MEMORIA HISTÓRICA

Vox lleva al Parlamento la derogación de la Ley andaluza de Memoria para obligar al PP de Moreno y Feijóo a “retratarse”

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha registrado este miércoles en la Cámara una proposición de ley para derogar la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 sin votos en contra, y sustituirla por una “ley de reconciliación”, que podrá debatirse en el Parlamento en los próximos días.

La norma andaluza se adelantó a la ley estatal, aprobada hace dos semanas, al ampliar el periodo histórico de aplicación desde la II República hasta el año 1982, para incluir a las víctimas de la lucha por la autonomía andaluza. La propuesta de Vox abarca desde la II República hasta la II Guerra Mundial, periodo donde también enmarcan la “localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa”.

Es la tercera vez que el partido ultraderechista impulsa una iniciativa legislativa para tumbar la Ley andaluza de Memoria. En la pasada legislatura registraron primero un texto alterativo, con poco desarrollo reglamentario, y luego una proposición de ley con un único artículo derogatorio de la legislación vigente. Ninguno de los dos salió adelante porque chocó con el rechazo en bloque de las fuerzas de izquierdas y la abstención de los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos.

La derogación de la Ley andaluza de Memoria formó parte del acuerdo político que firmó el PP con Vox en 2018 a cambio de su apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno. Ese punto del acuerdo nunca se cumplió ni se desarrolló, de ahí que el partido de Santiago Abascal decidiera tomar la iniciativa parlamentaria en solitario. Los populares bloquearon con su abstención las dos primeras proposiciones de ley para tumbar la legislación memorialista andaluza, arguyendo que no había “suficiente consenso” en la Cámara.

Vox acusó al PP de “incumplir” el acuerdo que habían firmado y ahora vuelve a rescatar aquella iniciativa, por tercera vez, con un objetivo distinto, a saber: “retratar a Moreno” frente a la promesa de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quien ha anunciado que “lo primero que hará” si llega a la Moncloa será “derogar la nueva Ley estatal de Memoria Democrática, en vigor desde hace un par de semanas. ”Si es verdad que va a derogarla, ¿por qué no empieza por hacerlo en Andalucía?“, se ha preguntado el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira.

El grupo de extrema derecha ha perdido el peso político que tuvo la pasada legislatura, cuando sus votos eran clave para sostener al anterior Gobierno de Moreno y cualquier iniciativa legislativa -incluida los Presupuestos Autonómicos- obligaba al PP a negociar primero con ellos. En las elecciones del 19 de junio, los de Abascal pasaron de 12 a 14 diputados, pero la mayoría absoluta de los populares ha extinguido por completo la influencia que tuvieron. Vox no tiene margen para doblar el pulso al Ejecutivo, pero se ha reinventado como grupo de presión a Feijóo en el debate de política nacional, usando para ello su posición en la Cámara andaluza y la interpelación constante al presidente Moreno, a quien considera “mano derecha del presidente nacional del PP”.

La proposición de ley de Vox sobre Memoria Histórica busca expresamente “comprometer” el discurso de Feijóo por mediación interpuesta de Moreno, obligando al presidente de la Junta a posicionarse sobre un asunto que ya ha esquivado dos veces con un voto de abstención. El PP andaluz es muy consciente de que las políticas memorialistas agitan a las bases de izquierdas, de ahí que en la pasada legislatura mantuviera un distanciamiento táctico sobre este asunto: no se derogó la ley y se mantuvieron las principales actuaciones que emanan de ella -exhumación de fosas de víctimas del franquismo-, pero también se congelaron otras variantes, como el apoyo financiero a organizaciones y universidades en el estudio del periodo de represión franquista.

La exhumación de Queipo

En esa ocasión, Vox reabre el debate en el Parlamento pocos días después de la entrada en vigor de la nueva Ley estatal de Memoria Histórica, que en Andalucía ha precipitado los movimientos para exhumar la tumba del general fascista Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en la basílica de la Macarena de Sevilla. El Gobierno central y la hermandad ya han iniciado el diálogo para cumplir con este mandato de la nueva legislación “a la menor brevedad posible”, algo de lo que fue incapaz la Ley andaluza de Memoria, pese a que el articulado sobre la retirada de la simbología franquista es idéntico.

