Vox desafía al PP en el Ayuntamiento de Sevilla con su prioridad nacional como aperitivo a negociar su apoyo a Moreno
La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.
La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.
Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.
El inmigrante como epicentro de todos los males
El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.
La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.
Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.
El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.
“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”
La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.
Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.
Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.
Discriminación de los españoles
Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.
La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.
La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.
Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.