Ya andan por ahí circulando unas pulseritas que dicen que han costado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 36.000 euros y que persiguen promocionar el apoyo a la llamada Gran Marina. No está nada mal que un Consistorio de un país democrático y avanzado gaste dinero público en promover una actuación ilegal que ha sido declarada nula de pleno derecho por el mismísimo Consejo de Estado. Es decir, promocionando un proyecto que no existió nunca en el ordenamiento jurídico español. Las crónicas hablan de 100.000 pulseritas, y los anuncios municipales indican a las claras que aquellas personas que las luzcan en sus muñecas estarán con ello apoyando esta operación. Por exclusión, debemos colegir que el que no consiga una pulserita no está de acuerdo con el asunto, como ocurrió con los 345.000 habitantes de la ciudad que no visitaron la exposición del edificio Miller. Ya puestos a aglutinar...