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Una Ley del suelo sostenible

Esta semana tuve que comparecer en la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para expresar la posición del Cabildo de Gran Canaria sobre la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Canarias. Hace tiempo remitimos al Parlamento un documento titulado “Observaciones y aportaciones” donde trasladábamos al Gobierno de Fernando Clavijo el resultado de un intenso trabajo de análisis del Anteproyecto de Ley del Suelo realizado por el personal técnico del Cabildo, que contaba con el respaldo de la mayoría política a la que la ciudadanía encomendó en las elecciones de 2015 la honorable tarea de dirigir el gobierno de nuestra isla.

En la joven historia de nuestra autonomía, a pesar de los cambios de siglas de los gobiernos, siempre se han aplicado dos criterios en la legislación territorial y ambiental canaria: la sostenibilidad y el consenso. Esos acuerdos políticos en el Parlamento han permitido la aprobación de leyes progresistas con amplio respaldo social. Por esa razón hemos podido, hasta hoy, garantizar la protección de más del 40 por ciento de nuestro territorio, algo que ha permitido que Canarias siga formando parte del privilegiado espacio de la Macaronesia, uno de los lugares del planeta con mayor cantidad de endemismos de flora y fauna, con casi 20.000 especies diferentes, el 30% de ellas endémicas. Cuatro de las siete islas tienen Parques Nacionales. Contamos con 27 paisajes protegidos en las distintas islas (7 en Gran Canaria), 7 parques rurales, 11 parques naturales, 23 Áreas de Sensibilidad Ecológica, 52 Monumentos Naturales. Tenemos La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y la Gomera como reservas de la biosfera y también han recibido este reconocimiento de la UNESCO la mitad de la isla de Gran Canaria y el macizo de Anaga en Tenerife.

 Estas declaraciones son producto del esfuerzo de varias generaciones y se han hecho en dictadura y en democracia. Se trata de una de las mejores herencias que tenemos, por eso en este momento histórico que vivimos debemos y queremos actuar con responsabilidad. Sería una gran torpeza promover leyes por las que podríamos ser recordados como los que facilitaron el deterioro de nuestro territorio por someternos al interés cortoplacista de una minoría. El territorio del archipiélago, por su carácter insular, escaso, hermoso y soporte de una extraordinaria biodiversidad, es nuestro recurso natural esencial y constituye, junto al coraje y capacidad de nuestra población, una de las dos grandes fortalezas que sustentan nuestro desarrollo. Nuestra gente, el territorio, el paisaje y el paisanaje son nuestra riqueza, por eso dividir a nuestra gente o deteriorar nuestro territorio son los mayores ataques que podemos hacer a nuestro progreso.
Llevamos al Parlamento esa petición de consenso, y fuimos con una propuesta que tenía el respaldo de la mayoría de los consejeros del Cabildo (18 de los 29 consejeros). A nivel del Parlamento canario, los partidos que respaldan nuestras críticas al Anteproyecto de Ley del Suelo (Nueva Canarias, PSOE y Podemos) tienen 10 de los 15 escaños de la circunscripción por Gran Canaria, un 75% de la representación, otra cosa es que el PSOE les imponga una disciplina de voto acorde con los intereses de una parte del Gobierno y no con el cuestionamiento de este proyecto que hacen desde la propia dirección del partido socialista. También la mayoría de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria han aprobado mociones o manifestaciones solicitando una modificación sustancial de la Ley.
La comparecencia en el Parlamento fue una oportunidad para recordar en la cámara legislativa canaria que para el Cabildo de Gran Canaria el desarrollo sostenible, desde sus componentes ambiental, social y económico, es un objetivo prioritario e irrenunciable. El Cabildo no legisla, por eso nuestro proyecto que concretamos en el concepto de ecoisla necesita de instrumentos como la Ley del Suelo, pero en su actual formulación en lugar de herramienta útil sería un obstáculo para lograr ese objetivo que deseamos para nuestra isla y para toda Canarias. Coincidimos con la Convención del Benelux de 1982 sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje (UNEP 1982), cuando plantea que “El paisaje puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la comunidad con respecto a su medio natural y de la forma en que actúa sobre el mismo”.

