El doble asesinato en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla reabre el debate sobre su estado: “Se podría haber evitado”
El presunto asesinato de dos internos a manos de un tercero en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla en la madrugada del pasado lunes ha provocado una nueva denuncia pública por parte de CSIF, que tilda las instalaciones como “obsoletas”. Además, indican que las condiciones de las infraestructura obligan a aglutinar reclusos: “Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”. Quejas que vienen de atrás, como refleja el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, en el que se da cuenta de la “sobresaturación” de uno de los tres centros habilitados en el país para atender a los presos con dificultades psíquicas.
La Policía Nacional investiga al presunto autor del homicidio, de 26 años, que acabó con la vida de sus compañeros de celda, de 26 y 54 años. Las primeras hipótesis que se barajan son que, en un caso, hubo estrangulamiento, mientras que la segunda persona falleció a causa de los golpes recibidos. Este hecho ha tenido lugar un mes y cinco días después de que otro interno intentara incendiar su celda y forzara la evacuación de 30 personas, otro episodio más desde que el sindicato pidiera la dimisión tanto del director gerente como de la subdirectora médica del centro.
Abierto en 1990, la mayoría de las personas que se encuentran en el centro sevillano son internos judiciales que cumplen una medida de seguridad por haber sido declarados inimputables. En España solo hay tres instalaciones de este tipo: dos de ellas dependen de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Alicante y la propia Sevilla, y la tercera sería la Unidad de Hospitalización Psiquiátrico del Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, por lo que las competencias están transferidas a Cataluña. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene poder de gestión, así que el sindicato ya elevó una denuncia por el déficit de personal a Inspección de Trabajo.
A preguntas de este medio, las fuentes penitenciarias dan una relación de los puestos de trabajo que hay para atender a los 148 internos que hay en la actualidad: cinco psiquiatras, dos médicos, cuatro psicólogos, 15 enfermeros, 13 auxiliares de clínica y otros tres que se incorporarán la semana que viene, y 18 celadores.
Faltan auxiliares de enfermería y funcionarios
“Pedimos que se complete y aumente la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que, entre otras cosas, faltan TCAE, que son auxiliares de enfermería que ayudan tanto al reparto de la comida como a la propia higiene de los internos. De una plantilla de 24 personas, solo quedan cuatro”, afirma José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones a nivel provincial. En abril ya se notificó a la Subdirección General de Recursos de Instituciones Penitenciarias la “situación crítica” que había, según ha podido comprobar este medio, debido a que había nueve vacantes.
Otra de las faltas estructurales que identifica en el personal es el relacionado con los funcionarios. “A la hora de que haya un problema, como una pelea, hay solo un funcionario por módulo cuando debería haber tres o cuatro”, explica. “Se informa por walkie del incidente, en el que no puedes intervenir para solucionarlo hasta que llegue el resto de compañeros”, dejando margen para que suceda un incidente mayor en unas instalaciones que tiene capacidad para 100 personas.
En el caso del presunto asesinato, sostiene que los funcionarios no registraron ningún tipo de enfrentamiento entre las víctimas y el presunto agresor durante el día anterior, pero lo que sí denuncia es que “se están ligando internos de diferentes tipos”. ¿Qué quiere decir? En las prisiones se divide a los internos en distintos departamentos y celdas según sus características. Entonces, aquellos que sufren una psicopatía son puestos en módulos separados del resto de internos para evitar incidentes.
“Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”, defiende, con lo que da cuenta de la falta de camas que hay en la infraestructura carcelaria. “La dejadez con este tipo de hospitales es de responsabilidad nacional”, es decir, del Ministerio del Interior, “que es quien tiene que invertir en personal y medios materiales”, ya que, asegura, todo está “muy anticuado”, como los sistemas de incendios, las cámaras, las alarmas del edificio o la propia apertura de puertas, que se hace con llaves. “Demandamos que se abran más centros de este tipo porque hay muchos internos que necesitan un hospital psiquiátrico y se encuentran en las prisiones normalizadas”, mantiene.
La falta de construcción de psiquiátricos penitenciarios obliga a que haya cada vez más casos de internos con problemas psiquiátricos que provocan mayores dificultades en el resto de cárceles, apunta Montero. “Necesitan un tratamiento diferente con especialistas, como los psiquiatras, que estén en su día a día para realizar la visita y supervisión de su estado”, subraya.
“Aglomeración”, y sin fecha para Alcalá de Guadaíra
Queda pendiente la reapertura del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, que se cerró en abril de 2024 para su reconversión en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario provincial en sustitución del actual. Una rehabilitación licitada por 5,8 millones de euros en 2023 por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) que aún no está finalizada. El nuevo edificio debería contar, según constaba en el pliego, con una unidad de crisis/agudos, una unidad de complejos, otra de estables, además de otro módulo para las mujeres y una unidad abierta o de “minirresistencia”. Todo ello, acompañado por espacios verdes que contrastarían con las pequeñas dimensiones y el cemento recargado que hay en las instalaciones que siguen operativas.
En este sentido, las fuentes penitenciarias determinan que aún está en construcción y la función de Alcalá de Guadaría será “descongestionar” y “trasladar” a los más de cien reclusos a un centro “más grande, amplio y moderno”. Otra instalación que aún está pendiente de construir es la de Siete Aguas, en Valencia. Un proyecto que lleva en vilo casi dos décadas y ha sufrido distintas transformaciones, pero que está contemplado en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), informa Las Provincias, y está pendiente de los Presupuestos Generales del Estado para su financiación.
El Defensor del Pueblo
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ya reflejó en 2020 las penosas condiciones del Psiquiátrico, para el que se pedía “una ampliación sustancial del tamaño de las instalaciones”, “una remodelación integral” y “considerar la ubicación de los pacientes en unas dependencias que reúnan una condiciones más adecuadas para la función rehabilitadora que se persigue”. La falta de personal tanto en número de auxiliares, celadores y psiquiatras, la suciedad o el déficit del sistema de videovigilancia ya eran motivo de queja hace seis años. La última visita se produjo en 2023, tal y como refleja el informe del órgano dependiente del Defensor del Pueblo.
Hace tres años, los observadores indicaban en sus conclusiones principales que había una existencia de sobremedicación, también de espacios reducidos, falta de individualización de los pacientes, así como ausencia de psicoterapias, reclusión con escasas posibilidades de salidas fuera del hospital, desarraigo y aglomeración. Asimismo, se reflejó una “escasez crónica” de personal, que continuaba tras tantos años, en especial, aquellos de primera línea, y se recomendó a la Administración que estableciera una consulta de psicología clínica, una cuestión que no se aceptó. Los datos que aportan las fuentes penitenciarias consultadas por este medio relacionados con los puestos de trabajo indican que ha habido una mejora en este trienio, pero las reivindicaciones de los sindicatos persisten para mejorar las condiciones en las que se encuentran los internos.