Minorización, poder y resistencia lingüística

Existe una frontera identitaria, más sutil pero igualmente poderosa: la lengua. En España, la convivencia de castellano, catalán, euskera, gallego y otras lenguas minorizadas es un campo de batalla histórico donde se juegan el poder y la pertenencia. La lengua sirve para comunicarse y, como mostró Bourdieu, funciona además como capital simbólico y como mecanismo de inclusión o exclusión social. Pero es, ante todo, un cuerpo que habita: un gesto, una memoria en los músculos de la garganta, un palimpsesto vivo donde cada capa cuenta una historia de contacto y mezcla.

El proyecto de construir una España homogénea y centralizada tras la Guerra de Sucesión y, sobre todo, con los Borbones (los Decretos de Nueva Planta, 1707-1716, que en Cataluña convirtieron el castellano en la lengua de la Audiencia), tuvo en la lengua uno de sus pilares. El castellano fue impuesto como lengua de la administración y la justicia, y después de la escuela, y el resto de lenguas peninsulares quedaron marginadas a lo privado y a lo folclórico. Este proceso, común en la construcción de los estados-nación europeos, no fue pacífico. Implicó una violencia simbólica (en el sentido de Bourdieu) que desvalorizó sistemáticamente los otros códigos lingüísticos, asociándolos al atraso o a la rebelión. El caso del catalán es paradigmático: de lengua de literatura y derecho en la Edad Media, fue progresivamente arrinconado hasta ser perseguido en la calle durante el franquismo. Desde 1937, bandos militares y multas de los gobernadores civiles castigaron hablar lenguas distintas del castellano, y la presión social alcanzó también el ámbito privado.

Este proceso, sin embargo, no fue exclusivo de España. Uno de los casos más estudiados es el de Francia, donde la construcción de la nación moderna se hizo con una política escolar que castigaba las lenguas regionales. Bajo el ideal jacobino de una república, una lengua, el Estado implementó, especialmente tras las leyes de Jules Ferry (1881-1882) que establecieron la escuela gratuita y obligatoria, una pedagogía de la humillación. A los niños que hablaban bretón, occitano, catalán o alsaciano en la escuela se les colgaba una señal, el llamado symbole, un objeto infamante que pasaban de uno a otro como marca del delito. Quien la portaba al final del día recibía un castigo. Esta práctica, muy extendida aunque sin respaldo en ninguna ley (como documentó Eugen Weber), buscaba erradicar la competencia lingüística y afectiva con la lengua materna, asociándola a la ignorancia y al atraso. El éxito de esta maquinaria homogeneizadora fue tan contundente que hoy Francia, a diferencia de España, reconoce poco la pluralidad lingüística interna que agoniza: la Constitución declara el francés lengua de la República (art. 2) y, desde 2008, las lenguas regionales «patrimonio de Francia» (art. 75-1), pero nunca ha ratificado la Carta Europea de las Lenguas Regionales y el Consejo Constitucional censuró en 2021 la inmersión lingüística de la ley Molac. Este contraste subraya que, pese a la gravedad del caso español, la resistencia de sus lenguas y la posterior capacidad de recuperación institucional son también un relativo —y frágil— testimonio de una diversidad más tenaz.

Este mecanismo no es casual. Persiste en él el viejo fantasma del colonialismo, proyectado esta vez sobre el mapa interno. La lógica que, desde la Real Cédula de Carlos III de 1770, que ordenaba desterrar los idiomas de las Indias para que solo se hablara castellano, justificó la supresión de lenguas indígenas como el quechua en nombre de la civilización, es la misma que operó en las escuelas de Francia y en las políticas centralizadoras borbónicas: erigir una lengua metropolitana como única portadora de razón y progreso, mientras se folkloriza o se persigue a las lenguas locales, tratadas como reliquias de un atraso por superar. Es lo que Aníbal Quijano llamó colonialidad del poder, aplicada aquí al terreno lingüístico: fabrica centros y periferias, jerarquías de valor y, en última instancia, epistemicidios (el término es de Boaventura de Sousa Santos): la pérdida de formas enteras de conocimiento ancladas en una palabra o en una sintaxis.

