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Las sabias enseñanzas del marqués

El que fuera rey del mambo en Fuerteventura, que escapó loco una y mil veces, dejó para la posteridad la definición más precisa de lo que es entrar en barrena

Fernando Clavijo ha iniciado su particular vía crucis por su imputación descartando cualquier atisbo de trama en su contra

Pero la publicación de las escuchas pone en duda que haya actuado con absoluta limpieza siempre

La primera consecuencia política ha sido el mosqueo de Nacho González por el asunto Richard, el espabilado

Las obras "menores" en el despacho del fiscal superior de Canarias costaron más de 31.200 euros y se hicieron tres meses antes de que se pidieran

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El alcalde de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras conocer que el magistrado del juzgado de instrucción número 1 del municipio, César Romero Pamparacuatro le ha imputado en cuatro delitos. EFE/Ramón de la Rocha

El alcalde de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras conocer que el magistrado del juzgado de instrucción número 1 del municipio, César Romero Pamparacuatro le ha imputado en cuatro delitos. EFE/Ramón de la Rocha

Domingo González Arroyo es un maestro en muchas cosas. Como alcalde benefactor de las clases desfavorecidas y de su propio patrimonio personal, no tuvo precio, y que sus andanzas tuvieran lugar en momentos de vacas gordas (y muy locas) le evitó suplicios mayores ante la justicia. Todos los episodios que vivió como alcalde de La Oliva, como parlamentario regional, como marqués de las Dunas de Corralejo y, sobre todo, como muñidor político y empresarial, le han convertido, sin duda, en un sabio. A él debemos acudir en momentos de tanta tribulación para que nos ilumine acerca del momento que viven políticos como Fernando Clavijo o José Antonio Monago, cada cual con su particular calvario. Y la respuesta de su enciclopedia oral ha sido esta: “Cuando entras en desdicha, te caes p’atrás y se te parte la picha”. Observe el atento lector que el órgano que sufre el traumatismo en esta definición del marqués no está precisamente en la parte trasera del cuerpo humano del hombre en cuestión, en posición irremediable de talegazo de culo, sino en la delantera, lo que viene a revelar que la caída es tan desafortunada que algo en teoría preservado al infortunio por estar en sotavento queda dañado irreversiblemente. En esta posición de desdicha podemos situar en estos momentos a dos políticos de rabiosa actualidad. Uno es el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, descubierto por los suyos, que corrieron con los papeles a la prensa, viajando durante una época de su vida como senador a visitar a su novia a Tenerife a cuenta del erario público. Que lo haya arropado su partido no ha sido suficiente para él, y ha tenido que deshacerse en explicaciones y en un cada vez más bochornoso despliegue de versiones que lo han convertido en un auténtico payaso de la política. Que haya utilizado los talonarios de viajes del Senado ha quedado relegado a un segundo plano por las mentiras que se ha atrevido a contar –cada cual más retorcida- para tratar de justificar lo injustificable. Ha caído para atrás y se le ha averiado el cachivache en el que tanto invirtió del dinero público en aquellos años gloriosos.

 

 

