de que el grupo de comunicación Promecal de Méndez Pozo declarase el preconcurso de acreedorese después de varios meses de movilizaciones de los 300 trabajadores que componen Televisión Castilla y León

Es una Ley que el PP ha intentado dilatar durante meses, pero que finalmente arrancará este jueves en la ponencia después de que el presidente del parlamento, Carlos Pollán (de Vox), haya 'puenteado' al presidente de la Comisión (PP) y haya convocado esta primera reunión a puerta cerrada. En esta ponencia es necesaria la unanimidad y, si no se hace efectiva, todas las enmiendas correspondientes se debatirán en comisión. El reglamento establece un plazo de 15 días para elaborar el informe posterior a la ponencia, cuando el presidente de la Comisión deberá convocar la misma para debatir las enmiendas de todos los grupos salvo el Popular, que quiso prorrogar el plazo para presentar las enmiendas y fracasó en el intento.

“Filibusterismo parlamentario” del PP

La oposición lleva meses acusando al PP de “filibusterismo parlamentario” por sus continuas objeciones y dilaciones en la tramitación de una norma con la que no se siente cómodo. De hecho, su propio portavoz, Ricardo Gavilanes, reconocía que el Reglamento no fija un plazo máximo de espera desde que se aprueban las enmiendas hasta la convocatoria de la ponencia, algo que han utilizado en otras ocasiones para dilatar la tramitación legislativa. “Actuamos por el libro, conforme al reglamento”, apuntó la semana pasada.

Por eso la oposición ya ha contemplado posibles escenarios y procolos de actuación: incluso si el PP se negara a convocar la Comisión para la próxima semana, Pollán podría también intervenir para convocar esta Comisión, según el reglamento. Y si no se incluyera esta cuestión en el orden del día, la oposición podría agruparse y presentar una modificación en el programa para forzar el debate de las enmiendas.

El jueves se reúne la ponencia y, si todo sigue según lo previsto, a finales de junio habrá por primera vez una norma legislativa en la que no participa el PP y que Fernández Mañueco se verá obligado a ejecutar.

El Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya y el sindicato CSIF han registrado este miércoles una proposición de ley para la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad de Castilla y León, una de las pocas autonomías que carece de una legislación específica.

Así lo han transmitido la agente medioambiental y delegada de Medio Ambiente de CSIF, Sara Mateos; y los portavoces de Soria Ya, Ángel Ceña, y de la UPL, Luis Mariano Santos, en una atención a medios que ha tenido lugar este miércoles en la entrada de las Cortes de Castilla y León.

El portavoz parlamentario de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha subrayado que este es “un paso adecuado para esta protección del medio ambiente y también dignificar las condiciones de los agentes medioambientales y luchar contra la despoblación en el medio rural de Castilla y León”.

Ceña, además, ha recordado que la provincia soriana acoge “una de las masas forestales continuas más grandes del sur de Europa” y que una normativa como esta resulta fundamental para “la pervivencia del medio ambiente y del mundo rural”.

Por su parte, su homólogo en UPL, Luis Mariano Santos, ha incidido en el impacto “de los continuos incendios” que tiene en las tres provincias de la llamada 'Región Leonesa', sobre todo en Zamora, y ha criticado “la inacción de la Consejería de Medio Ambiente durante los últimos diez años”,

“No ha sido capaz de plantear una ley de este tipo, creo que es el momento de hacerlo y nosotros, como instrumento, sobre todo vertebrador y como instrumento del propio sindicato”, ha valorado Santos.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente de CSIF, Sara Mateos, ha lamentado que, a pesar de que los agentes medioambientales son los responsables “de la custodia y defensa del medio natural” y que asumen la dirección de los operativos de incendios forestales en el 90% de los casos, las dana o incluso una pandemia como la covid-19, a día de hoy carecen de “una normativa autonómica específica que los regule”.

“Eso nos genera una sensación de incertidumbre, dificulta muchísimo la coordinación y tiene la consecuencia de una carencia absoluta de medios humanos y materiales”, ha afirmado. 

Esta proposición de ley, la segunda que se debate en esta legislatura después de que PP y Vox tumbaran la toma en consideración de una iniciativa del PSOE en septiembre de 2024, busca reforzar la figura del agente medioambiental, entre ellas la consideración de agentes de autoridad o la creación de unidades especializadas y de una Escuela Autonómica de estos agentes, entre otras.

El texto también recoge que esta plazas se consideren de difícil cobertura para obtener compensaciones en el acceso, regula la segunda actividad y refleja el régimen disciplinario que seguirán estos profesionales de aprobarse.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado una reunión el próximo martes 15 de abril con todos los partidos, representantes de los sectores más afectados, agentes económicos y sociales y dirigentes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) para tratar los aranceles impuestos por Donald Trump e informar de un primer paquete de medidas anunciado en el Consejo de Gobierno del pasado jueves para frenar el impacto arancelario y que supera los 16 millones de euros. Así se ha decidido después de la rueda de reuniones que anunció Fernández Mañueco en el debate de Política General de Castilla y León.

Todos los partidos de Castilla y León salvo Vox —que no ha querido participar en la ronda de reuniones— han respaldado a Mañueco en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump (un 20% para la Unión Europea) y en favor de elaborar una nueva Ley de lucha contra la Violencia de Género. Tampoco se ha reunido con el exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, al que ha excluido de estas reuniones. Pese a que inicialmente el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, anunció su intención de no acudir, sí ha asistido dada la relevancia económica de la política arancelaria.

El portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha defendido que la situación es “complicada” por la decisión del Gobierno de EEUU que afecta directamente a Castilla y León, en concreto, se ha referido a determinados sectores como el de la automoción o el farmacéutico que afecta de forma “directa” a la provincia de León. “Necesitamos ir unidos todos los partidos para buscar minimizar este impacto que afecta fundamentalmente a las bolsas de todo el mundo, ahí nos vamos a encontrar”, ha señalado el portavoz de UPL.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que las medidas iniciales para hacer frente a esta guerra arancelaria —dotadas en más de 16 millones de euros— son “insuficientes” y ha reclamado medidas “más contundentes” con el fin de proteger las exportaciones, una cuestión sobre la que ve posibilidad de acuerdo. “No es suficiente esa cuantía económica, seguiremos intentando que el Gobierno aporte la mayor cuantía posible”, ha subrayado.

El procurador de Por Ávila en el parlamento autonómico, Pedro Pascual, ha garantizado que la formación a la que representa siempre está abierta al diálogo y ha garantizado su respaldo a un posible acuerdo en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump y su apoyo a la Ley contra la Violencia de Género.

Ley contra la Violencia de Género

Otra de las cuestiones sobre la que todos los representantes —salvo Vox— también se han comprometido a trabajar de forma conjunta es en torno a la Ley contra la Violencia de Género. Pese a que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley paralela, los de Carlos Martínez han rechazado tramitarla para trabajar en base a la norma de la Junta y lograr “mejorarla” a través de enmiendas. Por ejemplo, el procurador de Unidas Podemos ha anunciado que llevará 60 enmiendas a la norma, ya que, a su juicio, el texto de la Junta es “muy general” y es necesario incidir en algunas cuestiones como la situación de las mujeres en el mundo rural o la puesta en marcha de equipos multidisciplinares.

El responsable de UPL se ha mostrado de acuerdos para buscar canales de entendimiento en torno al Proyecto de Ley presentado por la Junta que ya se tramita en las Cortes. “No puede ser que en Castilla y León, por distensiones políticas, no alcance ese acuerdo en una materia tan importante para León y para Castilla”, ha señalado Luis Mariano Santos.

Sin Presupuestos

Otras cuestiones que se han abordado entre los distintos representantes políticos y el presidente ha sido la prórroga el Presupuesto General de la Comunidad para este 2025 y la posibilidad de que esta situación se alargue también en 2026 al ser año electoral, ante lo que Mañueco ha defendido su intención de aprobar las cuentas, algo que no hace al no sumar apoyos en las Cortes.

Pablo Fernández también ha criticado que Mañueco no haya presentado un Proyecto de Presupuestos para 2025 en las Cortes y, tras asegurar que Mañueco insiste en su intención de presentar las cuentas, “no las va a haber”. “Podemos estar cuatro años seguidos con los presupuestos prorrogados y esa es muy mala noticia para Castilla y León”, ha criticado.

Además, Mañueco ha garantizado al presidente de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia, que el servicio de radioterapia en el Hospital estará en funcionamiento en “mayo o junio”, al tiempo que ha asegurado que funcionará un helicóptero medicalizado en la provincia, aunque, como ha explicado el representante de la formación soriana, no ha concretado nada sobre la Ley contra la Despoblación.

El presidente de la formación soriana ha detallado que el Fernández Mañueco no ha puesto sobre la mesa ninguna cuestión relacionada con la prórroga presupuestaria actual de Castilla y León, aunque sí se ha abordado la situación de la negociación del modelo de la financiación autonómica, donde la Junta cuenta con el apoyo de Soria ¡Ya! en su defensa de que se tengan en cuenta parámetros como la dispersión territorial o la baja densidad de población“.

El diputado autonómico de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha reclamado en su reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que defienda la inclusión de la provincia de Ávila en el Corredor Atlántico, con el fin de que se desarrolle de forma íntegra a su paso por la provincia. Según ha manifestado Pedro Pascual tras la reunión, el presidente se ha mostrado sensible al problema de comunicaciones de la provincia y se ha defendido “hacer todo lo posible” para que Ávila esté comunicada por carretera con la A-6.

Las primarias de este domingo en el PSOE de León van a enfrentar a sus dos almas, más allá del debate de los nombres propios: la 'leonesista' que defiende reiniciar para la provincia o la Región Leonesa la petición de autonomía propia y la que prefiere que las cosas territoriales se queden, más o menos, como están.

El actual secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, compite contra Diego Moreno. Ambos ya fueron contendientes en las primarias del 2017 en las que Cendón se hizo con el control del partido en la provincia leonesa por un estrecho margen. Ocho años después se vuelven a ver las caras con un debate de fondo, en el partido y en la sociedad leonesa, más ruidoso que nunca, la ‘independencia’ de Castilla.

Cendón representa al aparato. Es diputado nacional y miembro de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez desde el Congreso de Sevilla. Además, fue uno de los principales apoyos para que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se hiciera con el liderazgo del PSOE en Castilla y León, desplazando a Luis Tudanca con quien Cendón estaba abiertamente enfrentado tras la defenestración en las Cortes autonómicas de su secretaria de Organización, Nuria Rubio. Hoy, Rubio es la número dos de Carlos Martínez como vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León.

Moreno representa en esta contienda al sector 'leonesista' del PSOE, además de ser afín al exlíder autonómico Luis Tudanca. Es procurador y secretario de la Mesa de las Cortes, y por tanto uno de los principales cargos institucionales del partido en la comunidad. Su apoyo principal proviene del alcalde de León, José Antonio Diez, el máximo exponente ‘leonesista’ en el partido socialista, al que Cendón abrió la puerta de salida si insiste en ir contra del partido por sus frecuentes críticas, algo que él rechaza de plano.

En una simplificación del asunto podría decirse que Cendón representa al sanchismo y Moreno el leonesismo, o autonomismo como prefiere, puesto que la realidad es algo más compleja e influyen rencillas del pasado entre las varias familias del partido. Cendón apoyó a Susana Díaz en su momento y Moreno fue del equipo de Sánchez en aquella batalla de primarias que determinó el futuro del partido. Pero los apoyos actuales de cada uno no se pueden tampoco simplificar en con el leonesismo o contra él, los grises y los nombres influyen más el posicionamiento ideológico en este sentido. Con lo que sí cuenta totalmente Cendón es con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno que fue líder del PSOE leonés desde 1988 al año 2000 en que ascendió al mando en la dirección federal de Ferraz. Y Zapatero descarta por completo una autonomía para León pero sí pide cambios en el modelo autonómico reconociendo los graves problemas en Castilla y León.

