El trágala de Vox al PP en Extremadura y Aragón planea sobre Andalucía: prioridad nacional, desregulación y gestión privada
Vox tiende la mano al PP de Juanma Moreno, así lo manifiesta su líder andaluz, Manuel Gavira. La cuestión es llegar a un acuerdo para que “de una vez por todas, Andalucía cambie de rumbo”. Pero, ¿a qué rumbo se refiere Vox, en qué materias, con qué finalidad? Mientras el PP de Castilla y León busca llegar a un punto de encuentro, los gobiernos de Extremadura y Aragón rubricaron el documento con la formación de ultraderecha que los ata durante los próximos cuatro años, sin contar los baches por el camino. Inmigración, mundo rural y medioambiente, rebaja de impuestos y fiscalización de lo que denominan gastos improductivos, líneas en las que el partido de Santiago Abascal marca su agenda, pese a las trabas relacionadas con las competencias estatales.
Las elecciones en Extremadura (21 de diciembre de 2025) y las de Aragón (8 de febrero de 2026) lograron los pactos de gobierno entre PP y Vox cuatro y dos meses después de que la ciudadanía fuera a las urnas, respectivamente. Los plazos en Andalucía todavía están en el aire y la única fecha segura es que el próximo 11 de junio se iniciará la XIII legislatura andaluza en la que los 109 diputados tomarán posesión de su escaño y se votará la composición de la Mesa de la Cámara. A partir de ahí, el reloj marcará los tiempos de las negociaciones y Moreno enarbolará los 53 diputados de la mayoría frente a Gavira, que apelará a los 15 representantes convertidos en la llave del Ejecutivo autonómico. La prioridad nacional, el mantra de la ultraderecha, capilariza los puntos acordados en las otras autonomías, aunque el candidato popular haya manifestado que se trata de un eslógan sin base legal.
La prioridad nacional, con la que se pretende discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas al ponerlas detrás de las españolas, queda definida en los acuerdos así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, excluyendo a aquellas personas que estén en situación irregular y solo amparándolos “exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.
Este reclamo con el que Vox mira hacia las generales incluye sus líneas más duras en los documentos firmados en Extremadura y Aragón contra los menores migrantes no acompañados, con párrafos que son un calco: “No más MENAS”. “Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central y a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, se recoge, al igual que “devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, para lo que los gobiernos autonómicos promoverán “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.
Recorte en acogida de menores
Una serie de actuaciones que no podrán acometer al no contar con competencias en la materia, sin mencionar que se incumpliría con la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas y que España suscribe. En todo caso, podrían instar al Gobierno central a hacer cambios que luego se reflejarían en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía (SIME), que sí está en manos de la Junta. A ello, habría que añadir la persecución de la lengua árabe o del burka o el niqab, una prohibición en las que la ultraderecha ha utilizado a las corporaciones municipales para hacer presión y que ahora ocupa la agenda de dos administraciones autonómicas.
“No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”, rezan los escritos. En este caso, Vox obvia que los menores no acompañados son integrados en los espacios a los que también acuden los nacionales. “En España tenemos el Sistema de Protección, el cual se pone en marcha cuando un menor se ve privado del cuidado parental por un motivo u otro”, explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social en Save the Children. En 2024, el Observatorio de la Infancia señala que el acogimiento residencial en el país se dio más hacia extranjeros (9.606) que a españoles (9.162), sin embargo, en el caso de Andalucía, los menores españoles siguen utilizando más los recursos que los foráneos, ya que son 1.565 frente a 876, respectivamente. Por tanto, ¿se recortarían recursos para ayudar a la población más vulnerable?
“En el caso de los menores extranjeros que vienen separados de su referente familiar, entran en el sistema, al igual que los niños y niñas que están en situación de desamparo, como se le llama a la figura administrativa”, indica Del Moral. A partir de ahí, se podrá derivar al menor a un centro de protección o a un acogimiento familiar, ya sea en unidades acogedoras o extensas. “En determinados lugares hay centros de recepción temporal, pero, de nuevo, la legislación no diferencia entre si son de origen extranjero o español, por lo que cualquier medida que se tome en el Sistema de Protección afectará a la infancia y adolescencia independientemente del motivo por el que lo necesiten”, asevera.
“Objetos de odio”
En lo pactado, Vox y PP establecen que habrá un “endurecimiento del régimen disciplinario” de los centros de acogida, sin especificar si se realizará mediante el incremento de agentes policiales o de seguridad, número de trabajadores o similares. Al respecto, la responsable de Save the Children subraya que la exposición de estos menores los hace “objetos de odio” e, incluso, podrían “generar dificultades en su incursión en el territorio”. Por tanto, ve con preocupación que el descontento en materia de migración se focalice en este colectivo “especialmente vulnerable”.
