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Los concejales de IR-Verdes ratifican ante el juez la denuncia contra el Plan Parcial El Varadero

EL JUZGADO NÚMERO 3 DE SANTA CRUZ ABRE DILIGENCIAS

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Los concejales de Iniciativa por El Rosario-Verdes, Escolástico Gil y Jacinto Correa, se rafiticaron este martes ante el juez sobre el contenido que ha dado lugar a la denuncia formulada contra el grupo de gobierno (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de El Rosario de la anterio legislatura por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del Plan Parcial de El Varadero.

Los ediles de IR-Los Verdes, denunciantes de la aprobación del Plan Parcial de El Varadero -anulada por sentencia del TSJC-, se personaron este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de dar cumplimiento al trámite de ratificación de los hechos denunciados. La investigación judicial se encuentra en fase de instrucción y diligencias previas, informa IR-Verdes en un comunicado.

Tanto Correa como Gil se ratificaron en la denuncia presentada por ambos a la Fiscalía el pasado 9 de abril de 2007, que ha dado lugar a que se inicie un expediente judicial que es previo, en su caso, a la imputación por vía penal.

El conocido como caso Varadero cuenta con varios antecedentes jurídicos, entre ellos tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que remarcan el carácter predominante del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) -que recoge esa zona como terreno protegido, sobre el plan de urbanización recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

Dos de estas sentencias desestiman los recursos presentados por el Ayuntamiento y el promotor del Plan en 2002 contra el PIOT, mientras que la otra estimó el recurso presentado por IR-Los Verdes en 2004 contra la aprobación por silencio administrativo positivo del Plan Parcial de El Varadero, que fue anulada por el TSJC.

En estos trámites además se han dados sucesivos avatares administrativos e informes contradictorios que podrían acabar implicando no sólo al Consistorio, sino también al Cabildo insular y al Gobierno de Canarias, indica IR-Los Verdes en un comunicado.

El juzgado trata de esclarecer durante la instrucción si podría existir delito en la resistencia mostrada por el promotor y el alcalde, Macario Benítez, a admitir y cumplir la normativa que se interponía en la tramitación del plan parcial e impedía legalmente la urbanización de un terreno de unos 200.000 metros cuadrados, cuyo valor hipotecario en 2006 ascendía a 12 millones de euros, y habría generado el triple de plusvalías una vez edificado.

Actualmente también se tramita por vía contenciosa otro recurso de IR-Verdes al Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, publicado el 30 de noviembre de 2007, para que se anule definitivamente este plan parcial que todavía hoy figura sólo como suspendido.

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