El cuerpo anciano como lugar de disputa de la vivienda en España

Maricarmen Abascal no murió de causas naturales en abstracto. Murió el 7 de octubre de 2026, catorce días después de que la comisión judicial ejecutara su desahucio, el 23 de septiembre, en la casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda donde vivía desde 1956. Tras el lanzamiento permaneció ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, con un deterioro progresivo que el Sindicato de Inquilinas y la prensa vinculan al estrés de aquel proceso. Su caso es el punto de inflexión más nítido en la política de vivienda española de la última década: el desahucio desencadenó acampadas en más de una docena de ciudades y manifestaciones en más de cincuenta; el Congreso tumbó dos decretos de vivienda el 1 de octubre, con los votos de PP, Vox y Junts; el presidente del Gobierno adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre; y CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas convocaron una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre.

El desalojo reúne tres elementos: un contrato de renta antigua de 1956, una empresa inmobiliaria que le planteó un alquiler más de tres veces superior al que pagaba, y sectores de la derecha que convirtieron a una anciana de 87 años en objeto de burla y descalificación moral. Cuando esos tres factores coincidieron, el cuerpo de Maricarmen dejó de poder tratarse como un asunto estrictamente privado y se convirtió en un símbolo de una crisis estructural. Mary Douglas sostuvo en Símbolos naturales (1970) que el cuerpo físico es un modelo del cuerpo social: lo que una sociedad piensa de sí misma se lee en cómo trata los cuerpos. Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock (1987) distinguieron tres cuerpos, el individual, el social y el político, y el de Maricarmen los reúne: una mujer de 87 años con movilidad reducida, un barrio que la rodeó y un debate de Estado que se libró sobre ella.

Maricarmen llegó al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, un sexto piso de unos 90 metros cuadrados en Retiro, cuando su padre firmó el contrato de alquiler, el 3 de septiembre de 1956. Su madre no pudo figurar como arrendataria: la ley franquista no se lo permitía. Maricarmen, nacida en noviembre de 1938, tenía 17 años. Allí vivió casi toda su vida. El contrato se subrogó a su madre tras la muerte del padre, en 1960 según El País y en 1961 según El Español, y a ella misma en 2005, cuando falleció la madre. Pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre renta y gastos; las fuentes no coinciden en cuánto era la renta estricta, que aparece entre 200 y 440 euros. Era un contrato que todo el mundo —incluida ella, según su abogada, Beatriz Duro— daba por blindado.

El 28 de junio de 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una empresa inmobiliaria con sedes en Madrid y Valladolid, adquirió el piso (no el edificio entero) y le ofreció venderlo a Maricarmen por unos 250.000 euros, que ella no tenía. Durante dos años nada cambió. En 2020, la empresa le comunicó que debía abandonar la vivienda: consideraba que la segunda subrogación solo había durado dos años, el límite que fija la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65%. A Maricarmen se le reconocía un 50%, quince puntos por debajo. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid le dio la razón el 27 de enero de 2022. La Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia el 30 de junio de 2022 y declaró extinguido el contrato, y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación por auto de 13 de diciembre de 2023, que dejó firme la resolución. Setenta años después de que su madre no pudiera firmar el contrato, una ley democrática, la de 1994, volvía a decidir quién tenía derecho a quedarse.

Entre lo que dice la ley y lo que una comunidad considera justo existe una distancia que las ciencias sociales conocen como economía moral. E. P. Thompson la describió en las multitudes inglesas del siglo XVIII y James Scott en el campesinado del sudeste asiático: en ambos casos la gente defendía un derecho de subsistencia que ninguna norma escrita le reconocía. El derecho a quedarse en la casa donde se han vivido setenta años pertenece a esa familia, y por eso el fallo judicial no cerró el conflicto: lo llevó a la calle.

