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Acusan al 112 de ''favorecer'' a la Policía Autónomica

'NO CUMPLEN' CON LOS PROTOCOLOS

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional atribuye esta actitud del servicio de emergencias al propósito de "agradar a ciertos políticos".

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El Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) ha denunciado que los servicios de emergencias del 112 dependientes del Gobierno de Canarias, "no cumplen" con los protocolos firmados con el Ministerio del Interior a la hora de comunicar los requerimientos de los ciudadanos que llaman en demanda de seguridad o para comunicar la comisión de un hecho delictivo.

Explica en un comunicado que todas las materias relacionadas con la comisión de delitos y faltas son de "exclusiva" competencia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, y la actuación de las Policías autónomas y locales "tiene el carácter de colaboradores".

El SUP argumenta su protesta en lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que recoge los protocolos "que se firmaron en su día entre Jaime Mayor Oreja y Lorenzo Olarte Cullen", cuando eran Ministro del Interior y Presidente del Gobierno de Canarias respectivamente.

El sindicato asegura que es "muy habitual" que cuando un ciudadano llama al 112 comunicando la posible comisión de un delito o una falta penal, los responsables de las salas de Las Palmas y Tenerife que coordinan los servicios de emergencias, "demoran y en ocasiones ocultan" a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la llamada, "con el único fin de comunicarla primero a la Policía Autónoma, en aquellos sitios donde prestan algún servicio, como sucede en Maspalomas o en Playa de las Américas y, en otros casos, donde no hay Policía Autónoma le dan prioridad a la Policía Local".

Asimismo, afirman que en la mayoría de los servicios en los que tramita la llamada el 112, en vez de al 091, al llegar la patrulla de la Policía Nacional ya se encuentra en el lugar requerido una unidad de la Policía Autonómica o de la Policía Local, "cuando el hecho es de exclusiva competencia de la Policía Nacional porque así lo establece la ley, produciéndose un retraso malintencionado por los responsables del 112".

El SUP acusa al Servicio de Emergencias del Gobierno canario de "trato desleal y ninguneo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con intencionalidad y mala fe". En la misma línea, añade que "perjudican y dificultan" la posterior investigación de los hechos.

La representación sindical de la Policía Nacional argumenta que este supuesto comportamiento del 112 se hace "con intención de agradar a determinados políticos aún a sabiendas del perjuicio que le pueden causar a los ciudadanos".

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