Que un matrimonio igualitario en España sea reconocido automáticamente en Polonia. Que dos mujeres madres sean reconocidas como tales en Hungría. Es lo que ha pedido el Parlamento Europeo este martes en una resolución aprobada por 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones al calor de la ofensiva homófoba y autoritaria de Varsovia y Budapest. Eso sí, lo ha hecho con la abstención de los populares españoles y el voto en contra de Vox y el resto de la extrema derecha de la Eurocámara. La resolución, por tanto, ha salido adelante gracias a los votos de socialdemócratas, liberales, verdes y La Izquierda.
En el texto aprobado, los eurodiputados subrayan que las personas LGTBIQ deben poder ejercer sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de movimiento, en todo el territorio de la Unión Europea. Un texto que nace de las numerosas peticiones sobre la discriminación a la que se enfrentan las familias LGTBIQ en Polonia y Hungría, lo que ha llevado a la comisión de Peticiones, presidida por Dolors Montserrat –quien firma una resolución que no ha votado– a redactar una propuesta de resolución con el fin de garantizar un seguimiento específico de peticiones admisibles que involucren a todo el Parlamento Europeo.
El texto advierte de que, si bien la UE ha experimentado avances en términos de matrimonio y uniones civiles, de derechos de adopción para las personas LGTBIQ y de protección jurídica contra la discriminación, la incitación al odio y los delitos de odio, “también se han producido retrocesos, como la retórica hostil de políticos electos y las oleadas de la violencia homófoba y transfóbica”.
Los matrimonios o uniones civiles formados en un Estado miembro deben ser reconocidos en los demás países de la UE, y los cónyuges o miembros de la unión deben recibir idéntico trato al que se otorga a los que forman matrimonios y uniones heterosexuales, afirman los eurodiputados.
El texto recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE ya declaró en una sentencia de 2018 que el término “cónyuge” utilizado en la directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales, y pide por eso a la Comisión Europea que actúe contra Rumanía, cuyo gobierno no ha acatado la sentencia.
Los eurodiputados, así, instan a todos los Estados miembros a reconocer a efectos legales a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o de su estado civil, para evitar convertir a niños en apátridas al trasladarse a otro país de la Unión. Insisten en que las familias LGTBIQ deben disfrutar de los mismos derechos de reagrupación familiar que aquellas constituidas por parejas heterosexuales.
A raíz de la discriminación sufrida por la comunidad LGTBIQ en Polonia y Hungría, el Parlamento Europeo anima a la Comisión Europea a utilizar los instrumentos a su alcance (procedimientos de infracción, medidas provisionales y herramientas presupuestarias) contra estos países.
La resolución también apoya “el compromiso de la Comisión Europea de proponer una iniciativa legislativa con el objetivo de ampliar la lista de delitos de la UE a los delitos motivados por prejuicios y al discurso del odio, incluso cuando se dirigen a personas LGTBIQ”.