Sánchez y Feijóo encaran su duelo electoral más cruento

Un país patas arriba por el derecho a la vivienda. Ese es el contexto sobrevenido en la política española en el que se desarrolla ya la cuenta atrás para la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre. El desahucio hace dos semanas de Maricarmen (la mujer de 87 años que falleció este miércoles tras ser desalojada de su casa de toda la vida por los dueños de Urbagestión), supone un giro de guion drástico ante la que será, presumiblemente, la última batalla electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ya recrudece un combate que no ha hecho más que empezar.

La ola de protestas, movilizaciones y acampadas contra los desahucios y por el derecho a viviendas dignas que estalló en Madrid y que recorre el país de punta a punta afecta ya a la estrategia de los dos grandes partidos. Y, por el momento, con respuestas muy dispares. Para el PSOE, y para el conjunto de la izquierda, esa nueva conversación pública supone la oportunidad de poder resintonizar con una mayoría social que clama por una solución a uno de los principales problemas que tiene España. Una ciudadanía que también reprocha al Gobierno de coalición progresista su incapacidad para dar soluciones a la altura del problema.

Y por eso el reto que se propone Ferraz es transformar esa indignación en movilización para las urnas.

Enfrente, el Partido Popular se muestra visiblemente incómodo con el cambio de escenario. Aunque sus dirigentes afirman sentirse “cómodos” al debatir sobre vivienda, la realidad discursiva se impone. Los de Feijóo pasan de puntillas por el asunto, y este jueves, en un discurso ante la plana mayor nacional del partido, el líder, confirmado candidato, no mencionó expresamente a Maricarmen ni una sola vez, y apenas dedicó dos líneas a la vivienda.

El PP se afana en retornar a la agenda previa al desahucio de Maricarmen y su posterior fallecimiento, que ha descolocado al líder de la oposición. Feijóo pidió hace dos semanas “soluciones excepcionales” ante situaciones así. Luego, el PP unió sus votos a los de Vox y Junts para tumbar el decreto para recuperar la moratoria que esos mismos tres partidos habían tumbado a principios de 2026.

Cuando apenas han pasado 15 días del desahucio, el partido más votado ha boicoteado minutos de silencio por la anciana en Madrid, Aragón o Galicia, entre otros.

Este viernes, el jefe de campaña de Feijóo y lugarteniente, Miguel Tellado, ofreció su primera rueda de prensa. Preguntado expresamente sobre esas “soluciones excepcionales” que pedía su jefe de filas, el secretario general del PP optó por atacar al Gobierno y por plantear que el plan de su partido pasa por construir un millón de viviendas en cuatro años y aprobar una ley antiocupación. Ni una palabra sobre inquilinos vulnerables. Nada que decir a los cientos de miles de personas que se manifestaron hace una semana en varias ciudades de España.

En las plantas altas del edificio situado en el número 13 de la madrileña calle de Génova, los estrategas de Feijóo buscan cómo reconducir la agenda. O, al menos, cómo no dejarse arrastrar por una crecida social que amenaza convertirse en riada y que puede llevarse toda la campaña por delante.

La reacción del PP a la convocatoria electoral fue la de pedir la imputación del PSOE en el 'caso Leire', que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Pero ni la Fiscalía Anticorrupción (dirigida por el poco afín al Gobierno Javier Luzón) ni el propio juez creen que haya suficientes indicios todavía para hacerlo.

La otra pata de la estrategia del PP pasa por poner en duda la base del edificio institucional de toda democracia: el sistema electoral. No es una novedad. Feijóo ya lo hizo en 2006 en Galicia, y otra vez en 2023 en su primer embate con Sánchez en las urnas. Y vuelve ahora a sembrar la semilla de la desconfianza en el voto por correo de la mano de Isabel Díaz Ayuso, de Vox, de Alvise Pérez, de Iván Espinosa de los Monteros o de Iustitia Europea.

La panoplia de las derechas españolas ha recrudecido sus ataques a Correos mientras se mantiene la pugna judicial por la llamada 'ley de nietos', el proceso para nacionalizar a los descendientes de los exiliados por la dictadura franquista, quienes podrían votar. Feijóo ha llegado a pronunciar una de esas frases que, por buscar quedar bien con el colectivo de carteros, se le ha vuelto como un bumerán: He sido presidente de Correos. Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos“.

Esa serie de tropiezos consecutivos de la derecha en solo una semana, sumados al fracaso de Ayuso tras intentar que la Justicia levante la acampada de Sol, se interpretan en el PSOE como una prueba palmaria de que la convocatoria electoral anticipada anunciada el lunes al calor de la ola de protestas ha dejado al PP descolocado. “El bulo del voto por correo, y se les ve en la cara, es miedo a perder las elecciones”, dijo Pedro Sánchez en la entrevista en elDiario.es.

En el PSOE están convencidos de que no había otra ocasión como esta para intentar lo que todas las encuestas aún dibujan hoy como muy improbable, pero que hace apenas dos semanas era incluso implanteable: que la izquierda pueda remontar gracias a la activación de su electorado y esté en condiciones de dar, al menos, la pelea en las urnas.

