Ahora, con más extrema derecha: el pacto PP-Vox en Extremadura supera al de 2023 en xenofobia y negacionismo

El PP ha comprado definitivamente el marco mental de Vox. Es lo que se desprende del pacto de Gobierno alcanzado entre ambas formaciones en Extremadura este jueves. Lejos de domesticar a Vox, el documento incorpora de manera explícita la agenda ideológica identitaria de la extrema derecha (antiglobalismo, xenofobia, islamofobia, discriminación en las ayudas públicas y una guerra declarada a la Agenda 2030). Además, Vox logra un peso orgánico mucho mayor en el Ejecutivo de María Guardiola: una Vicepresidencia y el control de los servicios sociales, que no poseía en la legislatura anterior.

Entre el pacto de 2023 y este de 2026 existen algunas coincidencias, pero todas las diferencias son concesiones a Vox. Pese a haber sido insultada como “feminazi” por Vox durante la campaña, Guardiola ha vuelto a transigir con las exigencias de la extrema derecha, como ya hiciera para acceder al poder en 2023. Es elocuente que en el título del nuevo pacto se caiga la idea de “cambio” para Extremadura, que sí figuraba en el anterior, aunque realmente las medidas sí introducen un cambio: hacia la derecha.

Analizamos a continuación las principales diferencias entre ambos pactos. Diferencias que podrían marcar la tónica de los acuerdos que todavía no se han alcanzado en Aragón y en Castilla y León, y que también podrían ser necesarios en Andalucía, si Juanma Moreno no logra la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo. El nuevo pacto implica un salto cualitativo respecto al documento de 2023. Son 61 puntos y 74 medidas que en muchos casos dependen de reformas de leyes nacionales que el PP, de momento, está lejos de poder garantizar. Aun así, los de Abascal se han contentado con esa promesa de difícil cumplimiento y han sellado el pacto, lo cual no es descartable que suceda igualmente en Aragón y Castilla y León.

La “prioridad nacional”, el eufemismo xenófobo que asume el PP

Mientras que en 2023 no se mencionaban las políticas migratorias, ahora el concepto de “prioridad nacional” es una de las grandes novedades de este acuerdo. Es una versión eufemística del lema ultranacionalista “los españoles, primero”, que busca restringir y priorizar el acceso a las ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda protegida.

El objetivo de “la prioridad nacional” es asignar los recursos públicos de manera prioritaria a aquellas personas que puedan demostrar un “arraigo real, duradero y verificable” en el territorio extremeño, dificultando o impidiendo el acceso a la población inmigrante más reciente o indocumentada. Crea, de facto, ciudadanos 'de primera' y 'de segunda'.

Además, el nuevo pacto explicita la utilización del padrón, a pesar de no tener competencias para ello. Vox y el PP se comprometen a exigir un empadronamiento ininterrumpido en Extremadura de hasta 10 años para comprar vivienda protegida (5 años en el caso del alquiler), y exigen al Gobierno central reformar la legislación para anular automáticamente la inscripción en el padrón municipal de los “okupas” o de cualquier persona que no acredite un título válido de propiedad o alquiler, creando además una unidad administrativa específica dedicada a perseguir los empadronamientos ficticios y los “pisos patera”.

El machismo ya no existe en el nuevo pacto

En materia de políticas de igualdad, ambos acuerdos comparten la omisión absoluta de cualquier mención a los derechos del colectivo LGTBI o a la diversidad sexual, pero evidencian un claro retroceso conservador entre un texto y otro. Mientras que el pacto de 2023 aún conservaba un compromiso explícito para “erradicar los discursos machistas” y rechazar la “violencia contra la mujer” —aunque ya entonces eludía el término “violencia de género” o “machista”—, en 2026 no hay mención al machismo. Este viraje de 180 grados ya se percibió en febrero, cuando Guardiola dijo defender “el mismo feminismo” que defiende Vox.

En su lugar, el nuevo acuerdo sustituye la agenda de igualdad tradicional por un enfoque exclusivo en el fomento de la natalidad y la creación de una “nueva ley de familia”. Además, el pacto de 2026 instrumentaliza el concepto de igualdad dentro de su agenda identitaria, utilizando la defensa de “los valores de igualdad y dignidad” de la mujer como el argumento jurídico y moral para justificar una medida de rechazo frontal al islam ultraconservador: la prohibición del burka y el niqab en los espacios público (atuendos, por cierto, absolutamente marginales en la región).

Una falsa “neutralidad ideológica en las aulas”

En materia de educación, ambos acuerdos comparten la promesa de garantizar la “neutralidad ideológica” en las aulas, blindando el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación “acorde a sus convicciones” (lo que abre la puerta al veto parental). Vox, sin embargo, suele defender “los usos y costumbres locales” para imponer en el espacio público la doctrina católica.

Este nuevo pacto refuerza un marcado giro identitario y nacionalista: mientras que en 2023 las propuestas eran más genéricas, enfocadas en dignificar al docente y modernizar los centros, el nuevo documento de 2026 impone la supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí alegando un rechazo a las “injerencias extranjeras”. La persecución de la lengua árabe es otra medida que Vox está intentando en varias comunidades y que el PP ya ha aplicado, por orden de Vox, en Murcia.

Pese a la supuesta “neutralidad”, lo cierto es que en ocasiones Vox ha pedido que la asignatura de Religión (católica, claro) sea evaluable y tenga el mismo peso que las materias troncales, garantizando su oferta incluso en Bachillerato. PP y Vox dicen huir del “adoctrinamiento en las aulas” pero buscan blindar el catolicismo, camuflándolo como “libertad religiosa” y arrogando a la doctrina católica el papel de pilar fundamental de la identidad cultural española (con una ignorancia explícita de las aportaciones de las culturas grecorromana, hebrea e islámica a la tradición española).

Negacionistas climáticos a los mandos de la agricultura: el motor económico extremeño

La entrada de Vox en la Vicepresidencia y en la gestión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural supone también un cambio de paradigma. Vox ya no es un acompañante en la gestión forestal (la residual cartera que asumieron en 2023) sino el gestor del principal motor económico de la región: el campo.

El pacto de 2026 radicaliza su postura al evolucionar de una petición genérica para revisar las políticas verdes a un “blindaje” frontal contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Ahora se rechaza explícitamente el acuerdo UE-Mercosur, se establece un fondo de compensación frente a las “imposiciones de Bruselas” y se exige priorizar el 100% de productos nacionales y autonómicos en los comedores públicos.

Misión: salvar la central de Almaraz

En materia de energía nuclear, el pacto de 2023 se limitaba a una exigencia política genérica pidiendo que se “rectificara” el plan de cierre de la central nuclear de Almaraz. El documento de 2026 anuncia un plan de acción autonómico concreto para blindar la central: la progresiva eliminación de la “ecotasa” autonómica que grava la producción de energía nuclear, aplicando una reducción del 30% anual hasta su supresión total antes del final de la legislatura.

Además, el nuevo acuerdo introduce una medida territorial inédita, comprometiéndose a destinar el 50% de la recaudación restante de esta tasa a un fondo exclusivo para promover el desarrollo socioeconómico, la generación de empleo, la mejora de infraestructuras y la promoción de vivienda en los municipios del entorno de la central y su área de influencia.