En una entrevista con ILEÓN Diego Moreno ha sido explícito sobre su apoyo a un camino de autonomía propia, “El autogobierno es un derecho legítimo que nadie puede negarnos”. Aunque matiza que no arrastrará al partido a una posición que no cuente con respaldo de la militancia. Moreno defiende que pese a los avances sociales del gobierno socialista, a nivel territorial en León se necesita un cambio de modelo “Y creo que eso perfectamente compatible con el derecho y también con los ideales del Partido Socialista”

Por su parte Cendón reconoce que el debate leonesista existe y que lo ha impregnado todo, pero señala que el camino es cambiar el gobierno autonómico a manos del PSOE, “Se puede ser leonesista o bercianista, es lícito y normal, pero no se pueden usar términos para decir que hay socialistas o leoneses de primera o de segunda”. Cendón reconoce que las cosas a la provincia no le van del todo bien, aunque defiende que siempre le van mejor con un Gobierno del PSOE en España, “Es evidente que los gobiernos de la Junta han sido un desastre para la provincia” y su apuesta se encuadra en el actual marco territorial y mantener el peso del PSOE en el poder provincial para solventar sus problemas.

Las aguas bajan tensas en el PSOE de León desde hace tiempo, pero en 2021 nadie presentó candidatura contra Cendón, que salió reelegido de forma automática al ser el único candidato. Las primarias del 2017 contaron con Cendón y Moreno en la segunda vuelta, a la que se había presentado en la primera el alcalde de León, José Antonio Diez sin lograr apoyos para saltar a la segunda. Diez es el más destacado representante actual del ‘leonesismo’ en el PSOE leonés por su postura pública expresada sin complejos cada vez que le preguntan. Incluso ha encargado una 'hoja de ruta' jurídica para conseguir la ansiada autonomía para León, pagada con fondos del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de León.

El leonesismo en la historia del PSOE de León

El movimiento pro autonomía para León tiene su origen en la Transición, cuando se determinó la configuración actual de las comunidades en España. En León pronto hubo un debate sobre si una autonomía propia, la opción que parecía prreferente, u otro modelo hasta acabar en el encaje con otras ocho provincias y conformar Castilla y León. Nunca hubo un referéndum sobre esta cuestión, ni tampoco en las otras provincias afectadas, y desde entonces se generó un sentimiento de agravio por no haber podido ser autonomía propia pese a los posicionamientos políticos y las manifestaciones multitudinarias.

A lo largo de su historia en la etapa democrática en el PSOE leonés ha existido una relevante orientación leonesista en sus filas, más o menos explícita en sus principales cargos. Incluso internamente ha tenido una corriente de opinión, el Colectivo Baldomero Lozano, que lleva el nombre del que fuera diputado constituyente socialista que se opuso a la unión de León con Castilla y apostaba por una autonomía uniprovincial como Navarra o La Rioja. Su prematuro fallecimiento influyó para que el PSOE de León aceptara en 1979 el camino de la comunidad con Castilla, que terminó con la aprobación del Estatuto en 1983. 

El debate entonces se volvió interno fluyendo en el tiempo al igual que en la sociedad, donde ha fluctuado estando siempre presente y siendo representado por el partido político leonesista UPL. Durante años la representación leonesista en el PSOE recayó en Agustín Turiel, por su apoyo a un referéndum sobre esta cuestión. Y más recientemente en el exalcalde de León Francisco Fernández, y líder del PSOE leonés entre 2008 y 2011, que también adoptó una postura leonesista sin ambages, firmada incluso en su pacto de gobierno con UPL con compromisos como “promover el reconocimiento de que la existencia del pueblo leonés” ya que “tiene el derecho a decidir cual es el estatus jurídico dentro de la España de las autonomías”.

La caída de Fernández del poder atrajo otros liderazgos en el PSOE que no han seguido el camino leonesista y en la comarca de El Bierzo, donde históricamente más peso y poder han tenido los socialistas, esta cuestión siempre se ha visto desde la lejanía. Los sucesivos líderes socialistas bercianos han enmarcado esto en cuestiones más de la ciudad de León y ese debate no ha sido prioritario, aunque ahora tenga más relevancia abriendo opciones como una provincia para El Bierzo en esa nueva hipotética comunidad.

El revivir leonesista, gracias a un socialista 

A finales del año 2019 el alcalde de León apoyó la llamada ‘moción leonesista’, una propuesta del partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) impuesta como condición para permitirle gobernar en solitario, en la que se solicitaba el inicio del procedimiento para una autonomía para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca). Todo el mundo coincide en señalar al socialista José Antonio Diez como responsable de forma principal del revivir del sentimiento leonesista, que terminó de crecer con las masivas manifestaciones de febrero del 2020 que se han repetido este 2026 todavía con un notable éxito.

No era la primera vez que se aprobaba algo en ese sentido en el Ayuntamiento de León. En 1994 el entonces alcalde Juan Morano, del PP, apoyó la propuesta a favor del referéndum, con la abstención del PSOE. Lo mismo pasó en la Diputación de León que gobernaban los socialistas con Agustín Turiel, donde se aprobó por apenas dos votos a favor y la abstención mayoritaria tanto de PSOE como de PP. Turiel y Morano, que rompieron la disciplina de voto con su abstención y voto a favor, fueron apartados posteriormente por sus partidos tras la polémica generada por saltarse las indicaciones de voto en contra. Zapatero había impuesto en el PSOE no apoyar en ningún caso el referéndum, aunque al final el voto fue abstención.

El apoyo a la moción autonomista del Ayuntamiento de León en 2019 ha hecho explosionar al leonesismo y desde entonces hasta hoy 65 ayuntamientos en la provincia de León, y algunos pocos en Zamora y Salamanca, la han aprobado. El último, Maraña, hace apenas dos semanas. En el conjunto de León suponen representar más del 50% de la población, y que aunque la moción no tiene valor jurídico si evidencia que el asunto está lejos de ser un tema menor en la sociedad y política leonesa. Concejales de todo el espectro político la han apoyado y solo uno de cada cuatro, fundamentalmente del PP, han votado en contra. Y tanto el PSOE como el PP llegaron a insinuar que echarían de sus partidos a los concejales que la apoyaran, pero en ambos caso se quedó en una amenaza.

La aprobación de la moción autonomista en la Diputación de León en junio del 2024 fue un poco el cúlmen del proceso. Con los votos a favor de UPL y el PSOE, socios de gobierno conjunto en la institución desde 2019, la institución provincial se pronunció a favor de una autonomía propia para la Región Leonesa y el asunto volvió a copar la actualidad. Ante el apoyo socialista local y que el asunto volvió a coger vuelo nacional, la portavoz del PSOE federal, la burgalesa Esther Peña, rebajó el asunto a un “toque de atención” a la Junta y que “León no se va a ninguna parte”. Los leonesistas socialistas insisten, en cambio, avanzar en esa vía de autogobierno.

Esta votación tenía una intrahistoria interna en el PSOE y era que desde el bando de Tudanca se sugería que los socialistas leoneses votaron a favor de la moción para perjudicar su liderazgo autonómico, muy enfrentado ya entonces a Cendón. Es cierto que entre los que votaron a favor de esa moción figuraban alcaldes, como los de Valdefresno o La Robla, que en sus ayuntamientos habían votado en contra de la moción. Nadie se inmutó por ese cambio de opinión.

La votación de las primarias del PSOE de León llega tras el cambio de liderazgo a nivel autonómico. El nuevo líder, el soriano Carlos Martínez, ha evitado meterse en la refriega pese a que Cendón fue uno de sus más notorios apoyos para alcanzar su cargo. En su corto espacio de tiempo como líder socialista ya ha tenido que lidiar con el asunto leonesista en varias ocasiones. La falta de integración de la corriente leonesista en su nueva Ejecutiva autonómica, con ocho leoneses pero todos afines a Cendón, ha sido uno de los motivos de crítica de este sector y uno de las causas de la candidatura de Moreno. Sobre el asunto Martínez manifiesta que respeta la identidad propia leonesa, pero achaca la desafección a las políticas de la Junta y cree que con otras distintas la cuestión variaría. Pero también se ha abierto a “hablar” de cualquier cosa, incluso en el debate leonesista aunque ha desechado en una entrevista con elDiario.es la posibilidad de un referéndum sobre este asunto.

En los dos últimos congresos del PSOE, el federal celebrado en Sevilla y el autonómico celebrado en Palencia, han tenido enmiendas ‘leonesistas’ en su debate político, encaminadas a que se aprobara de una manera u otra un posible camino autonomista para León. En Sevilla fueron rechazadas y en Palencia se abrió una rendija a una consulta a la militancia leonesa, aunque rebajada luego por la organización. Moreno fue el ponente de la enmienda sobre la consulta a los militantes, que parte del PSOE leonés votó en contra con advertencias de que esto solo beneficia electoralmente a UPL. Una vez elegido el liderazgo del PSOE leonés este domingo se abrirá su nueva ponencia política, en el que previsiblemente este debate volverá de una u otra forma.

Mientras los socialistas deciden sus liderazgos Castilla y León ha entrado en fase electoral, pendientes de la fecha que ponga encima de la mesa el presidente Alfonso Fernández Mañueco para volver a las urnas. La ‘repetición’ electoral del 2022 llevó a UPL a máximos históricos, logrando 3 procuradores, frente a 4 de PSOE y PP. El partido leonesista logró ser el más votado en la ciudad de León y los municipios del Alfoz y ahora ha aireado una encuesta que le concede la victoria. Tanto en el PP como en el PSOE reconocen que UPL sigue fuerte aunque no creen que tanto, pero conceden que los márgenes entre todos pueden estrecharse. Y en el PSOE hay quien achaca el éxito electoral de UPL al revivir del sentimiento leonesista, del que al menos en buena parte el partido es corresponsable.

Y en ese momento electoral futuro, apunta un ‘fontanero’ del PSOE, las costuras pueden volver a supurar por culpa del leonesismo, aunque el resultado podría variar en función de la orientación que los socialistas apoyen este domingo. El alcalde de León apostó todo al leonesismo en su campaña de 2023. Y logró ser uno de los pocos alcaldes socialistas en toda España que subió en votos y hasta un concejal. Y en esa discusión, si el leonesismo con el socialismo suma más, como defienden unos, o es perjudicial, como defienden otros sobre todo en El Bierzo, vive sumido el PSOE de León. Desde 1977.

Parece que, ahora sí, las Cortes de Castilla y León están dispuestas a abordar las retribuciones de sus parlamentarios, un debate que se ha reabierto después de que los ya exprocuradores de Vox reclamaron el pago correspondiente a enero que les debía el grupo de Vox. El presidente del parlamento, Carlos Pollán (Vox), anunció la semana pasada que ya se había reunido el grupo de trabajo integrado por PP, PSOE y Vox para regular las incompatibilidades y acabar con la “excepcionalidad” que convierte a este parlamento en el único de España donde no todos sus integrantes tienen retribución por su trabajo, una reivindicación en la que coinciden todos los partidos.

En Castilla y León, los procuradores rasos (diputados autonómicos) solo cobran las dietas por acudir a las comisiones y plenos. 220 euros por cada actividad parlamentaria a la que acuden, por lo que los sueldos pueden oscilar entre unos 200 o 500 euros y unos 2.000 euros al mes, en función de a cuántas sesiones acuda. Tras las quejas por la falta de transparencia para conocer los cobros de estos procuradores no liberados, ahora sí se han publicado las indemnizaciones que cobra cada procurador. Entonces, el grupo de Vox decidió pagar una “bonificación” a sus procuradores para que se dedicaran en exclusiva a trabajar como representantes públicos, dejando sus trabajos principales de lado durante esta legislatura.

El grupo parlamentario abona a sus siete procuradores rasos otros 2.025 euros netos que se suman a las dietas que puedan percibir por asistencia, como se ha desvelado después de que los dos exprocuradores expulsados reclamaran que el grupo les debía 2.000 euros correspondientes a enero, una cantidad que pretenden después donar a una asociación o fundación sin ánimo de lucro. Según aclara Vox a este medio, tributan el 19% de IRPF, con un “rendimiento de trabajo” bruto de 2.500 euros.

Ante esta situación, Vox ha intentado reabrir el debate sobre las retribuciones de los representantes públicos que no tienen esa dedicación exclusiva, que solo tienen los miembros de la Mesa de las Cortes, los portavoces del grupo y algunos otros cargos que designan los grupos. En teoría, estos representantes tienen una dedicación exclusiva no deberían poder tener otra fuente de ingresos. Sin embargo, el eurodiputado y exportavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, declaró el pasado verano que cobraba 40.000 euros anuales como “abogado”, algo que justificó a preguntas de elDiario.es porque consideró que sí estaba permitido el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía.