Clavijo frente al sumario

El otro personaje público que podríamos situar en la misma condición de caída de culo y sin muchas posibilidades de evitar las subsiguientes consecuencias es el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo. Su aparición en una causa penal en la que se buscaba otra cosa y fueron a dar con él le ha complicado la existencia de manera inesperada y ha obligado a su equipo médico habitual a remangarse más de lo previsto y tratar de salir de este charco de desasosiego que provoca hoy en día la corrupción en cualquiera de sus grados. Coalición Canaria también ha salido en su defensa y ya ha decidido formalmente no rendirse y mantenerlo como candidato, lo que constituye todo un reto frente a un grueso sumario judicial que puede derivar en cualquier cosa. La aparición de los informes policiales y de las escuchas telefónicas producto de una intervención que en total no duró más de nueve meses (y no cuatro años, como el equipo médico se empeña en afirmar) revela un comportamiento del todavía alcalde de La Laguna muy poco ejemplar. Él se defiende afirmando que no cometió ninguna ilegalidad y que lo que le han descubierto forma parte del día a día de cualquier alcalde. Esta pasada noche, en Mírame TV, llegó a afirmar que “si esto [lo que hizo] no se puede hacer, yo no quiero ser político”. Pues no, hay cosas que en política no se pueden hacer, sobre todo si te trincan haciéndolo, vendría a pontificar en este sublime momento el marqués de las Dunas. No es admisible que un alcalde dedique parte de su tiempo a actuar como oficina de colocación de aquellos ciudadanos que tienen el privilegio de conocerle o de tener a alguien que lo conoce. Atenta contra principios tan básicos como la igualdad de oportunidades y aquello de la capacidad y méritos. Como no es admisible que actúe haciendo favores bastante rechazables como acelerar, frenar o rebotar licencias de obras o de apertura a determinadas personas o negocios que tienen directo o indirecto acceso a su teléfono móvil.

 

Descartada la conspiración

Lo único bueno que de momento han hecho Clavijo y los suyos, aunque solo sea con la boca chica, es descartar por completo la conspiración que algunos dirigentes de medio pelo de Coalición Canaria trataron de atribuir como actor al juez instructor de la causa, César Romero Pamparacuatro. Tras verse lo que los periodistas empezamos a desmenuzar ahora, su núcleo duro se empleó a fondo este lunes en una amplia ronda por radios y televisiones para proclamar al mundo que no hay nada grave en la actuación del candidato y que si el juez realmente hubiera querido hacerle daño, habría emitido su auto de imputación en julio pasado o en febrero próximo, fechas en las que o hubiera impedido su presentación al proceso interno de CC o, en el segundo caso, provocado un daño terrible a sus opciones electorales. Pero de la lectura de los informes policiales y sus correspondientes escuchas se deduce que o el juez se dejó en el tintero comportamientos cuanto menos indiciarios de delito o éstos forman o formarán parte de otras piezas de la investigación, lo que podría desmontar la tranquilidad que han tratado de transmitir los portavoces del candidato.

 

La oscura noche lagunera

Todo este sumario que ha entrado de lleno en el despacho de la alcaldía de La Laguna se generó a partir de denuncias generadas en la noche lagunera, plagada de personajes de novela negra, propietarios de comportamiento mafioso, policías locales con querencia a la extorsión, intermediarios sin escrúpulos y políticos de los que dudar entre sus escasas agallas o la flexibilidad de sus pescuezos para moverlos hacia el lado opuesto a donde están ocurriendo hechos gravísimos. La grabación de una reunión en la que participan denunciantes y denunciados, el alcalde y otros concejales, y en la que se hace referencia a una anterior en la que las autoridades municipales presuntamente hacían la vista gorda ante la ordenanza de cierre de los locales nocturnos, resulta muy comprometedora. Y no sólo por esa permisividad, sino porque se llega a hablar de policías corruptos que cobran por hacer la vista gorda contra los que no se llega a abrir nunca un expediente “por falta de pruebas”. Como dato curioso de este estado de cosas, baste decir que uno de los dos denunciantes, Isaac Tacoronte, que graba esa segunda reunión, pasó de la noche lagunera a ser jefe de prensa de la campaña de José Manuel Bermúdez a la alcaldía de Santa Cruz, y como consecuencia de su éxito electoral, a formar parte del gabinete de comunicación de ese ayuntamiento.

