Ponerse la pinza el 29N

Imaginemos la escena: domingo 29 de noviembre de 2026. Un elector entra en el colegio electoral, coge las papeletas, se encierra en la cabina y, antes de depositar el sobre, se tapa la nariz. El gesto parece una broma, pero condensa una experiencia política cada vez más reconocible: la de quien participa en una elección sin sentirse plenamente representado por ninguna de sus opciones. El voto sigue siendo un acto de voluntad, aunque a veces se ejerza contra la propia voluntad; sigue expresando una preferencia, aunque esa preferencia consista en evitar algo que se considera peor. En esas circunstancias, votar deja de ser únicamente una forma de elegir y se convierte también en una manera de conjurar una amenaza. El voto expresa y, a veces, exorciza.

Para comprender lo que revela ese gesto conviene abandonar por un momento el lenguaje de la ciencia política y acercarse a la antropología. Siguiendo el esquema de Arnold van Gennep (separación, margen y agregación), Victor Turner desarrolló la fase intermedia de los rituales de paso: el periodo en que el individuo queda apartado de su vida ordinaria antes de ser reincorporado a la sociedad. La liminalidad designa ese territorio intermedio en el que las posiciones habituales quedan temporalmente suspendidas y el individuo vive una experiencia que modifica o reafirma su estatus. Las elecciones presentan algunos rasgos de esa estructura ritual: se sale de la vida cotidiana, se acude a un espacio institucionalmente delimitado, se entra en una cabina, se realiza un acto secreto y se regresa a la vida social después de haber cumplido con una obligación cívica. La democracia moderna ha burocratizado el ritual, pero no ha eliminado su dimensión simbólica. Lo interesante comienza cuando el elector siente que el acto que debe realizar contradice la identidad política con la que desea seguir reconociéndose. Es entonces cuando aparece la necesidad de establecer una distancia entre la acción y quien la ejecuta, y la pinza se convierte en la representación imaginaria de esa distancia: lo que cambia es la relación del votante con su propio voto, y el voto queda intacto.

«Yo no soy exactamente esto que voto», parece decir quien se pone la pinza. La fórmula permite realizar una acción sin asumirla enteramente como expresión de la propia identidad. Para entender por qué funciona hay que recurrir a Mary Douglas, cuya antropología de la contaminación mostró que la suciedad no constituye únicamente una propiedad material de las cosas, sino que depende también de los sistemas de clasificación mediante los cuales una sociedad organiza su mundo. Algo se vuelve impuro cuando aparece fuera de lugar, cuando resulta anómalo dentro del orden de categorías que se considera necesario preservar. Desde esta perspectiva, votar a un partido que contradice las convicciones propias no es necesariamente una transgresión moral objetiva, pero puede experimentarse como una anomalía identitaria: «soy de izquierdas, pero voto a este partido»; «soy conservador, pero apoyo una opción que considero demasiado extrema». La contradicción reside en la relación entre lo que uno hace y lo que cree ser, más que en la papeleta. La pinza permite reconocer esa contradicción sin dejar que se convierta en una redefinición de la identidad. El elector acepta el contacto con aquello que considera impuro, pero establece simbólicamente una barrera para no reconocerse en ello.

La nariz adquiere así una función que va más allá de la metáfora. El olor pertenece a un registro corporal inmediato, difícil de reducir a una argumentación racional. Se puede discutir durante horas sobre un programa electoral, una ley o una coalición, pero decir que algo huele mal sitúa el juicio en otro plano: el de una repulsión que parece preceder a su justificación. La corrupción huele, los pactos contaminan, el adversario apesta. El lenguaje político se sirve del cuerpo para expresar aquello que no siempre consigue formular mediante conceptos. La pinza funciona como el guante que permite manipular una sustancia contaminada sin entrar en contacto directo con ella; hace posible relacionarse con la impureza preservando la ficción de una separación, aunque no la elimine. En ese sentido, el gesto no es tanto una declaración de rechazo al partido elegido como una declaración de distancia respecto a él. La pinza permite votar sin pertenecer y participar sin identificarse plenamente con aquello que hace posible la participación.