Lo que vino después fue un pulso de casi un año: cuatro intentos de desahucio. Los tres primeros, en otoño de 2025 y en dos ocasiones durante junio de 2026, se suspendieron por movilización vecinal y presión del Sindicato de Inquilinas; entre medias, la ONU pidió frenar los lanzamientos. En 2024, Urbagestión le había notificado una subida del 275% sobre su renta, hasta 1.650 euros mensuales, que presentó como una oferta por debajo de los 2.650 a los que, según la empresa, se alquilaban ya otros pisos reformados del bloque; según Público, llegó a plantear esos 2.650 euros una vez recuperada la vivienda. Urbagestión asegura que ofreció una renta bonificada entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado. La pensión de Maricarmen rondaba los 1.400 euros, aunque los medios la sitúan entre 1.300 y 1.450, de modo que incluso 1.650 euros la superaban.

El 23 de septiembre de 2026, hacia las 13:00, la comisión judicial ejecutó el desahucio. Cientos de personas habían pasado la noche en la calle para intentar frenarlo. Maricarmen salió del edificio en silla de ruedas, la subieron a una camilla y los sanitarios del Samur la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón, ante los cientos de personas concentradas frente al inmueble. Nunca volvió a casa. Sus pertenencias quedaron dentro del piso: no tuvo tiempo de recogerlas. Falleció el 7 de octubre.

Desde los días siguientes al desahucio, parte de la derecha la convirtió en diana. El concejal de Vivienda del PP en Benalmádena, José Luis Bergillos, la llamó puta sinvergüenza con miles de euros en el banco durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda. Ocurrió el mismo día en que Maricarmen murió. Bergillos pidió después sinceras disculpas, admitió un grave error y explicó que su intención era denunciar el uso partidista del problema. Lo de los miles de euros carece de pruebas: el bulo concreto hablaba de 250.000 euros en el banco y de acciones de BBVA, Santander y Telefónica; la abogada de Maricarmen lo calificó de mentiras ante Newtral, y Maldita.es advierte de que circula sin evidencia. Además, su patrimonio, su pensión, su pasado laboral, su trato con los vecinos y hasta un vídeo en el que aparecía caminando se usaron para cuestionar su relato; el vídeo era de octubre de 2025, según Newtral. Circularon bulos sobre una segunda residencia en la playa y sobre comidas en restaurantes caros. Un titular de Voz.us la presentó como la privilegiada anciana que el Gobierno utilizaba para intervenir el mercado de la vivienda. El 29 de septiembre, El Confidencial publicó una columna de opinión titulada Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo), que sostenía que se había aprovechado de otro sin tener derecho a ello; la propia Audiencia Provincial, sin embargo, constató que Maricarmen siguió pagando la renta y viviendo en el piso. El 25 de septiembre, el espacio Objetivo directo de The Objective se tituló La farsa de Maricarmen y se preguntó si había detrás una operación psicológica; según El Boletín, Roberto Vaquero sostuvo, sin pruebas, que a Maricarmen le han prometido algo.

No fue un episodio aislado. El 27 de septiembre, la cuenta oficial de Vox en X escribió: toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa, y el 7 de octubre el portavoz de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, repitió la fórmula. El portavoz de IU en Benalmádena, Enrique Pablo Centella, que abandonó la reunión en protesta, dijo que no entiende cómo Bergillos ha podido comprar los bulos de la extrema derecha.

Un análisis publicado el 8 de octubre por Marcelino Madrigal sobre casi 13.500 publicaciones en X, TikTok, YouTube y Telegram concluye que hubo una ofensiva contra Maricarmen, pero sin plan detrás: ni granjas de bots ni mensajes copiados en masa, sino creadores con mucha audiencia que contaron la misma historia, cada uno en su red. A su juicio, pesaron más esos creadores que las declaraciones de los partidos. Según su recuento, el alcance se concentró en pocas manos: en X, tres tuits reunieron dos tercios de las visualizaciones hostiles.

