La televisión en el móvil viaja al Congreso
Con la aprobación del proyecto de Ley General Audiovisual anunciado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la televisión en el móvil contará por fin con una regulación que el sector lleva esperando hace tiempo, debido principalmente al aumento del consumo de estos servicios en España.
El documento deberá ser debatido en el Congreso y, a la espera de conocer las enmiendas de los partidos políticos, ya se conocen los principales puntos de esta nueva normativa. Entre ellas, señala que al menos un 10% de los contenidos de determinados canales deberán estar adaptados a las especificidades de este sistema, derivadas del tamaño de las pantallas de los terminales de recepción.
Las condiciones para convertirse en prestador de la televisión en movilidad serán similares a las exigidas a los canales tradicionales de televisión, si bien en el capítulo III el Gobierno recuerda que la valoración de los candidatos deberá tener en cuenta la “experiencia acumulada” como prestadores del servicio audiovisual.
Además, el Ejecutivo ha solucionado otro apartado que podría generar polémica --el de los servicios de pago-- estableciendo que la oferta en abierto deberá ser “mayoritaria” respecto a la codificada. No obstante, señala que los estándares de recepción y emisión en esta modalidad deberán quedar supeditados a los estándares técnicos de la Unión Europea.
“Asignatura pendiente” para De la Vega
El proyecto de la Ley General Audiovisual establece un marco jurídico básico para el sector audiovisual e incluye algunas novedades como la prohibición de la pornografía, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, la posibilidad de que los operadores puedan destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine a series de televisión y la renovación automática de licencias.
Para la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, la futura ley era una “asignatura pendiente de la democracia” y su objetivo es establecer unas “reglas de juego” para un sector que ha sido afectado con “virulencia” por la crisis económica, pero que tiene “infinitas posibilidades de futuro”.
Las propuestas principales del documento se centran en la permisividad de que los ciudadanos exijan ante las autoridades competentes que actúen cuando los contenidos audiovisuales no se adecúen al ordenamiento constitucional vigente --la ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o violencia gratuita--.
Respecto a las licencias de los canales, se amplía hasta quince años el período de concesión, actualmente en diez, se reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en determinadas condiciones y se establece la renovación automática.
Multas de 1 millón por fomentar el odio
Además, contempla una serie de sanciones que impondrá la autoridad competente a los operadores que no cumplan las reglas del mercado audiovisual. Así, las infracciones muy graves, como la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, estarán castigadas con multas de hasta 1 millón de euros.
Durante su tramitación, el texto ha sufrido algunas modificaciones. En concreto, ante las críticas de la CNC, se han subordinado las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, que crea el proyecto, a este órgano. Asimismo, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación se han incorporado observaciones en materia de derechos del menor y de comunicaciones comerciales, y de la CMT algunas concreciones en materia de cómputo de ingresos para la financiación obligatoria de producción europea.
