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Expedientes a la ‘vieja usanza’ en los Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria

La carencia de medios materiales que sufre la administración judicial contrasta con el desembolso de 31.227 euros para adecentar el despacho del fiscal superior de Canarias y aledaños

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El reciente auto en el que el juez César Romero Pamparacuatro imputa al candidato de Coalición Canaria (CC) a la presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha puesto sobre la mesa la carencia de medios materiales en la administración judicial. Algo que contrasta con la inversión de 31.227 euros que la Consejería del área ha hecho para adecentar el despacho del fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, y remodelar parte de las instalaciones del mismo espacio.

Pamparacuatro achacó a la Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias la demora en más de dos años de la publicación de la imputación de Clavijo. En ese sentido, acusó a la institución de entorpecer la investigación, al no haber dotado al organismo judicial de medios técnicos necesarios como un escáner que debía ser compartido por "toda la provincia de Tenerife".

Este tipo de tecnología de elevado coste, que permite digitalizar los miles de folios que llegan a amontonarse en casos de corrupción, coge polvo en los Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, donde solo se usa la fotocopiadora al no haber sido activado el escáner, según señala a Canarias Ahora la presidenta de la Junta de Personal de Justicia de Las Palmas, Meri Pita.

En la misma línea que Pamparacuatro se mostraron esta semana cuatro asociaciones nacionales de jueces, que reivindicaron en una carta enviada a la relatora de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, que desde el Gobierno central no se asignan recursos suficientes a los órganos judiciales para investigar este tipo casos, en los que la mayoría de implicados son políticos.

“Esta situación dificulta especialmente las investigaciones penales y habitualmente las retrasa hasta extremos desproporcionales” afirmaron desde Rights International Spain, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Pese a que el Gobierno de Canarias asegura que el Juzgado de Instrucción número Uno de San Cristóbal de La Laguna, donde ejerce Pamparacuatro, tuvo a su disposición durante varios meses un escáner, la Administración reconoce en el mismo comunicado que dicho objeto tuvo que ser trasladado desde Los Llanos de Aridane, en La Palma, dejando a esta sede sin digitalizador.

La Institución regional afirma que al inicio de la presente legislatura la Administración de Justicia en el Archipiélago disponía de cinco escáneres, mientras que en la actualidad cuenta con 11: Dos en la sede del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, uno en San Cristóbal de La Laguna (desde mayo de 2014), uno en Telde, otro en Arrecife, uno más en Los Llanos de Aridane y cuatro en la Ciudad de La Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, el aparato ubicado en los Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria solo permite hacer fotocopias, por lo que en pleno siglo XXI “se da traslado a las partes a la antigua usanza”. Algo que no sucede en los de lo Social, para enviar documentos a determinadas administraciones públicas.

El despacho del fiscal

Para Pita, que la Administración regional haya invertido 31.227 euros en remodelar el despacho del fiscal superior de Canarias y reorganizar las estancias aledañas cuando “llevamos 30 años denunciando la carencia de medios humanos y materiales” resulta “contradictorio”.

Junto con otros trabajos y obras menores llevadas a cabo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para reorganizar los órganos que permanecen en el edificio tras el traslado de los juzgados y secciones de la Audiencia Provincial a la nueva Ciudad de la Justicia, la inversión desembolsada por la Consejería asciende a 49.804 euros.

La presidenta de la Junta de Personal de Justicia de Las Palmas señala la necesidad de que exista un protocolo que estipule cuáles son las cuestiones prioritarias en épocas de restricciones presupuestarias. Aunque desconoce en qué estado se encontraba el despacho de Garrido antes de ser acometida la reforma, no la considera prioritaria.

“La Justicia tiene sus tiempos, pero también una carencia de medios que el poder político no adecúa en momentos en los que los casos de corrupción estallan casi a diario” señala Pita, que concluye que “el poder político, en líneas generales, parece no tener interés en que la justicia funcione”.

Desde el Gobierno de Canarias indican que en los dos pisos inferiores de la misma torre en la que se encuentran ubicados los Juzgados de lo Penal, en la Ciudad de la Justicia, hay dos escáneres de última generación destinados a los de Instrucción.

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