Esta operación simbólica adquiere especial relevancia en un contexto de acumulación de escándalos, investigaciones judiciales, crisis de gestión y conflictos institucionales. Aquí no interesa elaborar un inventario de acusaciones ni colocar todos los acontecimientos bajo una misma categoría moral: los procesos judiciales tienen estados distintos, las responsabilidades políticas no equivalen a las penales y una investigación no constituye una condena. Lo relevante es observar cómo la reiteración de controversias puede producir una percepción generalizada de contaminación, en la que la sospecha se extiende desde los casos concretos hasta las instituciones y los partidos en su conjunto. Cuando ninguna opción parece completamente limpia, la elección deja de plantearse como una oposición sencilla entre pureza e impureza y pasa a organizarse como una comparación entre males considerados de distinta magnitud. El elector busca una opción que pueda tolerar para impedir otra que juzga peor, y no necesariamente una con la que identificarse sin reservas. El mal menor adquiere así una dimensión casi sacrificial: se acepta una pérdida, una contradicción o una impureza para evitar aquello que se considera intolerable. La papeleta se convierte en un pharmakon (Platón, en el Fedro, y Derrida después), remedio y veneno al mismo tiempo, porque la opción que promete proteger al votante de un peligro puede ser también la que le obliga a renunciar parcialmente a sus preferencias.

La vivienda ofrece un ejemplo de cómo una cuestión material puede transformarse en una frontera de pertenencia política. Cuando las medidas sobre el acceso a la vivienda se convierten en motivo de confrontación entre el Gobierno y la oposición, el debate ya no se limita a la eficacia de las políticas públicas, sus costes o sus beneficiarios. También pasa a funcionar como una prueba de identidad: la posición que se adopta permite reconocer quién está de un lado y quién del otro. Algo parecido ocurre con las catástrofes y las crisis de gestión, que pueden convertirse en elementos de una memoria política compartida, aunque sus causas, responsabilidades y procedimientos de investigación sean diferentes. La DANA de Valencia, el accidente ferroviario de Adamuz, las consecuencias todavía presentes de la erupción de La Palma y los apagones o problemas de gestión que afectan a la vida cotidiana no constituyen una misma realidad ni admiten una atribución colectiva e indiferenciada de responsabilidad. Sin embargo, en la confrontación electoral pueden incorporarse a un relato general de desconfianza. La acumulación importa porque altera el marco desde el que se juzga cada acontecimiento: el ciudadano deja de interpretar cada episodio por separado y empieza a integrarlo en una imagen más amplia de las instituciones. La política se convierte entonces en una disputa por determinar quién representa la contaminación y quién puede presentarse como su remedio, incluso cuando ninguna de las partes logra escapar por completo de la sospecha.

En este contexto, la expresión «me puse la pinza y voté» cumple una función social precisa. Además de describir una decisión estratégica, permite narrarla de tal manera que la contradicción no destruya la identidad del individuo. Quien pronuncia esas palabras puede estar intentando demostrar que continúa siendo fiel a sus ideas, más que confesando una traición. La paradoja consiste en que la persona necesita explicar su distancia respecto al partido elegido precisamente porque desea reafirmar su pertenencia a una comunidad política. «He votado a los otros porque los míos no podían permitírselo», «lo he hecho para evitar algo peor», «no había otra opción»: estas justificaciones funcionan como relatos mediante los cuales el individuo vuelve inteligible su conducta ante sí mismo y ante los demás. La pinza no elimina la contradicción; la convierte en una experiencia socialmente comunicable. Al hacer pública su repulsión, el votante demuestra que reconoce la transgresión y que no pretende convertirla en una nueva identidad. El asco funciona así como marcador de pertenencia: no basta con votar, también puede resultar necesario explicar por qué el voto no expresa una adhesión completa. La pinza reafirma la frontera que el acto electoral parecía haber puesto en peligro.