Sin embargo, este afán homogeneizador choca contra la evidencia material de la historia peninsular. En el yacimiento navarro de Irulegi, una mano de bronce del siglo I a.C., hallada el 18 de junio de 2021 y presentada en noviembre de 2022, emergió para recordar que la identidad de los pueblos de la Península es un constructo antiguo y mestizo. La Mano de Irulegi, con su inscripción de cuatro líneas en signos paleohispánicos, se convirtió en un espejo de los debates lingüísticos actuales. La primera palabra, leída inicialmente como sorioneku —cercana, según sus primeros editores, al euskera zorioneko (afortunado)—, se revisó tras una limpieza más minuciosa a sorioneke. Este cambio de una vocal desató una polémica técnica: ¿era aquello vascónico, íbero, o una lengua puente? Los catedráticos Joaquín Gorrochategui y Javier Velaza, que publicaron su análisis en el número 136 (2023) de la revista Fontes Linguae Vasconum, mantienen la hipótesis vascónica. Otros especialistas la discuten: Joan Ferrer i Jané ve más afinidad ibérica de la esperada, y Joseba Lakarra niega la relación con zorioneko porque zorion es un término del siglo XVIII. Su mayor valor es antropológico: la pieza es un indicio sólido de contacto cultural continuo. Los vascones probablemente adaptaron el signario ibérico para escribir, en un proceso de préstamo y recreación que desmiente cualquier relato de pureza originaria. Un hallazgo anunciado en junio de 2026 añade un dato. En la misma casa donde apareció la Mano, el borde de una vasija local lleva escrito «abaŕ», que Velaza, Ferrer i Jané y Gorrochategui interpretan, con cautela, como diez unidades de medida. De confirmarse, sería el primer numeral vascónico conocido, que recuerda al euskera hamar, y mostraría que la escritura formaba parte de la vida cotidiana del poblado. El estudio completo aún no se ha publicado. La Mano es un palimpsesto fundacional: en su bronce se superponen influencias, se borran certezas y se escribe la voluntad de una comunidad por fijar su mensaje en un código propio.

Tras la Transición, los estatutos de autonomía y las leyes de normalización lingüística (como la Ley 7/1983 en Cataluña) buscaron reparar el daño histórico, recuperando el espacio público para las lenguas minorizadas. El éxito en términos de recuperación de hablantes (especialmente en Cataluña y País Vasco) fue notable. Sin embargo, este proceso generó nuevas tensiones. Para una parte de la población castellanohablante en comunidades bilingües, especialmente aquella llegada por migraciones internas en los 60 y 70, las políticas de inmersión lingüística en la escuela se vivieron como una imposición inversa. Kathryn Woolard ha descrito en Cataluña el choque entre dos ideologías lingüísticas: la del catalán como lengua de autenticidad y la del castellano como lengua neutra de todos. La ultraderecha española y sectores del Partido Popular han instrumentalizado este malestar, presentando el catalán o el euskera como herramientas de adoctrinamiento y separatismo en lugar de como patrimonio cultural a proteger, y resucitando el fantasma de la España rota. Los datos, sin embargo, desmienten el alarmismo: según la Encuesta de usos lingüísticos de 2023 del Idescat, el 99,6 % de los mayores de 15 años en Cataluña entiende el castellano y el 99,2 % lo habla; el catalán lo entiende el 93,4 % y lo habla el 80,4 %. El conflicto es político: se utiliza la lengua como proxy de una batalla por la soberanía y la identidad nacional, ignorando la lección de Irulegi: las lenguas y las culturas siempre han sido espacios de intercambio.

El dominio de una u otra lengua no es neutral en términos de oportunidades. En comunidades bilingües, acceder a puestos de la administración autonómica, a determinadas profesiones o incluso a ayudas sociales puede depender del conocimiento certificado de la lengua cooficial. Esto crea un mercado de cursos y acreditaciones que no todos pueden costear en tiempo y dinero. Para las clases populares inmigradas, esta barrera puede suponer una doble exclusión: marginadas por su origen y por no dominar el código lingüístico hegemónico local. Al mismo tiempo, para las élites urbanas castellanohablantes, aprender catalán o euskera puede convertirse en un capital simbólico valorado, una seña de integración y distinción. La lengua, por tanto, también dibuja fracturas de clase internas dentro de los territorios, una dinámica tan antigua como la propia sociedad. Esta dinámica puede leerse a través del concepto de mercado lingüístico, desarrollado por Pierre Bourdieu. En este mercado, los idiomas y sus variedades funcionan como capital simbólico con distinto valor de cambio. El castellano actúa como la moneda de curso fuerte en el mercado nacional; el catalán o el euskera son divisas valiosas, pero de circulación predominante en sus mercados autonómicos, donde se exigen para acceder a ciertos puestos. Lenguas como el asturleonés o el aragonés, en cambio, poseen un valor afectivo y comunitario inmenso, pero un valor de cambio en el mercado laboral o administrativo casi nulo. Esta disparidad es el resultado histórico de relaciones de poder que jerarquizan los códigos lingüísticos y, con ellos, las oportunidades vitales de quienes los portan.

