El PP tumba la prioridad nacional de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla y le muestra a Moreno un camino a seguir
La prioridad nacional de Vox no se va a aplicar en el Ayuntamiento de Sevilla, al menos de manera formal y conforme a la propuesta punto por punto que ha llevado al pleno municipal. La formación de ultraderecha se ha quedado sola al no recibir el apoyo del PP, hacia quien en realidad iba dirigida la medida en el marco del preámbulo de los contactos que ambas formaciones van a mantener para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz.
Los populares han intentado enmendar la moción para suavizarla, aunque Vox no ha aceptado ninguna al entender que suponía poco menos que una enmienda a la totalidad. Pese a ello, la sangre no ha llegado ni mucho menos al río, lo que se ha traducido en que no se han atacado entre sí y ambas formaciones han acabado cargando contra los partidos de izquierda.
Sevilla ha sido la primera de las capitales andaluzas en las que ha aterrizado el que se ha convertido en principal caballo de batalla de los de Santiago Abascal, que ha pedido a sus grupos que presenten propuestas en este sentido en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El morbo añadido es que coincide en los tiempos con la negociación por la Junta de Andalucía, después de que se haya aceptado en Extremadura y Aragón para que el PP gobierne en estos territorios.
Mientras esto se debatía en el salón de plenos, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, le recordaba a Moreno que “o pacta o acuerda con Vox o con la izquierda”, y que sus compañeros del PP están aprobando en otras comunidades autónomas medidas de “puro sentido común” que tienen como mascarón de proa esta prioridad nacional. La medida, con una fuerte carga xenófoba y que incumple leyes fundamentales, aboga por discriminar a los extranjeros en el acceso a cualquier tipo de servicio o ayuda público para anteponer el criterio de la nacionalidad española.
El PP dice 'no' sin hacer sangre
La decisión del PP municipal, obviamente, no es un paso en solitario que dé el alcalde, José Luis Sanz (PP), sino que había sido debatida en el marco andaluz del partido ante las consecuencias que pueda tener. Aunque el 'no' de los populares en la capital de Andalucía le enseña un camino a Moreno (que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan), en principio no parece que esto vaya a provocar terremoto alguno en el ámbito autonómico, aunque sí ha habido un seísmo en el plano local: el gobierno municipal se ha visto forzado horas antes a retirar su plan de ajuste económico –obligatorio al gastar más de lo que ingresa– al saber que Vox no se lo iba a respaldar precisamente tras fracasar la negociación para darle viabilidad a la prioridad nacional.
La moción ha concitado así el rechazo de Podemos-IU, PSOE y PP, en una votación en la que en ese momento –el voto no era por concejal, sino por grupo– no estaba presente el alcalde, que a renglón seguido ha vuelto a entrar en el salón plenario. El portavoz popular, Juan Bueno, no ha hecho sangre de la cuestión en su turno (al fin y al cabo Vox es su aliado presupuestario y no le interesa tensar la relación), limitándose a señalar que algunas de las cuestiones incluidas en la moción “también nos preocupan, pero nuestro enfoque es diferente al de ustedes”.
“Tenemos prioridad nacional, no somos sospechosos de no defender a la nación española, pero nuestra prioridad nacional es la Constitución”, dando a entender aunque sin verbalizarlo que la propuesta de Vox es ilegal. Una Constitución que, “no como otros grupos de izquierda, vamos a seguir defendiendo porque nos representa a todos los españoles”.
Tras esta escueta primera intervención, en la segunda sí se ha prodigado más pero para responder a la concejal socialista que ha intervenido, Encarnación Aguilar, que ha defendido que su partido tiene “una estrategia” ante la falta de algo parecido en el PP. Bueno se ha limitado a preguntarse de forma retórica si la estrategia socialista es la de Rodríguez Zapatero y sus hijas, la de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la de José Luis Ábalos, la de Cerdán, la de Gaspar Zarrías o la del fiscal general del Estado”. “Y no se pongan nerviosos, que no soy de la UCO”, ha rematado un turno en el que no ha hecho mención alguna a Vox y su moción.