Esta dimensión identitaria ayuda a comprender por qué la polarización, además de aumentar la hostilidad hacia el adversario, puede transformar la identidad propia en una relación de rechazo: el individuo aprende a definirse por aquello que no puede aceptar, tocar o tolerar. El otro deja de ser únicamente alguien con quien se discrepa y se convierte en una presencia que amenaza el orden moral del grupo. La política adquiere entonces una estructura de contaminación y purificación: se identifican elementos impuros, se vigilan las fronteras de pertenencia y se exige a los miembros de la comunidad que demuestren su lealtad. La pregunta «¿qué sociedad queremos?» pierde terreno frente a otra más urgente: «¿qué tenemos que impedir?». El adversario se transforma en una amenaza y la participación electoral adopta una lógica defensiva. El voto ya no se dirige exclusivamente hacia un proyecto, sino que se utiliza para cerrar el paso a un peligro percibido. La identidad política se construye menos mediante la afirmación de un horizonte compartido que mediante la delimitación de aquello que se considera intolerable.

La pinza puede entenderse también como una consecuencia de la estructura electoral, además de como una disposición psicológica del elector. En las elecciones al Congreso, el reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales mediante la fórmula prevista en la LOREG, con una barrera legal del tres por ciento de los votos válidos en cada circunscripción y el sistema de divisores sucesivos conocido como método D’Hondt. El número de escaños asignados a cada provincia condiciona las posibilidades de representación y hace que la relación entre votos y escaños varíe territorialmente. En las circunscripciones pequeñas, el umbral efectivo para obtener escaño es muy superior a esa barrera legal: con dos escaños en juego, más de un tercio de los votos garantiza uno. Allí la fragmentación del voto puede dificultar que determinadas candidaturas obtengan representación, aunque el efecto concreto depende de los resultados y de la distribución de los votos. De ahí que un elector pueda preferir una opción y acabar votando a otra por razones estratégicas. La contradicción que la pinza expresa como experiencia personal tiene, por tanto, una dimensión institucional: no siempre se vota a quien se prefiere, sino a quien se considera capaz de producir el resultado deseado. La pinza aparece también como una respuesta a las restricciones que el sistema impone a las preferencias individuales, además de como un mecanismo de defensa de la identidad.

Un ejemplo concreto de esa restricción puede observarse en la fragmentación de la izquierda de cara al 29-N. En 2023 Sumar agrupó a buena parte de ese espacio en una sola candidatura (cabe recordar que en 2023 la coalición fue Sumar, con marcas territoriales y socios distintos; no fue una lista idéntica en todas las provincias); en 2026, una parte importante se presenta bajo la marca Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns), mientras Podemos concurre por separado y en el Congreso solo ha cerrado listas conjuntas en Canarias (Drago quedó fuera), con Unidad del Pueblo Canario, y en la Comunitat Valenciana, con Compromís-Front Valencià (Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencià y ERPV). A eso se suman listas territoriales como Aramés-Front Ampli, en Baleares. En circunscripciones pequeñas —Soria elige dos diputados; Zamora, tres; La Rioja, cuatro—, Frente Amplio y Podemos van por separado, y esa dispersión puede llevar a que un votante que prefiere una de esas opciones acabe votando al PSOE para evitar que el último escaño caiga del lado del PP o Vox. En Teruel, que elige tres, CHA-Frente Amplio no se presenta al Congreso «para evitar la dispersión del voto» y concurre en el Senado en una candidatura conjunta con el PSOE. La pinza, aquí, tiene una explicación aritmética: la fabrica el sistema electoral.

Los partidos reproducen esa lógica cuando concentran candidaturas, negocian coaliciones o pactan con fuerzas que mantienen diferencias sustanciales con sus propios programas. El ciudadano puede votar para impedir que gobierne un bloque y descubrir después que su papeleta contribuye a una alianza que tampoco le satisface plenamente. La misma contradicción reaparece a escala institucional: el elector se tapa la nariz ante el partido al que vota y el partido puede hacerlo ante el socio con el que necesita gobernar. La política de pactos revela que la elección no termina cuando se introduce la papeleta; continúa en las negociaciones que traducen los resultados electorales en poder efectivo. La distancia entre las preferencias individuales y las decisiones posteriores puede alimentar la percepción de que el voto no expresa una voluntad clara, sino que participa en una cadena de compromisos cuyo resultado el ciudadano no controla por completo. La democracia representativa exige negociar, transigir y formar mayorías, pero cuando esas operaciones se perciben únicamente como una sucesión de renuncias, la negociación puede interpretarse como contaminación y el compromiso como una forma de impureza.

