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El 'caso Poyeya' de Las Palmas de Gran Canaria

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Cuando se denuncia una actuación urbanística irregular, -no hablo de las grandes irregularidades, esas son de “escasa relevancia”-, como construir sin licencia de obras un gallinero en la azotea, un par de habitaciones, un estudio o correr el techo con hormigón, no corre con la misma prisa la máquina municipal de disciplina urbanística. Si la persona denunciada es uno de los miles de conciudadanos de esta capital, anónimo pagano, el Ayuntamiento “dicta” medidas para que le derriben el gallinero o la habitación que hizo para dar cobijo a su nieto o a las palomas a velocidad de vértigo. Si aquella tiene posibilidades económicas o es un amigo colaborador del ayuntamiento se lleva a la práctica la política de hechos consumados y esperamos, recurso tras recurso, que el expediente quede “graciosamente olvidado” debajo de la tonga de documentos para la firma del concejal javeriano, delegado de quien se besa los labios. Si no solo no se ha detenido la obra ilegal, debidamente precintada, sino que además el ilegal ha roto el precinto que le colocara el capitalinísimo ayuntamiento, y prosigue la obra hasta culminarla poniendo la bandera con fiesta incluida, uno tiene derecho a sospechar corruptelas. Pasa el tiempo y como el denunciado, con posibilidades económicas, no derriba la obra, el capitalino ayuntamiento le sanciona con una multa de 600 euros mensuales hasta completar la cantidad de 9.000 que es el precio fijado para proceder al derribo. Pero hete aquí que, pasan los meses y no se ejecuta la orden. Han pasado más de cuatro años de interpuesta la denuncia y precintado. ¿Para qué querrá el ayuntamiento el dinero de unas sanciones cuyo fin era muy claro? ¿Dónde está, a qué se destina? Nuestro paupérrimo ayuntamiento no tiene cuadrillas para ejecutar el derribo ni empresas que se puedan contratar para proceder al cumplimiento de la orden. Y eso, con el dinero de la sanción por delante. Para qué recordar con cuanta diligencia se hizo solar el primitivo Woermann y otros. La percepción de cualquier ciudadano es que el que tiene dinero, paga sanciones y se queda con el apartamento ilegal de la azotea. Quien no tiene dinero se encuentra con el piquete de derribo y sin palomar. Asesores jurídicos hay en el zodíaco y luzardiano ayuntamiento, pero hago este hincapié, para recordarles que quien interpuso la denuncia que destapó el caso malaya es un abogado con plaza ganada en oposición nacional, asesor jurídico de disciplina urbanística en Marbella, honrado y limpio, que fue ninguneado por sus jefes políticos corruptos y apartado de sus funciones para despejar el campo de impertinentes funcionarios honestos. Los cachulianos gilirocas vejaron y humillaron al honrado funcionario y éste puso en conocimiento de Su Señoría ( con el debido respeto y con mayúsculas pues se lo tiene bien acreditado) cuanto tenía que denunciar. Lo digo por si expedientes de coletilla SL u otras, pudieran desatar el caso Poyeya en el capitalino ayuntamiento del gran salmón marinado de Las Palmas de Gran Canaria , llamado también “pese a quien pese” y “se la van a tener que tragar”. Y todo empezó “siendo” Mr. Zodiac alcalde y continúa con doña Luzarda. Pues eso que ni Santa Cruz tiene Cruz ni Santo Domingo es santo, ni esta Alcaldía se libra de torpedos, como dicen tantos.

Carlos Juma

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