Contra la libre circulación de ideas

Hay una ironía histórica que duele: Miguel de Cervantes —un hombre perseguido por la justicia, cautivo, herido de guerra y burócrata fracasado que escribió la mayor obra sobre la libertad de la imaginación—, el del Quijote que ridiculiza la pureza de sangre y la ortodoxia eclesiástica, es hoy blandido como icono rancio por sectores que detestarían al personaje real. Mientras, el Instituto Cervantes difunde una lengua que hablan casi 520 millones de personas, un hecho de diversidad que ciertos discursos reducen a emblema de pureza identitaria. Se celebra el idioma mientras se mira con recelo la creación disidente que produce. Se invoca al autor del Quijote para defender una españolidad esencialista que su obra desmonta piedra a piedra.

Esta contradicción es solo el síntoma de una enfermedad más profunda. Bajo la retórica de la democratización y la soberanía cultural, los sucesivos gobiernos —también el actual— han profundizado una burocratización creciente y una canalización del acceso a la cultura. El resultado es una brecha perversa: o entras por los canales oficiales —y aceptas sus condiciones— o tu voz queda marginalizada.

El caso paradigmático es el libro y su DNI: el ISBN. No es obligatorio por ley, y ese es precisamente el señuelo. Lo que debería ser un mero trámite se ha convertido en un peaje económico —45 euros para el autor que autopublica un solo título, aunque las editoriales con prefijo lo diluyan hasta 3 o 5 euros por libro— que golpea con más dureza a quien publica solo, sin estructura. Y no siempre fue así: hasta 2010 el Estado lo gestionaba de forma gratuita; ese año se privatizó su gestión, que desde 2015 recae por completo en la Federación de Gremios de Editores, una patronal privada. Pero el efecto es el mismo: sin ISBN, tu libro no entra en el circuito comercial, no lo piden las librerías, no lo catalogan las bibliotecas, no lo lista Amazon. El sistema no nació para excluir: nació para coordinar un sector fragmentado, y en esa función es eficaz. Pero la eficiencia distributiva tiene un coste que nadie decidió explícitamente: no hace falta prohibir nada. Basta con que todo el sector funcione exclusivamente con ese código. Pero el cerco no termina ahí. Para ser visible, hay que subir los datos y metadatos de tus publicaciones a DILVE, la plaza mayor digital donde el sector entero —libreros, distribuidores, bibliotecas— consulta qué existe y qué no. No es una obligación legal; es algo más eficaz. Es el punto de paso de facto: lo que no está en DILVE es invisible para el circuito comercial. La distinción entre obligación legal y necesidad práctica es la coartada perfecta del sistema: nadie te obliga, pero si no pasas, desapareces. Libreros saturados la usan como radar. Lo que no está ahí es un fantasma sin código de barras. Se confunde deliberadamente la cultura con su comercio.

DILVE no vende ideas, vende ejemplares. Reduce el libro a una ficha técnica con precio y etiquetas. Es el triunfo de la logística sobre el contenido. Quien habla de soberanía cultural frente a los gigantes tecnológicos replica su modelo más perverso: crear un guardián único del acceso. Es el algoritmo rojo: una herramienta de presunta transparencia que, sin embargo, ejerce un monopolio de la visibilidad. La paradoja es perfecta: para resistirte al mercado global, debes someterte al catálogo del sistema.

Mientras, ese mismo Estado actúa hacia el exterior como un vendedor ambulante de clichés. La Marca España reduce siglos de historia compleja a iconos vacíos: sol y playa, jamón o flamenco de postín. Se cosifica lo propio para el consumo rápido del turista. Este relato mercantilizado rebota y empobrece la autopercepción nacional. Los proyectos culturales que no encajan en ese branding tienen más difícil conseguir apoyos. ¿Para qué subvencionar un teatro contemporáneo crítico si se puede financiar un tablao oficial? —dejando fuera, claro, el flamenco de riesgo que sobrevive en los márgenes—. Así, España actúa contra España: asfixia su presente creativo con burocracia y canoniza una caricatura de su pasado para exportación. Vende producto, no crea identidad.

Este doble movimiento —asfixia burocrática interna, mercantilización externa— no es una singularidad española. En Hungría o en Egipto el mecanismo cambia de forma —un oligopolio editorial afín, una autoridad religiosa con potestad de confiscación—, pero no de lógica: no hace falta prohibir, basta con decidir quién recibe ayudas, quién aparece en las listas de lecturas, quién tiene acceso a los canales de distribución. La tecnología del control se adapta al régimen político; el gesto de fondo es el mismo.

Frente a este doble cerco —burocrático por dentro, mercantil por fuera— la resistencia es subterránea y frágil, pero real. En los márgenes, centenares de fanzines al año circulan en fotocopias y PDFs, una economía de trueque y comunidad que rechaza entrar en ningún mercado. Editoriales independientes sobreviven con tiradas de 500 a 2000 ejemplares, gracias a suscripciones, ferias nicho y una red de librerías especializadas. Su viabilidad no se mide en beneficios, sino en influencia cultural y construcción de comunidad. Son un correctivo necesario al monopolio de los grandes grupos y a la canalización estatal. Demuestran que otra circulación es posible, aunque a escala humana y con enorme esfuerzo.

