Casi dos millones de personas viven en exclusión social: “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”
Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.
Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.
Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.
Derecho 'fake'
Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.
Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.
Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.
Migración y nuevo pacto social
La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.
En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.
Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.