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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sacó adelante en diciembre el presupuesto municipal para este año gracias a un nuevo pacto con Vox, en el que se incluía la exigencia de un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. Los populares compraban así una de las grandes obsesiones de la formación de ultraderecha, por lo que el grupo municipal Podemos-IU ha reclamado ahora los detalles. La respuesta del gobierno local ha sido que pretende evitar así que “se cometan fraudes con los migrantes”.
Así lo ha vendido el portavoz del PP y también delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha argumentado que hay quien intenta “lucrarse” con este procedimiento administrativo, y para ello “defraudan y estafan a estas personas”. Por ello, postula que lo recogido en el pacto se traduce en un “sistema garantista”, para ofrecer “una información clara y dar un acompañamiento adecuado” a los migrantes y de esta manera “evitar el fraude”.
La cuestión se ha abordado en la comisión de control al gobierno local, y la explicación no ha convencido lo más mínimo al portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que considera “un disparate” la iniciativa municipal, al que ha acusado de querer usar el padrón “como instrumento de control migratorio”. “Esto es una barbaridad que está fuera de la ley”, ha subrayado.
“Da igual la situación administrativa de la persona”
El acuerdo rubricado es aséptico en la redacción de este punto, y se limita a recoger la “elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón”, sin ninguna mención a la población migrante. Pero la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, sí dejó bien claro que el objetivo de la medida no es otro que “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.
Podemos-IU ha recordado que la ley estipula que para empadronarse sólo hay que acreditar la residencia en la ciudad, “da igual la situación administrativa de la persona, el padrón no está para eso”. Por eso Ismael Sánchez ha insistido en saber cómo se va a hacer, “si se le va a pedir a los funcionarios municipales saltarse la ley y que cometan un delito”, obligándoles a reclamar más requisitos de los necesarios. “No podemos ni discriminar ni excluir”, ha recordado, al tiempo que ha acusado al PP de convertir a Sevilla en un “laboratorio” de pruebas para afinar su relación con Vox.
Bueno, por su parte, ha considerado “patético” el planteamiento de la izquierda, a la que ha instado a “no poner en duda que cumplimos la ley”. “Este gobierno no va a estar nunca en contra de ninguna ley”, ha subrayado, además de reiterar el “fin garantista” de la nueva medida. “No está mal que de alguna forma se controle la situación por el bien de las propias personas”, que son “las más vulnerables”.
“Efecto de la radicalización”
Así que ha defendido que lo que se va a hacer es el “cumplimiento escrupuloso de la ley”, acusando a la izquierda de querer presentar la iniciativa como “efecto de la radicalización” del PP por su pacto con Vox. “No estamos en esa esquina, están ustedes”, ha reprochado el portavoz popular, que ha acusado a Podemos-IU de intentar poner así una cortina de humo “porque no soportan las políticas beneficiosas para la ciudad” que está desarrollando el gobierno de José Luis Sanz.
Ismael Sánchez, en cambio, ha apelado a que “hablamos de legalidad y derechos”, sentido en el que ha recordado que “no hay ninguna competencia local” que pueda aplicarse de manera adicional al empadronamiento. “Intentan condicionar e imponer procesos adicionales a las personas migrantes”, una cuestión que no considera un “debate abstracto” sino fundamental porque “se trata de que Sevilla cumple la ley y no se presta a políticas discriminatorias”.