Las cuentas pendientes que Vox cobrará a Moreno: parar la ley de Memoria, legalizar pozos en Doñana e investigar los cribados
El resultado de las elecciones del pasado domingo ha devuelto a Vox la llave de la gobernabilidad en Andalucía. El PP ha perdido por dos escaños la mayoría absoluta y ahora se ve abocado a negociar la investidura de Juan Manuel Moreno con la ultraderecha, a quien estará ligado toda la legislatura.
El presidente de la Junta en funciones aspira a gobernar en solitario, con pactos puntuales en el Parlamento con los de Santiago Abascal, como ya hizo en 2019. La negociación apenas se ha iniciado, pero hay un puñado de pistas en la actividad parlamentaria del grupo ultraderechista en la pasada legislatura, que anticipan un sendero pedregoso para Moreno.
Vox ha impulsado iniciativas legislativas de marcado sesgo ideológico, avivando sus guerras culturales contra la inmigración, la igualdad de género, la memoria histórica o las políticas de lucha contra el cambio climático. También, en la recta final de la pasada legislatura, registró una solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento sobre “la gestión de los distintos gobiernos andaluces en el cribado del cáncer de mama y las listas de espera diagnósticas”, dos de los asuntos que más han desgastado a Moreno desde que es presidente.
El grupo ultraderechista registró en cuatro años tres proposiciones de ley, que condicionaban la agenda del Ejecutivo andaluz; y otras dos para su elevación al Congreso, que afectarían al Gobierno de España. El PP no les tumbó ninguna porque ninguna llegó a debatirse, todas dormían el sueño de los justos en el Parlamento y decayeron con la convocatoria de elecciones.
Los portavoces de la izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han acusado reiteradamente al presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, de “paralizar” u “orillar” sus iniciativas, retrasando su inclusión en el Pleno para ser debatidas y votadas. Vox, al menos públicamente, no ha denunciado el bloqueo de sus leyes, aunque algunas las registraron al inicio de la legislatura y han pasado cuatro años a espera de entrar en el orden del día.
Entre 2022 y 2026, Vox registró tres proposiciones de ley, a sabiendas de que la mayoría absoluta del PP podría tumbarlas, pero nunca llegó a pedir que entraran en el orden del día del Pleno, porque el objetivo político declarado era “retratar a Moreno”.
De una de ellas se escribieron ríos de tinta y tensionó las relaciones de la Junta de Andalucía con el Gobierno de España, con la Comisión Europea y con la Unesco: se trata de la polémica ley para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). Vox registró esa iniciativa en solitario a comienzos de la legislatura, el 6 de octubre de 2022, y el PP no se atrevió a tumbársela, consciente de que se jugaba muchos votos entre los empresarios de la fresa y alcaldes de los pueblos de la comarca onubense.
Tres meses antes de las municipales de 2023, Moreno se adhirió a la ley de regadíos ilegales de Vox y su partido registró junto a la ultraderecha la misma iniciativa, con algunas modificaciones, el 3 de marzo de ese año. La llamada Ley para la Mejora de la Ordenación de Zonas Agrícolas de la Corona Norte de Huelva no llegó a debatirse en el Pleno ni se votó ni se tumbó. Funcionó como espada de Damocles para obligar al Ministerio de Transición Ecológica a sentarse a negociar un plan de inversiones para la comarca onubense, dilatando durante meses un tira y afloja, en el que Doñana perdió el mayor distintivo de protección ambiental (fue expulsada de la Lista Verde).
La otra proposición de ley que Vox llevó a la Cámara fue la Ley de Reconciliación, una norma revisionista de la Guerra Civil Española que dejaba fuera los 40 años de la Dictadura franquista, y que incluía la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Esta norma se registró el 2 de noviembre de 2022, también recién estrenada la legislatura, pero los de Abascal tampoco la elevaron al Pleno, de modo que ni fue debatida ni votada ni tumbada.
Eso no evitó que generase un acalorado debate en los medios de comunicación entre las fuerzas progresistas y conservadoras. Vox volvió a repetir la misma estrategia: lanzó la ley al aire, sin someterla a votación, para condicionar políticamente a Moreno, en un momento en el que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, había anunciado que derogaría la nueva Ley estatal de Memoria Histórica en cuanto llegase al Gobierno de España. “Queremos saber si es consecuente con lo que anuncia el PP a nivel nacional. A Moreno si no se le empuja, no toma la iniciativa. Queremos que se retrate, que se moje”, dijo el entonces portavoz parlamentario de Vox y candidato en las andaluzas, Manuel Gavira.
La derogación de la Ley andaluza de Memoria formó parte del primer acuerdo político que firmó el PP con Vox en 2018 a cambio de su apoyo a la investidura de Moreno, pero ese punto nunca se cumplió. El dirigente popular era consciente de que este asunto podía soliviantar al electorado de izquierdas en un momento político complejo, cuando Vox era una novedad sólo en las instituciones andaluzas, y aún no había entrado en el resto de España.
La Ley andaluza de Memoria Histórica (2017) se adelantó a la norma estatal al ampliar el periodo histórico de aplicación desde la II República hasta el año 1982, para incluir a las víctimas de la lucha por la autonomía andaluza. La propuesta de Vox abarcaba desde la II República hasta la II Guerra Mundial, periodo donde también enmarcan la “localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa” y “con independencia de su credo o militancia, como parte de la deseada concordia”.
Era la tercera vez que el partido ultraderechista impulsaba una iniciativa legislativa para tumbar la Ley andaluza de Memoria. En la primera legislatura, cuando sostenían desde fuera al Gobierno de PP y Ciudadanos, los de Abascal registraron un texto alterativo, con poco desarrollo reglamentario, y luego una proposición de ley con un único artículo derogatorio de la legislación vigente. Ninguno de los dos salió adelante porque chocó con el rechazo en bloque de las fuerzas de izquierdas y la abstención de PP y Cs.
La llamada Ley de Reconciliación de Vox planteaba que los trabajos de localización y exhumación de las fosas comunes en Andalucía debe guiarla “una dirección eminentemente técnica”, que desarrolle su labor “sin abordar la cuestión de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria”, explicó entonces el diputado ultraderechista por Jaén, Benito Morillo.
Como proposiciones de ley elevadas al Congreso, de las siete registradas en la pasada legislatura, Vox firmó dos: una contra las políticas de lucha contra el cambio climático (que Moreno defiende) y en favor de la llamada “soberanía energética”, el 19 de octubre de 2022; y otra para la “protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana”, que vincula la delincuencia con la población musulmana, y contiene un artículo único: “la prohibición de utilización en el espacio público de los velos denominados nicab y burka” (noviembre de 2025). Gavira tampoco solicitó elevar estas iniciativas a Pleno, que decayeron sin ser debatidas cuando Moreno disolvió el Parlamento y convocó elecciones.