Más allá de las lenguas oficiales, el debate público se centra en el tira y afloja entre el castellano y las llamadas lenguas históricas. Pero existe un tercer nivel de minorización aún más silencioso: el de las lenguas que ni siquiera tienen estatus de cooficialidad. El aragonés, con entre 12.000 y 24.000 personas competentes y unas 8.000 que lo usan a diario según el estudio Charrando aragonés de la Universidad de Zaragoza, y el asturleonés luchan por una supervivencia precaria. La Ley de Lenguas de Aragón de 2013 reconoce el aragonés y el catalán de Aragón como lenguas propias, sin cooficialidad. En Asturias, la llingua asturiana es optativa en la ESO (Decreto 59/2022) y en 2025 llegó a Infantil y a las Escuelas Oficiales de Idiomas. En Castilla y León, el Estatuto protege el leonés (art. 5). Son pasos simbólicos pero insuficientes. Su situación es la de una diglosia extrema: relegadas al ámbito familiar más íntimo y a una base social envejecida, sin apenas presencia en los medios de comunicación, la justicia o la educación reglada. Su defensa es a menudo un activismo cultural heroico y de base, que choca contra la indiferencia tanto del Estado central como de las autonomías que las albergan. Estas lenguas, al igual que el mensaje aún no descifrado de la Mano de Irulegi, son los testimonios vivos de una diversidad española más rica y más difícil de cartografiar de lo que admiten los mapas políticos. Son los ecos más frágiles de ese palimpsesto, a punto de convertirse en silencio.

Y aún más allá, en los márgenes de los márgenes, persisten otros destellos de esa diversidad: el extremeño y el cántabro, reducidos a susurros entre la población más anciana y a menudo estigmatizados por sus propios hablantes como hablas incorrectas, son el ejemplo más crudo de la violencia simbólica internalizada. La fala, un vestigio galaico-portugués en el valle de Jálama, sobrevive como testimonio de fronteras lingüísticas que ignoran los mapas políticos. En un plano radicalmente distinto, el silbo gomero, lenguaje silbado declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, trasciende la oralidad para convertir el paisaje sonoro de La Gomera en un código funcional, demostrando que la lengua puede habitar el aire y la geografía de maneras inesperadas. Y en otro orden, las lenguas de signos española, catalana y valenciana, lenguas completas y vibrantes de comunidades culturales, luchan todavía por una normalización plena y por ser vistas como algo más que un mero recurso de accesibilidad. Cada una de ellas, a su modo, compone la textura más fina y vulnerable de la diversidad lingüística de España.

Ante este panorama enconado, es necesario superar el marco de la confrontación identitaria (una lengua contra otra) y pensar en una política lingüística basada en los derechos y en la hospitalidad, que reconozca las lenguas como patrimonio cultural. Esto implicaría garantizar derechos individuales: nadie debe ser discriminado por la lengua que habla. Debe asegurarse el acceso a servicios públicos y justicia en la lengua oficial que el ciudadano elija, sin menoscabo para la otra. Es lo que ya dibuja el artículo 3 de la Constitución: el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, las demás lenguas oficiales en sus comunidades según sus estatutos, y la riqueza lingüística como patrimonio que merece respeto y protección. Pero esto abre una duda: ¿deberían ser cooficiales en toda España todas las lenguas? Hoy la cooficialidad se limita al territorio de cada comunidad. Este principio de hospitalidad, sin embargo, exige reciprocidad. Esta es la pregunta que se le atribuye a Castelao: «¿Con qué derecho se nos obliga a aprender la lengua de Castilla y no se obliga a los castellanos a aprender la nuestra?»