La sospecha añade otra dimensión a este escenario. En un entorno político polarizado, las denuncias, las actuaciones judiciales, las campañas de señalamiento y las controversias sobre la libertad de expresión pueden convertirse en elementos de una disputa más amplia por la legitimidad. El caso de ACOM y las denuncias de organizaciones profesionales de periodistas sobre actuaciones que consideran intimidatorias permiten examinar esta cuestión, siempre que se distingan los hechos documentados, las posiciones de las partes y las interpretaciones políticas. Entre los hechos documentados, en marzo de 2026 David Hatchwell, cofundador de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), presentó cuatro demandas de conciliación por presuntas injurias contra Silvia Intxaurrondo y Raquel Ejerique, junto a elDiario.es, medio en el que se publica esta columna; contra Inés Hernand, Eduardo Rubiño y Nadwa Abu-Ghazaleh, junto a Podium Prisa Podcast; contra Antonio Maestre y laSexta; y contra Pablo Padilla. ACOM las enmarcó en un «patrón sistemático» de acoso e incitación al odio. La FAPE concedió amparo a Maestre tras recibir un mensaje directo de ACOM que decía: «vete buscando un buen abogado, pero va a dar igual porque en España los criminales no tienen impunidad y vas a acabar en la cárcel», y lo calificó de «intolerable por su carácter intimidatorio». La APM, en un comunicado del 17 de marzo, rechazó «la utilización de querellas, demandas y otras actuaciones en los tribunales contra periodistas como una manera de amedrentar o coartar su libertad de expresión», aunque recordó que cualquier ciudadano u organización puede recurrir a los tribunales si se considera perjudicado, y evocó la directiva europea anti-SLAPP. En septiembre, un juzgado de Alcobendas archivó una querella de Hatchwell contra Maestre por presuntas injurias graves, calumnias y delito de odio. Son hechos documentados por las propias asociaciones profesionales; su interpretación política —si constituyen una estrategia coordinada de silenciamiento o el legítimo ejercicio del derecho a la tutela judicial— es objeto de disputa y no corresponde al antropólogo resolverla. Lo relevante, para el argumento, es que esa disputa existe y que el elector la incorpora a su desconfianza. No toda acción judicial constituye una estrategia de intimidación, del mismo modo que una denuncia pública no demuestra por sí sola todas las atribuciones que puedan acompañarla. Pero la propia disputa sobre qué puede decirse, quién intenta silenciar a quién y qué intereses hay detrás de cada intervención revela cómo la sospecha puede convertirse en una forma de relación política. Cuando los actores dejan de discutir solamente sobre hechos y empiezan a cuestionar sistemáticamente la legitimidad de quienes los interpretan, la desconfianza se vuelve una práctica social. Se buscan signos de contaminación, se atribuyen intenciones ocultas y se exige a cada individuo que demuestre de qué lado está. La sospecha deja de ser únicamente una conclusión a la que se llega después de examinar pruebas y se convierte también en un marco previo desde el que se reciben las noticias y se juzga a los adversarios.

La pinza permite observar cómo ese marco se incorpora a la vida cotidiana. El votante decide qué papeleta introduce en el sobre y necesita, además, elaborar una explicación que le permita convivir con su decisión. «Tuve que hacerlo», «era lo responsable»: mediante estas fórmulas, la persona reconstruye la coherencia entre sus actos y sus convicciones. El ritual no transforma necesariamente sus preferencias ni resuelve la contradicción política, pero le permite integrarla en su relato personal. Por eso alguien puede sentirse más fiel a sus ideas después de votar contra sus preferencias inmediatas: la contradicción sigue ahí, pero ha conseguido interpretarla como un sacrificio realizado en nombre de algo que considera más importante. La legitimidad subjetiva del acto procede de la papeleta y de la narración posterior que permite justificarla. La pinza es, en este sentido, un rito de reparación: el individuo cumple con el deber cívico y, al mismo tiempo, procura preservar la identidad que ese cumplimiento parece amenazar.

