ENTREVISTA

Javier Cuenca (Save the Children): “A este ritmo tardaremos 70 años en erradicar la pobreza infantil en Andalucía”

Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.