La Palma sufre un declive estructural profundo, más visible y agravado tras la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021. Es el resultado de décadas de políticas cortoplacistas marcadas por la improvisación, el tacticismo electoral y la falta de estrategia. Los tres grandes partidos (PSOE, PP y CC) han gobernado la isla, en pacto o en solitario, desde la restauración de la democracia.

La gestión de la reconstrucción tras la erupción del Tajogaite es probablemente el ejemplo más doloroso. Cuatro años después de la emergencia, demasiadas familias siguen viviendo en los contenedores o en las casas de madera y no se ha recuperado ni el 9% de las tierras fértiles arrebatadas por el volcán.

El Cabildo Insular de La Palma no dispone de un plan de reconstrucción que permita anticipar qué obras y contratos son necesarios y ni el Consejo Sectorial para la Reconstrucción, aprobado por unanimidad en enero de 2023, ha llegado a convocarse. Lo que hoy presenciamos en La Palma, rechazada la creación de un gran consorcio administrativo, es una reconstrucción a la carta dominada por la improvisación, el clientelismo y la opacidad total. Un modelo que favorece a empresas amigas y que da la espalda a los afectados, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias, para blindar esa opacidad, ha llegado a judicializar ante el Tribunal Superior de Justicia su negativa a publicar quiénes reciben las subvenciones de la reconstrucción. Además, y sin ningún rubor, nos lo quieren vender como un ejemplo de recuperación y gestión administrativa.