Pero el Estado sigue apostando por su modelo de ciudadano cultural ideal: aquel que consume en sus plataformas, asiste a eventos subvencionados y repite los eslóganes de la marca. La realidad, sin embargo, es plural: está quien piratea libros porque no puede pagarlos, quien solo puede leer en bibliotecas, el artista que organiza ferias alternativas, el youtuber que genera más debate que un canal público, el turista que huye de los lugares oficiales buscando autenticidad. Esta brecha entre el modelo impuesto y la realidad viva deslegitima por completo las políticas culturales. Se revelan como lo que son: instrumentos de control y propaganda.

Este patrón de control, sin embargo, no es exclusivo del libro. Se replica en la financiación de medios, donde la publicidad oficial traza un mapa de la lealtad; en los requisitos kafkianos para acceder a subvenciones públicas, que solo una industria cultural profesionalizada y bien conectada puede navegar; o en la patrimonialización de la cultura popular, que congela tradiciones vivas en espectáculos para folletos turísticos. En cada caso, el mecanismo es el mismo: se sustituye el ecosistema por el circuito oficial, y se confunde la vitalidad con la viabilidad administrativa. Detrás de ello hay una sustitución muy concreta: decisiones políticas —qué se financia y qué no— se toman con criterios de marketing, y se presentan como gestión neutral. La cultura, reducida a contenido, deja de ser un espacio de interrogación para convertirse en un activo de la Marca España. La pregunta ya no es ¿qué nos dice esto? sino ¿cómo lo vendemos?

Esta pulsión por controlar el flujo de las ideas es tan antigua como el poder organizado. Los emperadores Qin en la China del siglo III a.C. unificaron la escritura y ordenaron la quema de libros de escuelas de pensamiento rivales, enterrando vivos a sus estudiosos. El Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia Católica, vigente durante cuatro siglos, listaba títulos y, además, diseñó un sistema de permisos, censura previa y expurgación que moldeó el pensamiento europeo. Estos no eran actos de barbarie irracional, sino políticas de ingeniería cultural: la estandarización forzosa como herramienta de gobierno. La antropología nos recuerda que los primeros Estados recaudaban impuestos y estandarizaban pesos, medidas y, crucialmente, lenguas y relatos. Esta pulsión no es neutral culturalmente: la antropología política ha mostrado que la “legibilidad” —la capacidad de un Estado para ver y contar a su población— se perfeccionó primero en la administración colonial, con censos étnicos, catastros y lenguas francas impuestas sobre la diversidad local, antes de volverse hacia dentro. El ISBN y DILVE aplican esa misma lógica a la cultura propia: reducen la diversidad editorial a un código legible para el aparato administrativo, exactamente como el catastro colonial reducía la tierra comunal a parcela fiscal. Es un colonialismo interno que ya no distingue entre metrópoli y periferia, porque toda cultura no registrada es hoy la nueva periferia. El poder siempre ha buscado fijar el canon, convertir el flujo vivo de la cultura en un patrimonio administrable.

Pero este mecanismo de registro posee un reverso tenebroso que la historia conoce bien. Ahí está la Aktion wider den undeutschen Geist de los nazis, que usó listas de editores para alimentar sus hogueras con libros de Heine, Mann o Freud en 1933. Y ahí está también la quema de la biblioteca del Ateneo Riojano en Logroño en julio de 1936. La quema de libros no empieza con las llamas, sino con el registro. Primero se cataloga, se identifica, se localiza. Luego, se puede destruir. La inmensa mayoría de catálogos nunca se convierten en listas negras. Pero cuando un Estado centraliza el acceso y la visibilidad de la cultura, crea, sin buscarlo, el inventario que una lista negra necesitaría si algún día llegara a existir. La distancia entre un catálogo para libreros y una lista para la censura es, a veces, solo un cambio de gobierno, un pánico moral o un giro en la ortodoxia.

La pregunta, por tanto, ya no es solo si una cultura capaz de producir un Cervantes —es decir, una cultura de libertad imaginativa y crítica— puede existir sin esos márgenes. La pregunta es si alguna cultura viva —más allá de los eslóganes nacionales— puede florecer cuando el sistema secuestra los canales de circulación. Las bibliotecas de Alejandría, los scriptoria medievales, las editoriales clandestinas que desafiaron dictaduras, y los fanzines de hoy comparten un axioma: las ideas necesitan circuitos libres, no registros. El verdadero patrimonio cultural no es el canon fijado por un ministerio, sino la conversación incontrolable que sucede a su espalda. 

Un mundo donde solo se ve lo que el sistema decide registrar es un mundo donde, precisamente, nunca habrían encontrado editor los libros verdaderamente importantes. Allí, en ese peaje del ISBN y ese catálogo del que nadie te obliga a formar parte pero sin el cual no existes, los fantasmas son los libros que todavía creen en las ideas. Los demás ya tienen ficha técnica, precio y visibilidad homologada.