De confirmarse las actuaciones penales contra el actual alcalde de Santa Brígida y algunos de sus concejales, el Tribunal de Cuentas del Estado habría de esperar a que las causas ordinarias concluyeran para, a continuación, exigir ese reintegro por alcance, producto de la presunta malversación o la incorrecta, incompleta o nula justificación de los fondos públicos mal empleados. El expediente es gordito porque se investigan actuaciones como la adquisición de bienes sin los preceptivos trámites de contratación, el fraccionamiento de facturas para eludir las normas de de la Ley de Contratos, la compra de material a la ferretería del entonces concejal Luis Troya, el cobro irregular de “cantidades a justificar” y, por supuesto, la falta de liquidación de impuestos, es decir, la famosa licencia del centro comercial. Recomendamos mucha calma (y unas pipas de girasol para no comerse las uñas) a los actuales socios del PP en la Corporación, denunciantes de una parte de estas presuntas tropelías.