La asesora jurídica del Ayuntamiento capitalino admite que le faltó documentación cuando hizo los informes del caso 'horas extra'
La asesora jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, María Isabel Cubas, declaró que cuando elaboró los informes que dieron lugar al conocido como caso horas extra carecía de cierta documentación que le fue facilitada el mismo día que compareció ante la juez y fiscal en calidad de testigo.
La asesora indicó que, en el momento que redactó el dictamen que dio lugar a esta causa, solicitó toda la información que fuera relevante como el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo de adherirse al convenio colectivo del Ayuntamiento. Sin embargo, reconoció que en ningún momento se le dio traslado de la documentación que se le facilitó durante su comparecencia ante el juez. El motivo de que no la incluyera es que casi todos estos informes fueron elaborados con posterioridad al suyo.
En la actualidad permanecen como imputados en esta causa los exconcejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Luz Reverón, y el exinterventor de la Gerencia de Urbanismo, José Luis Roca. En un primer momento a todos ellos se les atribuyó el supuesto cobro de 22.000 euros por la realización de trabajos que tenían que ver con la playa de Las Teresitas, entre otros.
En el documento elaborado por la asesora se consideraba que es posible pagar por el cumplimiento de horas extras pero según un canon establecido y acreditando que éstas se han cumplido. Lo cierto es que Intervención de la Gerencia nunca puso reparos al sistema de abono elegido y mucho menos éstos fueron suspensivos lo que hubiese dado lugar a que fueran levantados por Alcaldía o el pleno. Aunque Cubas no estuvo presente en el Ayuntamiento cuando se produjeron los hechos, entre el año 2004-2008, sí ha comprobado que esta forma de pagos no era la habitual.
La asesora indica que en ciertos casos pudo verificar que se habían realizado los trabajos alegados por los imputados, pero en otros no, o al menos eso es lo que se desprende de la documentación que analizó.
Los abogados defensores apuntan que durante ese período fue imposible cumplir con los plazos legalmente establecidos dado el volumen de trabajo, y de hecho en la actualidad hay tres mil expedientes en esa situación. Los letrados también recordaron que se triplicó la tramitación de tasas de licencia y obras, además de hacer referencia a cuestiones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Gerencia de Urbanismo y de adaptación a la nueva normativa de contabilidad. Aspectos todos ellos que la asesora admitió desconocer.
Cubas indicó que, en algunos casos, los pagos eran avalados por el gerente pero en otros no, y dijo que desconocía el acuerdo adoptado con la representación de los trabajadores para aumentar en un 75 % el precio de las horas extras pero sí que éstas se repartían de forma equitativa. Mostró su extrañeza sobre el hecho de que, al parecer, a priori se supiese el tiempo que se iba a dedicar a determinadas labores.
La asesora mencionó las sentencias recaídas durante los últimos años que anulan las retribuciones especiales otorgadas a los funcionarios aunque permiten la concesión de una medalla por los servicios prestados. Los abogados defensores recordaron que en muchos de los casos las horas extra tuvieron que ser abonadas a causa de tormentas o de hundimientos de calzadas y que los funcionarios fueron llamados a trabajar, incluso cuando estaban de vacaciones.
