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El Tribunal Supremo tumba el 'caso Tebeto'

DA LA RAZÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO FRENTE A LAS TESIS DEL TRIBUNAL SUPERIOR CANARIO

Canarias evita pagar 103 millones de euros a Rafael Bittini por ''un derecho adquirido inexistente''.

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El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno de Canarias en el contencioso que mantiene con el empresario Rafael Bittini por el denominado caso Tebeto, por medio de una sentencia dada a conocer este viernes, con el voto favorable de todos los magistrados.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ahora queda anulada obligaba al Ejecutivo a indemnizar con 103 millones de euros al empresario por impedir la explotación minera en Tebeto.

Por su parte, el pasado 1 de julio de 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictó una providencia en la que obligó al Gobierno canario a consignar 101.132.904 euros en un plazo de quince días como consecuencia del conflicto judicial que mantiene con la empresa Canteras Cabo Verde en Fuerteventura.

El acuerdo unánime de la Sala del Tribunal Supremo desestima, además, el recurso contencioso-administrativo que la representación procesal de la mercantil Canteras de Cabo Verde interpuso contra la resolución desestimatoria, primero presunta y luego expresa, de la reclamación de responsabilidad patrimonial que dedujo el 16 de agosto de 2006.

Los argumentos esgrimidos por el Supremo se han basado, entre otros, en que no se puede indemnizar "sobre un derecho adquirido inexistente".

El fallo del Tribunal aprecia que la empresa Cabo Verde ha dado por hecho que con un permiso de investigación se adquieren derechos de explotación y señala que "sólo tras esa tramitación subsiguiente y la resolución que le pusiera fin surgiría la posibilidad real de llegar a conocer una hipotética lesión y de conocer, también, las concretas y específicas circunstancias fácticas y jurídicas definitorias de la mismo".

Según la sentencia, el daño recae en el derecho a explotar los recursos que "derivan de la mera titularidad de un permiso de investigación".

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