Vox, más contra la izquierda
A la sensación de que cada uno ha llegado con los papeles muy repartidos, y sin ánimos de romper la buena sintonía actual PP-Vox, ha ayudado también que en su réplica la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez, ha pasado de puntillas sobre el 'no' de los populares para concentrar sus ataques en PSOE y Podemos-IU. Peláez, por cierto, ha logrado asiento en el próximo Parlamento andaluz al ir como número 2 por Sevilla.
La moción exigía esta prioridad nacional poniendo a los migrantes como epicentro de todos los problemas de la sociedad española, ya que la “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Adobado de bulos y datos carentes de fuentes, llega a afirmar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”: busca “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”.
El texto responsabiliza a los nacidos fuera de España del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda e incluso de que haya pensiones bajas. Y llega a solicitar que se inste a la Junta a impedir que los inmigrantes ilegales “puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.
“Ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”
Peláez, consciente de que muchas de las propuestas incluidas en la moción escapan a las competencias municipales, sí ha defendido que dos pueden articularse desde el gobierno local: “implantar” la prioridad nacional en el acceso a “todas” las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda de la administración local y “compartir” información del padrón con la Subdelegación del Gobierno para expulsar a todo el que esté en situación irregular. El PP ya le concedió en enero la satisfacción de un mayor control del proceso de empadronamiento, que defendió con el eufemismo de que se hacía para evitar que los migrantes sean estafados.
La portavoz ultra ha esgrimido que su propuesta no es “ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”, sino acabar con algo “injusto” como que “una familia sevillana tenga que competir en igualdad de condiciones con personas que ni siquiera tienen residencia legal en España”. Ha insistido también en que es una iniciativa “legítima”, que “desde el punto de vista jurídico no supone exclusión” e incluso ha esgrimido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a implantar estas medidas.
Ha llegado a asegurar que, en la actualidad, “primero están los que acaban de llegar, los que le han dado una patada a la frontera”, criticando un “buenismo ideológico” que “favorece la ilegalidad”. De esto último ha culpado a los partidos de izquierda, contra los que ha lanzado diatribas más gruesas que contra el PP pese a que esta formación era la que tenía la llave para que prosperase su propuesta.
“Al final tragaréis en Andalucía”
Desde el PSOE, la concejal Encarnación Aguilar ha cargado contra las “barbaridades” y el “discurso xenófobo” que se recogen en el texto de Vox. “Han venido a traer discordia y persecución, a las mujeres primero y ahora van a por los migrantes”, un “odio al diferente” incluido en una moción que a su juicio no debería haberse aceptado para su debate en el pleno.
Además de recordar que, según la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP), varias de las propuestas son directamente un delito, ha lamentado que lo que se busca es “enfrentar a pobres contra pobres”. Eso sí, ha dado por hecho que en el ámbito autonómico los populares “están condenados” porque están “en manos de la extrema derecha” para gobernar en la Junta, “al final tragaréis en Andalucía porque no tenéis otra opción”.
Por Podemos-IU ha intervenido Susana Hornillo (Podemos), a la que el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ha llamado al orden por repetir que la propuesta de Vox es xenófoba, lo que ha llevado a la concejal a reprocharle que con su actitud “está defendiendo una moción racista y xenófoba que no debería haber sido aceptada por anticonstitucional y porque va en contra de los derechos humanos”. Una propuesta que se resume en que “las personas migrantes tienen la culpa de todo”, hasta de los problemas de vivienda (“y no los fondos buitre”) o del colapso del sistema sanitario (“y no los recortes y la privatización”).
“Sacarlos de la esclavitud”
Una vez conocido el 'no' del PP, se ha alegrado de que “este gobierno haya tenido esta reacción sensata”, porque lo contrario sería “blanquear” el discurso de Vox y que del Ayuntamiento “salgan discursos xenófobos y presentados con datos falsos”. Después de recordar que hasta la Conferencia Episcopal ha asegurado que la regularización extraordinaria ahora en marcha es una medida “ética y social”, ha incidido en que hablamos de personas que ya viven aquí, “es sacarlos de la esclavitud y el abuso en el que están”.
“Ustedes los necesitan pero quieren que sean invisibles, poder aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”, ha apostillado. Y en este sentido, ha recordado que el 72% de los trabajadores del sector servicios son extranjeros, con lo que con propuestas de este calibre “se cargan el modelo productivo de Sevilla entera”.