La demora en la reapertura de la residencia de las Tres Mil Viviendas reactiva las protestas estudiantiles
La residencia universitaria Flora Tristán, ubicada en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, continúa cerrada pese a los compromisos de reapertura trasladados por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), propietaria del inmueble. Dos días después de que venciera el último plazo anunciado, estudiantes, antiguos residentes, trabajadores y colectivos sociales se han concentrado este sábado a las puertas del complejo para reclamar una fecha concreta y denunciar que, según la Asamblea por la apertura y defensa de la residencia, “alrededor de una decena de estudiantes continúa sin contrato de alojamiento ni una vivienda estable”.
De acuerdo con la plataforma convocante, la Universidad se comprometió inicialmente a abrir el 1 de octubre los dos primeros bloques de la residencia y, al no poder cumplirse esa previsión, el plazo se trasladó al 15 de octubre, una fecha que también ha pasado sin que el complejo vuelva a recibir residentes. La Asamblea denuncia que los retrasos están prolongando la incertidumbre de quienes necesitan alojamiento para continuar sus estudios y reclama al Rectorado que garantice “una solución habitacional estable”.
Por su parte, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPO, Juan Rigoberto Tejedo, reconoce en declaraciones a elDiario.es que el rector se comprometió a abrir el inmueble el 15 de octubre, pero explica que las actuaciones se han demorado porque, tras levantarse el encierro que mantuvieron residentes y colectivos sociales hasta el 31 de julio, la Universidad pudo comprobar que el estado del edificio era peor de lo previsto. Algunas viviendas, señala, necesitan “una reforma integral”, después de años sin mantenimiento.
La nueva previsión de la institución universitaria es que dos de los siete portales —unas 32 viviendas— puedan abrir el 1 de diciembre, siempre que la empresa encargada de las obras no acumule retrasos. Las actuaciones en el resto del complejo continuarán en función de la disponibilidad presupuestaria y, según Tejedo, la Universidad espera que otros dos portales puedan abrir posiblemente en marzo.
Un conflicto que viene desde junio
La protesta se produce después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro de una residencia que el curso pasado alojaba a 148 estudiantes. El conflicto se intensificó el pasado junio, cuando trascendió la propuesta del Rectorado de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en centros para personas mayores. La iniciativa, que la Universidad defendió como una vía para financiar las obras urgentes, generó una fuerte contestación entre residentes y colectivos del barrio.
La UPO cifró entonces en 420.000 euros el coste de una primera fase de actuaciones “imprescindibles” para la reapertura y situó entre tres y seis millones el de una rehabilitación integral. Tras frenarse la cesión directa a Gerón, la Diputación de Sevilla comprometió a finales de julio un millón de euros para la recuperación del complejo. El acuerdo permitió mantener el carácter público de la residencia y fue recibido como una victoria por los colectivos que se oponían a la cesión y que decidieron entonces levantar el encierro el 31 de julio.
El objetivo anunciado en aquel momento era terminar para octubre las obras de dos de sus siete portales, con la idea de recuperar la total normalidad de cara al curso 2027/28. Sin embargo, al no haberse materializado la reapertura inicial en las fechas previstas, la Asamblea ha retomado las movilizaciones para reclamar que los compromisos se traduzcan en un calendario claro y en alternativas para quienes continúan sin alojamiento.
Ayudas para mantener el proyecto social
La concentración ha coincidido con la publicación, este viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria de ayudas extraordinarias de acción social de la UPO para el curso 2026-2027. La institución las presenta como una medida para mantener la vinculación de antiguos residentes con el Polígono Sur y favorecer la continuidad de sus estudios mientras duren las obras.
La convocatoria reconoce que la Flora Tristán no se concibió únicamente como un recurso residencial, sino también como una herramienta de intervención social. “La convivencia del estudiantado universitario con el vecindario perseguía, de forma deliberada, favorecer un cambio informal en el paisaje social del barrio, propiciar vínculos de proximidad entre residentes y vecinos, y ofrecer referentes distintos a los tradicionalmente asociados a la zona, contribuyendo así, con el tiempo, a su transformación”, recoge la convocatoria.
Las ayudas, de entre 600 y 1.000 euros, se dirigen al estudiantado que residió en el complejo durante el curso pasado y continúa sus estudios en la UPO. Pueden contribuir a sufragar gastos generales relacionados con la vida universitaria, entre ellos el alojamiento, la manutención, los desplazamientos y el material académico, según el texto. La cuantía depende de la puntuación obtenida según criterios como la participación previa en proyectos sociales vinculados a la residencia, la situación económica familiar y el rendimiento académico.
La Asamblea, no obstante, cuestiona el alcance de estas ayudas, al considerar que no sustituyen la necesidad de contar con un alojamiento estable durante todo el curso. También advierte de que la convocatoria deja fuera a antiguos residentes que estudiaban en otras instituciones educativas. “Las personas residentes necesitan contratos que cubran el curso académico completo, y no soluciones provisionales sujetas a renovaciones periódicas”, critican los estudiantes
La organización denuncia que los sucesivos cambios de fecha dificultan que los afectados puedan organizar su vida académica y personal, en pleno curso académico. “Algunos permanecen acogidos temporalmente en casas de otros estudiantes, mientras que otros dependen de la solidaridad de asociaciones vinculadas a la Iglesia que les ofrecen un lugar donde dormir”, lamentan desde la plataforma convocante.
Además del alojamiento, la organización reclama que la reapertura permita recuperar el proyecto comunitario construido durante años en uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Hasta ahora, los residentes participaban en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio. Mientras la Universidad trabaja con diciembre como nueva fecha de apertura parcial, los convocantes exigen al Rectorado que concrete el calendario y dé respuesta a quienes siguen sin una solución habitacional estable.