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La importancia de las organizaciones agrarias

El sector primario está en quiebra: el plátano; la papa; la viña; la ganadería y así producto tras producto se pagan por debajo del precio de costo. Ese es uno de los grandes males del sector primario, los productores están en manos de las poderosas distribuidoras y nadie es capaz de sentar en una mesa a las partes para salir de esa situación. Cuanto más se tarde más agricultores arruinados.
Cierto que es un sector muy atomizado y poco organizado, lleno de miedos y de desconfianza hacia las cooperativas, a veces con razón, pero también se da el efecto de vender o mal vender en solitario sin pensar en la fuerza que supone estar unidos ante los que, a toda costa, quieren seguir manteniendo los precios de miseria en origen, pero no es menos cierto que la credibilidad de las organizaciones agrarias está en entredicho, muchos agricultores han dejado de creer en ellas. La manifestación de los plataneros en La Palma con la asistencia de más de 2.000 personas es una buena prueba de por qué, las dos grandes organizaciones en Canarias brillaron por su ausencia, pero es que además parece que siempre van a remolque de los acontecimientos cuando tendría que ser al revés, eso es lo que piensan muchos, que solo se les ve en las fotos de las mesas de despacho o en pedir más ayudas o subvenciones, no lo digo yo, es lo que me comentan cuando hablo con ellos.

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¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Después de unos días de reflexión, tras la monumental decepción que nos llevamos el pasado miércoles en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, me gustaría analizar los pros y los contra de la aprobación del expediente de modificación de crédito con el que se pagará todas las facturas pendientes de EMALSA. Empezaré por los  contras:

1.- Se quita dinero de áreas importantes como es empleo, deporte, cultura, para transferir y reunir los 14 millones que quieren pagar.

2.- No justifican esos 14 millones, solamente incluyen en el expediente la sentencia que obliga a pagar algo más de 6 millones.

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Consumidores

El 85% de las personas consultadas considera que el sector de la hostelería en nuestro país es uno de los más importantes para la economía productiva. El 83,9% -hasta el 90% en la comunidad de Navarra- cree, además, que es una actividad de vital importancia para atraer turismo.

Se trata de un estudio elaborado por la compañía cervecera ‘Mahou San Miguel’, titulado “Los hábitos de los españoles en la hostelería”, en el que han sido encuestadas dos mil trescientas doce personas de 18 a 55 años (un 50,3% hombres y 49,7% mujeres) de todo el territorio nacional. El objetivo del trabajo consistía en conocer y contrastar las tendencias de los consumidores en los establecimientos hoteleros y su nivel de ‘cultura cervecera’. Y una finalidad añadida: sopesar la percepción que los españoles tienen de bares y restaurantes.

Hay una premisa significativa: España cuenta con más de doscientos setenta y cuatro mil establecimientos de hostelería, número que permite hablar de una oferta muy amplia y distinguir conceptos desglosados en la encuesta. Por ejemplo, la calidad de la comida, y el buen tiempo y las terrazas, aspectos muy bien valorados por los turistas según el 70,3% y el 67,5% de los encuestados, respectivamente.

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¿Por qué sí a un Gobierno con 85 diputados?

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Una de las ecuaciones falaces y trucadas que han manejado hasta la náusea esa amplia constelación que va desde el PP hasta Felipe González, y otros preclaros barones y baronesa del PSOE con el apoyo coreográfico de un gran cinturón mediático (por cierto, el editorial de hoy de El País contra Sánchez es de traca) es la siguiente:

Nuevas elecciones son una tragedia = facilitar un gobierno del PP para impedirlas.

Esta ecuación es un sofisma. Y lo son también cada una de las expresiones que la integran.

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La LOMCE, una Ley a derogar

Lamentablemente en los últimos meses está girando la crítica y denuncia de la LOMCE en exclusiva en torno al rechazo de las reválidas. Sin lugar a dudas, estas  no tienen en cuenta el entorno del aprendizaje del alumnado, invaden competencias transferidas a los distintos territorios del Estado español, son evaluaciones externas que elabora el MEC, constituyen una carrera de obstáculos para la titulación del alumnado y ningunean la labor docente al despreciar e ignorar la evaluación continua y el seguimiento diario que hace el profesorado de su alumnado en y fuera del aula. Aún así, se debería desplegar el abanico y retomar la necesidad de derogar la LOMCE, porque no garantiza ni el derecho universal a una educación pública de calidad, democrática y laica ni el principio de igualdad de oportunidades.

