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Mal día para Zerolo

UNA PROTESTA CONTRA LA UNIPOL COINCIDE CON EL PLENO PARA RECURRIR POR 'LAS TERESITAS'

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El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, tuvo este viernes un mal día. Todo se complicó entre las 10 y las 10:30 de la mañana. Pasaban unos veinte minutos del horario previsto para el inicio del pleno, cuando apareció por la puerta principal la portavoz del grupo municipal Popular, Cristina Tavío, que se dirigió directamente hacia el sillón del alcalde. Le dijo algo a Zerolo, algo como tenemos que hablar un momento, y ambos salieron por la puerta ubicada detrás de la mesa presidencial desde donde el alcalde dirige los plenos.

Tardaron poco y al entrar Tavío se dirigió a su asiento en el salón de plenos, mientras Zerolo no ocultaba una cara de circunstancias, mostraba la sensación de sentirse traicionado por haber cedido a su nuevo socio Ángel Llanos tantas áreas importantes, como Economía y Hacienda, Comercio, Turismo, un puesto en el Consejo de Administración en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz? a cambio de algo que no está escrito en el texto del acuerdo firmado, pero que se escenificó con claridad y se citó literalmente en la rueda de prensa que ofrecieron Zerolo y Llanos conjuntamente para anunciar su acuerdo de gobierno en Santa Cruz: el PP apoyaría la decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa de once parcelas en Las Teresitas.

La cara de Zerolo era un poema y una premonición de lo que sucedería posteriormente, cuando se sometió a votación el decreto del alcalde: sólo CC persiste en no acatar, ya, la sentencia del Supremo y cumplirla para que dos empresarios devuelvan unos 55 millones de euros (8.750 millones de las antiguas pesetas) más los intereses a los ciudadanos de Santa Cruz. Sólo CC, con el alcalde a la cabeza, dilata el cumplimiento de una sentencia que no perjudica directamente ni a Zerolo ni a los concejales, ni mucho menos a los ciudadanos de Santa Cruz. Sólo CC apoya un decreto que no defiende el interés general, sino el particular de dos empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González. ¿Por qué?

¿Por qué un alcalde de una capital de provincia que es beneficiada por una sentencia firme del Supremo que implica no sólo la devolución de casi 11.000 millones de pesetas a las arcas públicas sino la imposibilidad de construir en el frente de la playa de la ciudad, se empecina en seguir con un absurdo proceso judicial, aunque se admitiera a trámite el incidente de nulidad y el recurso de amparo? No hay otra respuesta que no sea la defensa del interés particular, que es lo que ha primado en todo el proceso de urbanización de Las Teresitas desde su origen.

La operación

Inversiones Las Teresitas SL compró todo el Plan Parcial por 5.500 millones de las antiguas pesetas en una operación rocambolesca, rodeada de una información que bien puede considerarse un privilegio (días antes de la sentencia del Supremo de 1998 que permitía la edificabilidad en el frente de playa, contra la que no se presentó ningún incidente de nulidad, como recordó el portavoz socialista Ramiro Cuende), con CajaCanarias como epicentro financiero del negocio, concediendo un aval multimillonario, 5.500 millones de pesetas, a una empresa sin estar registrada que contaba con un capital social de 30 millones de pesetas, aval solicitado, entre otros, por una persona cuya categoría profesional es peón y que cobraba un sueldo de 120.000 pesetas mensuales. Todo esto figura en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

El generoso Ayuntamiento de Santa Cruz compró el 63% de los terrenos del Plan Parcial por 8.750 millones de pesetas, en una acelerada operación ya que Inversiones Las Teresitas debía hacer frente a los intereses del aval y porque se iba a aprobar la moratoria turística. Era julio de 2001. De ahí que Zerolo y su equipo de Urbanismo aprobaran el desembolso de la mayor parte de los 8.750 millones en el momento de la firma del contrato.

Es decir, el Ayuntamiento podría haber comprado a la Junta de Compensación por 5.500 millones la totalidad de los terrenos, pero dos empresarios se adelantan y después venden sólo una parte por mucho más, con el añadido de la decisión del equipo de Urbanismo, bajo la supervisión del alcalde, de trasladar la edificabilidad a las parcelas traseras, en el Valle de las Huertas. Los avispados empresarios venden esos terrenos a Mapfre por unos 90 millones de euros, con lo que consiguen 25.000 millones de pesetas (entre lo que paga el Ayuntamiento y lo que se cobra a Mapfre), por algo que compraron por 5.500 millones. Todo esto sin mover una piedra, sólo expedientes administrativos, financieros y documentos notariales.

Es decir, los empresarios han salido muy beneficiados, aunque tuvieran que devolver ahora los 55 millones de euros. Ya han ganado. Y los ciudadanos también, porque tanto el convenio en vigor como el nuevo planeamiento impide la construcción en el frente de playa. Entonces, ¿a qué responde la estrategia de Zerolo, además de ganar tiempo?

Hay otro dato que puede ilustrar, por deducción, lo que está sucediendo: la operación inicial no costó 5.500 millones de pesetas, aunque eso es lo que se pagara a la Junta de Compensación. Plasencia ha declarado, está por escrito, que la operación costó 9.770 millones de las antiguas pesetas. Hay una diferencia de 4.270 millones de pesetas y hay once imputados por la fiscalía anticorrupción por prevaricación y malversación de fondos públicos. Entre los imputados, personas que no firmaron expedientes, sino que aprobaron el convenio en el pleno.

Tavío no intervino en el pleno, pero después de que su compañero Ángel Llanos afirmara que la compraventa de las parcelas de Las Teresitas "es una ilegalidad como la copa de un pino" era demasiado que, además, tuviera que aprobar, junto con sus compañeros de grupo, la decisión de recurrir al Supremo porque Llanos se comprometió públicamente en la rueda de prensa conjunta con Zerolo, traspasando la responsabilidad de votar favorablemente un decreto infumable a la presidenta insular del PP. Comienza de este modo, con una traición a Zerolo, el acuerdo de gobierno con el PP en Santa Cruz.

Primera protesta en la línea del tranvía

Mientras Cristina Tavío informaba a Zerolo de la decisión tomada por los concejales populares, más de 300 personas pasaban a la historia de Santa Cruz por ser los primeros en cortar la circulación del nuevo tranvía, en Ofra. Cientos de personas firmaban un documento para pedir la disolución de la Unipol, tras la supuesta agresión sufrida por un joven con la cara desfigurada, y la dimisión de Miguel Zerolo como máximo responsable del cuerpo de seguridad. Supuesta agresión hasta que se concluya la investigación, porque hay dos testigos que este viernes en la avenida de los Príncipes declaraban cómo habían visto a dos policías de esta guardia zeroliana pegar una paliza descomunal al joven.

La hermana y la madre sentadas en un bordillo de una acera, acompañadas por multitud de vecinos, solicitaban la presencia de Zerolo. "Hasta que no venga Zerolo no nos movemos", declararon a este diario. Pero el alcalde no aparecía y eran las 14:30. La policía que vigilaba la concentración improvisada tenía orden de no intervenir. Los ánimos estaban muy caldeados en Ofra. Este sábado, a las diez de la mañana, los vecinos piensan volver a salir a la calle, pero en dirección al Ayuntamiento de Santa Cruz para exigir la disolución de la Unipol.

Sí, mientras cientos de trabajadores salían a la calle a protestar contra la policía que ha de protegerlos el alcalde se quedaba solo con sus concejales en la defensa de su decreto para presentar recursos al Supremo, en defensa del interés particular de dos multimillonarios. Debe ser una cuestión de clases. Y de lucha de clases.

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