Hay un caso en el que la pinza deja de ser una metáfora para volverse literal: el voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente, el 10 de septiembre, su inscripción en el censo de residentes ausentes o los efectos electorales de esa inscripción, y el 12 de octubre mantuvo la suspensión cautelar para el 29-N. Afecta a más de 163.300 personas, aunque quienes acrediten con certificación consular que descienden de exiliados podrían quedar fuera de la restricción. El Defensor del Pueblo recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional lo inadmitió el 21 de octubre, por diez votos a dos, por razones procesales (prematuridad) y sin entrar en el fondo. El Supremo justificó su decisión en «preservar la corrección, claridad y transparencia de todo el proceso electoral». Con independencia de la corrección jurídica de esa decisión, ese lenguaje pertenece al registro de la purificación: se aparta del censo aquello que podría contaminarlo. La pinza, aquí, la pone la institución, y el elector afectado se queda sin papeleta.

La abstención plantea el reverso de esta operación. Si votar constituye una forma de integración en el ritual democrático, no participar puede interpretarse como una negativa a entrar en él. La abstención permite evitar la contradicción entre las convicciones propias y las opciones disponibles, pero también puede vivirse como una renuncia a intervenir en una decisión colectiva. Aparece así una tensión entre pureza e integración: votar puede obligar a aceptar una opción que no se desea, mientras que abstenerse puede dejar el resultado en manos de otros. La pinza ofrece una solución intermedia, aunque no resuelve el dilema de fondo: permite participar sin identificarse plenamente con la opción elegida. Cumplir sin pertenecer, aceptar el acto sin asumirlo como expresión completa de uno mismo. Esa es la operación simbólica que convierte una frase coloquial en algo más que una ocurrencia electoral.

Conviene, sin embargo, no confundir esta interpretación con una afirmación de que todos los votantes experimentan el sufragio de esa manera. La pinza es una metáfora disponible en la cultura política; no describe a todos los votantes. Hay ciudadanos que votan con entusiasmo y otros que deciden por razones programáticas. La utilidad antropológica de la metáfora está en mostrar una forma específica de gestionar la contradicción cuando el voto se vive como una amenaza para la identidad, y no en reducir toda conducta electoral al asco. Su interés reside en que permite estudiar cómo una sociedad expresa, mediante un gesto corporal imaginado, la distancia entre la obligación de participar y la dificultad de reconocerse en las alternativas disponibles.

Volvamos, entonces, a la escena inicial: la cabina, las papeletas, el sobre y la nariz. El gesto parece un chiste, pero contiene una teoría de la relación entre el individuo y la política. Expresa la percepción de una distancia entre quien se es y aquello que se está a punto de hacer; muestra cómo la identidad se construye a través de las preferencias que se afirman y también mediante los objetos y las conductas de los que se intenta mantener distancia. La pinza convierte la polarización en una experiencia corporal y la participación democrática en un acto que algunos ciudadanos necesitan ritualizar para poder reconocerse en él después.

Quizá los ciudadanos sigan atribuyendo a la política tanta importancia que se sienten obligados a votar contra aquello que consideran peor, incluso cuando ninguna opción coincide plenamente con sus convicciones. La pinza puede ser la señal de que el voto no consigue absorber por completo la identidad del votante. El individuo entra en la cabina con una imagen de sí mismo, realiza un acto que la contradice parcialmente y sale intentando restablecer la continuidad entre sus convicciones y su conducta. La nariz marca simbólicamente la frontera, la papeleta la cruza y la explicación posterior intenta repararla.

En ese sentido, el 29-N puede leerse como algo más que una elección entre partidos: como un ritual colectivo de gestión de la contaminación política. Unos votarán con la nariz tapada; otros lo harán para impedir que gobiernen sus adversarios; otros se abstendrán porque no encuentran una opción con la que puedan identificarse. Después, los partidos negociarán qué compromisos consideran aceptables para formar gobierno. La cuestión antropológica es qué dice de la sociedad que una parte de sus ciudadanos necesite imaginar una barrera protectora para realizar un acto fundamental de la vida democrática. Cuando ninguna papeleta parece suficientemente limpia, elegir deja de consistir exclusivamente en afirmar lo que se quiere y pasa a incluir la difícil tarea de decidir qué se está dispuesto a tolerar. La pinza se convierte así en algo más que una anécdota electoral: en una imagen de la distancia entre la participación política y la pertenencia, y entre el deber de elegir y la imposibilidad de reconocerse plenamente en lo elegido.