Con este telón de fondo, el grupo parlamentario Vox registró primero una proposición no de ley instando al Gobierno andaluz a declarar Bienes de Interés Cultural (BIC) a los “edificios que puedan verse amenazados por la nueva Ley de Memoria”, sin hacer referencia expresa a Queipo de Llano o a la Macarena.

El siguiente paso ha sido presentar este miércoles una proposición de ley de “reconciliación”, con el que quedaría derogada la norma andaluza, y en cuya exposición de motivos se plantea la “la localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa” durante el periodo histórico comprendido entre el 14 de abril de 1931 -la II República Española- y el 9 de mayo de 1945, fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, “con independencia de su credo o militancia, como parte de la deseada concordia”. 

La propuesta plantea que los trabajos de localización y exhumación de fosas comunes debe guiarla “una dirección eminentemente técnica”, que desarrolle su labor “sin abordar la cuestión de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria”, advierte el portavoz.

El texto de esta iniciativa recupera algunos párrafos de la primera proposición de ley de Vox sobre esta materia, llamada entonces “ley de concordia”, que ya fue rechazada por el Parlamento con los votos de PSOE y Unidas Podemos, y la abstención de PP y Cs. Los populares siempre han explicado que incumplieron el acuerdo que firmaron con Vox para derogar la Ley andaluza de Memoria, porque estaba condicionado a lograr un texto alternativo con mayor consenso que el que tuvo aquel.

Recuento de votos

El grupo ultraderechista se ha adelantado a esa respuesta, en caso de que el PP vuelva a usarla para desechar su tercera proposición de ley, argumentando que PP y Vox suman ahora más diputados que los que apoyaron en su día la Ley andaluza de Memoria, y por tanto “tiene más consenso parlamentario y representa a más andaluces”. Las cuentas de Vox al hacer esta afirmación remiten al número de votos positivos que suman ahora con el PP (14+58: 72 diputados), frente a los 66 del arco de la izquierda que apoyó la citada ley.

No cuentan, en cambio, que las dos fuerzas conservadoras de aquella legislatura -PP y Cs- decidieron abstenerse y no rechazar la Ley de Memoria, algo que no había ocurrido nunca en España en relación a estas políticas. Posteriormente sería el propio PP andaluz, ya con otra composición, el que haría una relectura de su posición política en aquel debate, restando importancia a su abstención, y defendiendo la derogación de la norma pactada con Vox en aras de “un mayor consenso”.

Gavira no ha ocultado que la finalidad de esta proposición de ley es “conocer qué PP tenemos en Andalucía”, esto es, si Moreno se alinea con la promesa de Feijóo de derogar la Ley estatal de Memoria o si, como denuncia su grupo, “prefiere estar cómodo con la izquierda”. “Queremos saber si es consecuente con lo que anuncia el PP a nivel nacional”, ha subrayado.

Sin embargo, el portavoz de Vox ha puesto el foco más en Feijóo que en Moreno, citando varias intervenciones del dirigente gallego en las que criticaba duramente la nueva Ley estatal de Memoria y prometía su derogación inmediata, caso de llegar a Moncloa. Los de Abascal aún aspiran a formar gobierno con ese PP y están aprovechando su presencia en el Parlamento andaluz para hacer política nacional en la distancia, obligando a los de Feijóo a posicionarse en debates muy polarizados, en los que el gallego debe alejarse de su posición centrista para ir de la mano con la ultraderecha. Para ello, la vía más efectiva que Vox ha encontrado es el Parlamento andaluz y la interpelación directa al presidente Moreno, persona de total confianza del líder nacional del PP y con mucho predicamento ahora en su ejecutiva.

El presidente de la Junta cree que su histórica mayoría absoluta tiene mucho que ver con haber acuñado una posición política “transversal, moderada y centrista”, que le ha reportado muchos apoyos prestados del PSOE andaluz, y no sólo de la descomposición de Ciudadanos o del estancamiento de Vox. Pero las políticas memorialistas han sido siempre un terreno de agitación ideológica de las izquierdas que Moreno ha tratado por todos los medios de evitar.

“A Moreno si no se le empuja, no toma la iniciativa. Queremos que se retrate, que se moje”, ha insistido Gavira, adelantando que su grupo está dispuesto a aceptar todas las enmiendas del PP que “completen” su proposición de ley.