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El PSC pide revisar la orden de Luis Soria para explotar Tebeto

CONSIDERA QUE ES ''UN PUFO MÁS'' DEL PP

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El PSOE pidió este martes al Gobierno que revise de oficio la orden de 2004 de la Consejería de Industria, dirigida entonces por Luis Soria, por la que se concedió a Canteras Cabo Verde la explotación minera de la montaña Tebeto y recurra al Tribunal Supremo la sentencia que obliga al Ejecutivo a pagar a esta empresa 92 millones de euros.

La diputada del grupo Socialista Francisca Luengo afirmó en rueda de prensa que este en un "clarísimo supuesto de corrupción" y "un pufo más" en el que el PP "rema a corriente" y en el que, dijo, el PSOE no tiene ninguna responsabilidad.

Explicó que la solución para que el Gobierno no tenga que pagar los 92 millones de euros, que suponen el 2% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2009, es que se revise la orden de la Consejería de Industria de 2004, dado que hay un plazo de cuatro años para hacerlo, cuando el resultado de esa resolución ha sido lesiva para la administración.

Luengo recordó que la única actuación que tuvo el Gobierno canario que presidió el socialista Jerónimo Saavedra fue cancelar en 1993 el permiso de investigación que había solicitado Cabo Verde en 1988, año en el que esta empresa había pedido también la concesión directa de la explotación.

La parlamentaria explicó que fueron decisiones posteriores del primer Gobierno de CC las que fueron recurridas judicialmente por Cabo Verde, que nunca recurrió la decisión del Gobierno socialista de cancelar el permiso de investigación.

En concreto señaló que en 1993 y con la Consejería de Industria gobernada por José Vicente León, se resolvió un concurso que se le otorgaba la concesión de la explotación minera de la Montaña de Tebeto, situada cerca de la de Tindaya, a Canterías de Arucas y se cancelaba el expediente que la empresa Cabo Verde tenía en marcha.

Estas dos resoluciones fueron recurridas por Cabo Verde y en 1998, una sentencia da la razón a la empresa y le reconoce su derecho a que continúe la tramitación de su expediente en la Consejería de Industria, que aquel año dirigía Francisco de La Barreda.

Luengo indicó que el Gobierno decidió no recurrir la sentencia por lo que zanjó la posibilidad de que este asunto quedara resuelto aunque aclaró que la sentencia judicial no daba derechos de explotación.

Fue en 2004, agregó la diputada, cuando la Consejería de Industria, dirigida por Luis Soria, autoriza la concesión a Cabo Verde a pesar de conocer que el Plan Insular de Ordenación de la isla de Fuerteventura, aprobado en 2001, prohibía cualquier tipo de explotación minera a 3 kilómetros del espacio protegido de la Montaña Tindaya.

Además la diputada indicó que esta concesión se otorgó en contra de la ley de Minas, que establece que los derechos de explotación deben ser compatibles con el medio ambiente y la preservación del lugar y en este caso, aclaró, nunca se pidió un informe de evaluación ambiental.

Por ello, agregó Luengo, el derecho de la concesión administrativa nunca se pudo ejecutar y Cabo Verde presentó una reclamación patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios públicos que le ha sido admitida en una sentencia que obliga al Gobierno de Canarias a indemnizar a la empresa por el lucro cesante con 92 millones de euros.

Luengo señaló que esto es muy grave, acusó al Gobierno de CC y PP de no haber defendido los intereses generales sino los particulares y reiteró que se trata del caso de corrupción más grave que ha tenido la Comunidad Autónoma.

Insistió en que hay situaciones inexplicables como el motivo por el que la Consejería de Industria otorgó la concesión administrativa o por qué se aceptó la valoración del lucro cesante realizado por Cabo Verde y que fue realizada por la misma empresa que valoró para Cabo Verde el valor de su explotación en la montaña de Tindaya.

Luengo no quiso vincular este caso con el de Tindaya pero subrayó que la actuación del Gobierno ha dejado mucho que desear y lamentó que no se haya procedido al rescate de la concesión, como sí se produjo en Tindaya, con lo que la estimación de la indemnización hubiese sido más baja.

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