En el Congreso, los diputados 'rasos' pueden tener otra ocupación distinta de la pública siempre que no se solapen o entren en contradicción previa autorización. En las Cortes de Castilla y León, todos los procuradores —salvo que tengan dedicación exclusiva— pueden trabajar en su puesto habitual.

PP y PSOE también pagan a sus procuradores

Según ha podido confirmar elDiario.es, los procuradores que no tienen dedicación exclusiva también reciben pagos de los grupos Popular y Socialista. Los procuradores 'populares' cobran otros mil euros mensuales —además de sus dietas por asistencia— que el Grupo hace en dos pagos, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. Prácticamente la mitad del dinero que maneja el Grupo se gasta en sueldos y salarios (651.034,75 euros) y en cargas sociales (36.294,53 euros). El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, asegura a este periódico que la cantidad “no llega a los mil euros” aunque “fluctúa” entre procuradores por “cuestiones internas”.

El Grupo Socialista también hace un pago de 710 euros mensuales a los procuradores rasos y de 891 a los que son portavoces en las comisiones del parlamento. “Es una paga con retención de IRPF del 35% y consta en la declaración de la renta, no es un sobresueldo”, sostiene el número 2 del PSOE, Daniel de la Rosa. La semana pasada, el nuevo secretario general, Carlos Martínez, insistió en la importancia de que el parlamento autonómico pagara a los procuradores por su trabajo para que los procuradores tengan “medios materiales y retributivos suficientes” y se deje atrás el actual “régimen de voluntarios”. El Grupo Socialista gastó en 2023 461.373,4 euros en personal (396.892,27 en sueldos y salarios y 64.481,15 en cargas sociales).

El personal eventual del parlamento

Además, las Cortes de Castilla y León cuentan con trabajadores eventuales que son nombrados por el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán, a iniciativa propia, a petición de los miembros de la Mesa o de los grupos parlamentarios. Los salarios de este tipo de personal —compuesto por siete trabajadores dependientes de Presidencia, nueve que dependen de los miembros de la Mesa y cinco que son asesores del grupo parlamentario— depende directamente del Presupuesto del Parlamento.

Según confirma el parlamento a elDiario.es, es este órgano el que se encarga de las retribuciones de este personal. Entre estos asesores, cuyo sueldo las Cortes se negó a desvelar hace ya unos meses, se encuentran cargos políticos como el presidente de la UPL (Carlos Javier Salgado), el concejal de Administración Local de Ávila (Héctor Sastre), el presidente de Vox Palencia (Matías Recio) o el exprocurador socialista Óscar Álvarez.

Los fondos que luego van al partido político

Ni PP ni PSOE detallan en sus cuentas cuánta partida de sus presupuestos va destinada a financiar el partido. Según su contabilidad de 2023, Vox dio 55.000 euros, UPL y Soria ¡YA! recibieron 149.100 euros cada uno por prestar varios servicios a los procuradores, Por Ávila cobró 50.000 euros, mientras que Podemos recibió 30.240 euros; Izquierda Unida, 17.640; y Alianza Verde, 2.520 euros.

Sin embargo, la información relativa a los gastos presupuestados y ejecutados por los Grupos Parlamentarios no obra en poder de las Cortes de Castilla y León, puesto que los grupos parlamentarios son “los exclusivos titulares” de estos datos y “quienes deciden si abren dicha información o no al conocimiento público”. Con carácter general, todos los grupos publican su contabilidad, aunque no todos con el mismo detalle.

La contabilidad relativa a 2024 aún no está disponible en la web del parlamento, que se actualizó en junio de 2024 con los datos del ejercicio anterior. El Grupo Socialista fue el que más tardó en registrar su contabilidad en el registro de las Cortes. Mientras que el PP, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto lo entregaron en enero de 2024; Vox, en febrero, los socialistas lo registraron a mediados de junio del año siguiente al que correspondían las cuentas.

El parlamento da unas subvenciones a los grupos parlamentarios para su funcionamiento en base al número de representantes. En 2024, la Mesa de las Cortes estableció una subvención fija de 2.890 euros y una variable de 3.660 euros por procurador mensuales. En total, los grupos tuvieron acceso a 3,7 millones de euros que fueron repartidos en función de su tamaño.

Esto significa que el Grupo Popular, que tiene 31 procuradores, recibió 1.396.200 euros ese año. El Grupo Socialista (28 diputados autonómicos), 1.264.400 euros. Por detrás, Vox (que entonces tenía 13 representantes) recibió 605.640 euros y el grupo parlamentario que componen UPL-Soria ¡Ya! (6 diputados) obtuvo 298.200 euros en concepto de subvención. El Grupo Mixto, compuesto por un procurador de Podemos, otro de Por Ávila y el exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, tuvo 152.568 euros.

Una página de contabilidad del PP

El Grupo Popular solo publica su cuenta de resultados: una página en la que figuran sus ingresos y gastos, pero no detalla quién percibe esos sueldos o cuáles son los “servicios exteriores” que ha contratado el grupo. Los 'populares' ingresaron casi 1,4 millones de euros en 2023, todos procedentes de esa subvención que concede el parlamento para sus gastos de funcionamiento.

Prácticamente la mitad de ese dinero se gasta en sueldos y salarios y en cargas sociales, pero no se especifica quién cobra qué cantidad. Según el portavoz, el grupo tiene cinco trabajadores propios. También se desglosan otros gastos de la actividad ordinaria: servicios exteriores (204.266,57 euros), tributos (143,88) y otros gastos de gestión corriente (225.000). Además, se incluyen 6.759 euros de la amortización del inmovilizado. En total, en 2023 hubo unos 272.000 euros que quedaron sin consignar a ninguna partida.

El PSOE registra 795.140 euros como “otros gastos”

El Grupo Socialista que hasta ahora capitaneaba Luis Tudanca explica un poco más su contabilidad: en tres folios en vez de en uno, y porque solo se incluye una tabla en cada página. El grupo parlamentario ingresó en 2023 los 1,3 millones de euros previstos y gastó en personal 461.373,4 euros (396.892,27 en sueldos y salarios) y 64.481,15 en cargas sociales.

Desde el partido confirman que la cifra de trabajadores es “variable”, puesto que en 2024 fueron “cinco o seis personas” aunque “actualmente” hay destinadas cuatro.

Al igual que los 'populares', los socialistas también han contratado servicios exteriores, aunque tampoco se detalla a qué empresa (111.677,26 euros). El apartado tributario es idéntico al del PP: 143,88 euros. Al Grupo Socialista le 'sobraron' 67.091 euros sin ejecutar en 2023, según su informe de contabilidad, que se quedan en las arcas para el siguiente ejercicio. También gastaron 795.140,62 euros en el cajón de sastre que es 'otros gastos de gestión corriente'. El año anterior, en 2022, estos 'otros gastos' supusieron un millón de euros para el Grupo Socialista.

El activo del Grupo Parlamentario incluye 46.558 euros entre el no corriente (15.569,72) y el corriente (30.988 euros). También tenían un crédito con una entidad por valor de 12.773 euros, según el informe de contabilidad; unas deudas a corto plazo de 50.682 euros y 8.738 euros de “acreedores varios” y otras cuentas a pagar.

Ocho empleados en Vox y los “complementos” para sus procuradores

Vox tiene el informe más extenso, en el que concreta algunos de los conceptos que los otros grandes grupos no abordaban. Los ingresos del Grupo son esos 605.640 euros, de los cuales se gastaron 412.371 euros en sueldos y salarios. El grupo de Vox tenía ocho trabajadores para su funcionamiento ordinario: un jefe de prensa, un asistente de Comunicación Audiovisual una jefa del área jurídica, dos jefes del grupo de las áreas jurídica y económica, dos asistentes y un asesor jurídico. Vox incluso detalla el sexo de este personal contratado: seis hombres y dos mujeres.

De tesorería, Vox tenía 180.814,65 euros en 2023. El patrimonio neto era de 95.328 euros. El pasivo corriente (de acreedores y otras cuentas a pagar) era de 85.485 euros. Según explicó la semana pasada el grupo Vox, se planteó que todos sus representantes recibieran una cantidad neta de 2.025 euros mensuales si se dedicaban en exclusiva a la “labor de representación”. Es una asignación que llaman “complemento por rendimiento”.

También se gastaron 76.077 euros en “servicios profesionales independientes” como los de gestoría laboral, 64.205 euros por la Seguridad Social a cargo de la empresa, 2.906 euros en gastos de viajes y 1.196 euros en “otros gastos y servicios” asociados a los viajes del grupo. Por debajo del millar de euros hay conceptos como los servicios bancarios (864,6 euros) y la manutención (691,5 euros en un año). Esto significa que hubo 7.672 euros sin ejecutar.

El convenio entre el grupo y el partido político Vox se formalizó en noviembre de 2023: el grupo abonó 55.000 euros al partido político para la “prestación de servicios”. La cuenta bancaria corriente del Grupo Vox empezó el año con 128.831 euros y lo terminó con 180.814 euros.

149.100 euros para los partidos UPL y Soria ¡Ya!

El grupo integrado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! se divide a partes iguales los 298.200 euros que reciben del parlamento autonómico. Y todo va íntegramente a las arcas del partido y la agrupación de electores, con conceptos como el uso de la sede del partido, el asesoramiento jurídico, la gestión de medios o la manutención.

La Unión del Pueblo Leonés cobra a sus procuradores 22.260 euros al año por utilizar su sede para sus reuniones. El asesoramiento jurídico que proporciona UPL de manera “puntual” suponen otros 13.440 euros al año, así como la elaboración de documentos que ayuden a los procuradores: otros 30.00 euros. UPL cobra otros 30.000 euros a UPL por la elaboración, envío y gestión de comunicados de prensa. También hay otros gastos como la difusión de la gestión de los procuradores (14.400 euros), los gastos en medios con publicidad (20.400), la gestión de la web (14.400) y los gastos de manutención (4.200 euros) de las reuniones que al menos tendrán lugar una vez a la semana con los cargos públicos de las tres provincias que integran la Región Leonesa.

Soria ¡YA! replica el modelo de UPL, aunque las cuantías varían. Así la agrupación ofrece el uso de su sede por 35.780 euros anuales, el asesoramiento jurídico y técnico (27.738), la elaboración de documentos como ayuda a los trabajos (27.738), la elaboración y envío de comunicados de prensa (27.738 euros), la difusión de la gestión de los procuradores (11.040 euros), el mantenimiento de la web (11.040 euros) y la manutención (8.026 euros) de las reuniones con cargos públicos y representantes de asociaciones, fundaciones y colectivos.

El Grupo Mixto

El Grupo Mixto está integrado solo por tres procuradores (Pablo Fernández, Pedro Pascual y Francisco Igea) y recibe anualmente 152.568 euros para los gastos de su funcionamiento. De estos, 46.461 euros se van en gastos de personal (35.182 en sueldos y 11.279 para la Seguridad Social). También hay otros gastos de gestión corriente (100.800 euros) que son las aportaciones a los partidos y coaliciones a las que pertenecen los procuradores. Podemos recibió 30.240 euros según la contabilidad, en la que también figuran los ingresos a Izquierda Unida (17.640 euros) y Alianza Verde (2.520), las tres formaciones que integran Unidas Podemos y a las que representa Pablo Fernández. Por Ávila recibió 50.400 euros por parte del Grupo Mixto. Además, hay servicios de gestoría y auditoría (1.118), los servicios de profesionales independientes (318 euros) y los servicios bancarios (240).

El pasado domingo 16 de febrero miles de personas salieron a la calle en León en una multitudinaria manifestación en la que bajo el lema 'Más soluciones, menos cuentos' para exigir soluciones a la situación socioeconómica de la provincia de León, afectada por una galopante pérdida de población y datos económicos preocupantes como la peor tasa de actividad del país. Y además, la petición de una autonomía propia para la provincia de León, o para la Región Leonesa junto a Salamanca y Zamora, que ocupó buena parte de la reivindicación de la protesta, convocada por los principales sindicatos y con el respaldo de más de 60 organizaciones.

