Las comunidades del PP votarán a favor del Plan Estatal de Vivienda y el reparto de 7.000 millones pese a las críticas
Los gobiernos de las comunidades autónomas del PP votarán finalmente a favor del Plan Estatal de Vivienda, que se vota este jueves por la mañana en conferencia sectorial en el Ministerio de Vivienda y que prevé una inversión conjunta de 7.000 millones de euros para construir, rehabilitar vivienda y repartir ayudas a la ciudadanía. Después de duras críticas de “invasión de competencias” que ha mantenido a su llegada al ministerio, el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, ha hablado en nombre de las regiones presididas por el PP, que son mayoría y las que se mostraron más reticentes al plan, para adelantar el voto favorable de todas ellas. “Vamos a votar a favor”, ha dicho.
Rodrigo ha criticado de todas formas que el plan “llega tarde” y que la ministra ha tenido “poco talante democrático”. Ha defendido como “inconstitucional” la imposición de la vivienda protegida indefinida, requisito indispensable para aplicar los fondos estatales que prevén 1.113 millones para Madrid en los próximos cuatro años. Los pactos deben aprobarse después con las condiciones concretas de las comunidades una a una en reuniones bilaterales.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que pretende “desplegar cuanto antes” estos fondos que podrían aplicarse ya en el segundo semestre de 2026 y que no se verán afectados, ha pronosticado, por posibles cambios en los calendarios electorales como un adelanto de las elecciones generales. “Para avanzar en este objetivo el acuerdo es fundamental. Lo relevante es que hemos conseguido consenso”, ha defendido, así como se ha mostrado optimista con la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en materia de vivienda en el Congreso que puedan sumar prórrogas a los contratos de alquiler después de que decayera el decreto ley excepcional por la guerra.
El plan prevé una inversión conjunta de 7.000 millones en lso próximos cuatro años, de los que el Gobierno aportará un 60% y las comunidades un 40%. El 40% irán destinados a construcción, el 30% a rehabilitación y el 30% restante a ayudas para hipotecas o para propietarios que pongan vivienda en alquiler asequible, entre otras. Para contar con los fondos, existen algunos requisitos como que la vivienda protegida financiada con este dinero sea pública de por vida o que las comunidades autónomas se comprometan a compartir la información sobre los precios de los alquileres.
Esta información oficial se suele basar en los registros de las fianzas, que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no piden a los contratos de alquiler. La ministra ha defendido que los datos se pedirán con “respeto a las competencias autonómicas”, pero que espera “que la competencia no sea el impedimento”. “Lo que planteamos es que haya canales públicos” para tener información sobre los precios del alquiler. “Mediante las fianzas, las administraciones nos aportan datos sobre los precios y sobre las cláusulas, para que no sean abusivas. (...) Cuando se habla de la eficacia o no de medidas como el control de precios, se hace sin contraste científico porque solo se puede analizar con datos públicos donde hay fianzas”, ha añadido.
“Andalucía vuelve a encontrarse con un Gobierno de España que trata de imponer su modelo de vivienda. Tendríamos que tener ya el plan en marcha, desde enero, llega tarde”, ha dicho la consejera de Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, que ha criticado que el plan “multiplique por seis” la aportación de la Comunidad y solo “por dos” la aportación estatal. Díaz ha afirmado eso sí que la Comunidad acepta el 17,10% de aportación. “Estamos revisando el contenido jurídicamente”, ha alertado, así como ha criticado que el plan “no ha sido consensuado”, en contra de lo defendido por la Ministra. “En Andalucía presentamos 22 alegaciones a las que no se ha respondido”, ha añadido.