Una sentencia alicatada hasta el techo

Asier Antona, el secretario general del PP de Canarias, cometió la imprudencia de no leerse la sentencia del caso Grupo Europa antes de lanzar las campanas al vuelo y proclamar que ha quedado demostrada “la absoluta honestidad” de Jorge Rodríguez, portavoz económico del partido y hombre fuerte de su directiva regional. Aunque bien pensado, a la dirigencia del PP suele importarle una higa lo que digan los papeles, siempre que de ellos pueda extraerse un eslogan que les valga para su propósito de tapar la corrupción que en grado sumo anida en sus filas. Sí, es cierto, Jorge Rodríguez ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias del que le venía acusando la Fiscalía Anticorrupción por haber intercedido en favor de la empresa Grupo Europa para que ésta se introdujera en el Ayuntamiento de Telde y lograra manipular un concurso a su favor. Pero la absolución, muy trabajada, trabajadísima, por el magistrado Navarro Miranda, ascendido a presidente de la Audiencia Nacional por el PP, tiene bicho en forma de una retahíla de hechos probados que, desde luego, desaconsejan calificar de honesto el comportamiento del feliz absuelto. El ponente de la sentencia ha tenido que hacer un esfuerzo enorme, a lo largo de siete largos folios de jurisprudencia, para llegar a la conclusión de que Rodríguez sólo metió la puntita, vamos, que no está acreditado que haya ejercido “una presión psicológica con entidad suficiente para condicionar la voluntad del funcionario o autoridad que habría de resolver; no se ha probado conducta que pueda calificarse de presión pues, en primer término, tan solo consta que el acusado haya presentado o introducido a Antón Marín a diversos responsables municipales (…) pero no que tratara de influir en ellos en algún sentido concreto”. En canario: Jorge Rodríguez sólo metió la puntita, es decir, se limitó inocentemente a introducir en el Ayuntamiento de Telde a Antón Marín, condenado a cinco años de cárcel por cohecho y delito contra el mercado y los consumidores. El beneficiario de las gestiones preliminares hechas por el diputado del PP untó a funcionarios y políticos para que le mangonearan a su favor un concurso de construcción de viviendas sociales por el que iba a embolsarse dos millones de euros de beneficios. Y Jorgito, absuelto, claro, a pesar de que cobró más de 60.000 euros por sus delicadas gestiones. El magistrado recuerda a esos árbitros convenientemente aleccionados que pita “peligro” cuando no hay nada que pitar. in dubio pro reo, que viene a significar que, en caso de duda, hay que fallar a favor del reo. Y si es del PP, ni te cuento.

Un diputado “honesto”

Veamos los hechos que el magistrado Navarro Miranda da por probados en su sentencia, de 126 folios:

José Manuel Antón Marín (…) con la finalidad de obtener facilidades para alcanzar su objetivo de promociones inmobiliarias de viviendas de protección oficial, había trabado contacto con Jorge Alberto Rodríguez Pérez, entonces diputado del Parlamento de Canarias (…) acogido al régimen de dedicación exclusiva, portavoz del Grupo Popular en dicha Asamblea Legislativa y abogado en ejercicio con despacho en Las Palmas de Gran Canaria dedicado principalmente al Derecho urbanístico.

Antón Marín solicitó de Jorge Rodríguez que le introdujera en diversos ayuntamientos de la isla de Gran Canaria y le presentara a los responsables urbanísticos para darle a conocer sus proyectos. Entre otros, Rodríguez le conectó a finales de 2003 con María Antonia Torres (fallecida el 25 de marzo de 2010), por entonces miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde, concejala de Obras, Vivienda, Contratación y Solidaridad, y consejera delegada de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Telde (Urvitel).