Y a esa empresa se lanzan ahora con un mensaje que pretende acentuar la distancia entre los intereses de “la calle”, que prometen defender, frente a quienes “viven en aticazos” y votan en el Parlamento en contra de las políticas de vivienda.

El PSOE: huelga general y Boletín Oficial del Estado

El primer paso tras la disolución de las Cortes va justo en esa dirección. El Gobierno recuperó este martes en Consejo de Ministros las mismas medidas que derogaron los votos de las derechas la semana pasada en el Congreso. Dos decretos casi calcados, con alguna modificación de carácter técnico y formal. El primer de ellos ya está en vigor, y la Diputación Permanente lo convalidará en noviembre.

También ha empezado a producir efectos, y se han pospuesto algunos desahucios. En Barcelona, se ha aprobado un recargo del IBI a los pisos turísticos.

La idea es apurar el plazo de 30 días que recoge la ley para ratificar el decreto en el Congreso. Y que el debate parlamentario sobre políticas de vivienda se produzca a las puertas de la campaña electoral. Un momento estratégico que el PSOE quiere aprovechar para volver a retratar a las derechas en el 'no' a las medidas que demanda la calle.

Para ese debate, que se producirá en la Diputación Permanente, (el órgano de la cámara Baja que sustituye al Pleno fuera de los períodos de sesiones), el Gobierno ya tiene garantizado el apoyo del PNV al texto que contiene el grueso de las medidas. Y con ese 'sí', junto al respaldo de las izquierdas, será suficiente para convalidar la norma. Porque la argucia parlamentaria de los socialistas, cuya legalidad cuestionan PP y Vox, implica que las mismas medidas que tumbó el Pleno del Congreso puedan ser aprobadas esta vez por un órgano parlamentario en el que se ven alteradas las mayorías y en el que no resulta imprescindible el apoyo de Junts.

“Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones y mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura”, dijo Sánchez en elDiario.es sobre el “fraude de ley” que denuncia la derecha.

Cuestionado también por el fallecimiento de Maricarmen, el presidente del Gobierno extrema la cautela y pide no politizar el drama de la mujer de 87 años desahuciada en mitad de una ofensiva de la ultraderecha, que llega a insinuar que pudo ser asesinada por el PSOE, y también del PP, que acusa a Moncloa de intentar instrumentalizarla. “Siento pena, por supuesto. Tristeza. Y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor y es lo que hemos hecho, con la aprobación y esperemos la convalidación del decreto que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Maricarmen”.

Los socialistas piden también de puertas hacia adentro extremar esas cautelas para no cometer errores no forzados como el que muchos consideran que cometió esta semana la número dos del partido, María Jesús Montero, que dijo sin tapujos que, a su juicio, la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos era, por primera vez, “contra la oposición”. Opinan en Ferraz que un intento de patrimonialización descarado de ese paro masivo podría llegar a resultar contraproducente. Y por eso piden a sus cargos y portavoces que se limiten a poner el foco en el derecho constitucional que lo ampara y al compromiso con las políticas de vivienda para que sea hacia la derecha donde se vehicule el malestar de la calle.

Sí admiten en privado los socialistas, sin embargo, que esa huelga general es otra de las balas en la recámara de la izquierda en una cuenta atrás para las urnas que tienen todo el interés en que sea monotemática sobre vivienda. Y para ello cuentan, además, con la colaboración de CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios en clara sintonía con el Ejecutivo y que van de la mano del Sindicato de Inquilinas para la convocatoria. La fecha elegida también lo dice: 11 de noviembre. O lo que es lo mismo, que cuando esa huelga concluya faltarán solo 24 horas para el inicio oficial de la campaña.

El PP rechaza la huelga, que Tellado llama “electoral” en vez de general. Llamó a los sindicatos convocantes “apéndices” del Gobierno y sostuvo que la convocatoria “indica con claridad que ven venir el cambio” político que, dijo, ellos representan. El secretario general, fiel a su estilo, no pudo reprimir atacar a los convocantes. “Es curioso que en ocho años no hayan convocado ninguna protesta en España por la vivienda”, dijo. “Por fin han visto la luz”, ironizó.

En Génova quieren dar la sensación de que no les importa hablar de vivienda. Por eso, han anunciado que en los debates electorales que han propuesto (solo dos y en cadenas privadas, ya que no confían en la “neutralidad” de TVE) quieren un bloque íntegro sobre el asunto. “Me sorprende que crean que la vivienda es la palanca de la campaña”, sostienen en la dirección del PP. “Sí quieren que hablemos de la vivienda cada día de la campaña, aceptamos”, añaden.

Los hechos desmienten estas palabras. El PP centra todos y cada uno de sus discursos en alentar el miedo al 'pucherazo', sostener que el PSOE contrató a un grupo de narcotraficantes para asesinar a la jueza que encausó al hermano de Pedro Sánchez mientras mantienen con fuerza la tesis de la “invasión” de Ceuta por parte de personas migrantes.