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Ofensiva del PSOE contra la nueva Ley del Aborto

RETROCESO HISTÓRICO

Todos los  grupos municipales socialistas de España presentarán una moción que pretende demostrar la soledad del PP en torno a un texto que el PSOE considera "aberrante".

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El Partido Socialista Canario ha iniciado este viernes una ofensiva municipal contra la reforma de la Ley del Aborto propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy. A través de una acción coordinada, todos los grupos municipales socialistas del Estado presentarán una moción en la que se "insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo". Esta acción de carácter nacional también se aplicará "de manera inmediata en todos los ayuntamientos de Canarias", adelantó el responsable de política municipal del PSC Gustavo Matos.

Gustavo Matos presenta la campaña de registro de morosos.

Gustavo Matos presenta la campaña de registro de morosos.

"Se trata de una acción coordinada que ha sido adoptada a nivel federal y que se va a presentar en todos los ayuntamientos de España", comenta Matos. La moción es el punto de arranque de "una ofensiva institucional para tratar de parar esta aberración" que, según el responsable municipal del PSC, "retrotrae a la sociedad española a tiempos anteriores a la llegada de la Democracia".

El dirigente socialista destaca que el objetivo de esta iniciativa conjunta es demostrar que "hay un rechazo generalizado a esta propuesta" y que "el PP está totalmente aislado" en una cuestión que los socialistas consideran una ataque frontal al núcleo duro del catálogo de derechos de la ciudadanía. La moción recuerda que la reforma del texto aprobada durante el gobierno de Zapatero supuso un avance que "reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea".

En este sentido, señala el texto, el nuevo marco regulatorio planteado por el PP "representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias".

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa", incide.

Un falso consenso

Gustavo Matos señaló que el PP apela al consenso de 1985 pero recuerda que "en aquella ocasión, aún bajo el nombre de Alianza Popular, estuvieron en contra de la Ley. Hablan de consenso y ni siquiera votaron a favor del texto del 85. La Ley de Plazos (en vigor) si logró un amplio apoyo político, pero la realidad de la propuesta popular es que ni siquiera la apoyan todos los miembros del PP. No tienen consenso ni en el seno de su propia formación".

La moción pretende que, a través de los votos de todas las fuerzas políticas con representación municipal en España, "se demuestre que el PP está solo en esta cuestión y que los concejales del PP sean valientes y voten en conciencia contra esta ley que supone un retroceso de 30 años para España".

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