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No hay para escáneres, sí para el despacho del fiscal jefe

La Dirección General de Justicia desplaza a dos fiscales en el Palacio de Justicia para duplicar y reamueblar el despacho de Vicente Garrido

Los motivos son para la ampliación son demoledores: “El fiscal jefe se quejaba de que tenía un despacho más chico que el del presidente del TSJC”

Desde la consejería se defienden de los ataques de Pamparacuatro: Le sugirieron escanear en Santa Cruz, pero se negó

Estos son algunos de los nombres más polémicos del auto de Pamparacuatro: Paco Barreto, Ricardo González, Pepe Santana y Evaristo González

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Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Ya les adelantábamos ayer aquí mismo que el auto del magistrado César Romero Pamparacuatro, imputando al candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y otras cinco personas más, iba a traer mucha cola. O, mejor dicho, tres colas. La primera es la puramente política, que ha tenido este viernes un hito inconmensurable en la defensa que del alcalde nacionalista de La Laguna ha hecho el Partido Popular por boca de Manuel Fernández. La otra vertiente es la puramente jurídica, que tendrá su recorrido propio con lo que puedan hacer a partir de ahora las defensas de los imputados. Pero en la tercera cola nos tropezamos con una polémica que salpica al Gobierno de Canarias, concretamente a la Consejería de Presidencia y Justicia, a la que Pamparacuatro acusa directamente de no dotar a los juzgados canarios de los medios humanos, pero sobre todo técnicos, para hacer frente a las grandes causas y a la enorme cantidad de papel que generan. Desde ese departamento informan de que un escáner como el que se usa en los juzgados cuesta un ojo de la cara y la yema del otro, es decir, más de 10.000 euros, y que no está el horno para bollos. Sin embargo, sí ha habido un pastón para ampliar hasta el doble de su superficie original el despacho del fiscal superior de Canarias en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza de San Agustín. La ampliación ha llevado aparejado el reamueblamiento de esas dependencias por un importe que de momento desconocemos pero que deberá ser facilitado cuanto antes por el Gobierno para que todos comprobemos hasta dónde llega la austeridad en tiempos de crisis.

 

 

 

Un problema de tamaño

Los motivos que se han conocido para justificar la ampliación del despacho del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, tienen que ver con un problema de tamaño. Al máximo responsable del Ministerio Fiscal en las Islas le venía reconcomiendo por dentro el hecho constatable de que el despacho del presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera más grande que el suyo. Tras mucho insistir, la Dirección General de Justicia envió al lugar de los hechos a su jefe de servicio de obras y suministros, el insustituible Joaquín García, quien tras hacer los estudios correspondientes, concluyó que había que atender tan sensibles demandas. Para ello fue necesario mover a dos fiscales de sus lugares habituales de trabajo: el fiscal anticorrupción de la provincia de Las Palmas, cuyo despacho era contiguo al de Garrido, y el del fiscal Demetrio Pintado, cuyo cubículo ha pasado a ser ocupado por Del Río. El peor parado ha sido Pintado, que ha cambiado las envidiables vistas al mar de las que disfrutaba hasta ahora por las de un patio interior. Ya era hora de que desde el Gobierno se atendieran las peticiones del fiscal máximo, que ya vio hace unos años cómo, bajo el mandato del generoso consejero José Miguel Ruano, se le dotaba de un coche oficial idéntico al del presidente del TSJC para que no hubiera distingos. Se trata de un flamante BMW serie 5 de color azul marino que sirve para que el jefe de los fiscales pueda desplazarse cada día desde su domicilio, en la calle de Rafael Cabrera, hasta el barrio de Vegueta, es decir, poco más de un kilómetro. Los recortes en el parque móvil sufridos por todos los departamentos gubernamentales no ha alcanzado en este caso a los servidores de la justicia en Canarias.

 

La consejería se defiende

Escáneres hay, pero no para todos los juzgados. Ni siquiera para cada partido judicial, explican desde la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. No son aparatos de tipo doméstico, sino de una mayor sofisticación y envergadura, lo que hace que cuesten “más de 10.000 euros cada uno”, según fuentes oficiales. De ahí que, ante las demandas del juez César Romero Pamparacuatro, la Dirección General de Justicia le invitara a enviar a uno de los funcionarios de su juzgado a llevarse el material a escanear al partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, “como hizo el juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que acudió a la capital a escanear un sumario muy voluminoso”. Al 1 de La Laguna, efectivamente, se le cedió uno de estos aparatos entre agosto de 2012 y junio de 2013, con un breve lapso de 20 días en que fue trasladado a los juzgados de Icod de los Vinos. Ese aparato le fue arrebatado, para estos menesteres a Los Llanos de Aridane, donde tiene su base operativa. Desde Presidencia y Justicia rechazan las acusaciones del juez y, por tanto, que la demora sufrida por el sumario del caso Corredor, una de cuyas piezas separadas ha tocado al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, se deba a la falta de un equipo de escanear que reclamó en varias ocasiones a la Administración autonómica, responsable de las dotaciones materiales de los juzgados de las Islas.

