Claves para no caer en la intoxicación sobre la regularización frente a los datos manipulados de la derecha
El anuncio de la regularización extraordinaria, que dará los papeles a cerca de medio millón de personas, ha despertado la alegría de quienes verán reconocidos sus derechos y quienes llevan un lustro defendiendo una medida respaldada por más de 700.000 firmas. Pero, como ya es habitual cuando se habla de inmigración, los bulos y los datos manipulados de las declaraciones de PP y Vox están marcando parte del debate.
De la supuesta estrategia para aumentar el censo, al retorno del fantasma del “efecto llamada”, la amalgama de cifras manipuladas para generar alarma hasta abonar teorías racistas de la “sustitución” y cuestionar la españolidad de personas nacidas y criadas en España. Muchos de los mensajes en contra de la regularización que suenan en los últimos días se basan en datos falsos o declaraciones categóricas sin contexto sobre procesos migratorios complejos.
“Un 20% de la población española es de origen inmigrante. En este momento en que la nacionalización por la ley de memoria democrática tiene un efecto de dos millones y medio de personas nacionalizadas y tenemos un pacto migratorio, no es el momento de la regularización masiva”, ha dicho Alberto Feijóo en sus últimas declaraciones. Solo esta frase exige puntualizar varios aspectos que menciona de manera confusa.
“No es el momento”
Uno de los mensajes que está marcando el debate es la idea de que en los últimos años han llegado muchos inmigrantes y, por eso, este no sería el momento de hacer una regularización. Los expertos y el contexto de otras regularizaciones apuntan a lo contrario. Es precisamente el aumento continuado de la inmigración lo que acaba haciendo necesario la necesidad de una regularización, especialmente en un contexto de crecimiento del marcado laboral.
Ocurrió tras el llamado boom de los 2000. Entonces se dio un incremento sin precedentes de la población extranjera. La mayoría entraba en España de manera regular, a través de los aeropuertos pero, una vez expirados sus visados de turistas, se quedaban sin papeles. Así, fue aumentando la población que, pese a que vivía en el país desde hacía años, residía y, generalmente, trabajaba de forma clandestina, sin poder darse de alta en la Seguridad Social ni cotizar. En ese contexto, en 2005, se impulsó el proceso de regularización.
Actualmente, nos encontramos en otro boom migratorio, aunque aún no ha alcanzado los niveles del 2000. La tendencia de las llegadas son muy similares al anterior: inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, llegan de forma regular con un visado de turista. A los 90 días, se quedan irregulares e intentan sobrevivir como pueden, hasta que pueden empezar a intentar solicitar un permiso de residencia después de dos años en la irregularidad. Es en ese contexto en el que, ante la acumulación de cientos de miles de personas sin sus derechos reconocidos, se plantea una regularización por razones humanitarias, pero también por razones económicas, en un contexto en que las previsiones apuntan a que el mercado laboral, no solo los puede absorber, sino que necesita su trabajo.
La nacionalización de los descendientes de exiliados españoles
Feijóo ha dicho que “no es el momento” para impulsar una nueva regularización extraordinaria por el proceso de concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados españoles durante la Guerra Civil y el franquismo, recogido en la Ley de Memoria democrática. Se trata de una política que busca reconocer el derecho a la ciudadanía arrebatado durante décadas a los hijos de quienes tuvieron que huir, generalmente a Latinoamérica, durante la guerra civil y el franquismo. Estas personas deberían haber heredado la nacionalidad de sus padres de no haber sido por la dictadura. Es una política de reparación, no una política migratoria. Se compara con la iniciativa impulsada en el Gobierno de Marian
Así, en varias de sus declaraciones, Feijóo ha sumado a las cifras que aporta de población de origen inmigrante en España, la población nacionalizada por ser hijos de españoles. Da un dato: dos millones de personas naturalizadas. Sin embargo, ese es el dato de las personas que han presentado su solicitud y esperan una respuesta. De momento, han sido concedidas 237.145 a fecha de septiembre del año pasado, según los últimos datos del Ministerio de Memoria Democrática. La mayoría de peticiones proceden de Argentina, uno de los principales destinos de los exiliados españoles.
