La antidemocrática Ley electoral canaria

En este año de elecciones cabe recordar, una vez más, la antidemocrática Ley Lectoral Canaria. Es tan esperpéntica en su dictado  texto legal y presuntamente democrático (¿…?), que quienes la redactaron deben haberla maniqueado aviesamente en sus equitativos conceptos  legislativos, con muy oscuros intereses espurios en favor de unas facciones políticas. Tiene esta ley su latrocinio origen en el Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes Españolas el 10 de agosto de 1982.

Es absolutamente ilícito a todo derecho democrático, que para la elección de los parlamentarios canarios que compondrán el Parlamento en su totalidad de 60 diputados, lo sean 30 por las islas capitalinas (15 por cada una) y los 30 restantes, lo otorguen las islas no capitalinas. Es decir, que 17 votos en las islas mayores y más pobladas, valgan lo mismo que 1 voto en las islas menos habitadas. La representación de las islas periféricas es de mayor valor, en esa cantidad, que las islas centrales o de más pobladas con derecho a voto.

Cientos de miles de votos vertidos en las urnas en las dos islas capitalinas serán abolidos e irán directamente a la basura. Lo que es lo mismo: de nada les ha servido ejercer este derecho del poder popular inserto en la mayoría votante. La fuerza del voto de las islas menores es patriarcal y de mucho peso antidemocrático, que el correspondiente a las ínsulas mayores, al no existir una equidad en la votación. Democráticamente, cada persona deposita un voto, y tiene el valor de esa unidad. Sin más aritméticas de fontanería. Y éste es libre e igualitario. Vivan donde vivan. Sean islas capitalinas o no. Esta es la auténtica razón de una Democracia. Por esta anómala ley las islas de capitales de provincias quedan infrarepresentadas.

Este sistema ilegal electoral para el sufragio del Parlamento Canario, lo tiene muy bien atenazado Coalición Canaria, para que no se pueda cambiar esta nefanda elección al parlamento. Para anularlo habría que derogar la aludida triple paridad existente. Se impide que sea modificado por iniciativa social extraparlamentaria. Para ello habría que cambiar el Estatuto de Autonomía; y otra lo sería, cambiando la Ley Electoral en el Parlamento de Canarias. Para esta última debía tener dos tercios de la Cámara.

En esta extravagante ley no hay intención de mejorarla para nada. Agravarla sí. En 1996, el apoyo de CC al gobierno central del PP en el Congreso de los Diputados le sirvió para empeorarla. Este apoyo supuso para que los nacionalistas, en la compra-venta de apoyos parlamentarios, que le reclamaran al nuevo Ejecutivo un cambio (a peor), con la Ley Electoral Canaria en el conjunto de prebendas concedidas en el Estatuto de Autonomía, en sus nuevas competencias. Así refundaron la perversidad de la misma con una ampliación de las proporciones de acceso a los organismos parlamentario canarios: del 20% al 30% insular y del 3% al 6% autonómico.  Con esta decisión, CC se aseguraba el poder al garantizarse el apoyo de las fuerzas insularistas que componen el consorcio, que sin su fusión quedarían fuera del Parlamento.

La actual ley beneficia claramente CC (y a todos los partidos insularistas que lo componen en el conjunto de islas); pero también a PSOE y PP. Dejan sin representación parlamentaria a los pequeños partidos insularistas, nacionalistas o de izquierdas, como Nueva Canaria o a nacionales como Izquierda Unida, y otros.

Para más inri en esta intolerante ley, en una sociedad, honesta, justa y equilibrada en todas sus demandas, es la única e insólita mal ejemplo en España y en Europa. La redacción de un texto legislativo tan ladino en egoístas intereses por acaparar el dominio centralista de los partidos ‘nacionalistas’, muy especialmente de la tinerfeñista ATI, que desea eternizarse en el poder con mando omnímodo en todos los referentes de las finanzas para acaparar las consejerías que manejan los proyectos más importantes y políticas medulares sobre las demás islas. 

Es un apaño de carácter autoritarista, con el objeto de seguir enlapados en un poder, en el que cuenta sobremanera, el centralismo político archipielágico. Caso omiso han hecho a las plataformas creadas para suprimirla, y de críticas de todos los estamentos, etc., los que han obtenido el cargo mediante el voto olvidando las demandas de los ciudadanos en este hazmerreir que supone esta filibustera fórmula electoral antidemocrática.  

Si reflexionamos sobre este irregular hecho pseudoelectoral en Canarias, nos invita a que pensemos en la sumisión del abstencionismo o  de ejercer el voto en nulo. En todo sufragio universal todos los votos deben tener igual valor: una persona un voto. Esta desproporción es tan inicua y en absoluto democrática, que no se corresponde con el precepto griego de Democracia. Ni en su esencial etimológica.