Entre los argumentos que más se repitieron, según ese mismo análisis, estaba que Maricarmen pagaba poco, que vivía en un barrio caro y que debería haberse comprado una casa. La acusación da por hecho que el valor de un barrio pertenece a quien compra sus edificios. Los estudios urbanos y la antropología sostienen que ese valor lo produce en buena medida quien lo habita. Jane Jacobs mostró en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961) que lo que hace segura y deseable una calle, los ojos en la calle de vecinos y comerciantes que se conocen, lo sostienen quienes la habitan y la usan a diario. Henri Lefebvre distinguió en El derecho a la ciudad (1968) el valor de uso, el de quienes viven un lugar, del valor de cambio, el que fija el mercado. Neil Smith llamó en 1979 rent gap, brecha de renta, a la diferencia entre la renta del suelo que un solar rinde con su uso actual y la que rendiría con su mejor uso posible. Aplicada por analogía a este caso, la brecha separa un alquiler de unos 500 euros de los 2.650 a los que, según Urbagestión, se alquilaban otros pisos reformados del bloque, o de los entre 1.980 y 2.300 euros que estimaba Idealista para un piso equivalente, sin que haga falta atribuir intenciones a nadie. La ley de 1994 limitó las subrogaciones de las rentas antiguas con vistas a su extinción, y el argumento de la propiedad, que no tiene por qué subvencionar a un inquilino, tiene peso jurídico. La antropología pregunta otra cosa: de dónde sale el valor que se cobra. Mindy Fullilove, psiquiatra, llamó root shock al trauma de arrancar a una comunidad de su barrio, y el psicólogo Marc Fried describió en 1963 el duelo de los vecinos del West End de Boston realojados por una renovación urbana, comparable al de perder a una persona querida. Que tres intentos de desahucio se frenaran por movilización vecinal indica que ese tejido existía y tenía valor.

El ataque tiene una particularidad: apunta a la edad. La columna de El Confidencial lo formula sin rodeos: reconoce que tiene 87 años y que la sacan de su casa, pero sostiene que no siempre ha tenido 87 años. La vejez, que en algunas sociedades funciona como un escudo moral, se trata aquí como un dato que no cuenta. Simone de Beauvoir escribió en La vejez (1970) que la sociedad trata a los viejos como una especie extraña y consigue que nadie vea en ellos a sus semejantes, y escribió el libro para quebrar la conspiración del silencio. Susan Sontag mostró en 1972, en The Double Standard of Aging, que envejecer penaliza más a las mujeres que a los hombres; el insulto de Bergillos suma al desprecio por la edad un descrédito sexual.

La antropología encuentra respeto a los mayores en unas sociedades y abandono en otras, y esa variación ayuda a entender el ataque. Leo Simmons comparó en 1945 el trato a los ancianos en 71 sociedades y halló que su prestigio crecía donde conservaban derechos de propiedad e influencia en el gobierno, y caía con el clima duro. Igor Kopytoff sostuvo en 1971 que, en muchas sociedades africanas, los ancianos vivos y los ancestros muertos forman una misma categoría, de modo que el respeto al mayor y el culto al antepasado son una misma línea; la tesis ha sido discutida por otros africanistas. Una sociedad que corta esa línea y ve en los mayores un obstáculo vivo en lugar de futuros ancestros queda más libre para atacarlos.

La escasez hace el resto. Robert Binstock analizó en 1983, en The Aged as Scapegoat, cómo el discurso público pasa de ver a los mayores como un colectivo necesitado y merecedor de ayuda a señalarlos como responsables de las dificultades de otros grupos. René Girard explicó el mecanismo en El chivo expiatorio: una sociedad en crisis descarga su malestar sobre una víctima unánimemente señalada, a la que atribuye la culpa y que lleva marcas que la hacen parecer diferente, como la pertenencia a una minoría, la enfermedad o la debilidad. En un país donde la emancipación media llega a los 30 años, una anciana con un alquiler de 500 euros en Retiro resulta una figura útil: encarna el privilegio de quien llegó a tiempo y recibe un malestar que no encuentra otro destinatario. Aplicada entre generaciones, la lógica del don de Marcel Mauss (dar, recibir, devolver) convierte a los mayores en acreedores de una deuda que los jóvenes pueden preferir no reconocer. Maricarmen nació en plena guerra civil y pertenece a la generación que vivió la posguerra y el desarrollismo, la que suele decirse que levantó el país. Atacarla puede romper simbólicamente la cadena que permite a los jóvenes reclamar, a su vez, que se les devuelva algo; por eso importa que entre quienes salieron a defenderla hubiera tantos jóvenes.

