Sánchez-Simón teme que le detengan por sus inspecciones fiscales a poderosos empresarios
El candidato de UPyD a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Sánchez Simón, ha denunciado este miércoles ante el fiscal que está siendo sometido a una investigación policial que atribuye a una posible represalia por una serie de denuncias por fraude fiscal que presentó como inspector de Hacienda.
Sánchez Simón fue diputado en el Parlamento de Canarias por el PP durante varias legislaturas, representó a la comunidad como senador autonómico y presidió durante la pasada legislatura la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Desde de 2014, milita en UPyD.
El candidato a alcalde ha presentado este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Las Palmas, registrada con el número 87, en la que manifiesta que es objeto de un seguimiento policial y que un agente le ha advertido de que se prepara su “detención con publicidad”, según ha confirmado.
Sánchez Simón sostiene que esas pesquisas guardan relación a su vez con las denuncias que la Agencia Tributaria ha presentado contra varios destacados empresarios de Las Palmas de Gran Canaria por delito contra la Hacienda Pública, fruto de una investigación que él mismo dirigió en su condición de inspector fiscal del Estado.
El exsenador cree que lo que se pretende es desacreditar sus investigaciones por posibles casos de “corrupción”, poniendo en cuestión la licitud de la relación profesional que mantuvo hace tiempo con una sociedad familiar de la que es partícipe.
Sánchez Simón confirma en su escrito al fiscal que hasta 2007, cuando tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sí realizó actividades profesionales, pero precisa que a partir de ese año traspasó su despacho a otra persona y desde entonces la sociedad cuestionada es “meramente patrimonial”.
El candidato de UPyD asegura que está a disposición de la Fiscalía para ofrecer las aclaraciones que esta crea oportunas.
La gestión de Sánchez Simón al frente del puerto de Las Palmas está sometida a controversia desde que los actuales gestores comunicaron a la Fiscalía que una importante obra acometida durante su mandato (la ampliación del dique de La Esfinge) tiene graves irregularidades que pueden obligar a España a devolver a la UE hasta nueve millones de euros por mal uso de sus fondos.
El actual consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que preside Luis Ibarra (PSOE), sostiene que esas irregularidades van a provocar no solo un quebranto económico, sino que una obra que debió proyectarse para 500 años, como marca la normativa sobre infraestructuras portuarias, solo vaya a durar 50.
Ante esa polémica, que salpica a su gestión y que ya ha supuesto la suspensión profesional en el puerto de dos técnicos que supervisaron la obra, el propio Sánchez Simón presentó hace unos meses a la Fiscalía una denuncia por el presunto desvío de ocho millones de la Autoridad Portuaria a las empresas que se ocuparon de ese dique (FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago).
