El Gobierno canario y Essscan estudian personarse en el 'caso Catis'

El Gobierno de Canarias y la empresa pública Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de las islas (Essscan) estudian personarse como acusación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz contra el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca), que presuntamente ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Así lo anunció este viernes el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Fernando Bañolas (CC), tras presidir la toma de posesión del nuevo secretario general de la Essscan, Antonio Aguiar Díaz, en sustitución de Pedro Rodríguez Torrens, quien cesó del cargo.

Dos ex directoras de ESSSCAN, Inmaculada Acosta, de Gran Canaria y Rosa María de Haro, de La Palma, designadas durante el mandato del Partido Popular en la Consejería de Sanidad, han sido imputadas en la denominada operación Catis, llevada a cabo por la Guardia Civil en Canarias, Badajoz y Cádiz para desarticular una red dedicada presuntamente a expedir falsas titulaciones sanitarias. También está imputada la antigua secretaria general de Essscan, Carmen Nieves Cáceres, de Tenerife. Las tres han sido acusadas de un presunto delito de falsedad documental.

Bañolas afirmó que Antonio Aguiar no viene a “resolver los problemas de la Essscan”, sino que sustituye al anterior secretario por cese “a petición propia”.

“Un problema externo”

“Antonio va a entrar con un problema en la ESSSCAN, un problema que no es de la ESSSCAN sino externo a la ESSSCAN”, sostuvo el consejero, que quiso dejar claro que “la ESSSCAN no está imputada ni ningún trabajador” de dicha institución.

Bañolas recordó que la causa está bajo secreto de sumario, de forma que “se irá desgranando en las próximas semanas y se podrá ir informando más de este tema”.

Incidió en que el citado sindicato “ha actuado mal respecto a la realización de los cursos” y planteó que el Gobierno y la ESSSCAN “todavía no se han personado porque no tienen por qué personarse”. Si bien, matizó que la administración actuará en contra del sindicato si durante la tramitación del procedimiento abierto se comprueba que Sitca actuó de forma “negligente” y “se ha ido contra la ESSSCAN”, que, en su caso “podría actuar sobre los cursos impartidos anulándolos o no”.

El consejero regional de Sanidad recordó que el sindicato impartió alrededor de 300 cursos online en las islas en 2009 y unos 200 durante 2010, cursos que fueron acreditados por la ESSSCAN “como se ha hecho con otros cursos que no han tenido ningún tipo de problema”. Asimismo, la Consejería regional de Sanidad está evaluando el número de alumnos afectados por este conflicto.

Igualmente, Bañolas advirtió de que su departamento ha denunciado el convenio marco suscrito en su día con el sindicato, con el que garantizó que la institución “no va a trabajar más”.

Asimismo, el también candidato de CC al Cabildo de Gran Canaria incidió en que “la presunción de inocencia” de las personas imputadas está “por encima de todo”. “Si durante el procedimiento se ve que estas personas tienen culpa o no ya se abrirá otro abanico de posibilidades por parte de la ESSSCAN”, agregó, al tiempo que indicó que la Consejería de Sanidad está prestando apoyo jurídico a la ex directora de dicha empresa, Rosa María de Haro, la única que lo ha solicitado.

Detalles de 'Catis'

La operación Catis, desarrollada por la Guardia Civil en Cádiz, Badajoz y Canarias, ha culminado con la detención de diez personas y la imputación de otras dos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. Asimismo, se han intervenido más de 1,4 millones de euros procedentes de esta fraudulenta actividad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Seguidamente, comprobaron que el Sitca, previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna. Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.

Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del Curso básico de Riesgos Laborares, entre otros, titulaciones necesarias para poder optar a determinadas bolsas de trabajo o para trabajar en el sector del metal.

Supuestamente bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.

Lucro económico

Según la Guardia Civil, el Sitca certificaba, previo pago de 80 euros, que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas. En realidad, el alumno no realizaba ninguna hora presencial, ni el sindicato preparaba al trabajador.

Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato gaditano. Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción del alumno.

Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.

La organización estaba encabezada por el secretario general del sindicato, presunto cerebro de la organización, que se valía de otras personas, organismos y empresas, que facultaban al sindicato los títulos que expedía.

Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichos certificados oficiales.