La muerte de Maricarmen desencadenó una disputa sobre la vivienda y otra sobre cómo debía ser llorada. El 8 de octubre, el PP rechazó un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid con el argumento de que no iba a contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada; Más Madrid y PSOE lo guardaron en el atrio. En las Cortes de Aragón, PP y Vox votaron en contra de la propuesta, y en el pleno del Ayuntamiento de Madrid sus concejales permanecieron sentados mientras la oposición guardaba el minuto. La negativa puede leerse como una disputa sobre quién tiene derecho a definir qué significa esa muerte. En el marco del conflicto, un minuto de silencio podía interpretarse como el reconocimiento público de que aquella muerte no era un hecho privado, sino el desenlace de un conflicto político y social. Judith Butler preguntó en Marcos de guerra, a propósito de las guerras recientes, qué vidas merecen duelo público, y Katherine Verdery estudió en The Political Lives of Dead Bodies (1999), a propósito de las reinhumaciones postsocialistas, por qué los cuerpos muertos resultan símbolos políticos tan eficaces. El cuerpo de Maricarmen entró en esa disputa desde el día de su muerte.

Conviene mirar de frente un paralelismo, con los términos bien separados: el asesinato terrorista y un desahucio son hechos distintos, y lo que se compara es la operación política sobre la memoria de las víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995, ha construido su trayectoria pública sobre una premisa incómoda para todos: las víctimas no pertenecen a ningún partido. Ha criticado al PP por instrumentalizar el dolor de las suyas y ha dicho que todos los partidos las han usado, aunque unos más que otros; ha pedido que dejen en paz a las víctimas. Su argumento, tal como lo leo, sostiene que el homenaje que convierte a las víctimas en munición electoral las traiciona.

Aplicado a Maricarmen, la frontera exige distinguir tres operaciones. Una cosa es inventarle una biografía para destruirla —miles de euros en el banco— y otra insultarla: Morocarmen, puta sinvergüenza, jeta. La primera operación es una falsificación; la segunda, un descrédito moral que produce un efecto semejante: desplazar la atención desde las condiciones del desahucio hacia la conducta de la propia Maricarmen. Y otra muy distinta es recoger las palabras que ella misma dejó en un vídeo que el Sindicato de Inquilinas difundió desde el Gregorio Marañón: no he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. La tercera es una herencia. La frontera entre las dos primeras operaciones y la tercera la traza la verificación, y esa frontera es exactamente lo que está en juego cuando una sociedad decide cómo recordar a sus muertos.

Comprobar este caso es más difícil de lo que parece, y la dificultad forma parte de la historia. La renta estricta de Maricarmen aparece entre 200 y 440 euros según el medio; su pensión, entre 1.300 y 1.450; el padre murió en 1960 o en 1961; la subida que le notificó la empresa fue de 1.650 o de 2.650 euros, y no siempre en el mismo orden; y Urbagestión es un fondo inmobiliario para unos y una micropyme para otros. Algunas diferencias se explican por lo que se mide, como la renta con o sin gastos. Otras parecen simples errores de redacción. Otras vienen de la etiqueta, porque fondo buitre y micropyme describen dos relatos y no la misma empresa. Y unas pocas son bulos, como los 250.000 euros del banco. El análisis de Madrigal sugiere que ese ruido no necesita un plan: basta con que la atención se pueda convertir en dinero. No todos los medios participan en él; Newtral y Maldita.es dedicaron piezas enteras a desmontar los bulos sobre Maricarmen. Pero cuando cada cifra se usa como arma, comprobar cada dato es un acto político.

