Diputación de Sevilla y Junta frenan en seco el cierre de un instituto público ante la inminencia de las elecciones andaluzas
Frenazo al cierre del IES Híspalis. La Diputación de Sevilla (PSOE) y el Gobierno andaluz (PP) han escenificado este lunes un compromiso conjunto de mantener la oferta educativa de este instituto, convertido en las últimas semanas en un campo de batalla político. El anuncio supone dar marcha atrás al acuerdo inicial de no ofertar plazas para el próximo curso, después de que la titularidad –la institución provincial– decidiera destinar las instalaciones del centro a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo complejo educativo Pino Montano, donde se encuentra el instituto.
La posibilidad de cierre saltó a la esfera pública a finales de febrero, cuando trascendió que la Diputación había decidido no renovar el convenio de colaboración con la Junta por el que se imparte docencia en este instituto desde 2001. A partir de ese momento, se desencadenó un torbellino de indignación que movilizó a la comunidad educativa y agitó el avispero político, a escasos meses de la convocatoria de elecciones andaluzas, previstas como tarde para junio.
Fue el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien aprovechó la coyuntura para lanzar un dardo al principal grupo de la oposición en el Parlamento andaluz. Durante la sesión de control del pasado jueves, y en un debate que ni siquiera versaba sobre educación, reprochó a la portavoz del PSOE, María Márquez, que una administración gobernada por los socialistas como la Diputación de Sevilla decidiera “cerrar un instituto público señero para darle otro uso”.
“La Junta de Andalucía dando soluciones a un problema creado por los socialistas”, se jactó el líder del PP, quien remató su intervención con una alusión directa al calendario electoral: “Así es como les van a votar”. Moreno trataba así de azuzar al PSOE andaluz, que ha basado su estrategia de oposición en acusar a los populares de apostar por la privatización del sistema educativo y de eliminar líneas en la escuela pública. En ese contexto, la posibilidad de cerrar un instituto público dependiente de un bastión socialista amenazaba con contradecir el relato con el que el PSOE trata de erigirse abanderado de lo público frente al Ejecutivo del PP.
El medio y largo plazo del IES, en el aire
El pulso político entre PP y PSOE en torno a la defensa de la educación pública se ha resuelto, al menos por ahora, con una comparecencia conjunta que ha sonado más a mensaje tranquilizador que a acuerdo cerrado. La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, y el presidente de la Diputación, Javier Fernández, anunciaron que ambas administraciones trabajarán en un nuevo convenio de colaboración para garantizar la continuidad de la oferta educativa del IES Híspalis.
El primer paso ha sido abrir de nuevo las matriculaciones para el primer curso de la ESO, cuyo proceso de solicitud permanecerá abierto hasta el día 31 de marzo. Sin embargo, el futuro del instituto a medio y largo plazo sigue en el aire, ya que las administraciones aún no han concretado los términos del nuevo convenio. El punto de partida al que han llegado ambas administraciones es mantener la oferta educativa en el mismo centro, sin reubicar a los alumnos, como se había planteado inicialmente.
Ahora quedan por concretar los aspectos técnico-jurídicos del convenio de cara al curso 2026-2027, y decidir si la continuidad de la actividad docente que ya se da por garantizada se hará en el mismo edificio o en otro nuevo que la Diputación se ofrece a construir. La institución provincial ha reiterado además su disposición a ceder una parcela dentro de los 50.000 metros cuadrados que ocupa el complejo de Pino Montano. En cambio, la Consejería ha evitado pronunciarse sobre esta posibilidad a la espera de estudiar los aspectos técnicos y jurídicos del próximo acuerdo.
Este centro presenta una anomalía administrativa dentro del sistema público andaluz. Aunque imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional como cualquier instituto público, su titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Sevilla y no directamente a la Junta de Andalucía, quien tiene las competencias en materia educativa. Esta singularidad sitúa la decisión sobre su futuro en manos de la institución provincial, aunque afecta de manera directa a la planificación educativa del Gobierno andaluz en la zona norte de la ciudad.
Reordenar competencias
“Hay un compromiso compartido de mantener la oferta educativa desde lo público; ahí no tenemos la más mínima fisura”, aseguró el presidente de la Diputación, trasladando una imagen de unidad en torno a la defensa de la educación pública, en un contexto de precampaña electoral en el que los servicios públicos prometen convertirse en uno de los principales ejes del debate político.
A continuación, Fernández aprovechó para insistir en la necesidad de revisar el reparto de competencias entre administraciones. A su juicio, “no tiene sentido que la Diputación en 2026 siga manteniendo determinadas competencias que no son propias de una administración provincial”, por lo que abogó por abrir de inmediato una negociación sobre el nuevo convenio para que la Junta de Andalucía “asuma definitivamente las competencias que le corresponden”.
El presidente de la institución provincial reconoció que había reconsiderado su postura inicial “ante la demanda del barrio y después de haber hecho algunas reflexiones”. A partir de ahí, la Diputación acudía a la reunión de este lunes, tras un primer acercamiento el pasado jueves, con la intención de abordar no solo la reapertura de la escolarización para el próximo curso, sino también el futuro del centro cerrando un pacto más definido. “No queremos hablar solo de la escolarización inminente de hoy para mañana, sino que queremos hablar del medio y largo plazo y del futuro del Híspalis”, afirmó Fernández durante su intervención.
En definitiva, el encuentro de este lunes ha servido para exhibir consenso en torno a la continuidad del instituto público, aunque también ha dejado entrever que el pulso entre ambas administraciones sigue abierto y que los detalles deberán concretarse en futuras mesas de trabajo. El presidente de la Diputación zanjó su intervención ante los medios insistiendo en la necesidad de reordenar competencias y de llegar a “un buen acuerdo para la Junta y para la propia Diputación”, antes de advertir de que “en este tema concreto estamos condenados a entendernos”. Entre sonrisas y guiños, la consejera matizó las palabras de Fernández: “Condenados no, destinados”.