Además, añade que continuarán realizando su misión, pese a que el pacto de los conservadores establezca que habrá una “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. En el caso de Extremadura, se afirma que la Junta “no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, un bulo alentado por la extrema derecha para el que el Gobierno de Moreno ha puesto alfombra roja, ya que ha recortado un 60% los fondos para la cooperación al desarrollo, así que esta nueva medida daría la estocada definitiva a tantas organizaciones. En este punto, se expresa el rechazo y recorte presupuestario a los sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”, obviando que las líneas de subvenciones dada por la Junta ya tienen un sistema de baremación que garantiza que las subvenciones reporten beneficios sociales.
Medidas fiscales y rechazo a Bruselas
En cuanto al campo andaluz, nicho de Vox para encadenar el voto agrario, Extremadura pide la eliminación de la ecotasa energética, mientras que Aragón suprimirá el impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. Con ello, el Ejecutivo no aprobará “ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”, aparte de rechazar la implantación de Mercosur. En el tinglado burocrático, abogan por la simplificación administrativa a destajo y la “aplicación del principio de declaración responsable” con tal de agilizar procedimientos para los que se necesitan una rigurosa inspección. A su vez, se creará una dirección general de regadíos, una cuestión que en Andalucía ya tiene su polémica avanzadilla con la iniciativa que registró Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva)
Hay bonificaciones, varias y cuantiosas. En Aragón, por ejemplo, la reducción del 80% de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca, o que incluya a los sobrinos en las ampliaciones de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
A ello, habría que añadir que apuestan por ampliar la “concertación” de plazas para residencias de mayores, dejando la puerta abierta a una mayor privatización y, como reza en Aragón, también a la modalidad educativa de Bachillerato, “garantizando la libertad de elección de centro”. Indicios de lo que podría ocurrir en Andalucía, donde una de las mayores protestas de la comunidad educativa está en la escasa oferta en Formación Profesional pública que ha provocado la falta de oportunidades entre los estudiantes.
Hay un apartado en el que Vox quiere colgarse la medalla. “Publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal”: el Ministerio del Interior publica el balance en el Portal Estadístico de Criminalidad y también el Instituto Nacional de Estadística, donde la serie de 2024 destaca que el 74% de los condenados por delitos era de nacionalidad española. Desde noviembre del año pasado, la Ertzaintza se convirtió en el primer cuerpo policial del Estado en comunicar el origen de sus arrestados, pero por zonas geográficas y no por nacionalidad, siendo una estrategia que se está estudiando en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Igualmente, el empadronamiento o el acceso a una vivienda protegida y al alquiler social son varias de las cruzadas de la ultraderecha en pos de la prioridad nacional. Por ejemplo, con la creación de un servicio de verificación del empadronamiento ignoran la legislación estatal que ampara a las personas sin hogar que necesitan estar inscritas en albergues, unidades de atención o similares con tal de acceder a los servicios básicos, como la educación, la sanidad o demostrar el arraigo para pedir la residencia.
Además, Extremadura y Aragón piden un mínimo de 10 años de estancia en el país para la compra de una VPO y otros cinco años para alquiler social a un colectivo vulnerable que sufre la discriminación de los servicios inmobiliarios y la subida de los precios del mercado; y aunque los gobiernos autonómicos de PP y Vox expresan por escrito su oposición a la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ambas, al igual que Andalucía, votarán a favor del Plan Estatal de Vivienda para acceder al fondo de 7.000 millones de euros. A la espera de lo que ocurra, estas son las primeras pinceladas que se podrían esperar de un acuerdo con Vox, que ya en 2019 presentó un total de 19 propuestas para facilitar el que fuera el primer gobierno autonómico que quitó el cordón sanitario a su formación.
Hace siete años la guerra cultural con la que Vox se hizo un hueco en el tablero político estaba enfocada a la protección de la tauromaquia, a la derogación ley de memoria histórica y a la negación de la violencia machista contra las mujeres mientras aludían a la defensa del modelo de la familia tradicional donde la comunidad LGTBI no tenía cabida. En esta ocasión, y con esos mandatos ya implantados en la esfera pública, el discurso de la ultraderecha se ha endurecido, defendiendo sin complejos una política xenófoba que necesitará del apoyo de Moreno.