La LOMCE conlleva la privatización de la Educación. El Estado español se compromete a programar las enseñanzas, pero no a su financiación. Las ofertas de plazas –públicas o privadas- es responsabilidad o a iniciativa de la Administración autonómica o de centros e instituciones privadas. Se consagra el principio de libertad de elección de enseñanza y de centro para las familias. La Consejería de Educación está obligada a financiar a un centro privado, tanto si este acredita tener suficiente alumnado como si un ayuntamiento aprueba en su municipio la licencia para la construcción en suelo público de un centro educativo privado; la LOMCE amplia la duración de los conciertos y los extiende a nuevas etapas como al Bachillerato o la FP; se contemplan como etapas obligatorias solo desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO.

La LOMCE obliga al alumnado a los trece o catorce años a la elección de un itinerario que sellará su futuro profesional y laboral a una edad temprana. Estas distintas vías provocan una segregación del alumnado. Se regulan trayectorias distintas a una edad donde aún no se tiene capacidad de decidir, cuando además en la actualidad no son itinerarios con el mismo reconocimiento y la misma valoración social. Igualmente sucede con las materias que enaltece la LOMCE y con las otras que menosprecia y orilla, como es la Filosofía y todo lo que está relacionado con la Educación Artística. Y he aquí una constatación que demuestra que esos trayectos diferentes segregan al alumnado: la sociedad actual no es igualitaria y existen diferentes capas sociales con desigualdades económicas, sociales, y culturales. El punto de partida de los destinatarios de la Educación pública no es igual y reclama que la Educación tenga un carácter compensador de dichas desigualdades. La LOMCE no contempla ningún mecanismo corrector, arrastrando el alumnado desventajado sus desajustes en el aprendizaje y su biografía hasta la ESO -el momento de elección de su futuro a través de los itinerarios- y sin atención a la diversidad ni medidas para afrontar los desajustes y las carencias en el aprendizaje.

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Quiero ser como Pepe

La madre de Soraya Sáenz de Santamaría quería que su hija se pareciese políticamente a Rita Barberá en sus inicios en la cosa pública. Supongo que ahora la madre no lo quiere ni por asomo y huye de la alcaldesa de Valencia como del Perro Maldito de Valsequillo. Lo mismo ocurre con Mariano Rajoy, el gran amigo de Rita, de la que decía sin rubor que era la mejor alcaldesa de España. Claro que los piropos de Rajoy siempre han caído en saco roto. También decía que quería un gobierno nacional como el que presidía su amigo Jaume Matas en Baleares o Francisco Camps en Valencia. Ahora, cuando le preguntan por esos amigos, se calla, huye por la puerta de atrás y se hace el sueco.

El extesorero Luis Bárcenas era otro gran amigo de Rajoy, pero en pocos días pasó del “Luis, sé fuerte” al “señor del que usted me habla...” No hay nada más feo en la vida que abjurar de los que en la víspera eran tus amigos del alma. El presidente del Gobierno tiene el defecto de dejar abandonados a los suyos cuando los suyos ya no le reportan ningún beneficio.

Algo parecido le ocurrió con su gran amigo Soria, que mientras pudo le echó una mano hasta que finalmente le puso la pata encima, cuando ya poco le servía. De Soria siempre se deshizo en halagos inmerecidos hasta que metió la pata y lo atraparon por torpe. Ya se sabe que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pues a Soria lo cogieron, sus múltiples damnificados lo esperaron en la bajadita y allí, a la altura de la curva, le dieron hasta en el carné de identidad.

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Numantina hoja de ruta

Llevamos semanas soportando un tremendo ruido de fondo, merced al desconcierto y la desazón que produce ver a los cargos recientemente electos, por dos veces, incapaces de ponerse de acuerdo en nada.

Da la sensación de que el “circo de pulgas amaestradas” en el que se ha convertido la arena política nacional ya ni tan siquiera es capaz de entretener al respetable, con sus salidas de tono y su grosera ignorancia. Antaño, las bravuconadas de los portavoces de cada uno de los partidos presentes en el hemiciclo podían hasta resultar simpáticas, siempre que se obviara el fondo de la cuestión que se estaba debatiendo. Hoy, ni tan siquiera son capaces de lograr un consenso dentro de los mismos partidos, hecho que explica el cada vez menos disimulado enfado de quienes, en menos de un año, han pasado dos veces por delante de una urna para, a reglón seguido, comprobar que mejor se hubieran quedado en casa descansando y/o tratando de cuadrar esas cuentas que, por mucho que se quiera, no llegan a final de mes.