El ruido también cumple una función social. Max Gluckman sostuvo en 1963 que el chisme y el escándalo mantienen la unidad y los valores de un grupo, y que participar en ellos es un deber de pertenencia; Norbert Elias y John Scotson (1965) mostraron que el elogio de los establecidos y la deshonra de los forasteros se construyen con ese mismo material. Leída así, la ofensiva contra Maricarmen traza una frontera sobre quién forma parte de quienes merecen casa.

Ese descrédito tiene nombre en las ciencias sociales: culpabilizar a la víctima, como la popularizó William Ryan (1971). Convierte un problema estructural en una falta moral individual. Johan Galtung acuñó en 1969 el concepto de violencia estructural y Paul Farmer lo llevó a la antropología para nombrar lo que ese desplazamiento oculta, y Erving Goffman describió en Estigma (1963) el atributo profundamente desacreditador que deteriora la identidad social de quien lo lleva, algo que ya vimos en El rostro que se nos exige. Si Maricarmen era una jeta o una sinvergüenza, el desahucio deja de ser una violencia sistémica y pasa a ser una consecuencia justa de su conducta. El problema pasa a ser ella, y no el mercado de alquiler ni la especulación. Ese gesto se volvió contra quien lo practicó cuando Maricarmen murió: la insultaron el mismo día de su muerte, y la comparación entre el insulto y un cuerpo ya sin vida resultó demasiado obscena para pasar desapercibida.

El lunes 28 de septiembre, tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y de Urbagestión, con la mediación de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid, se alcanzó un acuerdo, a partir de una fórmula que la empresa había planteado el 25: un contrato de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. La cantidad exacta estaba pendiente de documentación, y su abogada la calculaba aproximadamente similar a la que pagaba antes; la calificó de histórico y lamentó que llegara tarde. Maricarmen, que no pudo participar en la reunión por seguir ingresada, lo aceptó el martes 29 desde el hospital y volvería a casa al recibir el alta. El programa municipal le ofrecía asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal, y aseguraba a la propiedad contra el impago. El Ayuntamiento sostiene que la había acompañado a través de servicios sociales y que le ofreció un alojamiento alternativo sin coste en una residencia municipal. El 2 de octubre Urbagestión firmó el contrato y entregó las llaves; Maricarmen debía firmar su parte el 8 de octubre, un día después de morir.

Mientras tanto, la movilización tenía vida propia. El sábado 26 de septiembre, una marcha desde la Puerta del Sol hasta el Congreso, bajo el lema Ni una Maricarmen más, dio paso a la acampada. El Sindicato de Inquilinas pedía la aprobación íntegra de lo que llamaba decreto Maricarmen, con renovación automática de los contratos, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. El 1 de octubre, el Congreso rechazó los dos reales decretos de vivienda del Gobierno, conocidos como decretos Maricarmen. El sábado 3, el Sindicato de Inquilinas convocó manifestaciones en más de cincuenta ciudades bajo el lema Hacia la huelga general por la vivienda. En Madrid, la Delegación del Gobierno contó 70.000 personas y los organizadores 500.000. En Valencia, la marcha terminó con disturbios ante el Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria: nueve policías nacionales heridos, una persona detenida y pelotas de goma lanzadas por los antidisturbios. La manifestación de Barcelona se aplazó por la lluvia y se celebró el lunes 5: la Guardia Urbana contó 20.000 personas, los organizadores 120.000, y acabó con cargas policiales y contenedores quemados. En Málaga, Granada, Zaragoza, Cádiz, Santander y Palma salieron a la calle miles de personas. Ese mismo sábado, unos 400 ultras, según la Delegación del Gobierno, convocados por el grupo Indignados por España, intentaron llegar a la acampada de Sol y la policía los frenó en la calle de Alcalá; en Oviedo, la acampada denunció agresiones verbales y un encontronazo con un grupúsculo fascista.

