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El Cabildo de Lanzarote retrasa la ejecución de las sentencias contra hoteles ilegales

POR DEFECTOS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS

El juzgado da 20 días al Cabildo para que entregue un informe de compatibilidad con el PIO.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas ha dado un plazo de 20 días al Director Insular de Ordenación Territorial del Cabildo de Lanzarote, Rafael Martín, para que envíe a ese juzgado, dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia de un hotel declarado ilegal, un informe de compatibilidad de ese proyecto con el Plan Insular de Ordenación (PIO).

Tras la anulación de cerca de 30 licencias para hoteles y complejos en la Isla por los pleitos que puso el Cabildo, la Fundación César Manrique (FCM), que se había personado, instó a que se ejecutaran las sentencias. En ese proceso de ejecución los promotores tienen que intentar conseguir de nuevo la licencia y para ello deben recabar informes de los ayuntamientos pero también del Cabildo, que debe hacer uno de compatibilidad del proyecto con el PIO.

El Juzgado hace este requerimiento tras recibir un escrito del nombrado director insular en el que reconoce que no se han entregado los informes en el plazo correspondiente o que han llegado a la conclusión, "aunque posterior, de que se han emitido defectuosamente algunos de ellos".

Con esta conclusión, el Director Insular se refiere, sin nombrarlos, a los que hizo el Cabildo en el procedimiento sobre la licencia concedida a Urena Mountain en el que el Juzgado ordenó apartar a dos técnicos del Plan Insular para hacer esos informes por su relación con la FCM. El Cabildo, entonces emitió otros informes, igualmente negativos, firmados por otros técnicos.

El escrito de Rafael Martín dice que en los últimos meses se han producido una serie de hechos que han motivado la adopción de un criterio de "prudencia" a la hora de hacer tales informes de compatibilidad. Se refiere a que hay una resolución del secretario del Cabildo que dice que los informes deben ser firmados por el Consejo de Gobierno y no por los técnicos del PIO, y también al dictamen encargado al jurista Luciano Parejo que duda incluso de que el Cabido deba redactar esos informes.

También señala que los tribunales han anulado la Moratoria de 2000 y que eso tiene consecuencias respecto a la programación temporal y al techo de camas insular, y que, por otra parte "tiene especial incidencia la información que se va obteniendo relativa a la tramitación del Plan General de Ordenación de Yaiza, que tramita el Gobierno de Canarias".

Martín habla de "complejo marco jurídico que se nos presenta a la hora de abordar los informes de compatibilidad" y señala que se han pedido informes (que ya se han redactado) tanto al propio Cabildo como a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, como responsables del Plan General de Yaiza para que aclaren la determinación del marco jurídico aplicable.

Dice el Director Insular que el Cabildo está en disposición de hacer los informes de compatibilidad aunque considera que aún quedan algunos aspectos por aclarar "de no menor importancia", pero no se compromete a fijar una fecha para entregarlos. El Juzgado le contestó que remita el informe en 20 días "y con su resultado se acordará".

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