Vox intenta posicionarse ante el electorado andaluz con la proclama continua de que la inmigración irregular supone inseguridad y, en el pleno del Parlamento andaluz de este miércoles, ha dado un paso más: relacionarlo con el acceso al mercado inmobiliario. Pese a la tesis, las asociaciones por la vivienda y de derechos humanos tildan el debate de un “contrasentido” y, en todo caso, “de una operación de demagogia”.
Ante el hemiciclo, el diputado por Vox, Ricardo López Olea, declaró que las políticas de “efecto llamada” suponen la llegada de cientos de miles de personas que “suben los precios tanto para la compra como para el alquiler”. Citó los saldos migratorios recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, pero no aportó conclusiones, vivencias o comparaciones de precios del mercado. “No es ideología, sino aritmética pura”, sostuvo, “si faltan viviendas y aumentan de forma constante las personas que las necesitan”.
En su turno, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, no profundizó en la cuestión migratoria, sino que se desmarcó del debate aludiendo a la construcción progresiva de nueva vivienda que ha rechazado repetidamente el partido ultraconservador. “Para hablar de vivienda, primero tiene que apostar por la vivienda”, subrayó, recordando su oposición tanto en los presupuestos autonómicos como en la Ley de Vivienda recién aprobada por el Parlamento. “En el primer semestre de 2026 se entregarán 1.300 viviendas, y usted también está en desacuerdo, mientras que [el presidente Pedro] Sánchez sí está de acuerdo”, zanjó.
A tenor del debate producido en la casa del pueblo andaluz, cabe recordar que la autonomía cuenta, según el Censo de Población y Vivienda de 2021 del INE publicado en 2023, con un total de 4,6 millones de casas que representa el 2,4% a nivel nacional en un territorio que alberga 8 millones de personas. De ellas, hay 641.437 propiedades vacías, cifra que se ha incrementado un 13,7% desde 2011, siendo la comunidad a la cabeza y solo por delante de Galicia y la Comunidad Valenciana.
Por contra, el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior muestra que los hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles están a la baja. En vista de la última década, en 2014 se registraron 1.958, dato que creció paulatinamente hasta alcanzar el pico en el 2019, donde hubo 2.535. En el año de la pandemia, bajó a las 2.381 y, tanto en 2021 como en 2022, volvieron a superar las 2.500 infracciones. A partir de ese momento álgido, la estadística recoge un decrecimiento, respectivamente, 2.331, en 2023, y otras 2.207 a lo largo del año pasado.
El VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía advertía de la segregación que se está produciendo en la región a causa de las “dinámicas de precariedad y privación, cuando no incluso en riesgo de explotación y subordinación” que viven la comunidad migrante en los barrios donde reside. Andalucía, con una población de 8,5 millones de habitantes, alcanza el millón de personas de origen extranjero.
El crecimiento fue exponencial a comienzos del XXI, ya que se pasó de las 302.000 personas en el año 2002 a las 861.000 en el 2012. En cambio, ha habido una ralentización en la última década debido a que la población extranjera fue un 11% en el año 2022, situándose por debajo de la media española, que se encuentra en el 15,7%, y de comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares, donde se supera el 20%. Además, del porcentaje andaluz se extrae que un 8,07% corresponde a personas procedentes de países en vías de desarrollo y solo un 2,91% a países desarrollados.
De por sí, ya es un colectivo que se enfrenta a múltiples trabas en el sistema, como comenta Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla. “La migración ilegal y el problema de la vivienda no tienen sentido juntas, va en contra de la lógica y, aparte de un desconocimiento absoluto de la situación, esto es una operación de demagogia”, sentencia en conversación con este medio. La inflación del mercado, que deriva en unos precios desorbitados con varios flancos abiertos, como es la presión turística en la comunidad o la escasez de promoción de vivienda pública, buscan “una demanda solvente”.
“En gran medida, la inmigración ilegal no es una demanda solvente, por lo que no tiene capacidad para presionar los precios al alza, otra cuestión son las clases altas”, como ocurre con los inversores de terceros países. Un informe de CaixaBank Research mostraba que durante el año pasado el 8% de las compras de inmuebles fueron a parar en manos de extranjeros no residentes, es decir, casi una de cada diez casas. Una cifra que supone un 40% más que en 2019 y un 388% más que en 2006. Entre las localidades más afectadas, estaba Alicante, con un 35%, y Málaga, con un 28%, por delante de Baleares o Santa Cruz de Tenerife.
