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Sexta reforma estatutaria admitida a trámite por las Cortes Generales en la legislatura

EL CONGRESO RECHAZÓ EL PLAN IBARRETXE AL INICIO DEL PERIODO

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La reforma del Estatuto de Canarias, debatida este martes en el Congreso de los Diputados, es la sexta que admiten a trámite las Cortes Generales en esta legislatura, después de las reformas estatutarias de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón. Antes de todas ellas estuvo la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika planteada por el Parlamento vasco, el llamado "Plan Ibarretxe", que no llegó a pasar este trámite y fue desestimado en el Pleno de la Cámara Baja.

El nuevo Estatuto aragonés podría entrar en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas, una vez que todas las formaciones políticas lograron ayer un pacto en torno a las enmiendas. Tanto el Estatuto de la Comunidad Valenciana como el proyecto de reforma de las Illes Balears, ambas gobernadas por el PP, llegaron a las Cortes con el consenso de los dos grandes partidos y se refrendaron en el Congreso de los Diputados.

El Estatuto de Cataluña, aprobado con el rechazo de PP y ERC, obtuvo el 18 de junio el respaldo en referéndum, si bien éste no alcanzó el 50% de participación.

Referéndum en Andalucía

También a referéndum se someterá el 18 de febrero el Estatuto de Andalucía, que el pasado lunes fue tildado de "españolista" por el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo hizo extensivos el término de "españolista" a los proyectos de Estatuto de Autonomía de Andalucía y Castilla-La Mancha por considerar "excesiva" la referencia a la "indisoluble unidad de la nación española" que figura en el preámbulo y el articulado.

Además de estas reformas que ya fueron admitidas a trámite en las Cortes, también Castilla-La Mancha registró este mes en la Cámara Baja el texto aprobado en el Parlamento autonómico, tras Castilla y León que ya lo registró el pasado mes de diciembre. En el caso de Galicia, los líderes del PSdeG, PP y BNG decidieron a mediados de enero aplazar sin fecha la reforma del Estatuto por considerar que el momento de crispación política dificulta el entendimiento.

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