Estas personas, como españolas, tienen todos los derechos de cualquier otro ciudadano por lo que podrían mudarse al país si lo desean. Pero esto no significa que todos aquellos que hayan solicitado el reconocimiento de este derecho hayan decidido dejar su vida en su país y emigrar a España, pues muchos han podido pedirlo por otras razones, como simplemente poder adquirir la nacionalidad de sus raíces o contar con un pasaporte española, lo que suele facilitar por ejemplo los trámites exigidos para viajar por Europa.
Efecto llamada y conexión con falta de “control de fronteras”
Tanto el PP y Vox insisten en que la regularización acarreará un “efecto llamada”. Sin embargo, los expertos descartan que el aumento de las llegadas de inmigrantes se encuentre entre los efectos probables de esta medida. “No hay evidencia”, indica Joan Monrás, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y autor de un estudio sobre el efecto de la regularización de 2005. En su investigación estudiaron la evolución de los flujos migratorios extracomunitarios —y, por tanto, afectados por la medida— y los comunitarios —a quienes no les influía—: “No vimos ningún cambio, seguían llegando en las mismas proporciones”.
Para Raymond Torres, director de coyuntura del centro de estudios económicos y sociales Funcas, “el efecto llamada se puede producir si se anuncia una regularización con la fecha límite posterior al anuncio de la norma”. Es decir, si la norma no hubiese introducido como requisito haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, sino que dejasen unos meses de más de margen, podría llegar a provocar un incremento de la llegada de personas que intentasen beneficiarse. Pero no ha sido así.
El aumento o reducción de la llegada de inmigrantes, por tanto, no lo marcan medidas políticas como estas, sino que los expertos apuntan que contexto económico suele ser más determinante. Después del proceso de regularización de 2005, por el que unas 600.000 personas obtuvieron de golpe los papeles, el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable los primeros años tras la regularización de 2005, mientras que cayó a negativo durante la crisis de 2008 y se recuperó a partir de 2014. En la pandemia, volvió a descender y, una vez superada, recuperó la tendencia al alza hasta alcanzar un nuevo pico a partir de 2022.
Las voces que apelan a ese “efecto llamada” suelen hacer referencia en concreto a un supuesto aumento de las llegadas a través de las rutas irregulares de la inmigración, cuando la gran mayoría de las personas que serán beneficiadas por la medida han llegado en avión. La regularización ha sido impulsada en un momento en que las entradas irregulares han caído un 42% en 2025, ante el aumento de control fronterizo por parte de Mauritania y Marruecos, tras diversos acuerdos con España y la UE, criticados por las ONG por las vulneraciones de derechos humanos que suelen conllevar la cesión de la vigilancia fronteriza a terceros países a cambio de aportaciones económicas o concesiones políticas.
No incumple la normativa europea
El Partido Popular y Vox han intentado convertir en un problema europeo la regularización masiva de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez. “Va en contra del pacto de inmigración y asilo que han firmado la UE”, ha reiterado el líder del PP en los últimos días, tras anunciar su intención de denunciar la medida ante las instituciones comunitarias. Pero el comisario Europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, ha descartado que la iniciativa choque con la legislación europea ni con el pacto migratorio. “Es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”, ha zanjado.
No es la primera vez que se utiliza a la Unión Europea como escudo para rechazar la regularización. Hace cinco años, la misma carta sacada ahora por PP y Vox fue utilizada por el mismo Gobierno -en la anterior legislatura- que ahora ha puesto en marcha la medida para favorecer la negociación de los presupuestos con Podemos.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, aseguró en el Senado en 2020 que una concesión masiva de documentación no estaba contemplado en las “condiciones especiales” del marco normativo europeo. Ya entonces la afirmación se encontró con el rechazo de expertos, que aseguraban que existen canales para impulsar este proceso tanto en la normativa española como en la comunitaria. Cinco años después, la misma ministra Elma Saiz, que sucedió a Escrivá en el cargo, ha tachado de “bulo” que una iniciativa como esta contravenga la legislación de la UE.