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¿Caridad o justicia social?

La llamada crisis económica ha castigado duramente a los sectores más débiles de la sociedad pero no ha provocado estallidos sociales. Y no ha sido precisamente porque los gobiernos (y las instituciones que realmente gobiernan el mundo como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo) se pusieran de parte de los que menos tenían, de los que más lo necesitaban, de las víctimas de los despidos masivos, de los que se quedaron en la exclusión social, de los desahuciados de sus viviendas, de quienes sufrieron los recortes de los Servicios Sociales, de quienes perdieron derechos laborales y sociales. Al contrario, los gobiernos se pusieron al lado de los que habían provocado la crisis con las políticas ultraliberales con reformas laborales “extremadamente agresivas” (en boca del ministro De Guindos, el político de moda esta semana), con la desregulación del sistema financiero, con la promoción de paraísos fiscales y la privatización de la sanidad, la educación y otros pilares del Estado de Bienestar.

Frente a esos gobiernos que fueron débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, la sociedad reaccionó con una actitud solidaria. Los jubilados utilizaron parte de su pensión para pagar actividades extraescolares de los nietos o para apoyar a los hijos que se quedaron en paro. Las organizaciones sociales que sufrían los recortes de las subvenciones públicas veían que aumentaba el trabajo del voluntariado o la aportación de particulares.

En el último informe de la Fundación Foessa (Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) de Cáritas titulado Expulsión Social y recuperación económica se analiza la evolución del desempleo y la pobreza desde el año 2009 (cuando ya no se negaba la crisis). Sus autores llegan a la conclusión de que “la reducción de la pobreza en periodos de crecimiento no compensa el aumento de la misma en los periodos recesivos. Y es una cuestión de modelo social, no de crisis, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. Ese modelo, entre otros aspectos, continúa ignorando las consecuencias que ha generado tan largo periodo recesivo”.

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El negocio de ciertas demandas

Habrá que estar pendiente de los resultados de la reunión que la patronal turística de Tenerife, ASHOTEL, desea mantener con el Delegado del Gobierno en Canarias para tratar sobre las prácticas, supuestamente fraudulentas, de despachos de abogados británicos interesados en la interposición de demandas a cargo de turistas que hayan sufrido algún tipo de indisposición o quebranto de salud durante su estancia vacacional en determinados establecimientos hoteleros. Las demandas se formalizan contra las empresas utilizando subterfugios legales en torno a su responsabilidad última ante cualquier incidencia que afecte a los clientes.

ASHOTEL ya ha formulado algún tipo de denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía, como consecuencia de haber detectado la presencia en las proximidades del establecimiento de furgonetas  que, adecuadamente pintadas o formateadas, sirven de reclamo y primer punto de atención a turistas y curiosos que exploran -en mesas complementarias- la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio económico en caso de que prospere su demanda. El móvil de la tentación y del negocio: el despacho de abogados solo cobra si gana la demanda, lo cual es bastante probable pues es el turoperador el que abona el importe, restándolo posteriormente al hotel de su facturación. Si el circuito funciona sin alteraciones,  la conclusión es evidente: ganan todos, menos el hotelero. Clientes afectados y bufete jurídico obtienen su indemnización y sus honorarios, en tanto que el turoperador, que no se detiene a verificar los términos de la denuncia, se desentiende de reclamaciones y complicaciones varias.

Nos recuerda el caso de los métodos de venta utilizados hace años por las organizaciones de ‘time-sharing’ (algo así como ‘tiempo libre compartido’), con agentes jóvenes de ambos sexos en calles, avenidas y plazas de entornos turísticos que, empleándose con cierta agresividad dialéctica, llegaban a forzar la firma de los clientes que habían captado, en muchos casos por educación, cansancio o aburrimiento. Téngase en cuenta que los vendedores cobraban según el número de precontratos suscritos. Las consecuencias vendrían después. El empresariado local tardó en darse cuenta de la negativa repercusión que aquellos métodos estaba generando. Y las autoridades locales se veían impotentes para atender lo que terminó convirtiéndose en un problema de orden público

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