 

Nacho González, el más mosqueado

El sumario está plagado de conversaciones políticamente obscenas, como la que el alcalde tiene en una ocasión con su concejala Blanca Pérez, que advierte de la ilegalidad, y de los informes contrarios de la secretaria, sobre las ayudas a determinados inquilinos de Las Chumberas. O la que Clavijo mantiene con el director de la refinería de Cepsa, al que no conoce de nada y cuyo teléfono se lo proporciona Miguel Zerolo o Hilario Rodríguez (no queda del todo claro) para pedirle que renueve el contrato a una ingeniera becaria. No es baladí que el presidente del Cabildo, a la sazón Ricardo Melchior, telefonee al hoy candidato para pedirle que el departamento de Disciplina Urbanística afloje un punto con uno de sus protegidos que echó un techo en la azotea de su casa. Pero la que ha ocasionado ya la primera reacción política furibunda ha sido el trato que del alcalde recibe Ricardo González Martín, que obtiene hasta 10.541 euros de ayudas por la aluminosis de su piso en Las Chumberas. Richard, al que llaman así, además de caradura, era militante del CCN y como tal se presenta a las elecciones de 2011 en el puesto 17 de la lista de CC. Pero tras el inmenso favor que le hacen Clavijo y su concejala Pérez se afilia a CC y termina convirtiéndose en asesor del grupo de gobierno. Para Nacho González, presidente del CCN, esto es una deslealtad que piensa afearle en breve a Coalición Canaria, según ha explicado personalmente a este periódico. Pero el que tiene que estar realmente mosqueado con Clavijo es el director y propietario de Mírame TV, al que el alcalde se refiere llamándolo en alguna ocasión “maricona rajosa”. El primer término, evidentemente, debe tener que ver con su condición de gay, y el segundo con su estilo al expresarse sobre algunos políticos. Contra él se dirigen desde la alcaldía de La Laguna los misiles en forma de petición a la poderosa agencia JFT para que no le contrate publicidad. Da la impresión de que el vía crucis de Fernando Clavijo no ha hecho más que empezar.

 

31.227 euros para el despacho del fiscal superior

Agradecemos la diligencia con la que ha respondido a nuestros comentarios de este fin de semana la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. Criticábamos abiertamente aquí que en tiempos de estrecheces como estos y coincidiendo con el descubrimiento de que no todos los partidos judiciales disponen de un escáner para digitalizar los sumarios judiciales más complejos, se haya acometido la ampliación, reforma y re-amueblamiento del despacho del fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. La respuesta gubernamental ha sido tan clara como indignante: “A mediados de 2014 [en julio, por ser más precisos], la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia llevó a cabo una obra menor para reorganizar el espacio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, remodelando el despacho del fiscal superior de Canarias y reorganizando los despachos de fiscales contiguos. Asimismo, también se realizó la adecuación de un antiguo despacho compartido por cuatro fiscales como biblioteca de la Fiscalía, colocando en su interior los armarios librerías que se encontraban en los pasillos”. ¿Y por qué se acometieron esas obras? También lo explica el comunicado: “La Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2013 recoge que tras la marcha de la Fiscalía Provincial a la Ciudad de la Justicia era “preciso afrontar una remodelación de sus instalaciones que afectan tanto al despacho del fiscal superior como al resto de instalaciones”. Muy llamativo, porque la memoria de la Fiscalía de 2013 se presentó el 6 de octubre de 2014 cuando las obras ya estaban acabadas. Para que luego venga el juez Pamparacuatro a decir que la Administración tarda meses en responder la demanda de medios. Por cierto, además del despacho de Garrido, Justicia se gastó otros 18.557 euros en remodelar las secciones primera, cuarta y quinta, así como el gabinete de prensa, en el mismo Palacio de Justicia. Estas obras consistieron en “la eliminación de humedades existentes mediante picado de los encalados y colocación de planchas aguaroc de 13 mm en los lugares de mayor incidencia, con pintado completo de las dependencias a efectos de su traslado a las mismas del Centro de Atención a Usuarios del sistema de gestión procesal Atlante, un perito, un intérprete, el gabinete de prensa del TSJC y parte de la sala de lo Social (funcionarios y magistrados) con ubicación actual en el antiguo bloque de viviendas, el cual ha quedado sin uso, con el consiguiente ahorro de energía eléctrica, agua y mantenimiento”. El comunicado no es tan prolijo a la hora de explicar lo que se hizo en el despacho del fiscal máximo.

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