El nuevo jefe de los Servicios Jurídicos del Gobierno dictó dos autos contradictorios sobre el Mamotreto

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso (5i), posa con algunos de los miembros de su departamento que tomaron posesión de su cargo en un acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

Belén Molina

Santa Cruz de Tenerife —

Francisco Plata Medina, magistrado en excedencia desde el pasado 21 de julio, fecha en que fue nombrado viceconsejero de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, es el mismo que dictó dos autos judiciales totalmente contradictorios sobre la suspensión cautelar del pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife de 2009 en el que se aprobó el derribo del edificio apodado Mamotreto.

Plata Medina es uno de los cargos polémicos del nuevo equipo de Gobierno creado por CC y el PSOE, y fue cuestionado cuando se hicieron públicos dos autos firmados por él, ambos de la misma fecha de 6 de mayo de 2010, uno en el que decretaba la suspensión cautelar del pleno municipal por el que se aprobó el derribo del edificio que cierra el frente de la playa de Las Teresitas, y otro, en el que con idénticos argumentos jurídicos, se decretaba lo contrario.

El magistrado, entonces titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, atribuyó el error a la divulgación de un borrador y dio por válido el auto que decretaba la suspensión solicitada por el entonces alcalde y multi-imputado, Miguel Zerolo, pero de ese forma se supo que existían dos posturas del mismo juez sobre el mismo asunto.

Además, con su nombramiento adscrito a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Plata Medina se convierte en el primer cargo político al frente de la jefatura de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional.

La designación del magistrado se debe a Fernando Clavijo, así como la de la nueva viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez Delgado, que es ex concejal por CC en el Ayuntamiento de La Laguna, y aún formalmente imputada en el caso Corredor (al igual que el mismo Clavijo), ya que el sobreseimiento provisional de sus imputaciones por falsedad documental, malversación, prevaricación y tráfico de influencias no es definitivo.

La otra designación polémica es la de Lourdes Quesada, nueva directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, aunque este alto cargo no se debe a Clavijo, sino a Aaron Afonso, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por el PSOE.

Francisco Plata ha sido miembro del cuerpo técnico de Administración Civil del Estado, del cuerpo superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias, magistrado, director general de la Inspección General de Servicios y consejero del Consejo Consultivo de Canarias.

Sin comentarios

Sin comentariosLa vicepresidenta del Gobierno de Canarias, la socialista Patricia Hernández, no quiso hacer comentarios acerca de este nombramiento, a pesar de la importancia que tiene en el organigrama gubernamental. “No voy a opinar sobre nombramientos en otras consejerías que no sean la de mi competencia” afirmó este jueves a Canarias Ahora.

De la misma manera se pronunció, o mejor escrito, no se pronunció, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, quien a través de una de sus responsables de prensa dijo que no opinaba “sobre las personas”.

Quien sí quiso dar su punto de vista fue la portavoz de Podemos en el Parlamento canario, Noemí Santana, que destacó que “Clavijo nos prometió un Gobierno sin sospechas de corrupción en su discurso de investidura. Apenas han pasado unas semanas y vemos que hace todo lo contrario”.

Santana añadió que “ha aumentado las consejerías en lo máximo que permite el Estatuto de Autonomía y ha incrementado los cargos de confianza. Algunas de las personas que le rodean han estado salpicadas por la corrupción y sus causas solo están archivadas provisionalmente. Empieza muy mal este Gobierno”.

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