En las marchas convivieron personas de varias generaciones: junto a los acampados veinteañeros que no pueden emanciparse —la edad media de emancipación en España era de 30,0 años en 2024, según Eurostat, frente a 26,2 en la UE— estaban vecinos jubilados que llevan décadas en el mismo barrio. El cántico que el movimiento adoptó, Maricarmen no estás sola, funcionaba en ambas direcciones: la juventud defendía a la octogenaria, y la octogenaria se había convertido en el rostro de un problema que la juventud reconoce como propio. El marco de una guerra entre generaciones por los recursos públicos, pensiones frente a salarios y mayores frente a jóvenes, se topó con una acampada donde la reivindicación era compartida.

La frase de Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, resume el cambio de tono: ocho días de poder popular han hecho más que ocho años de Gobierno progresista. El movimiento dejó de pedir y empezó a exigir. La acampada de la Puerta del Sol se mantuvo, ya como espacio autónomo tras la retirada parcial del Sindicato. El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Y el 7 de octubre, CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos acordaron convocar una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre, la primera respaldada por CCOO y UGT desde 2012.

El Sindicato de Inquilinas anunció su muerte en un comunicado que firmaron también su familia y su abogada. Reconocía que se había logrado un acuerdo histórico para que volviera a su vivienda, pero que la solución llegó demasiado tarde: una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante. El texto sostiene que lo ocurrido supone un antes y un después y que el coste para llegar hasta ahí ha sido demasiado alto.

La frase de Maricarmen sobre luchar por la casa de los demás ya funciona como consigna. El Sindicato de Inquilinas citó además otra petición suya, que según el comunicado ella les repetía siempre: luchad, seguid luchando por lo que es vuestro.

Hay una ironía amarga en el arco de este caso. El acuerdo que le habría permitido volver a casa se cerró el 28 de septiembre y las llaves se entregaron el 2 de octubre. Ella murió el 7, un día antes de la fecha prevista para firmar. En medio, su cuerpo estuvo catorce días en una cama de hospital, separado del piso donde había vivido setenta años. Ese intervalo, entre la solución sobre el papel y la muerte real, es el espacio donde habita la crítica más dura: el sistema encontró una salida técnica, pero no llegó a tiempo para la persona. Y en ese desfase, la vivienda dejó de ser un problema de políticas públicas para convertirse en una cuestión de vida o muerte.

Para la antropología, el caso ofrece un objeto de estudio casi de laboratorio: cómo un cuerpo anciano, sacado en camilla y luego insultado, se convierte en el punto de condensación de una crisis estructural. Es lo que Victor Turner llamó un símbolo dominante, una categoría que formuló para los símbolos rituales y que aquí se extiende a un hecho político: un símbolo que condensa significados dispersos y une un polo sensorial, aquí un cuerpo anciano sacado en camilla, con un polo ideológico, el derecho a la vivienda. Turner describió también el drama social: una ruptura de la norma, una crisis que se extiende, un intento de reparación y, al final, una reintegración o una escisión. El caso sigue ese guion. La ruptura es el lanzamiento; la crisis, las acampadas, los decretos tumbados y las elecciones; la reparación, el acuerdo del 28 de septiembre, llegó tarde; y la reintegración o la escisión queda abierta. Maricarmen no eligió ser símbolo. La hicieron símbolo quienes la desahuciaron y quienes se burlaron de ella. Pero en el proceso, su biografía —setenta años en un sexto piso de Retiro, un contrato de 1956, una pensión de en torno a 1.400 euros frente a un alquiler que la empresa planteó, según las fuentes, entre 1.650 y 2.650 euros— se convirtió en el retrato de un país donde vivir donde siempre has vivido ya no está garantizado por nada.