La manifestación recorrió las principales calles de la ciudad de León y aunque estaba encabezada por las banderas de los sindicatos organizadores –UGT, CCOO, USO y CGT– en la gran mayoría del recorrido las banderas de León y carteles alusivos a una autonomía propia protagonizaron la protesta. Con la habitual guerra de cifras –13.000 para la Subdelegación del Gobierno y 50.000 para los organizadores– el resultado de la manifestación, aunque no ha alcanzado las cifras del 2020, ha dejado en evidencia que el sentimiento leonesista sigue muy vivo.

Los líderes de los principales partidos a nivel provincial acudieron a la protesta, desde Javier Alfonso Cendón por el PSOE a la presidenta provincial del PP, Ester Muñoz, ambos hoy en las direcciones nacionales de sus respectivas formaciones. A ellos se unieron el líder leonesista de UPL, Luis Mariano Santos, así como representes de otros partidos como IU, Podemos o Alantre, y cargos políticos como los socialistas José Antonio Diez, alcalde de León, y Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León. En esta ocasión hubo una ausencia notable de políticos bercianos, sin tampoco una manifestación en la ciudad de Ponferrada, como en el año 2020.

El leonesismo, entendido como el movimiento social y político que apuesta por una autonomía para León o la Región Leonesa, hunde sus raíces en la Transición, en plena configuración del estado de las autonomías en que León se unió a Castilla en la última autonomía aprobada por el Congreso. Desde entonces hasta hoy ha estado presente en la vida de la provincia leonesa, con un impacto muchísimo menor que en las provincias de Zamora o Salamanca. El partido que históricamente lo ha representado, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), lleva décadas como tercera fuerza política, pero el actual momento que revivió el asunto se origina con la moción aprobada en el 2019 en el Ayuntamiento de León a propuesta de UPL con el respaldo del alcalde socialista José Antonio Diez. El regidor leonés se ha convertido en uno de los puntales de lanza del movimiento pro autonomía, aunque le cueste enfrentarse a su propio partido cada vez que saca el tema.

La convocatoria de este 2025, prevista inicialmente para el pasado otoño, pero retrasada por la DANA que afectó a Valencia y otras partes del país, fue convocada por cuatro sindicatos –CCOO, UGT, USO y CGT–. En el año 2020 las movilizaciones fueron impulsadas en solitario por UGT y CCOO, con un enfoque claramente leonesista gracias a sus entonces secretarios provinciales, Enrique Reguero y Xosepe Vega, y una unidad de acción que ahora ha variado. Aunque los dos sindicatos se han mostrado juntos en la convocatoria actual, la prioridad del asunto leonesista ha abierto brecha entre UGT y CCOO, este último sindicato con otro liderazgo actualmente.

¿Cuáles han sido las reacciones a la protesta?

El resultado de las masivas manifestaciones del año 2020, que sacaron a la calle a 80.000 personas, fue la creación de la llamada Mesa por León, que fue un sonoro fracaso tras unas pocas reuniones. La idea original de los sindicatos CCOO y UGT fue crear una agencia de desarrollo económico, pero el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León impusieron un modelo con la patronal empresarial que apenas fue capaz de organizar algunas reuniones y encargar un plan estratégico por el que se pagaron 161.000 euros y fue olvidado en un cajón.

La presidenta del PP de León y vicesecretaria de Educación y Sanidad en la ejecutiva nacional de Feijóo, Ester Muñoz, lanzó al día siguiente de participar ella misma en la manifestación una comparación con la situación vivida en Cataluña con el 'Procés', que le ha llevado reproches hasta del exvicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Francisco Igea, que cree que compararlo “es un dislate”. La líder leonesa afirmó que en la provincia leonesa “se empiezan a vivir cuestiones parecidas a lo que sucedió en Cataluña”, al tiempo que trasladó su rechazo a “gente que divide, separa o etiqueta”. El líder de UPL, Luis Mariano Santos, la ha calificado de “mala persona” por la comparativa con lo vivido en Cataluña y el PP considera que los leonesistas han hecho un “señalamiento”. Las comparaciones habituales con el independentismo catalán es un asunto que enerva los ánimos de los leonesistas, que defienden que una nueva autonomía se encuadra en el marco constitucional y nada tiene que ver con una situación de irse fuera de España.

El PSOE autonómico, que tiene su congreso para ratificar al alcalde de Soria Carlos Martínez como nuevo secretario general este fin de semana en Palencia, señaló que las reivindicaciones del domingo “son fruto del desasosiego, la desafección, la falta de compromiso y el abandono por parte de las administraciones públicas de la Comunidad”, en referencia a la Junta de Castilla y León. En su congreso se debatirán incluso enmiendas que piden consultar a la militancia si apoyan un camino hacia una autonomía propia para León, aunque Martínez se ha mostrado contrario a las aspiraciones autonomistas, pero abierto a un debate sobre el asunto.

La Junta de Castilla y León ha mantenido un perfil bajo de momento, expresando por boca de su vicepresidenta, Isabel Blanco, su respeto a la manifestación y que el gobierno del PP mantendrá su “compromiso incansable” por el “asentamiento de nuevas empresas, generando oportunidades en el territorio”. De momento nadie ha sugerido una nueva Mesa por León, que las organizaciones convocantes ya han dicho que no quieren ni oír hablar.

El sindicato CCOO ha resaltado a través de su líderesa en la provincia, Elena Blasco, el éxito de la manifestación al juntar a “fuerzas políticas, sindicales y sociales con importantes diferencias entre sí”, y piden un “Plan de Emergencia de Inversión Pública que cambie la situación de crisis endémica que sufre la provincia”. La organización sindical pide a los partidos que “conviertan sus declaraciones e intenciones en hechos, por lo que esperamos que los gobiernos autonómico y central asuman su responsabilidad y abran el diálogo para este Plan de Emergencia”.

Pero en esta protesta del 2025 también ha habido notables ausencias, la primera de ellas de las principales organizaciones empresariales que sí apoyaron de forma explícita o velada las protestas del 2020. La Federación Leonesa de Empresarios (FELE), la principal organización y asociada a la CEOE, está presidida por un empresario constructor, Juanma Vallejo, con vinculaciones con el PP y actualmente uno de los contratistas más destacados tras haber sido en el pasado director general del Grupo Begar, empresa condenada en piezas del caso Gürtel. El Círculo Empresarial Leonés lo preside el empresario hostelero Julio César Álvarez, que reparte sus vinculaciones empresariales y familiares entre el PP y Vox. Ambos han guardado silencio ante esta convocatoria y después de la misma. El otro gran sindicato de la provincia de León, CSIF, tampoco ha respaldado la convocatoria, como tampoco lo hizo en el año 2020.

El principal partido ausente de la protesta ha sido Vox, enfrascado en su batalla interna en Castilla y León. Su principal referente tras la salida de Juan García-Gallardo es el leonés Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León. Pollán reconoció que probablemente en la manifestación habría votantes de Vox, pero consideró que la convocatoria tiene un alto grado de propaganda a muchos niveles“. ”El Estado de las autonomías ha supuesto la ruina de muchas provincias como León“, explicó en la red social X al tiempo que aseguró que ”la solución a esto no pasa por la creación de una autonomía nueva y, por lo tanto, un problema nuevo“.

¿Y ahora qué?

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, 'calentó' la convocatoria del 16 de febrero anunciando unos días antes que contaba con un informe jurídico que establecía la 'hoja de ruta' para la consecución de una autonomía propia para la provincia de León. Aunque el informe no se ha hecho público, solo anunciado, se ha señalado que el camino es una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para provocar la votación y aprobación de una posible Ley Orgánica, que requeriría de mayor absoluta de las Cortes generales, en virtud del artículo 144 de la Constitución. Se trata del mismo artículo que sirvió para abrir ese camino de autonomía uniprovincial a Madrid en 1983.

En las últimas semanas, ha vuelto a florecer también el debate de qué tipo de autonomía tener, si una uniprovincial para León solo, si una para la provincia, pero haciendo a El Bierzo otra provincia o insistir en la de la Región Leonesa con Zamora y Salamanca, pese a que en esos territorios el sentimiento leonesista tiene un bajo o casi nulo arraigo. Es una de las críticas habituales hacia los leonesistas, que no tienen clara su hoja de ruta y no hay acuerdo en el formato final.

El último ayuntamiento de la provincia de León en aprobar la moción pro autonomía para la Región Leonesa ha sido el de Murias de Paredes, el pasado 28 de diciembre, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta. En total desde 2019 la moción ha sido secundada por seis decenas de ayuntamientos de la provincia que agrupan al 55% de la población de la provincia. La moción se aprobó el pasado otoño en la Diputación de León como momento culmen del proceso, aunque luego el PSOE rebajó su relevancia para hablar de un “toque de atención”.

El camino futuro de la ‘independencia’ leonesa de Castilla sigue siendo incierto por las dudas jurídicas que surgen en torno a los pasos concretos a seguir. Lo que está claro es que el próximo hito serán las elecciones autonómicas en Castilla y León. En 2022, UPL incrementó de forma espectacular su resultado, ganando incluso en la ciudad de León y el Alfoz por delante de PP y PSOE. Y los leonesistas han aireado una encuesta que les daría la victoria en las elecciones. Tras la manifestación todos rumian qué pasos a seguir, bien para lograr encauzar alcanzar la tan ansiada –por algunos– autonomía, o bien para bajar la presión social de soluciones a un territorio envejecido y cuya economía no termina de tirar hacia adelante.

El 13 de febrero de 2022 los resultados electorales en Castilla y León dejaron claras al menos un par de cuestiones: que el PP de Alfonso Fernández Mañueco se equivocó al confiar en las encuestas que le daban la mayoría absoluta si adelantaba los comicios; y que, su victoria en las urnas, lejos de la mayoría absoluta, hizo que se abriera la veda para que los 'populares' negociaran con la extrema derecha para lograr pactos de gobierno. Aun así, tres años después, Mañueco es el único superviviente de los principales líderes autonómicos.

Castilla y León estrenó hace tres años un nuevo paradigma en la política española. Los 31 procuradores que obtuvo el Partido Popular le dejaban a 10 escaños de la mayoría absoluta. Mañueco obtuvo dos representantes más que cuando gobernaba con Ciudadanos, pero el PP obtuvo su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas: el 31,43% de los votos, 0,06 puntos menos que en 2019.

Al líder 'popular' solo le quedaba Vox para negociar, que con 13 procuradores había barrido a Ciudadanos de la escena dejando tan solo al exvicepresidente, Francisco Igea, como el 'último de Filipinas' del partido exsocio del PP. Al descalabro de Ciudadanos, que pasó de 12 a un único escaño, se le sumó la bajada del PSOE, que se dejaba 7 procuradores y pasaba a tener 28 escaños. Los otros ganadores del 13F fueron Soria ¡YA!, que entraban en el parlamento autonómico con tres procuradores y UPL, que mejoró sus resultados en León pasando de un representante a tres. Unidas Podemos perdía un procurador y se quedaba con la única presencia de Pablo Fernández gracias a que se presentó por Valladolid y no por León, su provincia de origen. Por Ávila repetía resultado y mantenía su único escaño.

Fernández Mañueco convocó las elecciones el 21 de diciembre. En un movimiento inédito, destituyó a los consejeros de Ciudadanos mediante el Boletín Oficial de Castilla y León de ese día y anunció la disolución de las Cortes y el adelanto electoral a través de Twitter. A su vicepresidente y socio le pilló en antena y sin ser notificado previamente. “Que sepas que estás cesado y voy a convocar elecciones, me habría gustado que fuera de otra manera”. Esto fue lo que el presidente de la Junta dijo a Igea, según el ex de Ciudadanos. El relato que construyó el PP de Mañueco para justificar el movimiento fueron unas supuestas conversaciones entre el PSOE, Ciudadanos y Por Ávila para impulsar una moción de censura y que los partidos siempre negaron.

