No sólo se ha tratado de una medida hueca anunciada en una rueda de prensa, sin acciones previas o futuras. La consejera de Industria ya se había reunido con el director general de Endesa, Pablo Casado, para advertirle de la obligación que tiene esta compañía, la única comercializadora que tenemos en Canarias, de que debe acatar la decisión del Gobierno de promover y proteger el derecho de los abonados a cambiar su contrato de suministro con la eléctrica. Cierto es que Casado se mostró en todo momento receptivo y con talante colaborador, no solo porque se lo pidiera la consejera del ramo, de la que ya conoce su poca capacidad para el acomodo, sino porque, como bien le ha recordado Luengo en una carta que oficializa la medida, hay un Real Decreto del año 2000 que obliga a las compañías comercializadoras a “prestar gratuitamente la asistencia técnica necesaria para que la nueva potencia contratada se ajuste estrictamente a las necesidades” de cada usuario “o advierta claramente a los clientes de sus limitaciones”, las de no poder poner a funcionar todos los electrodomésticos de gran consumo a la vez. Y, a mayor abundamiento, ese asesoramiento al que está obligada la compañía incluye “la posibilidad de acogerse a tarifas de discriminación horaria”, es decir, adaptarse a tarifas para horas valle de producción en las que se abaratan los costes para poner la lavadora o la secadora en momentos de menor precio. La medida incluye también que Unelco le cambie a usted el Interruptor de Control de Potencia (ICP) o el contador, si fuera necesario, sin coste alguno. En el último párrafo de la escueta carta la consejera Luengo recuerda a la compañía que si no hace caso a la primera instrucción del año le abre expediente. Cualquier cosa es mejor que encogerse de hombros como hicieron muchos cuando el Gobierno, en un gesto de una hipocresía intolerable, nos vendió como un inmenso logro que la luz vuelva a subir este enero un 2,5%.