Motivos por los que debe dimitir el fiscal jefe de Las Palmas

“Tenemos a vuestro chico en Canarias pillado en un cohecho de libro”. La frase la pronunció la noche del 1 de diciembre de 2015 el abogado de José Manuel Soria, Nicolás González-Cuéllar Serrano, coautor de varios libros y organizador de varios bolos judiciales junto al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el todopoderoso Manuel Marchena, y uno de los letrados más influyentes en el foro madrileño. El destinatario de aquellas palabras fue el abogado Gonzalo Boye, representante legal de eldiario.es, periódico al que está asociado Canarias Ahora. Por lo tanto, “el chico en Canarias” al que el 1 de diciembre ya se refería con aquella acusación absolutamente infundada el letrado González-Cuéllar era yo.

Nadie había publicado hasta entonces una sola línea de la investigación preprocesal que había abierto el 23 de noviembre de 2015, tan solo una semana antes, la Fiscalía Provincial de Las Palmas a la magistrada Victoria Rosell a partir de un contrato que yo había firmado con el director general de la Unión Deportiva Las Palmas Patricio Viñayo, el 28 de octubre del mismo año. Y nadie lo había publicado porque hasta aquel momento aquellas “preprocesales” solo las conocían la Fiscalía y el abogado de José Manuel Soria, inductor del sobre “anónimo” (vamos a llamarlo así) que alguien hizo llegar al Ministerio Fiscal para que se abriera aquella investigación que el Supremo acaba de declarar ilegal por vulneración de derechos fundamentales. Casi nada.

Lo que ocurrió -y lo que sabía el abogado González-Cuéllar- fue que el entonces ministro de Industria activó a la Fiscalía de Las Palmas para que investigara a la que unos días después iba a ser su principal rival en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. La intención de activar a la fiscalía no era un expediente disciplinario, sino una causa penal en toda regla, por eso la Fiscalía de Las Palmas se excede, como dice ahora el Supremo, y lleva sus indagaciones al extremo de recabar documentación de todo tipo, incluida la bancaria y la mercantil, y los interrogatorios a media docena de personas en busca de posibles ilícitos penales.

En dos ocasiones, el fiscal jefe de Las Palmas llega a denegar la personación en aquella auténtica investigación inquisitorial a la jueza que quería imputar y a su pareja, yo, ambos objeto de un pim-pam-pum mediático sin poder aportar nuestra versión ante el Ministerio Público en ningún momento.

Soria quería que la Fiscalía imputara un delito a la magistrada Rosell, en concreto el delito de cohecho, que es el único que menciona su abogado, González-Cuéllar, en su conversación con Gonzalo Boye en aquel acto del Colegio de Abogados de Madrid del 1 de diciembre de 2015, al que acudió a presentar su libro sobre la reforma del Código Penal, escrito a cuatro manos con Manuel Marchena, magistrado del Supremo, presidente de la Sala Segunda, la de lo Penal, la que tiene las competencias para investigar y juzgar a las personas aforadas, y donde cayó en febrero la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell, archivada el 1 de diciembre de 2016. Una querella que Soria encarga al pobre Eligio Hernández, que su exsubordinado Marchena admitió a trámite después de conseguir del magistrado Salvador Alba, que había sustituido a Rosell en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, un demoledor informe fruto de operación de montaje de pruebas falsas contra la magistrada.

La Fiscalía fracasó en aquel primer intento, y así lo relata el abogado de Seguridad Integral Canaria cuando se sube en el coche de Miguel Ángel Ramírez con la grabadora del empresario ya en función record en los minutos previos a reunirse con el juez Salvador Alba el 16 de marzo de 2016. “Soria dice que la Fiscalía se equivocó al ir [contra Victoria Rosell] por la vía disciplinaria”. Efectivamente, porque lo que quería el entonces ministro de Industria era una imputación penal contra su adversaria política, a mayor abundamiento pareja del periodista que siempre le perseguía. “Un cohecho de libro”, en palabras reveladoras de su abogado, González-Cuéllar, al que Soria ha puesto ahora a defender a Salvador Alba, la segunda pieza que activó al fracasar el primer palanganero de esta secuela de atropellos, Guillermo García-Panasco Morales.

El fiscal jefe de Las Palmas, al igual que su inmediato superior, el fiscal general de Canarias, Vicente Garrido, son cargos de confianza de la Fiscalía General del Estado. Han de cumplir las obligaciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, entre ellas la de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos (artículo 1). Son, por lo tanto, cargos políticos que deben responder ante la ciudadanía por su desempeño en esas obligaciones. Que el Tribunal Supremo haya sentenciado que la Fiscalía de Las Palmas vulneró los derechos de una ciudadana -quien quiera que sea esa ciudadana- es motivo suficiente para que dimita de inmediato su responsable, Guillermo García-Panasco Morales.

Él ordenó la apertura de las diligencias preprocesales contra Victoria Rosell; emitió un comunicado el 3 de diciembre confirmando a todo el mundo que estaba investigando una causa disciplinaria que ahora el Supremo limita extraordinariamente diciendo que debió ceñirse a unas diligencias “muy preliminares”; dirigió con mano firme a la fiscala Evangelina Ríos para que llevara hasta el final un proceso de instrucción que el Tribunal Supremo ha dictaminado que no le correspondía; denegó a la investigada cualquier posibilidad de defenderse; obvió por completo su obligación de velar por un proceso con todas las garantías; envió al Consejo General del Poder Judicial el resultado de sus pesquisas cuando supo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias iba a suspenderlas cautelarmente, y recurrió con el dinero de todos los contribuyentes la sentencia del mismo tribunal que declaró ilegales aquellas diligencias.

Si esto ha sido capaz de hacerlo don Guillermo García-Panasco contra una magistrada en ejercicio, ¿qué no sería capaz de hacerle a un ciudadano de a pie, de esos que tienen que recurrir a un abogado de oficio porque ni tiene conocimientos de Derecho ni recursos económicos para costearse un abogado de postín como el que ha estado detrás de todas estas operaciones en nombre de José Manuel Soria?

Soria, defenestrado por corrupto, investigado en la Audiencia Nacional; la Fiscalía, condenada por el Supremo por vulnerar derechos fundamentales, Alba -que sigue impartiendo justicia- imputado por seis delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La justicia llega tarde, pero llega.