“La población migrante está excluida del mercado de la vivienda, por lo que no puede afectar negativamente a algo que no puedes acceder”, subraya Díaz, “y en cuanto a la ocupación, hay un intento por parte de la Junta de Andalucía, dentro de la formulación de la nueva ley de vivienda, de responsabilizar a los pobres de esta situación”. De hecho, critica que se realice una “criminalización de la pobreza” y la compra del argumentario a Vox por parte del PP andaluz.
Es más, el informe de ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda alerta de que el 65% de las personas extranjeras sufren estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios cuando intentan alquilar una residencia. Por tanto, se agranda la precariedad, ya que el 77,3% de la población migrante reside en régimen de alquiler frente al 13,4% de la población autóctona, según el INE. Una tesis que comparte la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) en el análisis Discriminación hacia la población migrante y las minorías étnicas en el acceso al alquiler residencial en Córdoba, de 2023.
Los estereotipos y prejuicios sobre este colectivo limitan su acceso a una residencia digna, por lo que se provoca un “efecto gueto” entre esta comunidad que termina alojándose en zonas concretas y apartadas por los obstáculos que presenta el mercado, sobre todo en el cono sur —indicaban un 40% de los encuestados—, pese a que su actividad laboral se encuentra en la mayoría de los casos en el centro de la urbe. Hay trato diferenciado por parte de las agencias inmobiliarias, constata la asociación, puesto que un 33% de los encuestados afirmaron que fueron rechazados por su nacionalidad y otro 33% por su aspecto o perfil étcnico en la ciudad gaditana.
Por otro lado, la APDHA trabaja en un nuevo estudio sobre el sistema de acogida y señalan que, a fecha de 15 de diciembre de 2024, el Ministerio de Interior reconocía que 32.189 personas lo usaban, mayormente, un 22% de origen ucraniano y un 18% de nacionalidad venezolana.
Fuentes de la entidad apuntan que “el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en un grave problema para muchos andaluces y andaluzas”, una cuestión “tan evidente” que la ultraderecha, “a quien nunca le ha preocupado este problema, sino que se ha beneficiado de esta situación, intenta ahora convencernos de que las personas migrantes son responsables de la crisis de la vivienda que nos sacude”. A la turisficación del territorio, principal caldo de cultivo, se le añaden múltiples factores, como la falta de alternativas, ausencia de promociones sociales y mercantilización de las propiedades, apuntan.
El colectivo se enfrenta a grandes dificultades, como mostraban en su informe, y más aquellas personas cuya situación administrativa aún no está regularizada en el país: “Dependen en la mayoría de los casos de redes de apoyo familiar o de otra índole que, no obstante, en muchos casos solo pueden ofrecerles una solución habitacional en condiciones temporales, precarias e, incluso, de hacinamiento”.
La organización Accem también pone su granito de arena y trabaja codo a codo con este grupo poblacional, ofreciendo programas de inserción laboral y formación en español, aparte de acompañamiento en todo el trámite de documentación con el propósito firme de conseguir su completa autonomía.
“La vivienda es un bien de primera necesidad y es la base para que una persona se integre de forma correcta, ya sea para descansar o asearse, por lo que el hecho de que falte es el primer motivo, y el más sangrante, de vulnerabilidad de una persona”, asevera Miguel Ángel Castillejo, técnico de Acogida de Accem en Málaga. La elección de los alquileres vacacionales, por su rentabilidad económica, crecen a un ritmo desenfrenado, más en ciudades como Málaga o Sevilla: “Tenemos problemas hasta para lograr pisos de acogida, pagando precios muy superiores al mercado”.
Castillejo sostiene que los “discursos de odio generan miedo a las personas que alquilan”, mas cuando se trata de familias con menores a su cargo porque existe la falsa creencia de que no se podrá desahuciar a los implicados ante una situación sostenida de impago. Pero, ¿qué ocurre cuando se cumplen con todos los requisitos? El técnico habla de casos reales: nómina de 1.900 euros, trabajo estable y regularizado, perteneciente así a la clase media-alta, dadas las circunstancias del empobrecimiento que sufre la sociedad española, “y no encuentran una vivienda o tienen dificultades para abrir una cuenta en un banco”.
En todo caso, afirma que la ocupación, aunque exista, “es una cuestión anecdótica en mi trabajo, si bien parece el mayor problema en el discurso popular cuando tenemos familias con trabajo y nóminas que no pueden vivir”. De lo que tiene constancia Accem es que, a lo largo del año pasado, hubo un total de 391 incidencias por discriminación, de las que un 18% estuvieron relacionadas con la vivienda y su acceso.
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