Precariedad, pobreza y cronificación, tres piezas de un mismo puzzle que merma la dignidad de las personas. Las cifras hablan por sí solas: la atención en centros a personas sin hogar ha incrementado desde unos 3.000 individuos a unos 5.500 entre 2022 y 2024 en Andalucía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una estimación a la que habría que añadir las intervenciones y las observaciones de asociaciones a pie de calle, desde donde se apunta que el número real aumentaría hasta las 8.000 personas sin hogar en el territorio.
La cifra va en paralelo al crecimiento desbocado a nivel nacional, ya que este periodo ha registrado un 57% más de personas que acudieron a recursos públicos en busca de techo y comida, pasando de 21.700 a 33.758 personas. También, hay 32.145 personas alojadas diariamente en centros de atención y 71.121 que reciben menús en todo el país. Una cifra que “es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en la presentación del Informe Pobreza Sur 2025: Sin hogar e invisibles a la vista de todos, en el marco del Día de los Derechos Humanos.
Pese a los esfuerzos, la radiografía de APDHA adolece de datos actualizados. Macarena Olid, vicecoordinadora de la entidad, ha añadido que hay cuantificadas 713 personas en situación de calle en Sevilla pertenecientes al año 2023, cuando los recursos solo cubrían alrededor de unas 300 plazas. “Vemos que hay muchas más personas que están durmiendo bajo un cartón, y eso es preocupante y alarmante”, y en referencia al Ayuntamiento de Sevilla, ha criticado que solo se activen los dispositivos ante las campañas de invierno. “El techo es un derecho fundamental y básico para todas las personas”, ha insistido, “y lo único que hay es opacidad por parte de las administraciones, que no les interesa sacar estos datos a la luz porque es una vergüenza”.
El análisis refleja que la autonomía representa un 20% del total nacional y se concentra en las ciudades de Málaga, Sevilla y Cádiz, presas de la turisficación y la subida de precios de la vivienda. Además, más del 40% de los afectados lleva más de tres años sin alojamiento estable, por lo que el riesgo de cronificación se extiende entre la población, y, tal y como ha citado Olid, una de cada cinco personas no acude a los servicios asistenciales, por lo que queda fuera del sistema de registro, según las estimaciones de Hogar Sí.
El perfil mayoritario resulta que son hombres, aunque hay presencia de mujeres —muchas de ellas víctimas de violencia machista—, jóvenes extutelados que al cumplir los 18 años se ven fuera del sistema de protección público, personas migrantes sin red de apoyo y familias desahuciadas, en especial, monoparentales y jóvenes con menores a su cargo. Aparte, hay una alta incidencia de personas con trastornos de salud mental, discapacidad psíquica y adicciones, lo que dificulta los procesos de reinserción social, han señalado.
Entre las causas principales, la APDHA ha apuntado que el desempleo de larga duración, la precariedad laboral y la falta de oportunidades “generan un ciclo de exclusión difícil de romper”. A su vez, el aumento de los precios de alquiler, los requisitos abusivos para acceder a una vivienda o la falta de parque público impiden la viabilidad de un futuro mejor. Pese a que la red asistencial en Andalucía creció un 48% en plazas y un 17% en centros, continúa siendo “insuficiente” ante la demanda creciente, han determinado, ya que los requisitos son “muy” restrictivos a la hora de acceder y se les pide, por ejemplo, documentación en regla, contratos de trabajo o no tener ninguna adicción.
Una traba con la que se encuentra la APDHA en todo momento es el silencio administrativo. A través de la Ley de Transparencia requirieron varios datos, sin embargo, de las ocho capitales andaluzas, solo tres respondieron a la petición. En líneas generales, las instituciones externalizan el servicio y lo dejan en manos de entidades del tercer sector, una cuestión que se aleja de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030, ha sostenido APDHA, ya que el acuerdo establecía que las entidades locales debían garantizar la cobertura de necesidades básicas y dar una respuesta integral en materia de vivienda, empleo y garantía de ingresos.
“Pedimos datos sobre número de personas sin hogar, recursos que se dan a nivel de pernocta como servicios básicos, presupuestos, y solo tres ayuntamientos respondieron, los demás prefieren la opacidad”, ha mantenido Olid. La estrategia es “desplazar” a estas personas de las zonas visibles y turísticas, con tal de “apartarlos al extrarradio”. Con la intención de conservar una imagen ideal para el visitante, las administraciones también aplican la llamada “arquitectura hostil”, es decir, la incorporación de abrazaderas a los bancos, la individualización de los asientos o la eliminación de fuentes con tal de no disponer de espacios amables para los sintecho.
En concreto, Jaén trasladó que en la actualidad se atienden a un total de 147 personas sinhogar y reconoce que no posee una red específica de servicios ni un presupuesto para este colectivo, sino un área de servicios sociales comunitarios. Mientras, Almería presupuesta más de 27 millones de euros en el área de Integración Social, en donde están recogidas las ayudas a domicilio, drogodependencias y diversos convenios que diluyen una acción concreta. Finalmente, Huelva solo registra a las personas que acuden al recurso municipal dentro del Plan Local Integral 2024-2027, sin datos específicos.
Todo ello, teniendo en cuenta que Andalucía es de las autonomías con más plazas existentes, con un total de 3.029 de las 39.888 que hay en el Estado, y solo por detrás de Canarias (4.855); Cataluña (5.305); y Madrid (4.919). Un panorama al que habría que añadir que la Tasa Arope (en referencia al riesgo de pobreza y exclusión) sitúa a la autonomía 10 puntos por encima de la media estatal, un 35,6% frente al 25,8%, solo por delante de Melilla y Ceuta, y que ocho de los diez municipios más pobres de todo el estado se sitúan en Málaga, Granada y Jaén.
“De los 174 centros de atención para personas sin hogar, solo 25 son públicos”, ha aseverado Olid. Es decir, el resto de las dependencias son externalizadas, una cuestión que APDHA no considera adecuada, ya que “se pone en manos de entidades privadas una responsabilidad tan grande como atender a aquellas personas más vulnerables”. A ello, habría que añadirle que un 57% de las personas que trabajan con este colectivo son voluntarias, por tanto, “no falta caridad en Andalucía, falta justicia”.
La semana pasada, dos menores fueron detenidos en Benacazón (Sevilla) tras haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza. El vídeo fue rápidamente difundido por redes sociales antes de que se interpusiera la denuncia. Así, el ataque ha sido recordado por la vicecoordinadora de APDHA como una prueba de la aporofobia que afecta a estas personas sin recurso, tildando este acto de “deshumanización absoluta”. En aras de conseguir mejoras y un plan estratégico, exigen respuestas a los ayuntamientos y, entre las acciones que realizará la entidad, han convocado para este miércoles a las seis de la tarde una manifestación que irá desde el Palacio de San Telmo hasta plaza Nueva.
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