Desde un primer momento, el PP negoció con Vox, descartando al PSOE de Luis Tudanca tras una reunión de cinco minutos. El reparto de las instituciones dejaría a Vox dentro del gobierno con las consejerías de Agricultura y Ganadería; Cultura y Turismo, e Industria, Comercio y Empleo, además de la Vicepresidencia que ocuparía el ahora dimitido de todos sus cargos Juan García-Gallardo. El recién llegado a la política y desconocido candidato de Vox irrumpía en la administración autonómica que tanto criticaba en una cartera sin funciones ejecutivas y aumentando el gasto político. En las negociaciones, los 'populares' cedieron la Presidencia de las Cortes de Castilla y León a Vox, como ya hicieran la legislatura anterior con Ciudadanos y Luis Fuentes, que ahora es delegado para el Corredor Atlántico. El leonés Carlos Pollán ocupó la Presidencia de la Mesa, con sendas vicepresidencias del PP (Francisco Vázquez) y PSOE (Ana Sánchez).

En la oposición, el PSOE, que todavía recordaba cómo en 2019 rozó con los dedos el cambio de color en la Junta. Ciudadanos lo impidió. Y el PSOE pasó de ganar las elecciones y ser la fuerza mayoritaria con 35 procuradores a los 28 representantes en poco más de dos años. Soria y León fueron las provincias donde los socialistas se dejaron dos representantes respectivamente por el empuje de la UPL y la irrupción de la plataforma Soria ¡YA! en el escenario electoral autonómico. El desgaste del PSOE a nivel nacional, que se materializó en las elecciones municipales y las generales posteriores, hizo que los socialistas perdiesen un procurador en las provincias de Salamanca, Segovia y Valladolid. No obstante, fue la primera fuerza en Burgos, León, Palencia y Valladolid.

Pacto de gobierno PP-Vox

La XI legislatura echó a andar con un acuerdo de gobierno en el que introducían puntos como la “inmigración ordenada” que dejarían ver cómo la xenofobia era una constante en las políticas a aplicar, en concreto en las Consejerías de Vox aunque el propio presidente Mañueco se le complicó explicar este término. El 'popular' detallaba el 11 de marzo de 2022, un día después de firmar con Vox, en qué consistía su pacto. En ese documento se introdujeron medidas de Vox como la elaboración de una ley de violencia intrafamiliar; un modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico”, tener “siempre presentes a las víctimas del terrorismo” y promover “una inmigración ordenada”, entre otras medidas.

Las primeras medidas aplicadas cargaban contra el Diálogo Social, otro de los ámbitos que la extrema derecha trató de dinamitar. El primer recorte de Vox, que tenía competencias sobre Empleo, Comercio e Industria, fue anunciado en junio de 2022: un tijeretazo de más de 20 millones en programas para la formación entre los que se incluían a personas inmigrantes y emigrantes. En esa rueda de prensa se criticaba a los sindicatos, mientras que Gobierno de España y el consejero de Economía y Hacienda, del PP, se afanaban en intentar frenar el cierre de las factorías del Grupo Siro en Castilla y León, una competencia directa de Vox.

García-Gallardo y Vox hicieron campaña diciendo que iban a reducir el gasto político, pero al llegar al Ejecutivo autonómico se incrementó el número de altos cargos y su consiguiente coste para las arcas públicas y llegó a nombrar como jefe de gabinete a un primo de su padre.

El nuevo gobierno de PP y Vox vivió también el verano del 2022 la polémica de los incendios forestales que arrasaron Castilla y León. En total se quemaron más de 87.000 hectáreas, y de ellas más de 56.000 se produjeron en los incendios de la Sierra de la Culebra y su entorno, en la provincia de Zamora. Por esos fuegos cuatro personas perdieron la vida, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el plan de prevención de incendios forestales autonómico, aunque no hubo dimisiones. Vox propuso un concierto solidario para recaudar fondos que se acabó cancelando en una de sus ocurrencias más criticadas nada más llegar al poder.

Casi un '155' por el protocolo antiaborto

La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ha planeado varias veces por el cielo de Castilla y León. La primera, por los recortes en el Servicio de Relaciones Laborales. Y la otra ocasión, a raíz de la tormenta que levantó el anuncio del vicepresidente de la Junta, sin competencias en Sanidad, de la creación de un nuevo protocolo antiaborto en el que, entre otras cosas, se iba a ofrecer a las mujeres gestantes escuchar el latido del feto para buscar la reflexión de la madre en la sexta semana de gestación. El propio Mañueco, en un acto de campaña para las municipales con el candidato del PP, Jesús Julio Carnero, desvelaba esta amenaza para acusar a Pedro Sánchez de “chantajear” y “amenazar” a la Comunidad.

El Gobierno mandó un requerimiento a la Junta por la presentación del plan: presentación de García-Gallardo (aunque era un tema de Sanidad, competencia del PP), que no un asunto aprobado en el Consejo de Gobierno, como se encargó de matizar Carriedo. El portavoz, como cada vez que ha tenido que responder por las polémicas de Vox, aseguraba que lo anunciado por García-Gallardo —en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y con él compartiendo escena—eran solo “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”.

El Gobierno de España entendió que se podía tratar de una coacción a las mujeres y que no se puede alterar el protocolo de atención a embarazadas. Es por eso que avisó con retirar a Castilla y León las competencias en Sanidad y de acudir a los Tribunales. El PP, según informó elDiario.es, se retractó aludiendo que era algo que se había interpretado erróneamente. A día de hoy, la nota de prensa, elaborada por la Consejería de Sanidad, sigue colgada en la web la Junta. Según Vox, dicho plan estaba dentro de los acuerdos de gobierno y se iba a aplicar.

El protocolo antiaborto fue un punto de inflexión entre la relación de PP y Vox e incluso, como ha llegado a reconocer García-Gallardo, entre el entonces vicepresidente y su propio partido. Este diario publicó un cruce de palabras en el despacho entre Mañueco y García-Gallardo por la polémica. El presidente llamó al vicepresidente "liante”, quien, según testigos, no se arredró y le calificó de “cobarde”.

Ataque al Diálogo Social

Otra de las grandes 'hazañas' del consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox), fue tratar de suprimir el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), una herramienta para gestionar los conflictos laborales y evitar las judicializaciones y que financia la Junta de Castilla y León. Solo en 2022, el SERLA tramitó 4.500 procedimientos de conflictos laborales individuales en Valladolid y 341 expedientes colectivos en toda Castilla y León. De estos últimos, 54 eran previos a una convocatoria de huelga, y en el 50% de los mismos se llegó a un acuerdo para evitar el parón.

Veganzones consiguió, según acusaron CCOO y UGT, una “quiebra financiera y técnica” que restó la posibilidad de ofrecer mediación en los conflictos individuales entre trabajadores y empresas. El consejero redujo en enero de 2023 a la mitad la cantidad consignada de unos 800.000 euros a 400.000 euros y las consecuencias no se hicieron de esperar. En julio de 2024, los trabajadores del Serla fueron avisados del desahucio de su sede, además de los impagos de varios meses de sus nóminas. UGT y CCOO calculaban en febrero de 2024 que el Serla no había podido celebrar 500 mediaciones por los recortes.

El conflicto escaló tanto que acabó con que los sindicatos pidieran al Gobierno aplicar un '155' —obligar a la Comunidad a acatar una ley que no quiere aplicar— a la Junta. El propio Ejecutivo central llegó a mandar varios requerimientos para recuperar el funcionamiento del Serla y los sindicatos llevaron a las instituciones europeas la problemática. Solo la salida de Vox del gobierno autonómico ha permitido que el PP vuelva a sentarse a hablar de recuperar la financiación del Diálogo Social.

Algo que también dejó la Consejería de Empleo de Veganzones es la gran cantidad de “ceses a petición propia” desde su toma de posesión a su salida. El área de Industria, Comercio y Empleo acumuló cerca de 40 dimisiones o ceses. De ellos, tres han sido gerentes del Ecyl y una docena de altos cargos como la coordinadora de Servicios de Economía Social y Autónomos en noviembre de 2022, el director general de Industria en marzo de 2023, el cese del coordinador de servicios de la Dirección General de Industria “por razones de interés público” o el jefe de Intermediación y Orientación Laboral de Empleo en octubre de 2023, entre otros.

Otras salidas de las carteras de Vox fueron la del director general de Relaciones con la Sociedad Civil y comisionado de las víctimas del terrorismo en junio o la de uno de los asesores de García-Gallardo, Yesurún Moreno, tras ocho meses en el cargo en el que había sustituido a otra asesora que dimitió. Además de la directora general de Coordinación e Interacción Social de la Junta de Castilla y León, Montserrat Lluís.

Ley de Violencia Intrafamiliar

La llegada de Vox supuso que el PP tendría que desarrollar desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una Ley de Violencia de Intrafamiliar. La idea de la derecha radical populista es crear una normativa “que igualase a todas las víctimas”. Mañueco defendía que tanto la Ley de Autonómica de Violencia de Género como la defendida por su socio iban a “coexistir”.

En el debate parlamentario, Vox ha dado muestras de qué tipo de igualdad quiere para las mujeres a través de políticas para crear una “región maternal” de “mujeres madres y trabajadoras” y acusándolas a la par de “utilizar la ley de Violencia de Género para quedarse con la custodia de los hijos”.

García-Gallardo trató de diluir la violencia machista dentro de la violencia intrafamiliar e impuso a toda la Junta acudir a minutos de silencio “por cualquier tipo de violencia”. El anuncio lo realizó tras conocerse un crimen machista. “A partir de ahora, la Junta de Castilla y león recordará a la todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni de parentesco”, anunciaba en Twitter.

El PP trató de jugar al despiste con una nueva Ley contra la Violencia de Género —Castilla y León ya cuenta con una previa que data de 2010— para dilatar los tiempos a la hora de presentar la norma de Violencia Intrafamiliar. Las victorias de Vox en esta cuestión incluyen una ampliación presupuestaria hasta los 500.000 euros para 2023 dirigidos a luchar de forma específica contra la violencia en el ámbito de la familia, una cifra que también se repitió en 2024. La medida fue celebrada por García-Gallardo y también por Jorge Buxadé, que aseguraba que con esa cuantía buscaban “eliminar el adoctrinamiento” y “acabar con el concepto de violencia de género”.

Sin un texto firme, a Vox le entró la prisa y culpaba a órdenes de Génova, mientras que el PP alegaba que la norma estaba en procesos de información pública. Era septiembre de 2023 y según la consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), estaban “en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones”.

Vox volvió a meter prisa enviando un mes después un borrador y Blanco replicó que estaban acompasando la Ley de Violencia de Intrafamiliar con la Ley de Autonómica de Violencia de Género. De momento, el Ejecutivo autonómico cree que su ley de Violencia de Género podrá estar en vigor en 2025 — a falta del trámite parlamentario y que no cuenta con la mayoría en las Cortes—, mientras “sigue” trabajando en Ley de Violencia de Intrafamiliar ya con Vox fuera del gobierno.

La bronca en las Cortes

Otro de los focos de la polémica se ha vivido en las Cortes de Castilla y León. En los plenos se ha podido ver cómo el presidente de la Junta hizo una 'peineta' mientras la procuradora socialista Rosa Rubio estaba en el atril y después de que le reprochase su falta de atención. En las imágenes, que ha tuiteado la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, se ve cómo Mañueco abandona el hemiciclo mientras mira a su bancada y con una media sonrisa exhibe el dedo corazón y lo mueve arriba y abajo. Mañueco dijo que es algo involuntario y en que verlo como ese gesto como obvio “es una opinión”.

Más gestos: García-Gallardo fue acusado de realizar el gesto de 'felación' en tres ocasiones dirigida a dos procuradoras socialistas, según afirmó la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán. García-Gallardo negó “rotundamente” y ha asegurado que se trataba de un gesto “de llorar”.

Otro de los esperpentos vividos en el parlamento de Castilla y León se produjo cuando PP y Vox votaron en contra de su propia Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2024. La votación tuvo que repetirse y las cuentas autonómicas no entraron en vigor hasta mayo.

El presidente Carlos Pollán también ha tenido su protagonismo. El representante de Vox permitía aprobar una votación para la terna de jueces para el Tribunal Superior de Justicia a propuesta del PP, a pesar de que ha habido menos votos a favor que en contra porque fue la única lista presentada. No estaba muy claro siquiera cómo iba a ser la votación, motivo por el que el PSOE ha pedido al Consejo General del Poder Judicial revisar las “irregularidades” en la terna y valora si acudir a los tribunales.