La contundencia de estos hechos, que vienen a corroborar una a una todas las noticias que ofreció el periodista de Canarias Ahora Alexis González, elimina cualquier indicio de honestidad en el comportamiento de Jorge Rodríguez. No es honrado, ni mucho menos, que el portavoz parlamentario de un partido, que cobra un sueldo para dedicarse en exclusiva a su trabajo en la Cámara, tenga abierto despacho de influencias urbanísticas, asesore a empresarios y cobre por ello. Peor resulta que introduzca a esos empresarios en ayuntamientos gobernados por su partido, en el que ocupaba y ocupa puestos de responsabilidad orgánica, y que esos empresarios se dediquen a manipular concursos, sobornar a políticos y funcionarios municipales, y que encima se queje al introductor porque sus gestiones no dan los frutos corruptos pretendidos. Una persona honesta, según la RAE, es decente, decorosa, razonable, justa, proba recta y honrada. Ustedes mismos.

El avión que iba a volar de todas maneras

Las contorsiones que algunos magistrados son capaces de hacer para beneficiar al PP empiezan a crear escuela. Estos días conocíamos lo que ha ideado la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel para hacerse con el juicio por el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la historia de España. Aupada por el PP, como José Ramón Navarro Miranda, ponente de la sentencia del Grupo Europa, Espejel fue premiada con un puesto el Poder Judicial tras su papel al frente de la Audiencia Provincial de Guadalajara en el trágico incendio que causó la muerte de once personas en 2005. Por más que la jueza instructora no veía motivos para imputar al Gobierno de Castilla La Mancha, en manos del PSOE, Espejel imponía su criterio hasta que lo consiguió. Pero al final prevaleció la cordura y sólo fue condenado el excursionista que encendió una barbacoa. Tras abandonar el Poder Judicial fue aupada a la Audiencia Nacional, donde ahora se hará cargo de Gürtel. Con los siete folios de jurisprudencia que se ha cascado Navarro Miranda para concluir que a Jorge Rodríguez hay que absolverlo nos hemos acordado de aquel avión de Björn Lyng que iba a volar de todas maneras a Salzburgo y a la pesca del salmón en Noruega, y que el hecho casual de que Soria viajara en él no podía considerarse una dádiva del empresario que tramitaba ante el político un importante expediente urbanístico. Decir que no ha quedado probado que la presión de Jorge Rodríguez diera sus frutos es una auténtica tomadura de pelo, porque el portavoz del PP consiguió su propósito de introducir a Antón Marín en el Ayuntamiento de Telde, y el empresario, a su vez, que le otorgaran un concurso manipulado para hacer un negocio de dos millones de beneficios. Y sostener que todo un portavoz parlamentario, miembro de la dirección del partido, no influye sobre concejales de la misma formación es mucho forzar el in dubio pro reo. Sólo cabe esperar que la Fiscalía Anticorrupción recurra esta sentencia y que el Supremo, apreciando los hechos probados, lo condene penalmente. Porque políticamente, gracias a esos hechos probados, Rodríguez ya está condenado. Y Canarias Ahora ve ratificado todo su esfuerzo informativo, que nos valió una querella por injurias y calumnias del afectado, querella que la Audiencia Provincial se ha negado a archivar a la espera de esta absolución. Ya les contaremos lo que hacen los jueces ahora.

Mena, el rey de la corrupción en Telde

Por fortuna, las dudas a favor del reo no operaron en el caso del funcionario teldense José Luis Mena, que el TSJC condena a seis años y diez meses de prisión y a una inhabilitación especial por doce años y un mes. Mena ya atesora la primera condena seria por sus correrías, y por dos delitos muy graves: el cohecho (haber aceptado un soborno de Antón Marín de 30.000 euros) y la falsedad en documento oficial de modo continuado, es decir, por falsificar documentos municipales para que la corrupción del empresario obtuviera sus frutos. Una condena que debemos enlazar de inmediato con la acusación que pesa contra el mismo condenado por el caso Alisios, donde presuntamente falsificó documentos para perjudicar al ex concejal de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez. A este funcionario también le falta todavía enfrentarse al juicio por el caso Faycan, aplazado por la Audiencia Provincial a después de las elecciones para no perjudicar las posibilidades del PP en el Ayuntamiento de Telde. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación. Su suplicio judicial continúa.