Hay que proteger activamente las lenguas en riesgo y dotar de recursos reales (económicos, educativos y mediáticos) a las lenguas minorizadas no cooficiales, reconociendo su valor como patrimonio cultural inmaterial y el derecho de sus hablantes. Hay que fomentar el multilingüismo como riqueza cultural, más allá de su utilidad laboral. En lugar de ver las lenguas como trincheras, conviene promover su aprendizaje mutuo desde el enriquecimiento cultural. Una persona que hable castellano, catalán e inglés tiene un capital cognitivo y simbólico ampliado.

Desvincular lengua y soberanía política es un reto. ¿No es todo política? Se puede y se debe defender la normalización de una lengua sin que ello implique necesariamente un proyecto secesionista. La lengua es un derecho cultural. En La Rioja ocurrió en 2018 con la reforma del Estatuto de Autonomía: una enmienda socialista proponía considerar «la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural». El PP habló de «caballo de Troya para euskaldunizar La Rioja» y el Partido Riojano, de «un claro ataque a las señas de identidad» de la región. El PSOE respondió que la referencia era cultural y no lingüística, y la apoyó en el Monasterio de San Millán, donde aparecen los primeros textos escritos en castellano y en euskera, las Glosas Emilianenses. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sin entrar en la polémica, dijo que la huella histórica del euskera en La Rioja «es historia» y que decidir si se refleja en el Estatuto «les corresponde sólo a ellos», a los riojanos. Una frase sobre el acervo histórico bastó para que se hablara de euskaldunización. La mención al euskera no se incluyó en la reforma, que sigue sin aprobarse. La Mano de Irulegi no ondea ninguna bandera; simplemente es. Extiende sus dedos de bronce desde el fondo de los siglos para recordar que, antes de las naciones, estaban las personas y su necesidad de nombrar el mundo y de dejar marca.

Las lenguas de España son una escritura superpuesta: en ellas se ha ido anotando la historia de este territorio. Desde la inscripción enigmática de Irulegi hasta el catalán globalizado de Barcelona, desde el euskera revitalizado en las ikastolas hasta el susurro del asturleonés en una cocina de aldea, todas forman parte de la identidad colectiva de quienes vivimos en él. Leer esa escritura sin miedo, escuchar sus múltiples voces sin imponer silencios, es la única manera de construir una convivencia basada en el reconocimiento de una diversidad que lleva milenios definiendo este territorio. Para quienes tienen siempre la palabra «unidad» en la boca, la unidad verdadera se logra con la capacidad de entendernos en muchas lenguas. ¿Por qué se le exige a quien llega de fuera que se adapte a las costumbres del lugar, y a quien ya vive en él le cuesta aprender las lenguas de sus vecinos? Hace unos días, Cayetana Álvarez de Toledo, número dos del PP por Madrid, prometió en la COPE que eliminar los pinganillos del Congreso sería lo primero que haría, incluso antes de formarse Gobierno, «como símbolo de separación entre españoles». Habló de «derribar pinganillos y fronteras». Desde septiembre de 2023 esos auriculares permiten que un diputado entienda en castellano lo que otro dice en catalán, euskera o gallego. Es el aparato más modesto que existe para escuchar a alguien sin pedirle que calle, y se propone retirarlo en nombre de la unidad. Esta resistencia a escuchar tiene una dimensión corporal. Cada lengua es un archivo vivo en el cuerpo de sus hablantes, lo que Bourdieu llamó hexis corporal: se aprende con la boca y la garganta antes que con la gramática. La pronunciación de un sonido ajeno al castellano, como la tz vasca o la ḷḷ vaqueira asturiana, es un conocimiento encarnado, una memoria muscular. La muerte de un hablante anciano se lleva un vocabulario y una forma única de pronunciar el mundo, un gesto sonoro irrepetible. Nancy Dorian, que estudió el gaélico de Sutherland, mostró cómo los últimos hablantes de una lengua en retroceso la conservan a medias, y cada vez con menos gente con quien usarla. La Mano de Irulegi es, en este sentido, la metáfora perfecta: el intento de grabar en el bronce lo que primero se graba en la garganta y en el oído, de convertir el cuerpo que habla en un objeto que perdura. Quizás la primera lección de hospitalidad sea aprender a escuchar, incluso lo que no entendemos del todo, como la Mano de Irulegi, que aún espera a que descifremos su lengua y la lección de conexión que traza entre el pasado más remoto y el presente más conflictivo.