Pollán ha liderado también el veto a la celebración institucional del Orgullo LGTBI. Con el presidente de Vox en la Mesa se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente, sí hizo. Para el presidente de las Cortes: “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de la ultraderecha chocó con el Grupo Socialista, que lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI a pesar de las amenazas de ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que retiren la bandera.

En cuanto al debate parlamentario, las polémicas han girado en torno al exportavoz y exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo. En su primera intervención se encargó de hacer gestos a los procuradores intervinientes. Además, también ha sido criticado por sus comentarios hacia una parlamentaria con discapacidad; cuando acusó a las mujeres de ser unas “desalmadas” para quedarse la custodia de los hijos; cuando insultó a su predecesor Francisco Igea en sede parlamentaria; cuando mostró su transfobia al aprobarse la ley Trans o cuando vinculó la falta de mano de obra con supuestas ‘paguitas’.

El exportavoz se ha mostrado muy beligerante con el PSOE. En diciembre acusaba a los socialistas de ser “el partido más corrupto de España” e iba más allá: “De los 145 años de historia criminal —del PSOE— solo se vio interrumpida durante 36 años que ustedes no pudieron robar. ¿Adivine usted qué años fueron esos? —sin hacer mención expresa al franquismo—”. Precisamente, uno de sus insultos preferidos durante estos tres años ha sido definir a los socialistas como partido con “historia criminal”.

Otro cambio que se ha vivido en las Cortes, donde llegó en 1999, es la salida de Raúl de la Hoz de la Portavocía del Grupo Popular al Parlamento Europeo, en su lugar el cargo lo ostenta Ricardo Gavilanes. Francisco Igea acabó rompiendo con Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto. Esta situación derivó en que PP y Vox le quitase la dedicación exclusiva, bajo la excusa del “transfuguismo”. Una suma de acciones que pasaron desde que el Grupo Mixto al que pertenece con Unidas Podemos, perdiese una de las dos portavocías que tenía, dotadas con dedicaciones exclusivas por más de 90.000 euros anuales.

Con todo esto se pudo ver cómo a Igea se le quebraba la voz cuando en abril de 2024, durante el Pleno de Presupuestos, el Partido Popular omitió decir nada sobre las enmiendas que presentaba. Con la salida de De la Hoz, con Ricardo Gavilanes al frente, la situación se ha ido relajando al menos en el aspecto de las formas.

Esta será la última legislatura para Igea y quizás para Luis Tudanca. El portavoz socialista, tras no conseguir gobernar después de tres elecciones, ha dejado la secretaría general del PSOE de Castilla y León. Tras un largo proceso de sucesión, el llamado a sustituir al burgalés es el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, que el próximo 21 de febrero será ratificado en el congreso autonómico en el que se nombrará a una directiva autonómica. Tudanca seguirá como portavoz de forma indefinida, según anunció el propio Martínez, al igual que el resto de cargos dentro del Grupo Parlamentario.

Desde 2022, el parlamento autonómico ha aprobado 19 leyes y decretos ley. De ellos, siete han sido Decretos Ley entre los que se incluyen la aprobación de medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos; medidas urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales. En rango de ley han sido validados los presupuestos para 2023 y 2024, la regulación del procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León; modificación de la Ley de Juego y Apuestas de Castilla y León; o apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León. Pendientes de salir al debate parlamentario están iniciativas como la Proposición de Ley de “igualdad real y efectiva” de las personas LGTBI+ en la Comunidad, realizada por el PSOE

Ruptura del pacto de gobierno

Si la irrupción de Vox ha marcado el escenario político de Castilla y León, su salida del gobierno sirvió para volver a la casilla de salida en muchos ámbitos. Tras 813 días de pacto, el presidente de Vox Santiago Abascal anunciaba el 11 de julio de 2024 que “los acuerdos están rotos y retira el apoyo parlamentario”. “Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición”, sentenció. Al día siguiente, García-Gallardo salía a anunciar su decisión ante la “incomprensión” de Mañueco. El motivo de la ruptura: la acogida de menores migrantes.

De los tres consejeros y vicepresidente de Vox, solo se quedaron en su cargo el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Mañueco tuvo que cesar a los titulares de Empleo y Agricultura al ser afiliados de Vox, ya que estos no presentaron su dimisión. Solo Santonja, al no pertenecer a ningún partido, siguió con su cartera.

El PP perdía los apoyos en las Cortes para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria y Vox engrosaba la oposición como tercera fuerza con sus 13 procuradores. Ahora los 'populares' tienen que negociar para que su acción de gobierno pase el control del poder legislativo. Desde la ruptura, y sin plenos en julio y agosto de 2024 y en enero de 2025, las Cortes solo han aprobado una iniciativa parlamentaria, una Proposición de Ley de los grupos Vox y Popular sobre la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León. Es la primera ley, y de momento única, que tenían pendiente los exsocios de gobiernos de aprobar.

Tras la ruptura quedaba otro de los grandes favores del PP a Vox para lograr su apoyo: la Ley de 'Concordia' de Castilla y León, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox Castilla y León como sustituta de la normativa de Memoria Histórica. Esta, atendiendo a la estrategia planteada por Vox a nivel nacional, buscaba equiparar la Segunda República con la Guerra Civil y el Franquismo a la par que diluía la condena expresa a la represión o eludía el término 'dictadura', además de otros aspectos que los colectivos memorialistas consideraron lesivos. Al final, PP y PSOE votaron juntos en contra para rechazar la tramitación de la Proposición de Ley de Concordia.

Otra cuestión a dirimir es la Proposición de Ley presentada por el PP y Vox para realizar una modificación en el Ecyl para, en esencia, reducir el organigrama al suprimir los cargos de gerente y del vicepresidente del organismo para crear un único cargo. El objetivo, según Vox, era dar a la gestión del empleo una “mayor agilidad”, al contar con un único secretario general, y evitar duplicidades en materias como inserción laboral, el autoempleo y el emprendimiento.

La falta de apoyos también se hace notar de cara a presentar los Presupuestos hasta final de legislatura. A pesar de que la abstención del PSOE facilitase a la Junta tener el techo de gasto no financiero para elaborar las cuentas autonómicas para 2025, el PP no ha registrado ningún anteproyecto de ley para que se negocie y tramite en las Cortes. La estrategia, según el portavoz del Ejecutivo autonómico, reside en tener los apoyos suficientes garantizados antes de comenzar el trámite en el parlamento, y no negociar en las comisiones correspondientes. En las negociaciones, la única formación dispuesta a hablar con los números suficientes ha sido el PSOE, mientras que Vox ha mostrado su oposición a negociar nada.

Ante esto, la Junta ha decidido prorrogar los presupuestos para 2025. Con Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta es la quinta vez, de los seis años que lleva, que se ha tenido que recurrir a esta fórmula.

Salida de Tudanca y de García-Gallardo

El 7 de enero Tudanca anunciaba, después de meses de rumores, que daba un paso al lado de la secretaría general del PSOE de Castilla y León. Desde León y Valladolid, Alfonso Cendón y Óscar Puente habían apostado por un nombre en la sucesión: el alcalde de Soria, Carlos Martínez para lograr una victoria para llegar al gobierno de Castilla y León. El nuevo líder de los socialistas ha asegurado que toca hacer “un rearme ideológico” y realizar una fuerte apuesta por las políticas públicas como escudo y espada para revertir las desigualdades territoriales y combatir el discurso de la derecha radical populista. Todo ello con un escenario electoral que depende de Fernández Mañueco.

García-Gallardo daba la sorpresa la semana pasaba tras renunciar tanto a la Portavocía de Vox como a sus cargos internos. El burgalés anunciaba su salida de la política con críticas a la directiva nacional y tras dudar en firmar la expulsión de dos procuradores críticos con el rumbo del partido. A la salida del exvicepresidente se suman las de los diputados autonómicos Javier Bernardo Teira Lafuente y Ana Rosa Hernando, tras haber pedido a la dirección nacional que se celebren primarias y “volver a los principios fundacionales y raíces” de la formación. En su caso, ambos han anunciado que mantendrán el acta y pasarán a ser no adscritos.

Escenario electoral

Con los partidos de la oposición en un momento de reestructuración, Fernández Mañueco tiene en su mano el convocar elecciones, que con el calendario en la mano deberían celebrarse en febrero del 2026. El presidente de la Junta lleva meses repitiendo la frase de que espera “agotar la legislatura”, aunque la duda es si ya está agotada al tener que prorrogar presupuestos, no tener mayoría parlamentaria para sacar adelante iniciativas y ver a la oposición en un momento delicado.

La cita es a las doce del mediodía frente a la estación de tren de La Pola L.lena. Allí se celebrará una concentración para exigir la conservación de la antigua rampa ferroviaria de Pajares, una infraestructura centenaria llamada a ser clausurada después de la puesta en servicio de La Variante de alta velocidad.

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha comparecido en rueda de prensa tras la sesión plenaria de la Junta General, para anunciar que su partido se suma a Unión del Pueblo Leonés en esta convocatoria y estará apoyando esta reivindicación el fin de semana.

Para Pumares mantener la antigua rampa no es importante sólo por su valor histórico si no porque aún presta servicio a muchos pueblos del Puerto de Pajares. En Asturias, concretamente, aún siguen con servicio de tren regional las poblaciones del entorno de Linares-Congostinas y con cercanías las de los apeaderos de Puente de Los Fierros, La Frecha, Campomanes y La Cobertoria.

Además el diputado ha querido reivindicar la necesidad de que exista un 'plan B' en caso de que haya incidencias técnicas o averías en el actual trazado de La Variante y ha recordado que aún hay empresas que siguen sacando sus mercancías de Asturias por el antiguo trazado, con lo que cerrarlo puede afectar a su competitividad. El diputado de Foro también ha apuntado a la rampa como centro de pruebas y formación y ha asegurado que hay empresas privadas interesadas en utilizarla como CAF o Talleres Alegría.

El apoyo a la concentración de este sábado 24 no es la única iniciativa que Foro apoyará en defensa de la antigua infraestructura. Pumares ha anunciado que la próxima semana su partido registrará una pregunta al consejero de Fomento para que explique en sede parlamentaria cuáles son las iniciativas que el ejecutivo asturiano se plantea para su conservación y mantenimiento.

El Partido Popular gana en las capitales de Valladolid, Burgos, León y Palencia, donde el PSOE fue la lista más votada en las elecciones locales del 28 de mayo, a pesar de que PP y Vox pactaron en Valladolid y en Burgos para evitar que los socialistas se hicieran con la Alcaldía con un gobierno en minoría (como en Palencia y León).

El bipartidismo ha mejorado sus resultados en la ciudad de Valladolid respecto a 2019 e incluso respecto a las elecciones municipales, en las que el PP habría superado en un concejal al PSOE. De hecho, dos de los actuales concejales irán al Congreso —el líder de la oposición, el socialista Óscar Puente y la número 2 del PP, Mercedes Cantalapiedra— y el alcalde, Jesús Julio Carnero, irá al Senado.

En Burgos sucede algo parecido: el bipartidismo sale reforzado y, si el electorado se hubiera comportado igual, el PP habría sido la lista más votada en la capital burgalesa, en la que actualmente gobiernan el coalición PP y Vox. En Palencia capital solo mil votos separan al vencedor PP frente a un PSOE que ha conseguido más votos que en mayo pero que ha bajado a segunda fuerza.

El partido que más ha crecido en la capital leonesa ha sido el Partido Popular (27.212 votos), al que no ha afectado su división interna. En la capital ha conseguido 6.000 votos más que en 2019 y 11.000 más que hace unos meses en las elecciones de mayo. Los 22.000 votos del PSOE no han sido suficientes para posicionarse como primera fuerza.

En Soria (donde el PSOE lleva cinco mandatos municipales), los socialistas han vuelto a ganar, aunque solo le han sacado 500 votos al PP.

