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Gobierno canario tiene "tranquilidad absoluta" ante la sentencia favorable a profesores que piden 700 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, aseguró hoy que el Ejecutivo tiene "tranquilidad absoluta" ante la sentencia que ha dictado un juzgado de instrucción en favor de los profesores de la Comunidad Autónoma y por la que reclaman a la Administración regional una deuda de 700 millones de euros.

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, aseguró hoy que el Ejecutivo tiene "tranquilidad absoluta" ante la sentencia que ha dictado un juzgado de instrucción en favor de los profesores de la Comunidad Autónoma y por la que reclaman a la Administración regional una deuda de 700 millones de euros.

Marrero apuntó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se trata de una "mera especulación como ocurrió hasta la fecha", ya que señaló que es lo que ocurre cada vez que se produce una resolución judicial para finalmente cuando la sentencia es firme "no hay que pagar".

Así se mostró, al ser preguntado de dónde va a coger el Ejecutivo autonómico los 700 millones de euros. De todos modos, explicó que a este respecto se han producido 16 resoluciones judiciales "favorables al criterio del Gobierno de Canarias y sólo una, y por una reclamación individual, que no es favorable".

En este sentido, subrayó que de las 16 resoluciones favorables al Ejecutivo regional, "tres son de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), caso que no es el de esta desfavorable, esta es de un juzgado".

Añadió que el "matiz" de quien dicta la resolución "es muy importante", ya que el TSJC ha establecido la doctrina de "que tiene razón el Gobierno de Canarias", de ahí que reiteró que al respecto la "tranquilidad es absoluta".

De todos modos, puntualizó que la resolución en contra del Ejecutivo regional se "fundamenta sólo en una cuestión formal" y "expresamente obvia el asunto de fondo", es decir, que la "homologación promulgada en 1991 tenía una vigencia de cinco años", por lo que "caduca a los cinco años".

Finalmente, anunció que el Gobierno canario ya ha apelado esa sentencia desfavorable.

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