 

Algunos nombres tachados en el auto

Pero volvamos al ya famoso auto del magistrado César Romero Pamparacuatro, y entremos ahora en la dimensión más mundana. ¿Cuáles son los nombres que el equipo de Fernando Clavijo tachó con tipex antes de entregar esa resolución motivada a la prensa la misma tarde en que le fue notificado al alcalde de La Laguna? La razón esgrimida fue que se trata de personas que pueden verse perjudicadas por su divulgación, protección ésta que desapareció al recibir en las redacciones de los medios informativos el documento emitido por el juzgado. Además de las concejalas Blanca Delia Pérez (CC) y María José Castañeda, cuya participación en los hechos presuntamente delictivos tienen que ver directamente con la tramitación de ayudas al alquiler de viviendas para los afectados por aluminosis en la urbanización Las Chumberas, aparecen otros nombres de personas que no son cargos públicos que, sin embargo, desempeñan para el juez unos roles destacables. Veamos algunos ejemplos.

Ricardo González Martín. Se presentó a las elecciones de 2011 en el puesto 17 de la lista de Coalición Canaria a La Laguna, pero naturalmente no resultó elegido. Su vivienda estuvo afectada levemente por aluminosis, y sin embargo consiguió una altísima ayuda económica para mudarse de casa y alquilar otra en un barrio mejor. Su agradecimiento se plasmó luego en su afiliación a CC y, tras las elecciones, en su contratación como asesor del equipo de gobierno. Una frase captada por la Policía al alcalde en una conversación con Ricardo González le compromete muchísimo. Tras la batería de agradecimientos y en tono “locuaz”, según destaca el juez, Clavijo le dijo “ahora sólo falta que te afilies”.

José Antonio Santana, más conocido como Pepe Santana. Es el presidente de la Federación de Ocio (Fecao) en Tenerife, y aparece citado en el auto de Pamparacuatro como intermediario ante el alcalde Clavijo para dejar sin efecto hasta pasado un fin de semana de octubre de 2010 la orden de precinto del pub Utopía, en el Cuadrilátero de ocio de la ciudad. Se le considera un testaferro de Evaristo González, el principal encartado en la pieza original que dio paso a esta tercera en la que el juez da con el alcalde de La Laguna. De hecho, Pepe Santana también aparece intermediando en favor de Evaristo González ante la Policía Local lagunera para evitar las consecuencias de una denuncia por infracción del horario de cierre de la discoteca El Palco. Santana es un conocido palmero del candidato de CC, al que colma de loas públicamente cada vez que tiene un micrófono delante.

Francisco Barreto. Estamos ante un personaje principal del entramado clientelar de Coalición Canaria en La Laguna. Es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere, absolutamente entregada al poder municipal nacionalista hasta el punto de convertirse en la palanca de la que se valió el alcalde para dar apariencia de participación ciudadana a la reciente tramitación del Plan General de La Laguna, cuya información pública se vio obligado a ampliar precisamente por las quejas de otros colectivos. Barreto aparece en una conversación el 15 de octubre de 2010 pidiendo a Clavijo que se interese por la licencia de una cafetería llamada La Estación que incumple la normativa técnica municipal. La licencia se le concede sin que los técnicos del Ayuntamiento hubieran levantado los reparos.

Evaristo González. Es el principal encartado en la operación Corredor. Detenido al inicio de la misma, en 2010, fue ingresado en prisión comunicada sin fianza por ser el cabecilla de una organización criminal que presuntamente perpetraba delitos contra el patrimonio, contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social, además de falsedad documental supuestamente para hacerse con subvenciones públicas que empleaba para fines distintos a los pretendidos. González, que es abogado pero que empezó sus negocios con máquinas tragaperras, es el amo de la noche lagunera y protagonista de un sórdido episodio pasional por el que a punto estuvo de ser linchado por los vecinos durante el sepelio de una mujer en La Recova.

Estos nombres y los demás que aparecen relacionados en el auto de Pamparacuatro, tanto como nuevos imputados como en el papel de partícipes, fueron objeto de investigación, y en algunos casos de intervención telefónica por un periodo no superior a seis meses. Las informaciones que hablan de hasta cuatro años de pinchazos no se sostienen a la vista del auto.

 

Juan Domínguez, de nuevo a China

Ya lo hizo en diciembre del año pasado, y debió quedar encantado con la experiencia, porque el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, el tránsfuga Juan Domínguez, ha decidido repetir viaje a China a cuenta de los contribuyentes. A diferencia de José Antonio Monago, que ya ha ofrecido cuatro versiones distintas de sus garbeos por la isla de Tenerife, unas veces a ver a su novia, otra a participar en actos del PP y las demás a ver el Teide, Domínguez al menos ha tenido la vergüenza de tener una sola versión. Para allá se ha ido con el gerente del Patronato de Turismo, Pablo Llinares, entendemos por tanto que con la misma sana intención que también condujo en su día a Rita Martín, consejera turística gubernamental a las órdenes directas de José Manuel Soria en 2012: a atraer turistas. El viaje tiene algunas rarezas, como por ejemplo que en vez de ir Domínguez no haya acudido el titular de la cartera de Turismo, Melchor Camón, o que en esta ocasión no se haya hecho acompañar de una larga serie de colgaderas entre las que destacaba su señora esposa de él, la senadora Meluca Suárez, o de la asesora presidencial de la primera institución insular para asuntos exteriores, la lituana Kristina Cernousovaite. Desde su gabinete no nos han podido ampliar la información, pero quedamos a la espera para ofrecérselas a todos ustedes.

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