Los partidos locales se hunden

Los partidos locales han fracasado en su intento por entrar en el Congreso. Se presentaban a las elecciones de este 23J con la intención de irrumpir en el Congreso como ya hicieron en las Cortes de Castilla y León el año pasado o con buenos resultados en las locales de mayo. Sus resultados les avalaban: Soria ¡YA! sacó en febrero de 2022 tres procuradores, Unión del Pueblo Leonés otros tres y Por Ávila uno. Vamos Palencia consiguió tres concejales que resultaron claves para decidir qué partido dirigía la Alcaldía.

El caso de Soria ¡YA! era el más esperanzador. En los comicios de 2022 ganaron en su provincia al PP y al PSOE, dejándoles con solo un procurador cada uno. En 2023 decidieron no presentarse a las municipales para centrarse en la carrera al Congreso y el Senado. Había buenas sensaciones, con encuestas que les daban un representante para la Cámara Baja y presentaban a Ángel Ceña Tutor como cabeza de lista, la cara y voz en las Cortes autonómicas de la formación, pero los votantes esta vez no les han dado su apoyo.

Mientras que en 2022 recibieron 18.390 y les situaban como primera fuerza, este domingo han bajado hasta los 9.626, que, en una circunscripción de tres como Soria, les ha dejado a 5.150 papeletas de conseguir el tan ansiado diputado, que ha caído del lado del PSOE. En el Senado, resultado similar puesto que el aspirante con más apoyos se queda a 3.000 sufragios del último escogido, también socialista.

En León, la Unión del Pueblo Leonés buscaba llegar a Madrid. Este partido capitaliza las aspiraciones regionalistas en la provincia y en estos comicios ha doblado sus apoyos pasando de los 9.588 en 2019 a 22.499. Pese al gran crecimiento, se quedan muy lejos de obtener representación, necesitando por lo menos otras 23.000 papeletas para desembarcan en el Congreso. La situación para el Senado es parecida ya que, aunque el número uno, Javier Callado, ha obtenido más votos no optará a entrar en la Cámara Alta porque habría necesitado 53.588 sufragios más.

El fenómeno de Por Ávila no ha conseguido saltar las barreras de Castilla y León. La formación que nació por una escisión del PP provincial tiene como hitos electorales haber llegado por dos ocasiones a las Cortes autonómicas ya haber conseguido las Alcaldía de la capital.

Para el 23J buscaban la machada, pero al igual que UPL se quedan fuera por mucho. Eso sí, aumentan sus votos un 32% (de 5.416 en 2019 a 7.321 este 23J) aunque ven todavía lejos poder competir en el Senado y el Congreso. En la Cámara Alta se han quedado a 14.761 apoyos, mientras que en la Alta a 19.160. Con estos resultados, Por Ávila es la cuarta fuerza en su provincia, por detrás de PP, PSOE y Vox.

Otros partidos de corte local o en contra de la despoblación tampoco han podido aspirar a influir en el bipartidismo casi estricto que ha dejado estas elecciones en Castilla y León. Vamos Palencia aspiraba a mejorar sus resultados en las municipales, que, con 4.177 votos, les propinó tres concejales en la capital.

En sus primeras generales han obtenido 1.898 apoyos para el Congreso, muy lejos de los 33.183 que marca el último diputado, y en el Senado 3.158, también a un mundo de los 34.272 que marca el PSOE para el último representante. Las plataformas de la España Vaciada tampoco han sabido capitalizar el descontento en las zonas rurales y apenas han obtenido apoyos este 23J.

En Unión del Pueblo Leonés (UPL) insisten en su optimismo de cara a la cita electoral del domingo, ven factible conseguir su primer diputado nacional y emular así la gesta de otros partidos regionales y locales como Teruel Existe o el PRC de Revilla, tener un asiento en el Congreso donde exponer las problemáticas su territorio. UPL es la referencia política del movimiento que pide la autonomía para la Región Leonesa o la provincia de León en solitario.

Miguel Ángel Díez Cano, cabeza de lista al Congreso no oculta que Teruel Existe puede ser una buena referencia para UPL, “Es verdad que se ha hablado más de Teruel que nunca. Por lo menos ha salido de la invisibilidad, que es lo que desde UPL queremos para León”. Y su objetivo es poder ser decisivo y llevar las problemáticas de León a las Cortes Generales, “porque España no sabe lo que es esta autonomía de 40 años y cuatro meses de ruina, España no lo sabe”.

UPL no es, ni muchísimo menos, un partido nuevo ya que nació a principios de los 90, pero vive su ‘momentum’ tras los buenos resultados electorales conseguidos en las pasadas municipales y en las autonómicas de Castilla y León del 2022. Y en esa expectativa han fijado su intento de llegar al Congreso de los Diputados, que ya rozaron hace años. Las municipales han dejado en sus manos decidir si la Diputación de León la gobernará PP o PSOE, o ellos mismos, en una decisión que se retrasa a después de las elecciones por recursos judiciales. Además, les ha permitido hacerse con importantes alcaldías como la de San Andrés del Rabanedo, tercer municipio en población, o decidir el gobierno de la ciudad de León, donde dejaron al mando al PSOE como lista más votada.

Desde hace años UPL es el tercer partido en poder municipal en León y en su historia ha pactado tanto con el PP como con el PSOE para repartirse ayuntamientos. Unos pactos que firmados a bombo y platillo, ‘Pacto por León’ llegó a llamarse el principal con los populares, pero que nunca fueron ejecutados en su mayoría pese a que se prometieron inversiones por más de 200.000 millones de pesetas (1.200 millones de euros). Ahora ya no son solo el partido de apoyo al bipartidismo sino que asumen el primer puesto como fuerza más votada en numerosos municipios. De hecho el cinturón de la ciudad de León ahora es más púrpura que nunca, color histórico de León asociado al partido.

La convocatoria electoral adelantada de Pedro Sánchez pilló a UPL sin tiempo para saborear sus buenos resultados, obligando a rehacer cuentas y candidaturas en tiempo récord. Los leonesistas, liderados por Luis Mariano Santos ahora alcalde de Cistierna, son un partido bastante asambleario y optaron por nombres asentados dentro del movimiento como cabezas de lista: Miguel Ángel Díez Cano como candidato al Congreso y Javier Callado como independiente al Senado. El partido huyó de aventuras tras haber sufrido en su historia varias dimisiones sonadas y hasta alguna escisión en otra formación leonesista, que reintegró precisamente Díez Cano hace pocos años.

En los últimos comicios en los que la formación se presentó a las generales, el 10 de noviembre de 2019, el resultado fue más bien pobre, y se cuantificó en apenas 9.588 votos. En las elecciones autonómicas de febrero del 2022 obtuvo más de 47.000 votos, un resultado que si repite sería raro que no le diera para obtener un diputado por León.

La provincia leonesa ha perdido en los últimos años un diputado nacional a elegir, repartiendo actualmente solo cuatro actas. El acta en discordia, de quien supere la regla de ‘la mitad más uno’, ha caído en las últimas elecciones en manos de Ciudadanos, Podemos y ahora de Vox. PP y PSOE opinan por igual que el resultado del domingo en León será de un empate a 2 diputados, con independencia del partido que gane en votos.

El leonesismo de moda

Buena parte del ‘boom’ electoral de UPL se debe a que el asunto sobre la separación de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) o la provincia de León en una nueva comunidad autónoma, la 18, ha copado la actualidad política local desde que en diciembre de 2019 el Ayuntamiento de León aprobó una moción al efecto. No era la primera vez que lo hacía, lo hizo en los 90 bajo gobierno del PP, pero su efecto revitalizó un debate y convirtió al alcalde socialista de León, José Antonio Diez, en un ‘mártir’ de la causa y casi le cuesta la expulsión del partido.

Desde aquel momento UPL azuzó una moción a favor de la autonomía para la Región Leonesa en numerosos municipios, logrando que se aprobara en 58 de los 67 que la discutieron de la provincia de León. Pero no solo votaron a su favor los concejales leonesistas, lo hicieron la mayoría de los de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y hasta Vox. El leonesismo ha sido transversal aunque UPL es quien mayor rédito electoral ha sacado de esta actualidad.

La pretensión de UPL de conseguir un diputado nacional choca con que pese su éxito general tienen un ‘agujero’ en la provincia de León, la comarca del Bierzo donde apenas logra votos. En las municipales se quedó a las puertas de lograr representación en el Ayuntamiento de Ponferrada por vez primera y el voto leonesista se le resiste en la parte oeste de la provincia de León.

En una campaña de bloques nacionales el partido ha ido mercado a mercado buscando los votos para lograr un hito en su historia, lograr el primer diputado leonesista, que aseguran será la primera voz real de León en el Congreso. En esta competitiva carrera electoral han recibido apoyos tan poco esperados como el de Francisco Igea, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, que aseguró que les preferiría como “mal menor” frente a Vox. “Todo es poco para llegar al diputado”, aseguraban con humor desde UPL. Su líder, Luis Mariano Santos, insiste a pocos días de votar, “los leoneses van a romper una vez más el techo de voto de UPL y vamos a mandar a Javier Callado, a Miguel Ángel Díez Cano y a Bernardo García Angulo a Madrid”. La voz de León que defienden que hasta ahora nunca se ha escuchado en Madrid pese a que en la democracia ha tenido casi 70 diputados y un presidente del Gobierno.

Los contactos preliminares que mantienen algunos dirigentes del PP y Vox en Castilla y León para fraguar pactos en determinadas alcaldías avanzan más en la ciudad de Burgos que en la de Valladolid, las dos capitales de provincia de la Comunidad en las que ese acuerdo es el único factible para apartar a los actuales alcaldes socialistas, Óscar Puente y Daniel de la Rosa, que encabezan la lista más votada de cara al 17 de junio, cuando quedarán constituidas las corporaciones.

A diez días de ese momento, aún está en el aire quién ostentará la Alcaldía en ambas ciudades, pero también en León y Palencia, mientras que en el resto de capitales está más claro por diferentes vías: mayoría absoluta del PP en Salamanca y del PSOE en Soria, mayoría suficiente del PP en Segovia, Por Ávila seguirá al frente en la capital abulense al menos como lista más votada e IU se apoyará en el PSOE para mantener la de Zamora.

En Valladolid “no hay nada nuevo”

En el caso de Valladolid, el PSOE únicamente mantendría la Alcaldía si fracasan los intentos de acuerdo del PP y Vox, cuyos representantes mantienen la discreción y niegan que se hayan producido reuniones: “No hay nada nuevo”, se han limitado a trasladar a los medios de comunicación, a la vez que recuerdan que el candidato popular Jesús Julio Carnero ya habló en las jornadas posteriores al 28M de que dialogará con Vox para buscar ese acuerdo.

Puente, próximo cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, ha mantenido que recogerá su acta de concejal el próximo 17 de junio, que será finalmente cuando se conozca si las conversaciones entre PP y Vox fraguan o no y se despejará la duda.

La situación de Valladolid, al igual que la de Burgos, se ve afectada por el intercambio de impresiones que mantienen a nivel nacional dirigentes del PP y Vox, con los primeros demandando el apoyo incondicionado como fórmula para evitar que gobierne el PSOE y los segundos apelando a la necesidad de incorporarse al gobierno municipal, al estilo aplicado el pasado año con el gobierno de coalición en Castilla y León.

El PP descarta gobernar en coalición con el PSOE, la lista más votada

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, que podría convertirse en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad, ha asegurado que no tiene prisa para llegar a un acuerdo con Vox, pero ha reconocido que sí ha habido reuniones sobre programas, a la vez que ha descartado dejar gobernar a la lista más votada, la del actual regidor en funciones Daniel de la Rosa (PSOE), que ofreció a los populares un gobierno de coalición o ser su socio preferente.

En una rueda de prensa, Ayala ha reconocido que las conversaciones han comenzado y no descarta negociar la entrada de Vox en el gobierno local, aunque tampoco gobernar mediante apoyos exteriores o puntuales al gobierno del PP.

Por su parte, en otra comparecencia ante los medios de comunicación, Daniel de la Rosa (PSOE) se ha mostrado “casi convencido” de que ya hay un acuerdo entre PP y Vox para sumar quince concejales y dejar la Alcaldía de la ciudad en manos del PP.

Ha asegurado que entiende que Cristina Ayala se sienta “incómoda con ese acuerdo con Vox y lo que pueda perjudicar a su partido en las elecciones generales”, pero ha añadido que él “prácticamente” se ve “en la oposición después del 17 de junio”.

