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La Subdelegación del Gobierno occidental retrasó la contratación de parados

POR CONSIDERAR ILEGAL UNA CONVOCATORIA REGIONAL

La institución que dirige Guillermo Díaz asegura que solo remitió un escrito a El Rosario para que cumpliese con las medidas antidéficit.

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La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha criticado la actitud de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife tras haber "retrasado la ejecución y puesta en marcha" del plan de contratación de parados en los ayuntamientos de la provincia. Ramos ha denunciado en el programa La Molienda, de CANARIAS AHORA RADIO, que la institución que dirige Guillermo Díaz remitió a los ayuntamientos un escrito en el que advertía de la posible ilegalidad de la convocatoria del Gobierno regional para financiar las contrataciones de desempleados en los municipios.

Según informó este miércoles la Subdelegación tinerfeña, el escrito al que Ramos se refería era una carta enviada al Ayuntamiento de El Rosario en La la que se aclaraba que "en aras a las competencias que tiene atribuidas (la Subdelegación) para velar por el cumplimiento de la normativa por parte de las administraciones locales, sólo ha requerido al Ayuntamiento de El Rosario el cumplimiento del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, una vez conocido un acuerdo plenario en el que se hacían constar informes desfavorables de la Secretaria General y el Interventor municipal del Consistorio".

El director del Servicio Canario de Empleo, Manuel León, explicó este miércoles que el 2 de marzo el propio subdelegado del Gobierno en la provincia occidental lo llamó para explicarle que la convocatoria anticipada del Ejecutivo regional era ilegal en base al Real Decreto Ley 20/2011 (RD). Ramos señaló hoy que "de otra cosa no entenderé pero de derecho sí", y "en todo momento estuve segura de que no había ilegalidad".

Esto, según Ramos, puso sobre alerta al resto de corporaciones: "Se ha corrido la voz rápidamente". La consecuencia de esta "desagradable" situación, a juicio de la consejera de Empleo, es que los ayuntamientos solicitaron informes jurídicos sobre la legalidad o no de la convocatoria de subvenciones abierta por el Gobierno de Canarias para la financiación de las contrataciones.

Ramos se ha quejado de la falta de "lealtad" mostrada por la administración estatal en la provincia occidental: "Hay que contribuir", ha dicho, "o terminaremos perdiendo todos".

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