Andalucía frente a la pobreza estructural: las mejoras económicas chocan contra las altas tasas de exclusión social

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Sevilla —

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Desigualdad crónica e histórica. Una realidad a la que cada día se enfrenta la población andaluza, ya que la comunidad tiene una tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social del 34,7%. Ante tal contexto, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) pone el foco en que es necesario trasvasar la mejora de algunos indicadores económicos a todos los estratos sociales. La organización subraya que la justicia social “continúa siendo una meta no alcanzada”, ya que la pobreza y la desigualdad mantienen “un carácter estructural”.

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, la Red retoma los datos publicados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma que Andalucía lidera cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión social. Con ello, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE alcanza el 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%). De esta forma, se “consolida una brecha persistente con el conjunto del país”, remiten en un comunicado.

“La leve mejoría de algunos datos no puede ocultar la realidad de que Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población”, valora Juan Luis Delcán, presidente de EAPN Andalucía.

Pérdida de poder adquisitivo

Pese a que la renta media ha aumentado, el incremento de ingresos no se traduce en mayor bienestar material, aluden. La carencia material y social severa se eleva hasta el 10,9%, evidenciando una pérdida efectiva de poder adquisitivo asociada al encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes esenciales. La mejora de rentas, impulsada por el salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones, “ha operado como amortiguador coyuntural, pero no ha revertido la exclusión estructural”, señalan.

El impacto del coste de la vida se manifiesta con especial intensidad en el ámbito doméstico. El 18,7% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,1% acumula retrasos en pagos de vivienda o suministros, tal y como indica el informe FOESSA. Además, el 46,4% de la población andaluza carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que evidencia una vulnerabilidad consolidada y sin margen de resiliencia económica.

Pacto Andaluz

EAPN Andalucía señala la vivienda como principal motor de la exclusión social en la región, coincidiendo con la valoración de otras asociaciones. Por tanto, piden la transformación de “las actuales medidas de emergencia en mecanismos estructurales de protección, consolidando la garantía de alternativa habitacional ante desahucios, desarrollando instrumentos de contención de precios del alquiler y ampliando de forma sostenida el parque público de vivienda social”.

A tenor de este contexto, la asociación apunta que el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social articula un espacio estable de concertación para situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública. Hasta la fecha, 89 organizaciones —del Tercer Sector, universidades, sindicatos y otros agentes sociales— se han adherido, consolidando una alianza plural para transformar políticas públicas.

Andalucía, la mayor tasa de riesgo de pobreza

Con respecto a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, cabe recordar que Andalucía registra la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del país, situándose en un 34,7%. Así, queda por delante de Castilla-La Mancha (34,0%) y Murcia (32,5%), en cambio, en el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas más bajas.

También Andalucía se situó como la comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza, con un 27,7%, seguida de la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). Por su parte, País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

A nivel nacional, aunque España registró en 2025 la menor tasa AROPE desde que se comenzó a recopilar la serie histórica en 2014, al situarse en el 25,7% de la población residente, la cifra apenas varía en el último año, con una reducción del 0,1% respecto al 25,8% de 2024. Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.

En comparación con 2024, la tasa AROPE también ha disminuido en Andalucía, ya que registraba en el anterior periodo un 35,6%. Una cifra que la situaba a la cabeza del país, pese a que mejoraba su situación con respecto a la edición anterior en 2,1 y 1,3 puntos. Pese a la mejora relativa de los datos, el territorio continúa siendo el más afectado por las dinámicas de precariedad y exclusión social.