Después de que Ayala haya descartado dejar gobernar a la lista más votada, De la Rosa la acusa de incumplir lo que considera que fue un compromiso personal de la candidata del PP, quien durante la campaña “dijo que no gobernaría si no era la lista más votada”. 

UPL podría hacer alcalde a los candidatos del PP y PSOE

En León la clave la tienen el PSOE y UPL. El regidor de León en funciones y candidato socialista a la reelección, José Antonio Diez, que ganó los comicios del 28M con once ediles, ha dejado claro este miércoles que no cederá la Alcaldía en las negociaciones iniciadas con la Unión del Pueblo Leonés, que también alcanzan a otros municipios e incluso a la propia Diputación.

 En León capital, los cinco ediles de la UPL podrían hacer alcaldes a los candidatos del PSOE o PP, ya que el primero logró once concejales por nueve el segundo, y la mayoría está en catorce.

“Está claro que como fuerza más votada no vamos a ceder la Alcaldía y mi invitación a la UPL es que participe en el equipo de gobierno porque creo que es productivo para todos”, ha señalado el alcalde en declaraciones a los periodistas.

Vamos Palencia dará prioridad al PSOE

La gobernabilidad del Ayuntamiento de Palencia está en manos del nuevo partido Vamos Palencia, que obtuvo tres concejales, y deberá decidir si apoya al PSOE de Miriam Andrés (10 concejales) que fue la lista más votada y con el apoyo de la nueva formación alcanzaría la mayoría absoluta (13 concejales), o se inclina por el PP de Alfonso Polanco (8 concejales) que necesitará también el apoyo de Vox (3 concejales) para gobernar.

Así las cosas, será Vamos Palencia quien desatasque la situación, con las premisas de que no tienen, a priori, ninguna intención de formar parte del gobierno, para tener las manos libres durante todo el mandato, y de que van a dar prioridad en las negociaciones a la lista más votada, la del PSOE, que no necesitaría a IU-Podemos (1 concejal).

Para ello, Vamos Palencia se ha marcado una estrategia que le llevará a apurar los plazos para la investidura, ya que ha iniciado una consulta ciudadana, que concluye mañana, para determinar los proyectos de ciudad que deben ser decisivos en esa negociación. Posteriormente se celebrará una asamblea con los socios (el 12 de junio) para valorar los resultados y elaborar un documento final que recoja todas las conclusiones.

Vamos Palencia ha asegurado que este documento final se enviará al día siguiente (13 de junio) al PSOE para recibir una respuesta positiva o negativa como lista más votada.

PSOE e IU negocian el gobierno de Zamora

En Zamora, IU y PSOE negocian un equipo de Gobierno conjunto, como el que mantuvieron entre 2015 y 2019, que daría estabilidad a Francisco Guarido (IU) en su tercer mandato en la ciudad del Duero, unas negociaciones que se llevan a cabo con discreción para intentar cerrar un acuerdo sin apurar los tiempos hasta el 17 de junio.

El acuerdo para que IU mantenga la única capital de provincia española se fragua después de que en las elecciones del 28M esa formación perdiera la mayoría absoluta y se quedara con diez ediles, cuatro menos que en el anterior mandato pero suficientes para sumar con los tres del PSOE en una Corporación de 25 miembros en la que PP, Vox y Zamora Sí ejercerán la oposición.

El 26 de septiembre de 1960 tuvo lugar el primer debate televisivo de la historia. Enfrentó a John Kennedy y a Richard Nixon. El primero acudió a la cita maquillado, miraba a cámara y sonreía a la audiencia. El segundo fue sin maquillar y se encontraba visiblemente incómodo. Los electores dieron como claro vencedor del debate a Kennedy, quien acabó ganando las elecciones.

Expertos en comunicación política destacan este ejemplo para hablar del poder de las nuevas herramientas y del castigo que pueden recibir aquellos candidatos que no las dominen o que no tengan en cuenta su potencial. Más de medio siglo después, lo que entonces fue la televisión hoy sería TikTok.

Según los expertos consultados, son pocos los candidatos que han entendido la dinámica de las redes, pero no dudan en destacar algunos nombres que sí saben jugar con las reglas de TikTok. Ada Colau, cuando sube un vídeo junto a un comerciante paquistaní que cuenta con más de 700.000 seguidores o Isabel Díaz Ayuso consiguiendo que su canción de campaña sea usada por miles de adolescentes para poner banda sonora a sus vídeos.

Estos son ejemplos de éxito en redes. “Se trata de no contar lo mismo que en un mitin y en menos tiempo. Hay que entender el lenguaje propio y movilizar mediante las emociones, no mediante la razón”, apunta Miquel Pellicer, experto en comunicación corporativa y director de comunicación digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Las redes llevan en nuestras vidas más de 15 años y todos los partidos políticos tienen cuentas en Facebook o Twitter, espacios digitales en los que dominan el discurso. Pero en esta campaña ha despuntado la popularidad de otras redes que han cambiado las reglas del juego. TikTok, Instagram o BeReal son ya las plataformas más usadas y suponen un cambio: en ellas prima el lenguaje audiovisual.

Candidatos que se sentían cómodos con los 280 caracteres de Twitter se han tenido que tirar a la piscina y hacer vídeos cortos. Con resultados muy diversos. Los hay que han intentado hablar el lenguaje joven, reproduciendo 'challenges' y bailes. Otros han tirado de colaboraciones con 'influencers'. E incluso están aquellos que, conscientes de que TikTok no es su zona de confort, han intentado capitalizar el humor.

Pero, se quiera hacer gracia o no, en muchos casos, “se ha rozado la vergüenza ajena”. Así describe la actuación de algunos candidatos el doctor en comunicación y director del Máster en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Toni Aira. “Algunas publicaciones denotan tanta desesperación que son contraproducentes. La simulación es demasiado explícita y denota que las redes no les interesan”, añade.

Esta postura es un error. Encuestas como la realizada por la Universidad de Navarra en 2021 muestran que las redes son la manera preferida para informarse de los ciudadanos de hasta 44 años. “Es importante que todos los candidatos estén en las redes, pero sin imitar el lenguaje de los jóvenes y hacerse pasar por ellos cuando no lo son”, explica Aira. “Un señor de cincuenta años haciendo coreografías de TikTok genera desconfianza. Eso no dará ningún voto”, añade, en referencia a un vídeo muy comentado de Jaume Collboni, candidato del PSC a Barcelona.

Colau, embajadora de influencers

Durante las semanas previas a los comicios, son muchos los candidatos que han incrementado sensiblemente su presencia en las redes. Pero, según los expertos, esto también puede ser contraproducente. “Si eres noticia ahora, es que no lo estás haciendo bien. No sirve intentar hacer ahora todo lo que no has hecho los últimos cuatro años”, apunta Pellicer.

Según el experto, una buena campaña tiene tres puntos fuertes: un mensaje constante que se identifique con la marca, una buena presencia del candidato y la colaboración de activistas digitales e 'influencers'. Y, teniendo en cuenta estas reglas, quienes mejor juegan son la extrema derecha, Podemos y sus confluencias.

Los expertos consultados no tardan en poner el ejemplo de Colau, quien ha colaborado con diversos 'influencers'. Además de Rustem Iqbal, el propietario del supermercado, otros personajes como Andreu Buenafuente o Ibai Llanos han compartido pantalla con la alcaldesa. Esto ha llevado a los comunes a ser el partido de Barcelona con más seguidores (80.000), a mucha distancia del segundo, Valents, con 34.000.

“Colau ha entendido que tiene que ejercer de embajadora de 'influencers' y personas conocidas que la acogen en sus propios canales. De esta manera, amplía su base de seguidores y expande su mensaje”, asegura Pellicer, que destaca que los colaboradores de la alcaldesa participan en su campaña de manera “orgánica” y “nada forzada”.

De hecho, la lista de los comunes cuenta con un 'influencer' entre sus filas. En el número 34 está Jorge Juan Garay, más conocido como @jeyjeygardy, un joven de 21 años que cuelga vídeos sobre su vida cotidiana, muy centrado en la visibilización del colectivo LGTBI. Y ahora sube contenido explicando el urbanismo de Barcelona junto a la concejala. “Los jóvenes están muy frustrados, porque quieren saber qué pasa, pero la información no les llega”, asegura Garay a elDiario.es.

Según el 'influencer', no es cierto que las nuevas generaciones no estén interesadas en la política. “Igual son los otros quienes viven en una burbuja. Me parece un fallo que digan que nos aislamos, porque es como ningunear nuestros problemas”, añade. Según el tiktoker, la generación 'boomer' también está descontenta y desconectada de la política y asegura que las redes sociales podrían ser la herramienta clave.

Vox y Ayuso, expertos en viralizar mensajes

Otro ejemplo de candidata que ha echado mano de 'influencers' es Isabel Díaz Ayuso. Su canción de campaña, 'Ganas', no despunta por su originalidad, pero se ha colado en miles de hogares. La razón: la presidenta madrileña se grabó bailando la melodía de su 'spot' junto a Mario Agui (261.000 seguidores). Eso provocó que 'Ganas' se volviera viral entre los adolescentes, muchos de ellos sin interés aparente por la política, que han empezado a usarlo como banda sonora de sus vídeos.

La mayoría no tienen que ver con las elecciones. “Inglés un viernes a primera hora”, dice el vídeo de una niña de unos doce años -vestida de uniforme en el asiento trasero de un coche- mientras hace 'playback' con la canción. Otros sí que están relacionados con los comicios, como el de un grupo de tres chicas que aseguran: “Votamos en 10 días y lo único que sabemos es esta canción”.

“Las generaciones jóvenes son muy permeables a las cosas virales”, asegura Toni Aira. Muchos no son conscientes de que están entrando en el juego político, pero al apropiarse de una canción, un hashtag o un lema, están haciendo un “gran trabajo” para la campaña de un determinado candidato. Y, según Aira, estas son las mejores campañas, porque se hacen de manera “natural, sin que quede impostado”.

Una gran manera de conseguir que los mensajes se expandan de manera orgánica es apelar a las emociones, sobre todo a las negativas como la rabia, el miedo o la indignación. Y ese es el “terreno por excelencia de la extrema derecha”, según asegura Miquel Pellicer. Es algo que, según el experto, Vox tiene en común con el trumpismo y con las estrategias de Qanon. “Son mensajes que pueden llegar fácilmente a personas que no necesariamente son afines a la extrema derecha”, añade.

El ejemplo más paradigmático está en el rechazo a la okupación. Javier Ortega Smith publicó un vídeo que ha superado los 70.000 'likes', en el que se le ve increpando a un okupa y preguntando por el barrio “¿Dónde está el perroflauta?”. Este tipo de mensajes, en el que, supuestamente, se defiende a los vecinos, calan mucho entre la población.

La fórmula ha sido repetida en diversos municipios. Ya lo hizo el candidato del PP en Badalona, Xavier García Albiol en 2018, y lo han repetido diversos candidatos de Barcelona este 2023. Por ejemplo, Eva Parera, de Valents, también se ha plantado ante unas fincas okupadas de la zona alta a discutir con sus habitantes.

Pero no sólo las emociones negativas movilizan al electorado. Tal como resaltan los expertos consultados, el humor puede ser una gran herramienta. Manuel Ferreiro, candidato de UPL a la alcaldía de Ponferrada (León) es prueba viviente de ello. El partido, pese a ser históricamente el tercero en representación en la provincia, nunca ha obtenido representación en el municipio. Pero Tiktok puede cambiar eso. Su candidato se ha hecho viral con diversos vídeos en los que interpela al alcalde a golpe de pregunta. “¿Qué hacemos, Olegario [Ramón, del PSOE]?”.

Algunos de sus vídeos llegan a las 200.000 reproducciones y muestran a Ferreiro quejándose de algunos lugares de su ciudad. El candidato (de más de 50 años) monta en bici, se choca contra un muro o se sube a un monopatín. Tan viral se ha hecho que las encuestas auguran que UPL puede conseguir, por primera vez, entrar en el Ayuntamiento. Este es un ejemplo de cómo TikTok puede cambiar las reglas del juego, demostrando que tras las pantallas del teléfono también se hace política.